En los últimos diez años se reportaron en total 2.704 casos de abuso sexual en niños y el mayor número de víctimas corresponde a Asunción, Central y Alto Paraná, según Mariano Bareiro, de la Dirección de Planificación del Ministerio Público.

“Desde que se creó el 147 que tiene el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y el 911, la gente empezó a hacer denuncias y gracias a que se hicieron, lastimosamente aumentaron y hoy día tenemos los casos de abuso sexual 2.704 en total desde el 2014 hasta la fecha”, dijo a Unicanal.

Mencionó que en el 2014 Asunción registró 160 casos, Central tenía 135 y actualmente se tienen notificadas 882 denuncias en este departamento. “O sea que tenemos mayor cantidad de situaciones que se dan en estos municipios. Y nuevamente Alto Paraná, Ciudad del Este, Hernandarias, Presidente Franco están en tercer lugar”, indicó.

La asistencia a las víctimas es integral, puesto que las secuelas afectan su salud. “Estamos hablando de personas cuyas vidas fueron truncadas, personas cuyas vidas tienen hoy en día problemas neurológicos. Estamos hablando en muchos casos de embarazo precoz”, puntualizó.

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Bareiro manifestó que se debe realizar una campaña educativa en los colegios y promover el “noviazgo sin violencia”, por lo que consideró que “todavía hay una tarea pendiente”. Según el funcionario del Ministerio Público se debe involucrar a la comunidad como “una red de apoyo” y como un espacio de capital social para la víctima.

“Llámese comisiones vecinales, asociaciones de padres, donde estos tipos de hechos se manejan mejor y hay menos condiciones de vulnerabilidad porque hay contacto, hay acompañamiento por parte de los vecinos y las vecinas”, destacó. Consideró vital la organización y el acompañamiento del gobierno local y departamental a las víctimas en condición de vulnerabilidad .

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Este domingo, desde la Policía Nacional informaron que ayer sábado recibieron un total de 1.064 llamadas de no emergencia al sistema 911. Los contactos más frecuentes fueron de personas que llaman y no contestan a las operadoras, con más de 800 entradas.

Según el reporte dado desde la institución, recibieron un total de 1758 llamadas que deberían ser de emergencias, pero de este número más del 60 % son de personas que no requerían asistencia. Estos contactos lamentablemente retrasan las respuestas a aquellas que realmente necesitan ayuda.

Las operadoras contestaron 1.064 llamadas de no emergencias durante la jornada de ayer sábado, y el mayor número corresponde a usuarios que contactan y no hablan o contestan, con 822 atenciones; le siguen aquellos que contactan por equivocación, con 77, y las que llaman para pedir información, con 77.

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No podían faltar los niños jugando con 58 llamadas, las tradicionales llamadas operativas con 28 contactos. En tanto, una persona llamó para decir obscenidades a las operadoras y una persona por mensajería, lo que da como resultado que más de mitad no fueron casos urgentes.

Los casos de emergencias reales fueron 694, de los cuales 137 fueron para denunciar polución sonora; 127 por casos de violencia familiar; 92 reportes por perturbación a la paz pública; 33 llamadas por accidentes de tránsito y un total de 22 denuncias por casos de robos. Desde la Policía Nacional piden a la ciudadanía a recurrir al sistema solo en casos de emergencias reales y recordaron que se tiene un registro de llamadas.

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El Ministerio Público realizó un allanamiento a la sede de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal, debido a una denuncia de duplicación de cobros que ascienden a G. 10.000 millones. El presidente de la institución, Venancio Díaz, indicó que este hecho fue detectado a partir de una auditoría interna.

“Estos eran actos discrecionales, es decir, no tenían la participación del Consejo en la autorización. Tres o cuatro funcionarios estaban vinculados en estos procedimientos irregulares que se dieron durante años y que perjudicó a la Caja. Ojalá podamos recuperar ese dinero porque el daño fue enorme”, expresó Díaz.

El sistema de devolución establecido se prestaba para que este tipo de hechos se dé, afirmó el presidente de la Caja, quien indicó que se pudo detectar este hecho a partir de la auditoría interna realizada luego del incendio producido en la sede de la institución el pasado mayo, el cual según la Fiscalía, fue un evento provocado y de hecho, un funcionario ya está imputado por el hecho.

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“En esa investigaciones descubrimos un esquema de duplicación de cobros, presentamos la denuncia por un monto determinado y al terminar la auditoría interna llegó a G. 10.048 millones. Presenté la denuncia totalmente documentada como presidente de la institución con todos los informes y respaldos”, refirió a la 780 AM.

La hipótesis del Ministerio Público es que se habrían falsificado más de 277 afiliados mediante las cuales se efectivizó el millonario desvío. De acuerdo a lo que explicó la fiscal Luz Guerrero a Universo 970 AM/Nación Media, se incautaron documentos y libros internos, donde tuvo que quedar registrado el circuito que debieron seguir los expedientes de la devolución de los aportes .

”El sistema informático es vital para nosotros porque ahí constan las veces en que se hicieron las órdenes de pago respecto a una misma persona en varias ocasiones”, señaló. Por su parte, Díaz aseguró que en algunos casos se llegó a utilizar un mismo expediente para hacer cobros hasta en cinco oportunidades.

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El sector agrícola local viene atravesando problemas de escasez de lluvias y el masivo ingreso ilegal de productos como tomate, locote, cebolla y papa, lo que genera una preocupación para los productores que subsisten de esta economía.

Sumado a esta situación están los especuladores que aprovechan este fenómeno climático y van hasta las fincas familiares para ofrecer menos paga por los productos.

Representantes de la Asociación de Importadores y Comerciantes Frutihortícolas (Asicofru) denunciaron estar muy preocupados en el Mercado Central de Abasto porque actualmente, comienza la restricción de frutihortícolas, y esto genera un mayor ingreso del contrabando de estos productos.

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En entrevista con Unicanal, Karen Leguizamón, presidenta de la Asicofru, mencionó que ahora hay restricción de la importación ante la disponibilidad de la producción nacional, según el informe de la Dirección de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). “Pero el quebranto es no poder vender dentro del mercado interno, a nivel país, no está pudiendo salir la producción local porque estamos rebasados del contrabando”, remarcó.

Explicó que los productos importados entran al país en forma reencajonada (reembolsada), lo que hace difícil poder controlar, hacer la denuncia y eventualmente proceder a la incautación. Es así que mencionó que ayer, los productores de Caaguazú, 3 de Febrero no podían comercializar a 4.000 el kilo en finca. También los productores de cebolla de Paraguarí, San Pedro, Chaco, Villarrica, Caaguazú no pudieron vender a un precio de 60 mil guaraníes la bolsa en chacra.

Por su lado, el productor Elvio Roa, denunció la incesante corrupción por parte de funcionarios venales que están al servicio del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), que permiten el masivo ingreso ilegal de los productos y que perjudican enormemente a la economía de las familias que dependen netamente de la actividad agrícola.

“Si hay ingreso ilegal de productos es porque hay funcionarios corruptos que reciben plata de supuestos importadores”, enfatizó.

Anunciaron una serie de movilizaciones en las zonas de los cultivos de los productos frutihortícolas para exigir a las autoridades el cese del contrabando.

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