Siguen surgiendo los casos de estafa por alquiler de quintas. Son varias las situaciones que se plantearon donde tanto la dueña de la casaquinta como los potenciales clientes son los perjudicados.
Si estás pensando en alquilar una casaquinta para ir a distraerte y pasar un buen momento con tus seres queridos, es importante que te fijes y de ser posible verifiques si corresponde realmente, ya que están colocando la foto de un lugar, pero dando la ubicación de otro.
Desde las redes sociales, los delincuentes buscan las fotos de las casaquintas y publican, ofreciendo por un monto ínfimo. Esto resulta tentador para las personas que desean usufructuar el espacio, por lo que ceden trata de “asegurar” el día que ellos necesitan y en algunos casos depositan una seña que consiste en la mitad del monto y en otros casos el total.
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En los últimos tiempos surgieron montón de casos de gente que resultó estafada porque contactó con supuestos dueños de casaquintas que ofrecen super lindas casas y a precios más bajos que los demás. Les pide la seña y les dice que cuando estén en el lugar, llamen al número que está en el cartel, ya que ellos son los que abrirán el local.
A la hora de recibir el monto de seña, dicen que no pueden hacerlo y solicitan que se realice un giro, no transferencia bancaria, argumentando que no están teniendo acceso a su cuenta o que se han excedido en el límite de transferencia. Una vez que la persona recibió el pago desaparece, porque los bloquea.
Varios son los casos de personas que fueron estafadas, porque pagaron y cuando llegaron se encontraron con que había otro grupo en sitio, comentó una de las víctimas, Rossana Aranda, propietaria de una casaquinta, en comunicación con canal Gen/Nación Media.
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Madrid encara la crisis de la vivienda con lotería de alquileres
- Madrid, España. AFP.
Lorena Pacheco consiguió finalmente alquilar un apartamento, pero solo gracias a un sorteo del Ayuntamiento de Madrid, un hecho que evidencia el drama de la crisis de la vivienda que afecta a España y a su capital. Al ganar sintió “mucha euforia y un poco de sensación de irrealidad”, confiesa la auxiliar de enfermería de 30 años, que siguió el sorteo en directo en las redes sociales.
Un empleado del ayuntamiento anunció que un computador había seleccionado su nombre junto con el de otros 63 afortunados, entre las 44.000 personas que aspiraban a una vivienda social en el barrio de Villa de Vallecas, al sur de Madrid. Durante dos años, antes de conseguir este apartamento por un alquiler de 550 euros (577 dólares), la joven no paró de ver anuncios para irse a vivir juntos con su novio.
Sin éxito. Hasta entonces, tuvieron que vivir separados en casa de sus padres.
“El depender de la suerte para poder independizarte (...) es una realidad que vivimos en este país”, lamenta el novio de Pacheco, Sergio Encinas, de 31 años.
“Es bastante triste, porque tienes un trabajo, estás trabajando 40 horas a la semana”, pero “con tu salario no te puedes permitir vivir por tu cuenta”, dice este vendedor, que gana unos 1.200 euros mensuales.
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Alquileres por las nubes
El aumento de los alquileres en Madrid, que han escalado un 82 % en una década, según el portal inmobiliario de referencia Idealista, ha hecho prohibitivos los inmuebles privados para muchos hogares.
Y el parque social es muy restringido: en 2024, Madrid contaba con 9.200 viviendas de alquiler moderado para una ciudad de 3,4 millones de habitantes, una de las cifras más bajas de la Unión Europea.
La ciudad, gobernada por la derecha, tiene como objetivo alcanzar las 15.000 viviendas sociales para 2027.
París, por ejemplo, cuenta con 260.570 viviendas sociales para 2,1 millones de habitantes y Berlín con unas 100.000 para 3,4 millones de residentes.
Para asignar las escasas viviendas, cada trimestre, la ciudad de Madrid rifa entre 50 y 200 apartamentos, entre personas que pueden participar en función de sus ingresos y su situación.
“De todas estas viviendas, más del 80 % se ha destinado a jóvenes menores de 35 años y familias con hijos menores”, precisa a la AFP Álvaro González, responsable de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.
“Estos nuevos inquilinos nunca pagarán por su piso más del 30 % de sus ingresos mensuales”, señala.
Pero el sorteo solo satisface el 1 % de la demanda.
“Nos encontramos con un déficit de viviendas en España de más de 600.000 viviendas. Se están creando en torno a 120.000 hogares nuevos todos los años y apenas se construyen 90.000 viviendas”, resume el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, quien incluye tanto vivienda privada como social.
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Protestas
La escasez de viviendas, el aumento de los alquileres y el aumento de los apartamentos turísticos han sumido al país en una crisis sin precedentes.
En Madrid, Barcelona y Valencia, miles de personas se manifiestan frecuentemente para exigir soluciones.
En estas tres ciudades, los alquileres aumentan un 20 % al año, según Idealista.
Para Rodrigo Sainz, un treintañero que vive en Madrid, esto representa 150 euros al mes, en un apartamento que comparte con otras dos personas.
En protesta, los tres iniciaron en octubre “una huelga parcial de alquiler”, negándose a pagar la subida.
“Lo hacemos para que, en el futuro, a nivel colectivo, podamos tener un acceso digno a la vivienda”, explica este profesor de circo cuyo apartamento pertenece a un fondo de inversión.
“La vivienda debe ser un derecho, no debe ser un bien de mercado con el cual se pueda especular”, afirma.
Desde 2023, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ha anunciado medidas para responder a la emergencia, incluyendo la aceleración de la construcción de viviendas sociales y un aumento de la fiscalidad aplicada a las viviendas turísticas.
Sin embargo, la tarea es difícil, a juicio del portavoz de Idealista.
Las “medidas punitivas (...) han retirado a los propietarios del mercado”, y “los más jóvenes y las familias más desfavorecidas” han sido las víctimas, dice.
“Los propietarios no son el problema” y es “importante que haya diálogo (...), porque lo que necesitamos son casas”, agrega.
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Senabico aclara que recibe a diario pedidos de alquiler de inmuebles
La titular de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Teresa Rojas, explicó el contexto en el que se dio el intercambio de mensajes con el fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, señalando que había sido el entonces empresario el que habría iniciado gestiones para el arrendamiento de la estancia Cristo Rey, propiedad incautada al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão, ubicado en el departamento de Amambay.
Rojas enfatizó que “no es una actividad rara, o sospechosa”, alegando que se trata del rol que cumple habitualmente la institución. “Fue un mensaje que me envió, en esa oportunidad, el señor Eulalio Gomes solicitando que atendamos la propuesta de alquiler de una persona que se llama Aparecido Carlos Bernardo. Lo que quiero señalar es que muchísimas personas todos los días llaman interesados en alquilar inmuebles. Esa es nuestra actividad diaria. Esto no es una actividad rara ni sospechosa”, comentó la titular de Senabico a la 1020 AM.
Refirió que la respuesta que le dio al Gomes en ese momento, y que se ve en el contenido de los mensajes, es que presente todos los documentos que le solicitaron en la administración. Explicó que el contrato de alquiler se concreta cuando se corrobora la presentación de todos los documentos que la institución requiere normalmente para los establecimientos que la Senabico tiene bajo su gestión.
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“Insisto, muchísima gente llama o presenta nota solicitando alquiler de inmuebles, ya sea rurales o urbanos, incluso alquileres de baldíos, para usufructo de estacionamiento. Esto es una actividad diaria para nosotros, alquilar los inmuebles que tenemos. Esto no es nada raro ni para mí, ni para los funcionarios de Senabico, de las diferentes direcciones”, acotó.
Sobre el caso puntual del pedido de Gomes señaló que, si bien presentó la nota de oferta ante la dirección correspondiente, posteriormente el diputado le había escrito. “Lo que pasa que yo no puedo evitar que me llamen o me soliciten cosas. Ahora, de ahí a que yo acceda o no, a un pedido que no esté encuadrado dentro de lo que corresponde legal y administrativamente, recién ahí podríamos hablar de un problema legal o administrativo”, explicó.
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Se suspendió la audiencia preliminar de 21 acusados que por dinero ofrecían cargos en el IPS
A pedido del Ministerio Público se suspendió la audiencia preliminar para 21 personas acusadas por supuesta estafa y asociación criminal, por el proceso penal del esquema formado para solicitar dinero a cambio de contratos y recategorizaciones en el Instituto de Previsión Social (IPS).
El representante del Ministerio Público, Orlando Paiva, asumió desde este martes la unidad fiscal que pertenecía a su colega Sandra Ledesma, razón por la cual solicitó la suspensión de la audiencia preliminar. Ante este hecho la magistrada de Garantía, Alicia Pedroso, fijó para los días 11, 12 y 13 de marzo la realización de la diligencia judicial.
Los acusados son:
- Zulma Verónica Villalba Colmán
- Eduvigis Espínola
- Fátima Patricia Agüero Stehlik
- María Luján Aguilera Chaparro
- José Manuel Agüero Stehlik
- Carlos Barreto Ocampos
- Jennifer Karina González
- José Genaro Santacruz Frutos
- Reina Torres Vda. De Duarte
- Rodolfo Ramón Velázquez Caje
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Los acusados para quienes se pidió juicio oral son:
- Yolanda Teresa Balbuena Martínez
- Jorge Manuel Ferreira
- Edgar David Amarilla
- Lourdes Rocío Agüero Stehlik
- Carolina Martínez Escurra
- Blas Antonio Verón
- Fátima Adelaida González
- Hilario Velázquez Santacruz
- Jorge Felipe Saboredo
- Cynthia Adriana Caje Cabral
- Juana Anastasia Torres Coronel
De acuerdo al Ministerio Público, los acusados formaron un esquema de reclutamiento de personas, a quienes solicitaban entre G. 1.500.000 y G. 15.000.000 por acceder a un puesto laboral o conseguir ascensos en la previsional, según la acusación.
El presente proceso penal tuvo su inicio luego de la recepción del escrito de denuncia formulada por la jefa del Departamento de Asuntos Legales del IPS. Ante la denuncia, el Ministerio Público realizó varios procedimientos, logrando la detención de las personas nombradas más arriba.
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Alertan sobre inescrupulosos que intentan estafar en trámites de jubilación
Autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que existen personas inescrupulosas que intentan estafar a los adultos mayores en proceso de jubilación, a quienes les solicitan fuertes montos de dinero a cambio de acelerar estos trámites. Los trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios o abogados, afirmaron desde la previsional.
Desde la Dirección de Jubilaciones del IPS, confirmaron que una mujer acudió hasta las oficinas para iniciar los trámites de su jubilación, pero ya no volvió. Decidieron contactar con ella y esta reportó que unas personas les ofrecieron realizar los trámites a cambio de un monto de dinero.
“El caso se originó cuando una persona acudió a las oficinas de la previsional en octubre de 2024 para realizar consultas sobre su trámite jubilatorio. Al salir del edificio, fue abordada por un desconocido que se ofreció a agilizar su gestión a cambio de 3 millones de guaraníes”, explicó la doctora Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas de la previsional.
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Confirmó que los trámites realizados por este individuo no dieron resultados, porque la mujer no cumplía con los requisitos para acceder a la jubilación y reiteró que todos los trámites en la institución son completamente gratuitos. “La asegurada terminó pagando por un derecho al que aún no podía acceder”, aseguró.
Afirmó que para este tipo de trámites no se requiere la intermediación de gestores o abogados. “Los asegurados solo deben presentarse con su cédula de identidad para gestionar sus derechos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. No paguen por gestoría a quienes se ofrecen a realizar trámites que son gratuitos. Acudan personalmente a nuestras oficinas”, indicó.
Cubas indicó que la denuncia fue recibida por funcionarios de la Dirección Jurídica y de la Unidad de Anticorrupción y Transparencia del Instituto de Previsión Social. Refirió que desde la previsional se llevarán a cabo todas las gestiones necesarias para que la denuncia llegue a las autoridades correspondientes y se identifiquen a los responsables.
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