Tras darse a conocer el fallecimiento de una beba de 1 año y 4 meses, aparentemente a causa de un ataque sexual, en Itapúa, el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez, lamentó que se den este tipo de casos, remarcando la cantidad de denuncias que se recibe diariamente.
“Según los reportes del Ministerio Público, son 8 llamadas por día de denuncias radicadas de manera formal de abuso a menores. Estamos trabajando para luchar contra esto que es una cuestión de larga data. Por primera vez, nosotros le estamos dando un enfoque 100 % preventivo a este tipo de casos”, indicó el ministro Gutiérrez, en conversación con el programa “Arriba Hoy” emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El mismo enfatizó que la mayoría de casos de violencia sexual hacia niños lastimosamente se registran en los entornos familiares, siendo los agresores normalmente padres, tíos o abuelos de la víctima, motivo por el cual la situación en sí se ve agravada, ya que toda la familia se ve afectada por el suceso.
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El ministro de la Niñez y Adolescencia remarcó que en los últimos años se han incrementado las denuncias formales de estos casos en comparación a años anteriores, pero que no tiene que significar que los hechos vayan en aumento, sino que la gente ahora sí se anima a denunciar y a involucrarse, al ver casos de abuso.
Aseguró además que, desde el punto de vista del ministerio, la única manera de lograr contrarrestar este tipo de hechos es impulsando la prevención, ya que cuando se habla del trabajo de contención y asistencia tras un abuso ya se está llegando tarde para ayudar al menor.
“Nosotros lanzamos una guía de prevención de abuso, que primero lo socializamos con agentes del ministerio público, luego con personal de la Codeni y, posteriormente, con los docentes, pero también está disponible para los padres y la ciudadanía en general. Esto, a través de la web del ministerio porque sabemos que no es fácil tener que hablar sobre ciertos cuidados con los niños, en especial en edades tempranas”, comentó el ministro.
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Papa Francisco afirma que la Iglesia debe “pedir perdón” por los casos de abuso sexual
El papa Francisco reafirmó este viernes que la Iglesia católica debe pedir “perdón” por el “flagelo” de las agresiones sexuales a menores, en un discurso ante representantes políticos y de la sociedad civil en Bélgica.
“La Iglesia debe avergonzarse y pedir perdón y tratar de resolver esta situación con humildad cristiana, y hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder”, dijo el sumo pontífice en el encuentro, en el que participó el rey belga Felipe.
“Pienso en los dramáticos casos de abusos a menores, un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo”, expresó. “Esta es la vergüenza que todos tenemos que asumir ahora, pedir perdón por ella, y resolver el problema”, dijo.
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En su discurso, el papa argentino hizo referencia a un enorme escándalo que sacudió la iglesia belga el año pasado, relacionado con abusos a menores y adopciones forzadas de niños de madres solteras. “Me entristece el fenómeno de las ‘adopciones forzadas’, presentes también aquí en Bélgica entre los años 1950 y 1970 del siglo pasado”, expresó.
El sitio web belga HLN estima que unos 30.000 niños fueron retirados de sus madres en Bélgica entre 1945 y la década de 1980. Obispos de Bélgica pidieron disculpas en 2023 y encargaron una investigación independiente sobre los casos.
“Fruto amargo de un crimen y un delito”
“En esas historias espinosas se mezcló el fruto amargo de un crimen y un delito, con aquello que era lamentablemente el resultado de una mentalidad difundida en todos los estratos de la sociedad”, dijo el papa Francisco durante el encuentro.
“Con frecuencia las familias y otras entidades sociales, incluida la Iglesia, pensaron que para quitar el estigma negativo, que desgraciadamente en esos tiempos afectaba a la que era madre soltera, sería mejor para ambos, madre e hijo, que este último fuera adoptado”, acotó.
Durante la jornada, el pontífice de 87 años tiene previsto un encuentro con víctimas de agresiones sexuales en el ámbito religioso, una reunión que según la Iglesia belga se organizó con la “máxima discreción”.
Las palabras “no son suficientes”
Los escándalos sobre violencia sexual y los casos de adopción forzada son un punto central en esa visita papal a Bélgica. Antes del discurso del papa, el primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo que “las palabras no son suficientes. También hay que adoptar medidas concretas”.
La cuestión es muy sensible en Bélgica y el programa de la misa papal prevista el domingo tuvo que se modificado al revelarse que el compositor de un himno religioso que iba a ser entonado es un sacerdote acusado de abusos sexuales.
El error llevó al titular de la Conferencia Episcopal de Bélgica, el arzobispo Luc Terlinden, a admitir que la Iglesia necesitaba mejorar en el control de los casos y de los perpetradores. “Esto representa un gran desafío para nosotros, pero debemos pensarlo seriamente con la ayuda de abogados y psicólogos”, dijo a una emisora local.
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El compositor, que murió este mes, supuestamente resolvió extrajudicialmente un caso de agresión sexual en 2002. Francisco comenzó el jueves una visita de cuatro días a Luxemburgo y Bélgica. En un discurso en Luxemburgo, el pontífice alertó el jueves contra “los trágicos caminos de la guerra”.
Francisco, que suele denunciar las consecuencias de lo que llama la “Tercera Guerra Mundial a pedazos”, no mencionó ni Ucrania ni Rusia ni tampoco el conflicto en Oriente Medio. El miércoles había calificado de “inaceptable” la “terrible escalada” en Líbano y llamó a la comunidad internacional a hacer lo posible para ponerle fin.
Fuente: AFP
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Las arañas públicas se regodean con el grado de inversión
El grado de inversión alcanzado es una valiosa semilla sembrada en arena, que puede acabar en fracaso si no se toman ciertas medidas para corregir el abuso que cometen los funcionarios públicos.
Un día clásico de afrenta ocurrió esta semana. A las 6:30, un grupo de pacientes esperaba en IPS, donde desde a las 7:00 debía comenzar a atender la funcionaria de blanco. Eran las 7:40 y la puerta seguía cerrada. Del otro lado se escuchaban las risas en un evidente alargado desayuno.
Arriba, en el laboratorio, una jovencita –también de blanco– se olvidaba de su responsabilidad y extasiada escuchaba las aventuras de una mujer que le cuenta cosas muy simpáticas. Miraban concentradas el celular. En esa actitud, el cronómetro contaba 37 minutos de jolgorio en horario de trabajo, sin importar quiénes esperaban la atención.
Estos son ejemplos que se ven todos los días, como la barrera ilegal montada hace unos días por “zorritos” que acabó en la muerte de dos personas. En lugar de dirigir el tránsito, se esconden en lugares oscuros y con prepotencia amenazan a los conductores para exigirles dinero para evitar multas. Otro ejemplo de acostumbrada corrupción impune a la vista de todos ocurrió también esta semana en la Municipalidad de Lambaré.
Tras dos años de dejar el volante, este mes un lambareño decidió volver a conducir y fue a ponerse al día con la habilitación vehicular y renovar la licencia de conducir.
En la caja le informan que debe ir hasta el tinglado, presentarse en una ventanilla. Por la habilitación se paga y es rápido el trámite, pero para renovar la licencia los funcionarios exigen un documento en el que debe constar que quien realiza el trámite vive en la ciudad. Para conseguirlo hay que llenar una solicitud, ir hasta la comisaría –fuera de la municipalidad– para que le otorguen de forma “gratuita” el certificado de vida y residencia, según argumentan es un requisito insalvable de la Opaci.
En lugar de tener que ir fuera del recinto, sería más rápido y práctico fijarse en el banco de datos de la municipalidad, donde debe figurar si el contribuyente tiene algún inmueble en la ciudad, pero no, lo obligan a ir hasta la comisaría.
Allí, una funcionaria le indica que, tras completar la solicitud, debe volver al día siguiente a retirar el documento. Eso implica más gastos de dinero y tiempo. ¿Por qué no puede entregar el informe en el momento y evitar esa burocracia innecesaria? Además, debe traer a dos testigos que aseguren que vive en la ciudad. Ella sabe que el solicitante está apurado, entonces como es “demasiado buena” insinúa que por G. 20.000 puede acortar todos esos trámites. Dos billetes de Rodríguez de Francia son buenos testigos en este caso y con presteza sella el documento.
De vuelta a la municipalidad, surge otro requisito: un curso con los bomberos. Cansado y humillado, el contribuyente ya no desea más atrasos y solo rumia sin discutir al enterarse que por ese “curso” debe pagar G. 35.000.
Se sienta en el puesto de los bomberos para recibir el curso. Una mujer le reitera el precio. Paga y espera con curiosidad para ver de qué trata el aprendizaje. Espera. La mujer le pasa un papel y le dice: “listo”.
En ese momento entiende de qué trataba el curso: otra forma de sacarle dinero, como en la comisaría. La enseñanza es humillante, se percata de cómo abusan de forma legal y descarada, sin otorgar nada a cambio, sentados como arañas esperando a la próxima mosca.
En todas las dependencias públicas se repite de una u otra manera la misma fórmula que obliga a las personas a pagar “legalmente” por servicios inexistentes que solo sirven para que los funcionarios llenen sus propios bolsillos.
En esta arena sin nutrientes está sembrado el grado de inversión. Ahora que vendrán extranjeros, no les va a caer muy bien que estos arácnidos sin ética les pidan dinero cuando lleguen con la intención de hacer negocios, a pesar de las garantías ofrecidas por el Gobierno. Veremos cuántos inversores huyen de estas arañas y los comentarios que harán a sus otros colegas inversionistas para que no vengan.
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Exaliados de Prieto tumban falacia de perseguido político: “Es un ladrón”
“Miguel Prieto es un ladrón, desvió fondos para su provecho”, afirmó el abogado Víctor Enríquez, quien echó por tierra la imagen de perseguido político que busca instalar el intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, ante la ciudadanía en el marco de su campaña prematura para la presidencia de la República.
Enríquez quien se encuentra a cargo de la asesoría jurídica de la Contraloría Ciudadana sostuvo que las acusaciones por corrupción contra el dirigente opositor parten principalmente de sus exaliados políticos quienes contribuyeron para la destitución de la exjefa comunal Sandra McLeod y su posterior victoria en los comicios municipales del año 2019.
“Todos los integrantes de la Contraloría Ciudadana constituyen un equipo que trabajó en el proceso de la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este. Trabajamos por la candidatura de Miguel, varios de ellos fuimos sus apoderados, eramos de su entorno”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo comentó que la Contraloría Ciudadana quedó desintegrada cuando se produjo la separación de la dirigente del Partido Colorado Sandra McLeod de la intendencia esteña. Agregó que nuevamente el equipo entró en funcionamiento cuando algunos de sus exmiembros comenzaron a recibir informes “sobre cosas extrañas” dentro de la municipalidad ya en plena administración de Prieto.
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Señaló que las irregularidades iniciaron en el año 2019, pero fueron profundizándose durante la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Agregó incluso que fueron los propios operadores de Prieto quienes felicitaron a la Contraloría Ciudadana documentaciones con el fin de someter a Prieto a investigaciones.
“La gente de su entorno indicaban que este tipo al final de cuentas es peor que los otros. Yo le desafíe públicamente y en varios lugares que me querelle porque le trato de ladrón”, comentó. Agregó que las denuncias realizadas también se encuentran fundadas mediante informaciones obtenidas por la norma de acceso a la información pública.
Las afirmaciones de Enríquez surgen tras concretarse este último miércoles una serie de allanamientos fiscales en el marco de la denuncia número 39 contra Prieto. El caso guarda relación con supuestos negociados en aportes de dinero a subcomisiones de apoyo para entrega de alimentos para ollas populares, denuncia que fue impulsada por la Contraloría Ciudadana. Los cargos incluyen lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.
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Filtración: defienden credibilidad de la Comisión Antilavado y acusan al entorno del CIRD
El senador colorado Gustavo Leite defendió la credibilidad y seriedad del trabajo realizado desde la Comisión de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, rechazando que el órgano haya realizado filtraciones de informaciones de personas que firmaron contratos privados con oenegés.
“Yo tengo que descartar que esas informaciones que han tomado estado público vengan de la Comisión Bicameral de Investigación”, sostuvo este jueves el parlamentario en una entrevista con el programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo responsabilizó de la divulgación de datos a los operadores del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), liderado por Agustín Carrizosa, organización no gubernamental que se encuentra en la mira de la Comisión Antilavado ante las diversas denuncias periodísticas que refieren que esta fundación realizó una repartija del dinero público a sus allegados que debió ser utilizado en un proyecto de reactivación económica poscovid durante el anterior gobierno.
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“Hay un malestar interno en el CIRD y sospechamos que la propia gente que trabaja ahí es la que está filtrando a puchito esta información. Yo creo que este tema de la filtración se circunscribe a una sola institución, el CIRD. Carrizosa tiene problemas de garganta profunda en su propia institución, la filtración provino de ahí, es una conclusión clara”, remarcó el parlamentario.
Planteará comparecencia en audiencia pública
Carrizosa mediante medios de comunicación que buscan desacreditar al órgano calificándolo como una “comisión garrote” había sostenido que dicho estamento posee un objetivo político centrado en crear informaciones falsas con el fin de desprestigiar a organizaciones de la sociedad civil, apuntando a colocar en duda la credibilidad y seriedad de la comisión.
“Lo que ahora va a venir es un proceso público a pedido por todo el mundo en el que vamos a invitar por rango de plata gastada o invertida a las instituciones que más dinero público han manejado. Entonces, el CIRD tendrá la oportunidad de venir a la comisión para rendir cuentas y explique en qué gastó los centavos, guaraníes y dólares para que la gente del Paraguay pueda sacar sus conclusiones”, remarcó Leite.
El legislador sostuvo que propondrá “el lunes que el CIRD comparezca ante la comisión. Esta institución manejó más de 6 millones de dólares, nosotros siempre mencionamos que no vamos a ser jueces, somos investigadores porque tenemos ese poder constitucional”.
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