Tras intento de amotinamiento, restablecen el orden e intervienen el penal de Emboscada
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Este miércoles, se detectó que un grupo de reclusos intentó amotinarse en la penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada, pero la situación fue controlada. Desde el Ministerio de Justicia ordenaron la intervención del centro de reclusión. Durante el percance se logró aislar a 9 personas que comenzaron a golpear las rejas y que lograron salir de sus celdas.
Según Rubén Maciel, viceministro de Políticas Criminales, el hecho inició en horas de la mañana de hoy, pero que todo fue controlado rápidamente por agentes penitenciarios bajo órdenes del encargado de Despacho, Luis Rodríguez, y en coordinación con la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, con apoyo preventivo de Fuerzas Policiales, apostadas en las cercanías del pabellón 8.
“Se generó un disturbio por parte de personas privadas de libertad. Estos empezaron a patear la puerta y forzar las portezuelas hasta desprenderse y quedar con eso y usar como arma contundente. Se negaron y se resistieron a entregar por lo que se tuvo que hacer uso de la fuerza”, explicó el viceministro, en entrevista con la 1020 AM.
Afirmó que los intervinientes lograron aislar a nueve reclusos, estos fueron los que rompieron las puertas y que opusieron resistencia a la intervención. Además, a raíz de la detección del hecho de irregularidad, desde el Ministerio de Justicia se ha dispuesto la intervención de la Penitenciaría “Martín Mendoza” de Emboscada.
Actualmente, se encuentran trabajando equipos a fin de dilucidar lo ocurrido y cuál era la intención de los reos. Equipos de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios y de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria realizan la intervención. Una vez culminadas las labores, se brindará información oficial a la ciudadanía a través de los canales institucionales.
La Fiscalía acusó y pidió juicio oral contra el exfiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. Foto: Archivo
Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
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La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
El juez de Garantía de Fernando de la Mora, Miguel Ruíz, elevó a juicio ora el proceso que enfrenta el hijo de un exvicepresidente de la República, acusado por abuso sexual en niños. Foto: Gentileza
Hijo de exvicepresidente de la República enfrentará juicio por presunto abuso sexual de un niño
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El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.
Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.
La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.
Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.
Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.
Las instituciones involucradas aplicarán guías prácticas para hacer efectivo un protocolo vigente desde 2015 y brindar una respuesta más accesible y coordinada. Foto: Gentileza
Buscan derribar las barreras que alejan de la Justicia a personas con discapacidad psicosocial
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Acceder a la Justicia sin enfrentar barreras ni recibir un trato inadecuado es el objetivo de un nuevo acuerdo interinstitucional que busca mejorar la atención a las personas con discapacidad psicosocial. La iniciativa apunta a que los derechos reconocidos en las normas puedan convertirse en respuestas concretas cuando una persona necesita recurrir al sistema de Justicia.
El convenio establece que distintas instituciones del Estado unirán esfuerzos para aplicar de manera efectiva el protocolo de atención para el acceso a la Justicia de personas con discapacidad psicosocial, aprobado en 2015 por el Ministerio de Justicia.
Un nuevo convenio apunta a mejorar la atención y garantizar que las personas con discapacidad psicosocial puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. Foto: Gentileza
Uno de los principales instrumentos para avanzar en ese objetivo son las guías prácticas de aplicación del protocolo, elaboradas para facilitar que los funcionarios sepan cómo actuar ante situaciones que involucren a personas con discapacidad psicosocial y puedan brindar una atención adecuada a sus necesidades.
La medida busca reducir las brechas que todavía pueden dificultar el acceso a los servicios de Justicia y promover una atención basada en la inclusión, la igualdad y el respeto a los derechos humanos.
El desafío requiere una respuesta coordinada, ya que las personas que recurren al sistema pueden entrar en contacto con diferentes áreas del Estado, desde los servicios de salud y seguridad hasta organismos judiciales y de protección de derechos. Por ello, el acuerdo pretende establecer criterios comunes para evitar que esa atención se convierta en una nueva barrera.
Las guías fueron impulsadas por el Ministerio de Justicia, con participación de diferentes organismos públicos y el apoyo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Los ministros Rodrigo Nicora y Félix Bolaños acordaron iniciar los trabajos para firmar un memorándum enfocado en la digitalización, la inteligencia artificial y el Registro Civil. Foto: Gentileza
Paraguay y España sientan las bases para un acuerdo de modernización judicial con tecnología
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Paraguay y España avanzan en la consolidación de una agenda de cooperación técnica enfocada en la modernización del sistema de justicia, la seguridad jurídica y la digitalización estatal. El ministro de Justicia paraguayo, Rodrigo Nicora, mantuvo una reunión bilateral en Madrid con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Reino de España, Félix Bolaños, para definir los ejes de esta alianza estratégica.
La hoja de trabajo conjunta contempla tres pilares fundamentales: el intercambio de experiencias sobre reformas estructurales del sistema judicial, la implementación de un Registro Civil digital e interoperable centrado en la ciudadanía y la incorporación de inteligencia artificial en la gestión pública. Las autoridades abordaron herramientas españolas avanzadas, como el expediente robotizado y la plataforma “Carpeta Justicia”, diseñadas para optimizar los tiempos de resolución.
Durante la audiencia, la delegación del país europeo manifestó su entera disposición para brindar asistencia técnica e impulsar la transferencia de conocimientos mediante las distintas direcciones generales del Ministerio de Justicia español. La meta compartida busca dotar al Estado paraguayo de soluciones tecnológicas probadas que agilicen la tramitación y fortalezcan la transparencia.
Como resultado del diálogo institucional, ambas delegaciones acordaron iniciar la redacción técnica de un Memorándum de Entendimiento (MoU). Este instrumento jurídico formalizará el marco de cooperación interinstitucional, posibilitando el intercambio continuo de expertos, programas de capacitación focalizada y la adopción de nuevas plataformas tecnológicas.
Con esta iniciativa bilateral, Paraguay apunta a consolidar un servicio público de justicia más accesible, moderno y eficiente. Además de agilizar los procesos cotidianos de la ciudadanía, la alianza estratégica reforzará las garantías de seguridad jurídica necesarias para el desarrollo y la atracción de inversiones.