Durante la jornada de ayer sábado, la Policía Nacional recibió un total 2.121 llamadas en el sistema 911 de los cuales el 75 % fueron de no emergencia, situación que retrasa las atenciones a aquellas personas que realmente necesitan ayuda. Asistieron a 114 casos de violencia familiar en un día.
Según el informe emitido por la institución, durante la jornada del 2 de noviembre ingresaron 2.121 llamadas al sistema de emergencias, de las cuales 1.490 representan a aquellas que no necesitaban de ayuda. La mayoría de estos contactos era de personas que llaman, pero no contestan, así como de niños jugando.
La mayor cantidad de ingresos fueron de ciudadanos que llaman y no contestan, con 1.128 casos registrados ayer, y 120 de aquellos que contactan en forma equivocada. En tanto que, hay personas que marcan para pedir información, que totalizaron 101 llamadas, y también un caso de contacto por mensajería.
Siguen en la lista los niños que juegan con los aparatos celulares y marcan al sistema 911, en esta oportunidad fueron 44; también figuran los que llaman para insultar o decir obscenidades a las operadoras con 3 contactos y suma la lista las llamadas operativas fueron 29 en total.
Fueron atendidos 631 casos de emergencias reales, entre ellos: 114 hechos por violencia familiar, 133 denuncias e intervenciones por polución sonora y 80 casos por perturbación a la paz pública. La lista sigue con reportes de 64 accidente de tránsito y 10 casos de hurtos o robos, todos fueron asistidos por la Policía Nacional.
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Tres comisiones dictaminan en contra de declarar en emergencia el IPS
Tres comisiones asesoras de la Cámara de Senadores dictaminaron en contra del proyecto que declara en emergencia el Instituto de Previsión Social (IPS) con media sanción de Diputados.
Bajo la presidencia del senador Silvio Ovelar, este martes se realizó una reunión conjunta entre las comisiones de Hacienda y Presupuesto; de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado; y de Salud Pública y Seguridad Social. Al término del encuentro se emitieron los dictámenes de rechazo.
La decisión fue adoptada tras escuchar a autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), del IPS y de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Las iniciativas, una presentada por varios diputados y otra por un grupo de senadores, proponían declarar la emergencia sanitaria, farmacéutica y edilicia de la previsional, habilitando medidas administrativas y financieras extraordinarias para atender la crisis.
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Para el análisis de ambas propuestas fueron convocados el ministro de Economía, Óscar Lovera; el presidente del IPS, Isaías Fretes; y el director nacional de Contrataciones Públicas, Agustín Encina Pérez. Todos ellos expusieron la situación actual de la institución y respondieron a las consultas de los legisladores.
Durante su intervención, el presidente del IPS reconoció que la previsional atraviesa una compleja situación financiera y afirmó que constituye “el peor momento de su historia”.
No obstante, sostuvo que una eventual declaración de emergencia no resolvería los problemas estructurales si no va acompañada de recursos económicos para su implementación.
A su turno, el ministro Lovera señaló que el Poder Ejecutivo continúa trabajando en alternativas para fortalecer la situación financiera del IPS.
Por su parte, el director de la DNCP expresó reparos respecto a las disposiciones del proyecto vinculadas a las contrataciones públicas.
Advirtió que flexibilizar los procedimientos previstos en la legislación vigente podría debilitar los mecanismos de control y transparencia en el uso de los recursos públicos.
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La Policía frustró intento de secuestro tras asalto a transportadora en Saltos del Guairá
Este martes, un grupo de hombres fuertemente armados interceptaron un vehículo que transportaba productos electrónicos y lo asaltaron en Saltos del Guairá, departamento de Canindeyú. Los maleantes intentaron secuestrar a los trabajadores, pero la Policía Nacional pudo evitar que se lleven a las víctimas.
Según el reporte policial, el hecho se registró en el kilómetro 390 de la ruta PY03 en la localidad de Saltos del Guairá, cuando un automóvil de la marca Toyota de color plateado interceptó al camión que llevaba productos electrónicos. De este descendieron cuatro sujetos fuertemente armados.
El conductor identificado como Ángel Rolando Parra, de 24 años, y su acompañante un menor de 16 años, manifestaron que fueron interceptados por estos hombres vestidos con uniforme camuflado, quienes le roban el camión, luego los maniataron y subieron al automóvil. El trabajador intentó resistirse, pero fue golpeado a la altura de la cabeza.
Mientras circulaban sobre la ruta PY03 fueron interceptaron por agentes de la Subcomisaría 5° Guadalupe, que se dieron cuenta de lo que ocurría, e iniciaron una persecución. Al verse acorralados, los maleantes abandonaron el automóvil, liberaron a los trabajadores y huyeron hacia una zona boscosa.
Kilómetros más adelante los delincuentes abandonaron el camión y se logró recuperar toda la mercadería que trasladaban. Ambos trabajadores fueron trasladado al hospital de la zona. Se dio participación al personal del Departamento de Investigaciones de Hechos Punibles como a Criminalística y fue comunicado al Ministerio Público.
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Chase plantea fortalecer presupuesto de organismos de seguridad ante el crimen organizado
El senador y líder de la bancada oficialista, Natalicio Chase, sostuvo que el combate al crimen organizado requiere fortalecer el presupuesto destinado a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares.
No obstante, advirtió que se trata de una lucha permanente que demanda recursos y un esfuerzo sostenido por parte del Estado.
Respecto a la recuperación de fuerzas del grupo criminal EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), indicó que sigue activo y pidió dejar que concluyan las investigaciones antes de convocar a autoridades del Ejecutivo al Congreso.
En conversación con varios medios de prensa, Chase afirmó que la lucha contra el crimen organizado es un desafío vigente en toda Sudamérica.
En ese contexto, recordó que el mayor gasto destinado a combatir a estas organizaciones en la historia se registró en Colombia, con el respaldo de la principal potencia mundial, en referencia a Estados Unidos.
Pero que, hasta ahora, no está corregido este flagelo en ese país. Remarcó que es una lucha permanente, es una contención permanente y espera que en Paraguay se pueda disminuir la fuerza de estos grupos criminales.
“Claro que se le tiene que dar a las fuerzas de seguridad todos los recursos que sean necesarios, para que nosotros acá estemos tranquilos. El Paraguay es un país en crecimiento y tiene recursos finitos. No podemos nosotros en muy corto tiempo volvernos la primera potencia mundial en fuerza de seguridad. Yo creo que se ha trabajado, se ha mejorado y hay condiciones ya de hacer frente al crimen organizado”, remarcó.
Reactivación del EPP
El senador Chase indicó que aparentemente estos grupos delictivos no tienen otra forma de vivir; teniendo en cuenta que de acuerdo a las informaciones que se manejan, son los parientes de aquellos que en su momento ya han sido abatidos.
“Por lo visto siguen en el mismo camino delincuencial, y bueno, esperemos que la fuerza de seguridad puedan hacer esa conclusión. Hasta que termine la evaluación no tiene sentido convocarle a ninguna autoridad porque vamos a adelantarnos al análisis profesional que están haciendo las instituciones de seguridad”, expresó.
Señaló que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC), ni el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), son instituciones omnipresentes. Explicó que cuando se realizan atentados de este tipo en ninguna parte del mundo pueden las instituciones tener una cobertura del 100 %.
“Ahora vendrán las medidas de contención y de acuerdo a lo que dijo el ministro del Interior en su última declaración, esto no va a quedar así y va a tener sus consecuencias y el esfuerzo del Estado para corregir esta situación”, remarcó.
Finalizó señalando que Paraguay es un país que tiene muchas ventajas, muchos privilegios debido a la calidad de la gente misma.
“Por eso, creo que no han crecido estos grupos a niveles extraordinarios; y bueno, que la Fuerza de Seguridad haga su trabajo y contengan este nuevo surgimiento de este grupo delictivo”, acotó.
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Tras masacre en Naranjito, la ARP exige mayor seguridad para proteger la actividad productiva
La Asociación Rural del Paraguay (ARP) expresó su preocupación tras el ataque armado registrado en el puesto policial de Naranjito, departamento de Canindeyú, hecho que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional.
A través de un comunicado, el gremio sostuvo que este tipo de hechos no solo afecta a las fuerzas de seguridad, sino que también genera incertidumbre en las comunidades rurales y repercute sobre la actividad productiva.
Calificaron el episodio como un ataque directo contra las instituciones de la República y alertó sobre el impacto que la violencia puede tener en zonas donde se concentra una parte importante de la producción agropecuaria nacional.
Desde la ARP señalaron que la seguridad constituye un factor fundamental para el desarrollo económico del interior del país, considerando que miles de familias dependen de actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería y otros sectores productivos que requieren estabilidad para operar e invertir.
El gremio recordó que departamentos como Canindeyú forman parte de los principales polos productivos del Paraguay y que la presencia de hechos delictivos o grupos criminales genera preocupación tanto entre productores como entre inversionistas.
En ese sentido, enfatizó que la previsibilidad y la seguridad son elementos esenciales para sostener la generación de empleo y la actividad económica en las zonas rurales.
Además de expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y a la comunidad de Naranjito, la ARP manifestó su respaldo a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio Público y al Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), instituciones encargadas de la investigación y esclarecimiento del caso.
La organización también destacó la necesidad de fortalecer las acciones de combate contra el crimen organizado en áreas rurales, argumentando que el desarrollo productivo depende en gran medida de la capacidad del Estado para garantizar condiciones de seguridad a quienes trabajan e invierten en el campo.
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