El ministro de Educación, Luis Ramírez, se refirió al proceso de implementación del Programa Hambre Cero en las Escuelas, que este año llegará al 100 % de las instituciones educativas. Para ello están trabajando con los municipios a fin de poner a las escuelas en condiciones para que se implemente el programa de la mejor manera.

Cuando arrancó el Programa Hambre Cero, en agosto del año pasado, se detectó unas 500 instituciones educativas con problemas de agua y la disposición de los baños; así como una importante cantidad de escuelas que no contaban con cocinas.

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De esas 500 escuelas, se logró solucionar 290 escuelas, que ya cuentan con agua y baños sexados y esperan que este año puedan completar los restantes. No obstante, remarcó que la prioridad es que las escuelas cuenten con una cocina adecuada para la elaboración de los alimentos.

“La construcción está a cargo de los intendentes, porque los fondos que vinieron para infraestructura se sacaron hasta este año del MEC, ahora volvió un porcentaje pequeño para mantenimientos de infraestructuras; y las grandes infraestructuras quedaron a cargo de los municipios. Entonces, aplicamos el siguiente principio: no construir hasta completar las prioridades de agua, baños y cocinas, antes de pensar las otras construcciones”, explicó.

Remarcó que hay un diseño y estrategia de trabajo, en la cual se resalta que este año las prioridades son las cocinas, para las cuales se está trabajando con los intendentes. El año pasado se llegó a 290 escuelas, y esperan que este año se complete lo que falta.

“Este año le daremos continuidad a esto y si bien no lleguemos a la totalidad, vamos a llegar a la gran mayoría. Hay escuelas en pueblos originarios que tienen otra forma de distribución del agua y tienen otras prioridades, por lo que estamos trabajando con el plan diferenciado al resto. Estamos avanzando a muy buen ritmo y estimo que vamos a estar a punto cuando arranque la segunda fase del programa Hambre Cero”, enfatizó.

Indicó que hay un aspecto que se debe analizar y pensar cómo mejorar la calidad de la educación, considerando que en el país existen unas 3.000 instituciones educativas que cuentan con menos de 20 alumnos. Muchas de ellas están a 4 o 5 kilómetros de otras instituciones educativas.

“Estamos haciendo la verificación de manera a potenciar las escuelas que están x distantes de otra; y puedan ser potenciadas de manera a que puedan recibir mejores servicios eficaces y con mayor eficiencia. Aquí también hay un trabajo muy bueno que estamos llevando adelante con los intendentes de manera que podamos instalar una infraestructura central muy poderosa con todo lo que pueda tener; y que puedan quedar las otras escuelas como para desarrollar los programas tutoriales”, explicó.

Resaltó el acceso a internet en las escuelas. “El internet no es solo problemas de las escuelas, sino en Paraguay, es que el internet no llega a todos lados. Se está trabajando con un data center que no está conectado a internet pero cuenta con una base de información bastante amplio que sirve para que el alumno pueda acceder a informaciones, videos, que servirá para su estudio”, acotó.

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Con la presencia del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, y del vicepresidente segundo, Alberto Martínez Simón, se realizó la primera reunión de trabajo de la Comisión de Implementación del Registro Unificado Nacional (RUN), en el marco de la promulgación de la Ley N° 7424, “Que crea el Sistema Nacional Unificado Registral y Catastral y el Registro Unificado Nacional”.

En el encuentro se abordaron diversos puntos estratégicos para la puesta en funcionamiento de este nuevo sistema, que tiene como objetivo principal promover la seguridad jurídica, la celeridad en los trámites y la eficiencia administrativa.

Igualmente participaron de la reunión el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), Gustavo Villate; la directora general de los Registros Públicos, Lourdes González; el responsable de la Dirección General de Planificación y Desarrollo, Juan José Martínez; la directora de la DGTIC, licenciada Rosa Liz Chamorro; el director de Administración y Finanzas, Mirko Duré; y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, de la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro y del Departamento de Geodesia y Agrimensura.

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El ministro de la Corte Luis María Benítez Riera enfatizó que en representación de la CSJ, encabeza la comisión el ministro Martínez Simón. “Estamos orgullosos del equipo técnico que se conforma desde aquí”, expresó. Indicó que este proceso será “una transición altamente positiva para el beneficio del país y de todos los paraguayos”.

Por su parte, el vicepresidente Alberto Martínez Simón, puntualizó que en esta jornada se invitó a las autoridades involucradas para la primera sesión de trabajo interinstitucional del equipo interno designado por la Corte Suprema de Justicia para la implementación del Registro Unificado Nacional. “En un año debemos prever todo lo necesario para la implementación efectiva, ya nos anticipamos en conformar este equipo interno y en invitar a los entes que van a participar de dicho equipo”, señaló.

Además, agregó que para la próxima semana ya se tendrá un diagnóstico completo en cuanto a los sistemas electrónicos y digitales internos de Catastro, Registro y Geodesia, a fin de compatibilizar todo el trabajo electrónico que formará una parte esencial de esta mesa de trabajo del RUN. “Queremos que la mayor parte de los trámites se lleven a cabo de manera digital en el ámbito de la registración. Para ello se necesita un primer diagnóstico, ya hemos coordinado su presentación para el viernes 24 de este mes”, afirmó.

El ministro Martínez Simón mencionó que dentro de la resolución de la conformación de la Comisión de Implementación del RUN ya se establecieron seis ejes temáticos muy puntuales, a los cuales se ha agregado un séptimo eje relacionado con el área de capacitación.

Finalmente, resaltó que con la promulgación de esta normativa no desaparecerán todos los problemas, pero con la entrada en vigencia de la Ley N° 7424 se podrán detectar los conflictos existentes. “Lo que permitirá este nuevo sistema es una agilización de los trámites, un ahorro de costos y tiempo, y la posibilidad de detectar los casos de superposición de inmuebles. Debemos ser claros con la ciudadanía”, subrayó.

Cabe destacar que para el miércoles 15 del corriente se prevé una visita y verificación in situ de las oficinas de Catastro y Geodesia, con el fin de interiorizarse sobre la situación edilicia, electrónica y de capital humano de las mismas, para la correcta implementación del RUN.

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Este jueves se colocará la primera tobillera electrónica a un procesado por violencia familiar. El mismo es Alberto Segovia Martínez, imputado por violencia familiar y que se encontraba guardando reclusión en el centro penitenciario de Emboscada. Con esta tecnología se busca optimizar los recursos de la Policía y mejorar el monitoreo y respuesta ante casos de desacato del arresto domiciliario.

En conversación con La Nación/Nación Media, la directora de Asistencia Legislativa y Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia, Mirna Morínigo, comentó que el procedimiento de colocación de esta tobillera se llevará a cabo esta tarde en la oficina de Judiciales de la Policía Nacional, tras el visto bueno de la jueza de la causa.

La misma explicó que existen dos etapas procesales donde se puede utilizar la tobillera electrónica, una de ellas es en el momento de la imposición de medidas alternativas a la prisión, donde inclusive el encausado puede solicitarla como una medida y también puede ser utilizada en la última fase del cumplimiento de una condena en los casos de personas privadas de libertad que tengan permisos de salida. En ambos escenarios el juez es quien analiza el caso y luego toma una decisión.

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Morínigo enfatizó que se busca que esta sea una herramienta más para el control del cumplimiento de la justicia y también para el juez, y así este tenga otra alternativa a la de prisión preventiva en centros penitenciarios, generando también mayor agilidad dentro del sistema.

Respecto al monitoreo, aseguró que a los efectos de optimizar los recursos de la Policía Nacional y hacer una vigilancia más real, se instaló el centro de control que está en el edificio donde opera el sistema del 911. En esa sala de monitoreo están asignados 50 personales de la Policía Nacional en tres turnos para cubrir las 24 horas los siete días de la semana, y mantener un constante sondeo dentro del sistema para conocer el estatus de cada tobillera y su usuario.

La directora de Asistencia Legislativa y Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia remarcó que el sistema tiene una amplia gama de parámetros que pueden activar alertas, como por ejemplo el intento de violación del dispositivo, la falla de la señal del mismo, el incumplimiento de los límites jurisdiccionales que se le han asignado al usuario o la violación del perímetro donde se encuentra alguna víctima. En todos estos casos las alarmas se activan y de manera inmediata desde el centro de control se comunican con el usuario y posteriormente con agentes de la Policía Nacional que cubran la zona pertinente.

“Por ejemplo, si es una persona terriblemente impulsiva y se acerca a la víctima, la víctima también tiene la opción de un botón de pánico en el celular que le va a posibilitar a los operadores de monitoreo advertirle a la víctima que su agresor se está acercando a su zona para que ella se ponga en resguardo mientras llega la Policía”, subrayó Morínigo.

Respecto a la implementación y el uso de este nuevo dispositivo en el sistema judicial, Morínigo indicó que lo que se busca con esta tecnología es poder abarcar justamente la mayor cantidad posible de variables que se puedan dar en un caso de arresto domiciliario o salidas intermitentes de los centros de reclusión y poder brindar la tranquilidad de saber dónde está esa persona en todo momento.

“Como es algo muy nuevo para todos nosotros, estamos pasando de la parte teórica a la parte práctica. Esta es la fase en la que vamos a probar que los protocolos y reglamentos diseñados se ajusten a la realidad; entonces la parte operativa va a poder ser ajustada también en esta primera fase de implementación”, finalizó la directora de Asistencia Legislativa y Desarrollo Normativo del Ministerio de Justicia.

• Hoy jueves se colocará la primera tobillera electrónica a un procesado por violencia familiar; el mismo es Alberto Segovia Martínez, imputado por violencia familiar.
• Se puede utilizar la tobillera electrónica en el momento de la imposición de medidas alternativas a la prisión.
• También puede ser utilizada en la última fase del cumplimiento de una condena en los casos de personas privadas de libertad que tengan permisos de salida.
• Se busca que esta sea una herramienta más para el control del cumplimiento de la justicia y también para el juez, y así este tenga otra alternativa a la de prisión preventiva en centros penitenciarios.
• En la sala de monitoreo están asignados 50 personales de la Policía Nacional en tres turnos para cubrir las 24 horas los siete días de la semana, y mantener un constante sondeo del estatus de cada tobillera y su usuario.

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Hoy jueves se proce­derá a colocar la pri­mera tobillera elec­trónica a un procesado por violencia familiar luego de que fue beneficiado con el arresto domiciliario. Así confirmó Hernán Escobar, representante del Ministe­rio del Interior en el Sistema de Monitoreo por Disposi­tivo Electrónico de Control (Simdec).

Escobar sostuvo que esta persona debe presentarse ante el Juzgado Penal de Garantías de feria del depar­tamento Central y de ahí al Departamento Judiciales de la Policía Nacional donde va a esperar el resultado de la evaluación técnica de “donde fijará la prisión domicilia­ria para poder ver si cumple con las exigencias corres­pondientes y luego se le va a colocar el dispositivo”, dijo. Se trata de Alberto Segovia Martínez, imputado por vio­lencia familiar.

Asimismo, sostuvo que luego de la verificación del lugar de reclusión domiciliaria, como ser la tenencia de ener­gía eléctrica, internet, etcé­tera, se le colocará el equipo a la residencia. “Igualmente, nosotros debemos saber quién va a pagar el disposi­tivo”, dijo.

Afirmó que si no se tienen las condiciones necesarias se pide el cambio de domi­cilio para cumplir con la resolución judicial. El caso se comunica igualmente a la comandancia de la Poli­cía Nacional para su control, explicó el funcionario.

La Cámara de Apelación del departamento Central, inte­grada por los jueces Óscar Rodríguez Kennedy, Alicia Orrego Pérez y Domingo Melgarejo, ordenó el arresto domiciliario del imputado por violencia familiar. Sego­via Martínez y la aplicación de la Ley n.º 5863/17, del Sim­dec, que autoriza el uso de las tobilleras electrónicas y fijando un domicilio fuera de un radio de por lo menos cinco kilómetros del domici­lio de la denunciante.