La estabilidad laboral de los trabajadores con 10 años de antigüedad es un tema que arrastra varias posiciones en el ámbito empresarial. Mientras algunos gremios consideran que el régimen vigente desincentiva la contratación y la permanencia de los trabajadores, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) sostiene que cualquier eventual reforma debe surgir del consenso entre todos los sectores.

En conversación con La Nación/Nación Media, el director de Trabajo, Jorge Rivas, explicó que la iniciativa de discutir el régimen actual proviene del sector patronal. Sin embargo, aclaró que el rol de la institución es actuar como articulador del diálogo y no tomar partido por una de las posiciones.

“Como autoridad administrativa tenemos que escuchar a todos: trabajadores y empleadores”, afirmó y señaló que la experiencia demuestra que las mesas de diálogo tripartitas han permitido alcanzar acuerdos importantes en materia laboral.

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Actualmente, la legislación establece que, cumplidos 10 años de antigüedad, un trabajador adquiere estabilidad especial. Esto no impide su despido, pero obliga al empleador a justificar judicialmente la causa cuando pretende extinguir la relación laboral.

Además, entre los 9 años y seis meses y los 10 años rige el denominado “período de sospecha”, en el que la ley presume que un despido sin causa podría buscar evitar que el trabajador alcance esa estabilidad.

Rivas también se refirió a una práctica conocida como la “compra de antigüedad”, mediante la cual algunos trabajadores son despedidos antes de cumplir los diez años y luego reincorporados.

Explicó que, si se comprueba que existió una simulación para eludir la estabilidad laboral, el caso puede derivar en investigaciones administrativas e incluso en acciones judiciales por fraude laboral.

El funcionario añadió que hoy los principales conflictos laborales que llegan a la institución siguen vinculados a la terminación de la relación laboral, especialmente por diferencias entre trabajadores y empleadores sobre si el despido fue con o sin causa, aspecto que define el pago de indemnizaciones y otros beneficios.

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Paraguay podría captar más de USD 2.000 millones en inversiones mineras durante los próximos seis a ocho años, entre proyectos de exploración y explotación, según estimó Víctor Fernández, de la Cámara Paraguaya de Minería (Capami). El representante explicó a La Nación/Nación Media que este monto podría incluso duplicarse o triplicarse si el país logra establecer una ley minera ejemplar, abierta a la inversión privada y con estabilidad legislativa y garantías jurídicas.

Fernández señaló que la principal prioridad es explorar el subsuelo de todo el territorio nacional y generar las condiciones para aprovechar el flujo de inversiones. Planteó la necesidad de impulsar un servicio geológico que inicialmente recopile y registre la información existente, que realice el mapeo geológico de todo el territorio nacional, al menos a escala 1:100.000, y que genere información técnica que apoye la atracción de inversiones mineras.

Actualmente, existen proyectos a la espera de resoluciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que permitan iniciar las fases de prospección y exploración. Según Fernández, las principales inversiones corresponden a capitales estadounidenses y canadienses, mientras que también existen inversiones de origen chileno, argentino y ecuatoriano, además de pequeñas empresas paraguayas. La región Oriental concentra las oportunidades más atractivas, especialmente en Caazapá, Caaguazú y Alto Paraná, donde se encuentran los proyectos más avanzados.

El representante de Capami destacó la oportunidad que representa la transición energética y la creciente demanda mundial de minerales críticos. En ese escenario, mencionó el potencial paraguayo en titanio, uranio y vanadio. Mientras tanto, en el Chaco se realizan exploraciones en busca de litio, cuyos resultados permitirán determinar el potencial minero de la región Occidental.

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Fernández consideró prioritario contar con una nueva ley minera acorde con la realidad mundial del sector, la geología nacional y las capacidades de la autoridad de aplicación. Para Capami, el marco debe ser realista, práctico y consensuado, además de brindar estabilidad legislativa y garantías jurídicas para atraer inversiones. También planteó la necesidad de una mesa permanente de minería que permita coordinar acciones entre los diferentes actores del sector.

En cuanto a la Política Nacional de Minería, cuestionó que el sector privado no haya participado de su elaboración y señaló que Capami desconoce el texto de la propuesta mencionada por el Viceministerio de Minas y Energía. Sostuvo que primero debió establecerse una mesa de diálogo entre los actores y que tanto el Código Minero como la política nacional deberían surgir de ese proceso de consenso.

Capami realizará el II Foro de Minería en Paraguay el próximo 30 de setiembre, en la sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), en Asunción. El encuentro tendrá como ejes los minerales críticos, el impacto económico y el desarrollo social del sector. Bajo el lema “El momento es ahora”, Fernández sostuvo que Paraguay debe acelerar la exploración y aprovechar la coyuntura internacional para avanzar hacia la producción minera.

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Las obras del Corredor Vial Las Residentas avanzan actualmente con trabajos simultáneos en distintos sectores del proyecto, según explicaron desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a La Nación/Nación Media. Los frentes activos incluyen movimiento de suelos, drenaje, construcción del viaducto, estructura de pavimento y obras complementarias, con un importante progreso en las estructuras y la infraestructura del corredor.

El proyecto contempla una inversión total de aproximadamente G. 133.574 millones, financiada con recursos de la Itaipú Binacional. La ejecución comprende distintas intervenciones destinadas a dotar al corredor de una infraestructura vial moderna y mejorar las condiciones de circulación en la zona.

Actualmente se desarrollan trabajos de movimiento de suelos, drenaje, construcción del Viaducto Las Residentas, canal de hormigón, estructura de pavimento y controles de calidad. En los próximos meses continuarán las tareas relacionadas con la pavimentación y la ejecución de las obras complementarias necesarias para la puesta en servicio del corredor. La habilitación integral se realizará una vez concluidas las etapas de recepción provisoria y definitiva, conforme al cronograma contractual.

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De acuerdo con el MOPC, si las condiciones climáticas no interfieren con la ejecución de los trabajos, la culminación de las obras y la habilitación integral del corredor se estiman para el primer trimestre de 2027. El cronograma contempla la conclusión de los distintos componentes de infraestructura antes de su puesta en servicio.

La obra apunta a mejorar la conectividad y la circulación vehicular, además de optimizar las condiciones para el transporte de cargas. El corredor también busca fortalecer la seguridad vial mediante una infraestructura más moderna y eficiente.

Desde el MOPC señalan que el Corredor Vial Las Residentas contribuirá al desarrollo económico de la región a través de una infraestructura que permita una circulación más eficiente. La mejora de la conectividad y del transporte de cargas forma parte de los principales impactos esperados una vez que el corredor entre en funcionamiento.

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Pretenden modernizar el marco institucional del sector, ampliar el conocimiento sobre el territorio nacional.

El Viceministerio de Minas y Energía (VMME) y la Asocia­ción de Geólogos del Paraguay (AGP) acordaron avanzar en una agenda técnica conjunta para modernizar el marco ins­titucional del sector, ampliar el conocimiento sobre el terri­torio nacional y generar mejo­res condiciones para la llegada de inversiones responsables. En la reunión fueron analiza­dos los principales desafíos y oportunidades de la actividad minera, así como las posibi­lidades de cooperación entre el sector público y el sector vinculado a las ciencias geo­lógicas.

Fue encabezada por el vice­ministro de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, acompa­ñado por el director de Recur­sos Minerales, Néstor Bernal, y una delegación de la AGP, liderada por su presidenta, Ana Sofía Argüello. La Aso­ciación de Geólogos mani­festó su respaldo al proyecto de Código de Minería elabo­rado por el VMME, iniciativa que busca actualizar la nor­mativa vigente y establecer reglas más claras y transpa­rentes, alineadas con están­dares internacionales.

Desde el VMME señalaron que contar con un marco jurídico moderno permitirá brindar mayor previsibilidad a los proyectos mineros y orde­nar los procesos relacionados con la actividad. Esto, a su vez, apunta a generar mejores con­diciones para la inversión y a incorporar criterios técnicos, ambientales y sociales desde las primeras etapas de los pro­yectos.

Uno de los puntos considerados estratégicos fue la creación del futuro Servicio Geológico del Paraguay, contemplado tanto en el proyecto de Código de Minería como en la Política Nacional de Minería. El orga­nismo tendría entre sus funcio­nes reunir, procesar y difundir información confiable sobre las características geológicas y el potencial mineral del terri­torio nacional. Esta informa­ción constituiría una base para la toma de decisiones tanto del sector público como privado. Según el VMME, contar con una infraestructura sólida de información geocientífica tam­bién permitirá reducir los ries­gos asociados a la exploración, identificar recursos estratégi­cos y detectar minerales críti­cos vinculados con la transi­ción energética, la innovación tecnológica y el desarrollo industrial.

La creación de una estructura institucional especializada en información geológica apunta a proporcionar mayor conoci­miento sobre el potencial del territorio y facilitar la planifi­cación de futuras actividades de exploración y explotación.