Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Asociación de Pacientes Renales del Instituto de Previsión Social (IPS) de Alto Paraná, se movilizó esta mañana frente al hospital de Ciudad del Este, exigiendo la agilización de los trámites que permitan a la empresa adjudicada la habilitación del servicio de hemodiálisis, en la capital departamental.

La firma adjudicada por la previsional es Medical Center, de Santa Rita. Son 58 los asegurados del IPS que requieren de diálisis y que residen en la zona metropolitana del Este, por lo cual se volvió imposible que los pacientes se trasladen hasta la ciudad de Santa Rita para ello, dos o tres veces a la semana.

Ante este problema, la empresa se comprometió a habilitar un servicio en Ciudad del Este, en una clínica ubicada sobre la avenida San José, pero los trámites están trabados en la previsional, según lo explicado por Adolfo González, representante de la asociación de familiares y pacientes renales.

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Ya son tres meses del inconveniente y mientras se llegue a una solución, la empresa puso un servicio de transportes para recoger en Ciudad del Este a quienes tengan la necesidad de diálisis, todos los días.

“Por ahora estamos manejándonos de esa forma, nos buscan a todos y cubren los alimentos y tras la atención se regresa a casa, pero urge que se habilite la clínica local para evitar ese cansancio del viaje”, expresó González.

Los asegurados venían recibiendo el servicio de hemodiálisis en otra clínica que fue adjudicada por muchos años por el IPS, pero en el último año ya la atención y servicio se habían deteriorado mucho, según los pacientes, que fueron reclamados en su momento. Ese proceso tuvo fin con una nueva licitación para la concesión del servicio, pero la firma médica ganadora tiene su hospital en Santa Rita.

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El presidente de la República, Santiago Peña, pidió cautela a los docentes que exigen aumento salarial por encima de los índices de inflación. Indico que, el gobierno está llevando adelante varios programas sociales que demandan mucha inversión y la prioridad es cuidar el tope del déficit fiscal.

Mientras que en las calles de Asunción se llevaba a cabo este lunes una manifestación de varios gremios de docentes, en Alberdi, departamento de Ñeembucú, el jefe de Estado señaló ante varios medios de prensa que el interés de parte de los sindicatos docentes siempre es genuino, al momento de buscar ganar un mejor salario.

Recordó que en la época que asumió como ministro de Hacienda, existía una ley que establecía el salario mínimo docente, pero el cual por más de 15 años no se había cumplido; desde que llegaron a la cartera de Estado se buscó trabajar en ese proceso y a lo largo de 7 años se cumplió con el escalafón docente.

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“Ellos están planteando un aumento por encima de la inflación y nosotros les estamos pidiendo que seamos conscientes de los enormes esfuerzos que se están haciendo en materia social. Este año se ha tenido un enorme crecimiento en los programas sociales, no solamente Hambre Cero, también el programa Tekoporá Mbareté, el programa de Adultos Mayores que ha incorporado 40 mil beneficiarios”, comentó.

Agregó que si bien, con la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en el 2024, se logró un aumento muy importante de los ingresos; pero este año ya no se está teniendo ese volumen.

Señaló que ya están culminando el proyecto del Presupuesto General 2026, que en días más se presentará al Congreso nacional. “Nosotros le pedimos cautela a los docentes, porque debemos cumplir también nuestro compromiso de ir reduciendo el déficit fiscal, para cumplir también con la Ley de Responsabilidad Fiscal que por tantos años no se ha cumplido”, expresó.

El mandatario insistió en que reconocen las demandas genuinas de los docentes, y que durante las mesas de negociación se les dio todo lo que pidieron. Pero hoy hay un punto en que no se está contando con el suficiente recurso, como para responder a la demanda del aumento salarial.

“Lastimosamente, hoy no contamos con esos recursos, porque finalmente tendríamos que cortar recursos de los programas sociales para poder darles ese aumento. Por eso, les estamos pidiendo que este año no tengamos esta discusión. Sí nos podríamos sentar nuevamente el próximo año a discutir” expresó.

El presidente Peña señaló que el sueño y anhelo de su gobierno es contar con docentes bien capacitados, bien remunerados porque esa es la clave, ya que no existe sistema de educación pública que no cuente con docentes bien capacitados y bien remunerados.

Por otra parte, el mandatario fue consultado respecto a las gestiones para lograr un paso fronterizo entre Alberdi y Formosa, a lo que resaltó las buenas relaciones con el gobierno provincial de Formosa y el gobierno nacional de Argentina.

Indicó que son muy conscientes de que algunas medidas son más fáciles que otras, pero de todos modos se están logrando avances enormes. Citó por ejemplo el paso fronterizo entre Encarnación y Posadas, que por años fue un paso complicado, y sin embargo, en la actualidad se logró el Centro Fronterizo Unificado el cual se busca replicar en todos los pasos fronterizos.

“Aquí entre Alberdi y Formosa no contamos con un puente y la balsa cumple un gran rol, el cual es fundamental. Pero se seguirá insistiendo para concretar un puente”, expresó.

Sostuvo que existe una excelente armonía, así como una enorme gana de cooperar, pero más allá del intercambio económico hay un intercambio cultural entre ambos pueblos. Reconoció que tanto la ciudad de Alberdi, como el Paraguay en general tienen un sentido de gratitud.

“Los alberdeños han recibido tantas muestras de generosidad por parte del pueblo de Formosa en momentos tan difíciles. Hay un sentimiento de hermandad enorme y queremos seguir trabajando; solo que hay que tener un poco de paciencia, porque algunas cosas salen más rápido que otras. Pero no hay que perder el sentido de hermandad que siempre nos ha caracterizado como pueblos hermanos”, concluyó.

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El consumidor se queja con razón cuando se percata de que el etique­tado de vencimiento sobrepasó con creces el plazo de vigencia del pro­ducto y más cuando no son escuchados ni aten­didos sus legítimos reclamos.

Resulta todavía más grave si se refiere a un bien a ser consumido en los hogares. Los riesgos de intoxicación están latentes pudiendo provocar severos daños a las personas de todas las edades y más si se trata de niños y ancianos.

Aquí no hacemos apología del sentimentalismo. Creemos que antes de lamentar lo peor, es mejor prevenir antes que curar, como sabiamente dice aquel antiguo y vigente refrán. Y si los proble­mas son sistemáticos y graves afectando a toda una cadena de locales de cualquier comercio, se hace necesaria la prevención a favor del consu­midor dado que se está ante un escenario ries­goso que amerita una acción rápida y, insisti­mos, antes de lamentar lo peor.

En el caso suscitado horas atrás y que guarda relación con la suspensión de las actividades de la cadena Biggie Express por parte de la Secre­taría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), la medida toma en cuenta y valora al consumidor. Los motivos expuestos en las resoluciones administrativas que hacen al citado caso expresan haberse detectado la comercialización irregular de productos venci­dos y reetiquetados.

Para tal efecto fueron creados los organismos arriba citados. De igual modo se procedió en otras ocasiones con establecimientos que fue­ron notificados con similar medida de suspen­sión de sus actividades. La aplicación de la legis­lación en materia de bienes de consumo es una manera de precautelar la salud de la población.

La venta de productos vencidos y reetiquetados suele ocurrir en los comercios, de manera que lo acaecido en la cadena Biggie no es una excep­ción. Si hay evidencias de riesgo para la salud de los consumidores en los productos que guardan relación con la alimentación, llámense cárni­cos y embutidos en general, por citar algunos, entonces se procede de acuerdo a la normativa correspondiente. Se está ante un riesgo inmi­nente. Se podría desencadenar no solo a la hos­pitalización por grave intoxicación de una o de varias personas que de buena fe compran el producto colocado a la venta, sino que también podrían darse casos de fallecimiento, lo que es todavía más grave.

La responsabilidad es suprema. Ya sea que una persona quede intoxicada y hospitalizada con altos gastos de atención médica costea­dos a su cuenta y hasta puede fallecer; o que el negocio haya incumplido con el deber de cui­dado o que las autoridades en su tarea de velar por la seguridad de los productos no cumplan con sus funciones.

Tampoco se trata de una persecución hacia un específico establecimiento. Si se aceptara esta variable para aplicar la ley, se estaría desoyendo el deber del funcionario público e igualmente se dejaría de hacer lo que tanto se predica.

Si se deja a la ley como cuestión secundaria sin el debido rigor, se hace lugar al favoritismo. Esto solo es de provecho para los que cuentan con mayores recursos, los fuertes económica­mente hablando. De ese modo unos cuantos se salen con las suyas en perjuicio de los con­sumidores quienes muchas veces no son escu­chados como tampoco encuentran un modo de hacer valer sus legítimos reclamos.

Y cuando hablamos del consumidor, insisti­mos, nos referimos a las personas que diaria­mente disponen de su dinero en sus compras y que en muchas ocasiones se quejan de la salu­bridad de los productos y del local de expen­dio. La apertura de un sumario es lo mínimo que se podría dar en este caso. Esto no signi­fica que la suspensión de las actividades del mencionado comercio no pueda ser revisado mediante el recurso de reconsideración y luego corregido con la reinspección corres­pondiente.

Por lo demás, y para que no haya dudas al res­pecto, en el caso sobre el que nos estamos refi­riendo, los derechos de los trabajadores están protegidos debido a que se está ante un tema de índole sanitario.

Este es el motivo por el cual no pueden darse despidos laborales ante una situación sanita­ria en un local determinado puesto que serían injustificados, más aún si por las resultas investigativas se probara –siempre garanti­zando el debido proceso– que las irregularida­des provienen de la negligencia e irresponsabi­lidad de los gerentes de los locales en cuestión.

Cuando se trata de la venta de productos de consumo, un modo de proteger al consumidor es previniendo la salud de la población, san­cionando a aquellos comercios que infringen medidas de salubridad.

Protegidos por las sombras de la noche, un grupo de supuestos representantes de víctimas de la dictadura decidió manifestarse frente a la vivienda del defensor del Pueblo, Rafael Ávila.

Lo que comenzó como una protesta pacífica en pocos minutos de transformó en una violenta manifestación, cuyas imágenes lapidarias quedaron registradas mediante el circuito cerrado instalado frente a la casa particular.

Tras reunirse y detonar bombas pirotécnicas sin importar que pudieran dañar incluso a los vehículos que transitaban por enfrente, los agresivos asistentes también arrojaron objetos contundentes que cayeron dentro de la propiedad del defensor, poniendo en peligro a los residentes del local.

Las bombas dieron paso a palos y piedras arrojadas con fuerza contra la vivienda.

Según informaciones recabadas, uno de los protagonistas de la agresiva jornada fue supuestamente el secretario de la organización, un abogado que representaría los intereses de los familiares de víctimas de la dictadura.