Ciudad del Este. Agencia Regional.

La delegación paraguaya de la División del Comando Tripartito expulsó anoche a un ciudadano brasileño con dos órdenes de captura en su país. Se trata de Pedro Emanuel D´Onofre Andrade Silva (33), quien fue detenido por agentes del citado comando.

La entrega a la Policía Federal de Brasil se hizo en el puesto migratorio del Puente de la Amistad, a las 23:15, en el marco del Acuerdo de Cooperación Policial Internacional. Se trata del primer brasileño expulsado del año, por el citado paso fronterizo.

Funcionarios de Migraciones personal del Área Naval del Este, intervinieron en el proceso de expulsión de territorio paraguayo y entrega a la policía brasileña. El fiscal de turno Julio Paredes, autorizó el procedimiento.

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Tras la detención de Andrade Silva, los agentes policiales realizaron las consultas con sus pares del Brasil sobre la situación del mismo y recibieron la información del Núcleo de Inteligencia de la Policía Federal de Foz Yguazú, que el citado ciudadano registra dos órdenes de captura, pendientes de cumplimiento.

La causa es por homicidio doloso y las órdenes fueron expedidas por el Tribunal de Justicia del estado de Rio de Janeiro, Brasil. El citado es considerado de alto valor para la Justicia brasileña, según el reporte del Comando Tripartito.

En el contexto del citado acuerdo de cooperación, en el 2024 fueron expulsados por el Comando Tripartito de Ciudad del Este 52 ciudadanos, de los cuales 48 son brasileños entregados por el Puente de la Amistad y 4 son argentinos, expulsados por el puerto Tres Fronteras de Pdte. Franco y Puerto Iguazú, Argentina.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

De enero al 27 de diciembre de 2024 fueron expulsados 52 ciudadanos, brasileños y argentinos, a través del Comando Tripartido de Ciudad del Este (Alto Paraná), por cuentas pendientes con la justicia de sus respectivos países. Esto fue informado por el jefe del Comando Tripartito, el subcomisario Favio Santa Cruz, al ser consultado por La Nación/Nación Media.

De los 52 expulsados, 48 son brasileños y fueron entregados a la Policía Federal por el Puente de la Amistad; 4 son argentinos expulsados por el Puerto Tres Fronteras de Presidente Franco. De la cantidad total, 36 expulsados tenían órdenes de captura y el resto correspondió a trámites administrativos por procesos en cursos en sus respectivos países.

Entre los 36 expulsados, las órdenes de captura fueron por hechos de homicidio, robos agravados, tráfico de drogas, por fugas de instituciones penitenciarias, condenados por abuso sexual, por la pertenencia a facciones criminales y otras. También hubo un caso de persona que ingresó al país con su tobillera electrónica y luego se sacó.

Entre los 48 ciudadanos brasileños expulsados por el Puente de la Amistad, están los 16 sacados de la cárcel de Tacumbú, durante la operación Veneratio (diciembre de 2023), según lo referido por el subcomisario Santa Cruz. También hubo casos de paraguayos expulsados. En 2024, dos paraguayos aprehendidos en Argentina, con órdenes de captura en Paraguay, fueron expulsados vía Puerto Iguazú y recibidos en el Puerto Tres Fronteras de Presidente Franco (Alto Paraná).

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El jefe policial indicó que los números son similares a los dos años anteriores, con tendencia a ser mayor. En tal sentido, informó que en el 2022 fueron 47 expulsados, mientras que en el 2023 entregaron a 55 ciudadanos. El subcomisario Santa Cruz puso énfasis en el grupo de alta peligrosidad que, de una sola vez, fue entregado a la Policía Federal de Brasil, citando el caso de los sacados de la penitenciaría de Tacumbú, durante el operativo Veneratio.

“Este acuerdo de cooperación da su resultado positivo porque se facilita la entrega de ciudadanos brasileños y argentinos con órdenes de captura pendientes y porque permite que rápidamente sean identificados aquellos con documentaciones falsas”, manifestó el jefe del Comando Tripartito. En cuanto al intercambio de información, citó un caso reciente de vehículo robado en la mañana, del estacionamiento de un hotel de Foz de Iguazú y encontrado en horas de la tarde en Ciudad del Este, en la casa de un policía.

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“El Comando Tripartito depende del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional, el comando ya tiene más independencia y ahora pasa de una unidad de inteligencia a una unidad operativa; de ahora en más habrá resultados en la parte operativa”, manifestó el subcomisario Favio Santa Cruz.

El Comando Tripartito funciona en el mismo piso donde opera la Dirección de Investigación de Hechos Punibles de la Policía de Alto Paraná. Ahora, al dejar de depender de la citada dirección, se trasladaría a otro edificio.

• 52 expulsados, de los cuales 36 tenían órdenes de captura.
• 48 brasileños entregados por el Puente de la Amistad a Foz de Iguazú.
• 4 argentinos entregados vía Puerto Tres Fronteras.
• De los 48 brasileños, 16 son del operativo Veneratio.
• 2 paraguayos aprehendidos en Argentina, entregados a Paraguay vía Puerto Tres Fronteras.

Este domingo 22 de diciembre se cumplen 32 años del hallazgo histórico del “Archivo del Terror”, una increíble colección de documentos de alto valor político y social, no solo para Paraguay, sino para toda América Latina y el mundo; ya que testimoniaban las atrocidades de una de las dictaduras más extensas del continente y sus tentáculos regionales a través del perverso Plan Cóndor.

Paraguay vivía los primeros años de transición democrática tras el régimen del general Alfredo Stroessner, que cayó por un golpe militar entre el 2 y 3 de febrero de 1989, tras estar en el poder desde 1954. Transcurrieron pocos meses desde la promulgación de la nueva Constitución Nacional, el 20 de junio de 1992, que recuperaba herramientas de justicia y derechos largamente esperados por el pueblo, como el habeas corpus, una garantía que permitiría, finalmente, exigir respuestas del Estado.

En medio de esa coyuntura, se erigía la figura de un hombre que llevaba años de búsqueda incansable detrás de los documentos de la dictadura: quien en vida fuera Martín Almada (1937-2024). Educador, abogado y defensor de los derechos humanos, luchó incansablemente por la reivindicación de las víctimas del totalitarismo militar y político.

Si bien su objetivo era personal, este trascendía su propia historia puesto que quería saber qué había ocurrido con su esposa Celestina Pérez, quien murió en circunstancias no esclarecidas durante el gobierno de Stroessner; el 5 de diciembre de 1974, a los 33 años, en el local del Instituto Juan Bautista Alberdi, en San Lorenzo. La mujer sufrió un infarto luego de decirle que su marido había muerto, tras varias llamadas en que le hicieron escuchar las sesiones de tortura, y no recibió atención médica por temor a represalias de los doctores para acercarse al instituto.

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Martín Almada Inició su búsqueda para descubrir qué datos había y dónde los tenía el gobierno derrocado. Comenzó una investigación solitaria que, a base de paciencia, persistencia, resistencia y recortes de periódicos, desembocaría en uno de los hallazgos más impactantes de la historia.

Las pistas más concretas llegaron de forma hasta inesperada. El propio Almada relató, años más tarde, que mientras se encontraba gestionando su pedido judicial para acceder a documentos policiales, una mujer se le acercó, le entregó un plano y le aseguró que lo que buscaba no estaba en Asunción, sino en un depósito fuera de la capital.

Con esta información clave, Almada recurrió directamente al Poder Judicial. Los jueces José Agustín Fernández, actual camarista, junto al magistrado Luis María Benítez Riera, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, encabezaron el operativo.

El martes 22 de diciembre de 1992, a las 11:00, el equipo se dirigió a la sede del Departamento de Producción de la Policía Nación, en la ciudad de Lambaré. Nadie esperaba encontrarse con tamaña situación, que en definitiva superó ampliamente cualquier expectativa. Intentaron allanar la comisaría, pero primero hubo una negativa por parte de un agente policial, pero a esas alturas ya asomaba el inevitable hallazgo y, amparados en la ley, los jueces ingresaron al lugar.

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Lo que se encontraron era estremecedor e impactante: montañas de documentos, fichas, fotografías y archivos, amontonados y olvidados en una habitación de unos cinco por cinco metros, con pilas de papeles que alcanzaban los dos metros de altura. En el patio, parte de la documentación había sido enterrada raudamente.

Las primeras revisiones de aquello que nadie se imaginaba que podría existir, al menos no en esa envergadura, revelaron el alcance del descubrimiento. Se trataban nada más y nada menos que de 300 metros lineales de documentación, producida entre 1930 y 1992, en su mayoría correspondiente a los 35 años de la dictadura estronista (1954-1989).

Entre los documentos figuraban: fichas prontuariales con datos de opositores políticos, fotografías de detenidos al momento de su captura, algunas en evidente contradicción con las versiones oficiales de resistencia violenta, declaraciones obtenidas bajo tortura, grabaciones de conversaciones telefónicas “pinchadas”, materiales incautados en allanamientos domiciliarios, información de inteligencia sobre organizaciones políticas, culturales y sociales, etcétera.

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Tamaño acervo documental servía de radiografía de la brutalidad del régimen, pero también evidenció la coordinación represiva a nivel continental: la famosa operación Cóndor. Los documentos confirmaron la existencia de una red clandestina que operaba entre Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, de manera conjunta y sistemática, para el secuestro, tortura, intercambio y desaparición de presos políticos. Con el tiempo, el “Archivo del Terror” se convirtió en un testimonio clave para la justicia, reivindicación y fortalecimiento del “nunca más”.

En 1993 se creó el Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, con apoyo de la Unesco, que años más tarde digitalizó los archivos y facilitó su acceso al público. En 2009, el “Archivo del Terror” fue inscrito en el Registro Internacional de la Memoria del Mundo de la Unesco y, en 2011, en el Registro Regional para América Latina y el Caribe.

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El hallazgo del “Archivo del Terror” no fue solo el resultado de una búsqueda personal de Martín Almada, sino que fue un acto de justicia, memoria y verdad. Estos documentos, preservados actualmente en el Museo de la Justicia y Centro de Documentación y Archivo en el Poder Judicial de Asunción, constituyen un legado invaluable. Estos documentos son una advertencia de lo que puede suceder cuando el poder absoluto no encuentra límites y un recordatorio para las nuevas generaciones sobre la necesidad de defender siempre la democracia, la libertad y los derechos humanos.

El ahora miembro de un Tribunal de Apelación Penal, José Agustín Fernández, explicó que el hecho tuvo una significación para procesos de violación de derechos humanos en Paraguay, para el uso del habeas data, para las indemnizaciones y, fundamentalmente, para procesos vinculados con la operación Cóndor. “Hoy lo que hacemos es reivindicar el derecho a la verdad, la verdad que es una tarea, un trabajo que hay que hacer para resignificar el presente”, señaló el magistrado, reconociendo que el propio Estado es lento y “poco generoso” para la reivindicación de las víctimas del régimen.

En 1973, el condado de York, Pensilvania se vio conmocionado por la desaparición de una adolescente de 14 años. A principios de ese año, Ruth Elizabeth Brenneman había ido a la escuela y nunca más se supo nada de ella. Los familiares la buscaron, pero no había rastros de ella.

Unos meses después se encontraron los restos a 80 kilómetros al norte de su ciudad natal, específicamente el 10 de octubre de 1973, dos guardabosques encontraron los restos en avanzado estado de descomposición de una mujer, en aquel entonces no pudo ser identificado y la búsqueda siguió.

El hallazgo se produjo en un bosque de Union Township, según la Policía Estatal de Pensilvania, entre los matorrales, donde había una lona con los restos de una mujer de tez blanca, pero sin mayores detalles.

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Gracias al uso de la tecnología que existe hoy en día, las pruebas de ADN y las entrevistas con los familiares, se pudo determinar que los restos encontrados en ese entonces pertenecen a Ruth Elizabeth, la adolescente desaparecida hace más de 50 años. La identificación fue posible mediante investigación genealógica y análisis de ADN.

Ruth había nacido el 26 de noviembre de 1958 y cuando desapareció, en 1973, se había ido a la la escuela y nunca regresó a su casa. Si bien se logró la identificación del cuerpo, las investigaciones seguirán para determinar si llegó a la escuela y qué tan lejos llegó y volvió de ella.

Un par de meses después, sus restos fueron encontrados a unos 80 kilómetros al norte de su ciudad natal. Aún no está claro cómo murió la niña. La policía estatal de Pensilvania continúa la investigación sobre la muerte de Ruth para determinar sus últimas actividades conocidas, dijeron las autoridades.

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