En el departamento de Caaguazú, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) logró incautar un camión que llevaba unas 1.500 cajas de pollos equivalente a 15.000 kilos del producto. La mercadería proviene de Brasil y no contaba con las documentaciones correspondientes.
Según el reporte, la incautación se realizó mediante un operativo anticontrabando sobre la ruta PY 08 en el distrito de Simón Bolívar. La carga iba en un camión que no era refrigerado y, además, no contaba con los documentos para ingresar al país ni permiso sanitario para su comercialización en Paraguay.
Durante el procedimiento se logró detener al conductor del camión identificado como Atilano de Jesús Marzal Pérez e iba acompañado de Mauro Antonio Morínigo Gauto, quienes ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público. El cargamento y el camión fueron incautados, las piezas de pollos serán destruidas como exigen la ley.
“El camión no estaba en condiciones como para transportar este tipo de cargamentos. La condición que debía tener para la comercialización ya se perdió y al momento de la verificación no contaban con ninguna documentación para el ingreso al país”, explicó Pablo Montiel, de la DNIT, en entrevista con el programa “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Resaltó que se presume que el cargamento tenía como destino la ciudad de Coronel Oviedo. Se trata de un golpe al contrabando de unos G. 600 millones. “El conductor solo presentó la documentación de compra del lado brasilero, cada caja tiene el sello de acreditación para su consumo en el citado país”, puntualizó.
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Fiscalía avala extradición del exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja
El Ministerio Público dictaminó que el exsenador argentino Edgardo Kueider y su pareja, Iara Guinsel, pueden ser extraditados a su país, donde enfrentan cargos por lavado de dinero.
Antes, ambos ciudadanos argentinos deberán culminar el proceso abierto por contrabando en Paraguay. La decisión final está en manos del juez Penal de Garantías N° 9 de Asunción, Rolando Duarte, quien deberá resolver si acompaña o no el criterio fiscal.
Conforme al informe del cual se hizo eco el portal de noticias Infobae del vecino país, el fiscal adjunto Manuel Doldán fue quien dictaminó que Edgardo Kueider y su pareja y secretaria, Iara Guinsel, están en condiciones de ser extraditados a Argentina.
Kueider es un exsenador del vecino país, de la localidad de Entre Ríos (2019–2024), detenido en Paraguay por contrabando de divisas y lavado de activos. La Justicia argentina lo acusa de integrar una asociación ilícita vinculada al caso “Securitas”, relacionado con presuntas coimas para obtener contratos públicos.
La solicitud de extradición fue presentada por la jueza que investiga el caso por presunto pago de coimas en contratos vinculados a la empresa Securitas y Enersa, en el vecino país, Sandra Arroyo Salgado, del juzgado federal de San Isidro.
El fiscal Doldán consideró que el pedido de la jueza Arroyo Salgado era procedente en su presentación; ya que cumplió con todos los requisitos que establece el Tratado de Extradición entre Argentina y Paraguay. Es el cuarto requerimiento de este tipo que realizó la jueza de Entre Ríos. Los tres anteriores fueron rechazados por el Ministerio Público.
El representante del Ministerio Público consideró que la Justicia argentina acompañó el planteo con resoluciones judiciales firmes y que, además, el delito que se les imputa a Kueider y a Guinsel también es penado en Paraguay, se trata del lavado de activos.
Es el último de una cadena de acusaciones que le hace la jueza Arroyo Salgado a la pareja y a otra serie de acusados que permanecen ligados a la investigación.
Condición pendiente
Antes de concretarse la extradición, tanto el exlegislador y su pareja deberán responder ante la Justicia paraguaya por un intento de contrabando ocurrido el 4 de diciembre de 2024, cuando la pareja argentina intentó ingresar al país con más de USD 200.000 sin declarar.
En esa causa ya fueron elevados a juicio oral el pasado 31 de julio, por el magistrado Humberto Otazú, juez penal de Garantías de Delitos Económicos. Este delito por el que están siendo procesados en Paraguay, tiene una pena máxima de 2 años y medio de prisión. Por lo tanto, la sentencia podría ser de cumplimiento efectiva.
Actualmente, la pareja guarda arresto domiciliario como medida preventiva en el país, en el marco del proceso del delito de contrabando. Esta medida incluso fue reforzada por el magistrado con el uso de tobilleras electrónicas.
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Cuatro firmas compiten por construir la futura sede del Indi en Caaguazú
Cuatro empresas presentaron sus ofertas para la construcción de la futura sede del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) en el distrito de Yhú, departamento de Caaguazú. El acto de apertura se realizó en la sede del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
De acuerdo al informe oficial este proyecto dotará a la institución de un espacio propio y funcional para fortalecer la atención y el acompañamiento a las comunidades indígenas de la zona y de todo el país.
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Las empresas oferentes fueron: Ritter Construcciones S.R.L. (G. 3.084.950.696), Ricardo Díaz Martínez (G. 2.623.771.698), Corporación Lemuria S.A. – Clem S.A. (G. 2.392.870.800) y Confortec S.R.L. (G. 2.913.400.000).
Durante la jornada se efectuó la verificación preliminar de la documentación presentada. El análisis detallado de las ofertas quedará a cargo del Comité de Evaluación.
Detalles del proyecto
El llamado contempla dos etapas principales: el diseño ejecutivo, que abarca 2.460 m², y la construcción inicial, que en esta primera fase incluye 692 m².
La Municipalidad de Yhú acompañó la iniciativa mediante un convenio que autoriza la adjudicación de un terreno a favor del INDI, formalizado a través de la Resolución N.° 287/2024.
El proyecto incorporará elementos que reflejen la cultura y costumbres de los pueblos indígenas, creando espacios que atiendan tanto las necesidades administrativas como el fortalecimiento comunitario.
La obra forma parte del Plan Estratégico Institucional del Indi 2021–2025, que prioriza la mejora de la calidad de los servicios con enfoque de derechos y la promoción del liderazgo, el arte y la cultura indígena.
La iniciativa se enmarca en el Llamado MOPC N.° 40/2025 (ID 468429) y cuenta con una inversión estimada de G. 3.000.000.000. Será ejecutada bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, detalló el MOPC.
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Policía brasileña ve “indicios” de blanqueo en cuentas bancarias de Bolsonaro
La Policía Federal de Brasil reveló ayer jueves que los movimientos bancarios del expresidente del país Jair Bolsonaro entre 2023 y 2025 muestran “indicios” de blanqueo de capitales, en el marco de la investigación por la supuesta trama para entorpecer su causa contra el golpe de Estado que ha llevado al organismo a denunciarlo formalmente junto a su hijo y diputado, Eduardo Bolsonaro, de un delito de coacción.
El organismo ha considerado que los movimientos bancarios de Bolsonaro entre marzo de 2023 y junio de 2025 “muestran indicios de posible lavado de dinero u otras actividades ilícitas” en un informe presentado al Tribunal Supremo en el que además ha asegurado que, entre 2023 y 2024, el ultraderechista recibió alrededor de 30,5 millones de reales (cerca de cinco millones de euros).
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El mismo documento ha servido a la Policía para denunciar a ambos de un delito de coacción al considerar que promovieron en Washington las medidas de represalia contra el Gobierno y el Poder judicial brasileños con el objetivo de obstaculizar la investigación que enfrenta el expresidente por intento de golpe de Estado contra el actual dirigente del país, Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro cumple arresto domiciliario desde el pasado 4 de agosto por incumplir algunas de las medidas cautelares impuestas por la supuesta financiación con hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, en el país norteamericano desde marzo, en favor de los aranceles del 50 por ciento a las importaciones brasileñas y sanciones contra las autoridades brasileñas, incluido el juez del Supremo y relator del caso, Alexandre de Moraes, en un momento en el que el presidente Donald Trump ha mostrado un inusitado interés por su situación judicial.
Fuente: Europa Press.
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Diputados brasileños aprueban ley para que redes sociales protejan a niños
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó ayer miércoles una ley que amplía las obligaciones de las plataformas digitales para proteger a los menores en redes sociales, en medio de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por un conocido influenciador. El texto obliga a las empresas a hacer verificaciones de edad más estrictas y a vincular las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres, entre otras disposiciones.
La regulación de las redes sociales es un asunto especialmente espinoso en Brasil. El presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva dijo esta semana que la “sociedad estará bajo constante amenaza sin la regulación de las Big Techs”. En tanto, la oposición de derecha acusa al gobierno y a la justicia de querer “censurar” las plataformas.
El texto fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara baja semanas después de un escándalo de presunta explotación sexual infantil por parte de Hytalo Santos, un influenciador que divulgaba en Instagram contenidos con menores semidesnudos en danzas sensuales. En adelante, las redes “deben comunicar los contenidos de aparente explotación, abuso sexual” a las autoridades brasileñas.
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También deberán vincular las cuentas de niños y adolescentes a las de sus padres, quienes podrán controlar quiénes se comunican con sus hijos y cuánto tiempo los menores usan las plataformas. Las redes tendrán que “monitorear y restringir, dentro del límite de sus capacidades técnicas, la exhibición de contenidos que tengan como objetivo evidente atraer a los niños”, agrega el texto.
Atendiendo pedidos de expertos, el parlamento vetó la autodeclaración de edad como mecanismo de control para entrar a sitios web que ofrezcan contenido para adultos. También exige a las redes sociales “mejorar continuamente sus mecanismos de verificación de edad para identificar cuentas gestionadas por niños”.
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Multas y prohibición
Las plataformas que incumplan estas disposiciones serán sancionadas con multas que pueden llegar a 50 millones de reales (unos 9 millones de dólares), suspensiones o, en casos de reincidencia, “prohibición”. La ley entrará en vigor un año después de que el presidente la sancione. Por ahora, debe volver al Senado para su definitiva aprobación.
Brasil, con 212 millones de habitantes ultraconectados, ha sido uno de los países más activos en la regulación de las redes sociales. El año pasado, la justicia suspendió durante 40 días la red social X por ignorar una serie de decisiones relacionadas con la lucha contra desinformación. En junio la corte suprema votó para que haya mayor responsabilidad de parte de las empresas tecnológicas sobre los contenidos publicados por los usuarios. Desde entonces las plataformas tienen el deber de retirar contenidos ilícitos por su propia iniciativa, sin necesidad de intervención judicial.
El lunes el gobierno le pidió a Meta- casa matriz de Instagram, Facebook y WhatsApp, entre otras- que elimine de sus plataformas a chatbots que aparentan ser niños, pero son capaces de hacer insinuaciones sexuales, luego de detectar una “proliferación” de estos robots.
La iniciativa para endurecer los controles fue aprobada en un momento de crisis diplomática y comercial con Estados Unidos, en la que la regulación de redes sociales también entró en conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, acusa a Brasil de “ataques” a “las empresas estadounidenses de redes sociales”.
En una decisión similar a la que tomó contra X, a principios de 2025 el supremo ordenó suspender la plataforma de videos Rumble porque se negaba a bloquear la cuenta de un brasileño residente en Estados Unidos. Trump le impuso aranceles del 50% a la mayor economía latinoamericana, en parte, por estas sanciones y por el juicio contra su aliado, el expresidente Jair Bolsonaro, acusado de golpismo.
Fuente: AFP.