El Gobierno paraguayo presentó oficialmente la postulación para ser sede de la Reunión Ministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que debe desarrollarse en el último trimestre del 2025. La ministra del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), Mónica Recalde, presentó la postulación durante la Cumbre de Ministerios de Trabajo de la OCDE, enfocada en el tema sobre Inclusión Social en América Latina y el Caribe en Bogotá (Colombia).
En su intervención, la ministra Recalde resaltó que el rol de Paraguay como copresidente del Programa de la OCDE para América Latina y el Caribe desde 2022, destacando los esfuerzos de Paraguay para la promoción de buenas prácticas y estándares de la organización, traduciendo esto en el bienestar de los ciudadanos, de acuerdo al informe de los canales oficiales del Gobierno.
El compromiso del Gobierno en la implementación de reformas significativas para mejorar la confianza pública hacia el Estado, también fue un punto destacado por la ministra. Además de la postulación, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), también planteó y adelantó sobre los posibles temas que podrían ser tratados durante la próxima cumbre ministerial.
En esta lista figuran, la generación de confianza, mejora de la gobernanza de la infraestructura y el uso de la inteligencia artificial en la gestión pública. La OCDE es un foro en el que los gobiernos colaboran para enfrentar desafíos económicos, sociales y ambientales. Con sede en París, cuenta con más de 35 países miembros.
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Paraguay avanza en su acercamiento a la OCDE con una evaluación sobre integridad pública
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, participó la mañana de este lunes en el lanzamiento del Estudio de Integridad Pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organizado por la Contraloría General de la República en sede de la Cancillería Nacional.
Durante el acto, el canciller destacó que esta iniciativa representa mucho más que un ejercicio técnico, ya que constituye una oportunidad para que el Paraguay evalúe su sistema de integridad pública conforme a los estándares y mejores prácticas internacionales. Señaló que este proceso contribuirá a fortalecer las instituciones, perfeccionar las políticas públicas y consolidar una cultura de integridad en toda la administración pública.
Asimismo, subrayó que la realización del estudio coincide con el proceso de modernización institucional que impulsa el país, acompañado de reformas orientadas a fortalecer el régimen nacional de integridad, transparencia y prevención de la corrupción. “Las recomendaciones que surjan de este proceso constituirán una valiosa hoja de ruta para seguir consolidando un Estado más íntegro, eficaz y cercano a la ciudadanía”, refirió.
El ministro recordó además que esta iniciativa se enmarca en la política de Estado que busca profundizar la relación del Paraguay con la OCDE e incorporar las mejores prácticas internacionales para fortalecer la calidad de las instituciones y generar mayores oportunidades para el desarrollo del país.
Indicó que, desde su incorporación al Centro de Desarrollo de la OCDE en 2017, Paraguay ha fortalecido progresivamente este vínculo mediante la adopción de instrumentos internacionales, la participación activa en diversos órganos de trabajo y, más recientemente, la implementación del Programa País.
El canciller expresó su reconocimiento a la OCDE por el acompañamiento permanente brindado al Paraguay y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por su apoyo para la realización del estudio.
Asimismo, destacó el liderazgo de la Contraloría General de la República como punto focal de esta iniciativa, que marca un hito en el fortalecimiento de la integridad pública al someter el sistema nacional a una evaluación conforme a altos estándares internacionales y basada en evidencia.
Durante esta semana, especialistas de la OCDE desarrollarán una intensa agenda de trabajo con instituciones públicas, organismos de control y representantes de distintos sectores de la sociedad paraguaya. Este proceso permitirá elaborar un diagnóstico basado en evidencia sobre el sistema nacional de integridad y formular recomendaciones adaptadas a las necesidades, prioridades y desafíos del país.
Del acto participaron el contralor general de la República, Camilo Benítez; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón; la presidenta del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Alicia Pucheta; el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Paraguay, Alonso Chaverri Suárez; así como otras autoridades nacionales y representantes de organismos internacionales.
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Senado excluye de la lista de postulantes para contralor a exjuez destituido
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores notificó este miércoles al abogado Edgar Hernán Sosa que su postulación para el cargo de contralor general de la República quedó fuera del proceso de selección, tras el análisis de admisibilidad administrativa de los antecedentes.
De acuerdo con la nota suscrita por el presidente de la comisión, senador Javier Zacarías Irún, la decisión se fundamenta en que el postulante se encuentra comprendido dentro de los impedimentos previstos en el artículo 5° de la Ley N° 276/94, Orgánica y Funcional de la Contraloría General de la República.
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El equipo técnico de la comisión asesora encargada de la evaluación de los documentos presentados por los postulantes halló impedimentos legales en sus antecedentes, por lo que presentó el informe a los miembros legisladores de esta comisión y la resolución fue emitida con la firma del titular de la mesa asesora.
La circunstancia que hoy le deja fuera de carrera a este profesional del derecho tendría que ver con un antecedente sobre una remoción dispuesta por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), conforme a la Sentencia Definitiva Nº 04/14 del JEM, del 8 de abril de 2014, que dispuso su remoción como juez interino del Juzgado Penal de Sentencia Nº 6 de Ciudad del Este.
Sosa, abogado de Ciudad del Este con cerca de tres décadas de ejercicio profesional, se postulaba para integrar la nómina de aspirantes al cargo de contralor general y la resolución de la Comisión determina que su postulación no continuará en el proceso de selección.
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Descartan presencia de explosivos en el RUN tras amenaza de bomba
El director de Seguridad del Poder Judicial, Freide Amarilla, indicó que luego de la revisión realizada por agentes de la FOPE y de Antisecuestro de la Policía Nacional, no se encontró ningún artefacto explosivo en la sede central del Registro Unificado Nacional (RUN) tras una amenaza de bomba. Luego de la inspección y al descartarse cualquier riesgo para la integridad de las personas, se autorizó el reingreso al edificio.
El acceso se realizó de manera ordenada, comenzando con el personal de limpieza, seguido por los funcionarios y, posteriormente, por los usuarios, restableciendo la normalidad de las actividades.
Los agentes de la FOPE inspeccionaron completamente el edificio sin encontrar ningún elemento que representara una amenaza real. Amarilla lamentó que las actividades hayan permanecido suspendidas durante gran parte de la mañana, lo que ocasionó un importante retraso en los trabajos de la institución. Asimismo, indicó que el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional encabezará las investigaciones preliminares y que los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público.
En horas de la mañana, una persona de sexo masculino llamó al RUN alertando sobre la supuesta presencia de dos bombas que explotarían en minutos. Ante este hecho, se activó el protocolo de seguridad y se evacuó a todos los funcionarios. Luego de la revisión, la amenaza se descartó por completo y se retomó la actividad habitual varias horas después.
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Trabajadoras denuncian a institución de educación superior por falta de pago de salarios
Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.
Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.
“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.
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Denuncia y proceso legal
La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.
“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.
Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.
Violación laboral
Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.
“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.
Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.
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