El dictamen técnico que sostiene una parte de la imputación fiscal a 6 personas por el derrumbe fatal en Encarnación, entre ellas al intendente de esta ciudad, Luis Yd, refiere una serie de fallas y anomalías en una obra que, pese a su envergadura, obvió olímpicamente normas fundamentales de la construcción.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

Después de casi 3 meses de aquel derrumbe fatal de un edificio en la ciudad de Encarnación, el intendente de esta ciudad, Luis Yd, fue imputado junto con su direc­tor de obras, René Orlando Miglio, y otras 4 personas involucradas en el proyecto de construcción.

La Fiscalía dejó ver en el acta de imputación una temera­ria negligencia, corrupción y un desinterés total del jefe comunal al punto de autori­zar más pisos en el edificio con un plano estructural que no cumple uno de los requi­sitos fundamentales que es la firma de un profesional que avale la obra. Es así que el ingeniero responsable del cálculo estructural pasó a ser un verdadero fantasma, según puede entenderse con lo expuesto en el acta de imputación fiscal.

Si bien la investigación se enfoca principalmente en el proyectista, todavía que­dan serias dudas sobre las responsabilidades que invo­lucra a la empresa del dipu­tado Carlos Pereira Rieve que proveyó el hormigón en zapatas, losas, vigas, tabi­ques de piscina, tanque supe­rior, pero que hasta ahora queda al margen del proceso.

Esta situación de desidia e indiferencia del intendente hacia sus obligaciones bási­cas, sin embargo, equivale a las falencias administrati­vas que propiciaron el des­cuido que llevó a la conse­cuencia fatal en la que una joven y su abuela sacrifica­ron sus vidas. Es así que pre­ocupa a la ciudadanía, prin­cipalmente encarnacena, el lado operativo del caso que se torna cada vez más oscuro ya que si bien la dueña del edi­ficio Ramona Teresa Bogado está imputada junto con los arquitectos a su servicio Roberto Ramírez y Mario Bruno, hasta el sereno del edificio, queda en el tin­tero la responsabilidad de la empresa concretera nada menos que de un diputado de la Nación, en este caso Carlos Pereira Rieve, miembro del clan Pereira de Itapúa que maneja los hilos del poder en esa zona sur del país.

En este contexto, no es menos relevante que la empresa de Pereira Rieve, Mega Concret SA fue la proveedora del hor­migón en las zapatas, losas y vigas, y tabiques de piscina, tanque superior que se dis­tribuyeron en la estructura de la fallida construcción. Un informe técnico elaborado por los ingenieros Tomás Almeida y Arturo Román exponen datos que generan dejan picando dudas sobre las responsabilidades cor­porativas del parlamenta­rio con relación al edificio desplomado.

Pereira había apurado una conferencia, apenas ocu­rrido el desplome para decir, “nosotros hemos cargado las estructuras de losas y vigas, todo lo que significa el soporte de estas estruc­turas lo ha hecho el profe­sional Roberto Ramírez con su equipo”.

Lo dudoso es si la empresa del diputado estaba habili­tada a una provisión a cie­gas que exima por ejemplo de adolecer del conocimiento que debiera tener del plano de zapatas, que, según el informe, no contiene el deta­lle de todas las bases indica­das en el plano, ya que pre­sentan medidas diferentes y el detalle presentado en el plano estructural es de tipo (es decir que todas las bases tienen el mismo tamaño y comportamiento estructu­ral) o que tampoco se pre­senten los datos técnicos fck (resistencia característica a la compresión del hormigón).

Entre otras observacio­nes que se hizo notar y que pudieron incidir en el com­portamiento estructural que detonó en colapso se cita que: “Se ha identificado que la viga presenta varillas de acero de refuerzo expuestas. Esta condición representa un riesgo de corrosión, ya que las varillas quedan sin la protección del hormigón que las recubre; no verifica a punzonamiento: la viga no posee la capacidad suficiente para resistir los esfuerzos de punzonamiento que se gene­ran en la zona de apoyo sobre la columna”.

Así también, el “comportamiento a com­presión, es decir, la viga no posee la capacidad suficiente para resistir los esfuerzos de compresión que se generan en su interior. Esta deficien­cia podría ocasionar la fle­xión excesiva de la viga, la formación de fisuras y, en casos extremos, el fallo por compresión de la misma. Comportamiento a punzo­namiento: la viga no tiene la capacidad suficiente para resistir los esfuerzos de pun­zonamiento que se generan en la zona de apoyo sobre los soportes”, etc.

En la tarde del lunes se confirmó la imputación contra el intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el derrumbe del edificio que se cobró la vida de dos personas.

Desde el Ministerio Público defendieron esta acción manifestando que existen elementos suficientes para señalar al jefe comunal de uno de los responsables en la negligencia que ocasionó el colapso de la estructura edificada.

“Esta es una imputación que versa sobre sospechas de comisión de hechos punibles y las pruebas hasta este momento han arrojado la sospecha necesaria para la presentación de la imputación, debemos seguir recabando otros medios de prueba a los efectos de pasar del estado de sospecha al de convicción y eso sí motivaría la presentación de una acusación”, explicó el fiscal Ever Williams.

En conversación con varios medios de prensa, el fiscal expuso que el Ministerio Público se ha tomado el tiempo necesario para hacer la investigación y que no podían apresurarse a presentar una imputación dado que a partir de esta etapa, existe un plazo limitado para la conclusión de esta fase y pasar a la acusación, por lo que era necesario recabar los datos que permitan sustentar las sospechas. A partir de ahora, la Fiscalía tiene seis meses de trabajos para presentar la acusación.

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“No estamos ante un hecho punible común, estamos hablando de la caída de un edificio, lleva tiempo la toma de declaraciones y eso merece un análisis exhaustivo. Apresurarnos a presentar una imputación sin siquiera tener un presupuesto de cuánto iba a costar realizar un estudio pericial en la zona del derrumbe, sería muy aventurado, por eso nos tomamos el tiempo suficiente para presentar la imputación”, alegó.

El derrumbe del edificio en construcción se registró en la noche del 2 de abril pasado, en el barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa.

Yd es sindicado por la comisión de hechos punibles de actividades peligrosas en la construcción y homicidio culposo, al igual que el ingeniero de obras. Asimismo, los arquitectos son señalados por estos hechos punibles y además, son sospechados por la exposición de personas a trabajos peligrosos, mientras que el encargado de obras fue imputado por homicidio culposo.

“No vimos la necesidad de ordenar ninguna orden de detención, sí hemos solicitado la aplicación de algunas medidas que garanticen el sometimiento de los mismos al procedimiento como la prohibición de salida al país, la constitución de un domicilio, la firma mensual de los imputados en el juzgado”, detalló el fiscal.

Los demás imputados por la Fiscalía son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.

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El Ministerio Público imputó al intendente de Encarnación, Luis Yd, en el marco de la investigación por el trágico derrumbe de un edificio ocurrido el pasado 2 de abril en la capital de Itapúa, que ocasionó el fallecimiento de una mujer y de su nieta.

Además del jefe comunal, otras cinco personas fueron procesadas por el mismo caso. De acuerdo con la información oficial, algunas de ellas fueron señaladas como presuntos autores materiales, mientras que otras figuran como cómplices en la causa penal abierta por los fiscales Ever Williams, Francisco Martínez y Rocío Valdez.

Los demás imputados son: René Orlando Miglio, director de Obras; Ramona Teresa Bogado Benítez, propietaria del edificio; Roberto Montiel Cabral, sereno; y los arquitectos Mario Bruno Urbina, y Roberto Faustino Ramírez.

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Los hechos están caratulados como homicidio culposo y realización de actividades peligrosas en la construcción. El colapso del edificio generó una profunda conmoción en la comunidad encarnacena, y en todo el país, que exige respuestas sobre los controles y responsabilidades en torno a las obras civiles autorizadas por la municipalidad.

El representante legal de la familia de las víctimas, Rolando Aquino, había manifestado que el intendente encarnaceno tenía una responsabilidad en el siniestro y que debía ser imputado por la Fiscalía. "El intendente Luis Yd es el administrador, él es el ejecutivo. Nada se hace sin que él autorice", fueron las palabra del abogado para una entrevista pasada a Nación Media.

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Tres concejales de la ciudad de Encarnación presentaron una nota a la Contraloría General de la República pidiendo una auditoría especial y la eventual intervención de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luis Yd. Se trata de los ediles Eduardo Florentín, Andrés Morel Fretes y Eduardo Rebruk.

La solicitud está motivada por el arrendamiento presuntamente irregular de un terreno municipal. Según argumentan los concejales, dicho predio estaría siendo utilizado como hospedaje en el marco del Mundial de Rally que se desarrolla en el departamento de Itapúa.

Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y exigen que se verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros, además de la transparencia en el manejo de bienes públicos. De comprobarse irregularidades, los ediles piden que se proceda a la intervención formal de la comuna.

El documento dirigido al contralor Camilo Benítez señala como principal cuestionamiento la “irrisoria suma de arrendamiento” por valor de G. 65.510.000, los cuales fueron acordados en pagos de 3 cuotas.

Los ediles consideran “ínfimo” el monto, ya que la tarifa se fijó conforme a la ordenanza municipal 288/2015, la cual está desactualizada.

“El principal vicio que advertimos y que origina el perjuicio patrimonial es que el precio de arrendamiento se fijó con base en la ordenanza municipal 288/2015. La normativa tiene 10 años, por lo que sus aranceles están desfasados”, expone parte de los argumentos de la denuncia.

Como evidencia del perjuicio, los concejales mencionan que el arrendatario Jhon Daniel Pérez, ya se encuentra publicando el alquiler de las instalaciones bajo la denominación comercial “Villa Rally Itapúa”.

Señalan que la oferta para el usufructo final para el público nacional e internacional es significativamente superior, cotizando incluso en dólares.

“Un cálculo preliminar basado en sus propias publicaciones, y que se adjunta a la nota de denuncia, sugiere que el arrendatario podría obtener ingresos hasta 60 veces superiores al monto que se comprometió a pagar al municipio de forma financiada”, expresa el documento.