Una comitiva fiscal, policial y funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad encabezados por el agente del Ministerio Público, Enrique Fornerón, realizaron un allanamiento a una vivienda en la ciudad de Natalio- Santo Domingo, zona rural ubicada a unos 120 kilómetros de Encarnación, donde presuntamente funcionaba una granja de criptomonedas.

Igualmente, participaron del procedimiento funcionarios de la ANDE, a cargo del jefe, el ingeniero Miguel Lugo, acompañado de la asesora jurídica Celia Espinoza, quienes realizaron la medición del consumo de energía eléctrica, determinando que se encuentra dentro de los parámetros del contrato de la ANDE.

Así también, los funcionarios de dicha institución informaron que la granja minadora se encuentra en trámite de registro para la explotación de energía eléctrica con fines de minería de criptomonedas. En el acto, los mismos hicieron entrega de una cédula de notificación de regularización de categoría, que fue recibida por el asesor jurídico, en la que se intima a la regularización en el término de 48 horas.

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Se realizó otro procedimiento en un inmueble ubicado en la compañía Capitán Urbina del distrito de Mayor Otaño. Se detalla que el procedimiento fue en el marco de las actividades de verificación y control de alimentadores en 23 kV de la zona. Los técnicos interventores detectaron, mediante el monitoreo en el portal SCADA, una alta carga en el alimentador CAL2.

Durante la inspección en el lugar, el inmueble fue identificado en ANDE como tarifa social a nombre de Valerio Cuevas Martínez, con medidor 3792227. Al no obtener respuesta en el sitio y dada la alta sospecha de sustracción de energía eléctrica, se procedió a realizar la denuncia correspondiente ante la Comisaría 19 de Mayor Otaño y a la Unidad Penal de Turno, a cargo del agente fiscal Luis Caballero, quien emitió la orden de allanamiento.

Durante el procedimiento, se constató la existencia de una criptominería en pleno funcionamiento. Por orden del Ministerio Público, todos los equipos, materiales y accesorios relacionados con la sustracción de energía eléctrica fueron incautados. Sin embargo, debido a las inclemencias climáticas, los mismos quedaron en custodia en el sitio, a cargo del GEO. Cabe destacar el éxito de esta operación, logrado gracias al trabajo coordinado entre la Policía Nacional, el Grupo GEO, la FTC y la Armada Nacional.

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Una mujer de 29 años fue torturada por más de dos años por su pareja; quien utilizaba la religión y sus creencias para justificar sus actos de violencia. El hecho se registró en el barrio Ciudad Nueva, de Encarnación.

El presunto victimario fue identificado como Leli Alexis Casco, de 28 años, quien, tras ser denunciado por su expareja, fue detenido e imputado por violencia familiar y ahora se encuentra recluido en el Centro de Rehabilitación Social (Cereso), de Itapúa.

“Ellos asistían a una iglesia evangélica y él utilizaba esta situación para agredirla a ella físicamente y así supuestamente limpiar sus pecados, eso es lo que él le decía a ella para justificar las agresiones físicas, ya que aparte de que le pegaba, él le quemaba en los lugares donde ella tenía tatuajes”, indicó el fiscal de la causa, Meiji Ugadawa, en conversación con la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Además, confirmó que la víctima tenía varias cicatrices y rastros de los hechos de tortura denunciados y tras la entrevista con las autoridades, si bien no detalló los objetos con los que era golpeada por el hombre, sí comentó que las quemaduras se las realizaba con encendedores y objetos calientes.

El fiscal precisó que un año atrás la víctima había presentado una denuncia, por lo que se emitió una orden de restricción, pero en un mes de la orden la pareja habría vuelto a convivir y el hombre continuó con sus actos de maltrato hacia la mujer.

La pareja tiene en común una bebé de solo siete meses, que con la fuga de su madre, quedó bajo la custodia de la abuela paterna, pero al sentirse a salvo, su madre solicitó nuevamente su custodia, con quien ya se encuentra resguardada en el albergue municipal para mujeres víctimas de violencia.

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Uno de los barrios cerrados más grandes de América, Aldera Resort Life, destaca por sus amenities, seguridad y comodidad, enmarcado con una muralla perimetral y cortina verde. Ámbar ocupará cerca de 55 hectáreas de las 1.600 de la miniciudad.

Salim Salemma, director comercial del complejo inmobiliario Aldera Resort Life, explicó a La Nación/Nación Media que Ámbar tendrá cerca de 400 residencias con 6 tipologías de casa, y una de las más grandes será de 520 metros cuadrados.

El ejecutivo indicó que el resort está ubicado en un lugar estratégico, a 15 minutos de la ciudad de Luque, sobre la ruta Luque-Samber, y a 35 minutos de Asunción, específicamente de la zona corporativa.

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Parte de los amenities del lugar incluye un lago de 100 hectáreas navegables, canchas de golf que se construirán por etapas, canchas de fútbol, pádel, básquet y un ambiente seguro, monitoreado las 24 horas.

Acerca del proyecto de construcción, Salemma mencionó que están en la primera etapa, que durará alrededor de 3 años. “Diferentes obras se van a hacer, como las principales amenidades, la laguna, el pórtico, las calles con electricidad subterránea. Es un proyecto a largo plazo y es más que un barrio, es una miniciudad, son 16 millones de metros cuadrados, entonces hay que abordarlo por etapa”, explicó.

Los precios del barrio Ámbar van desde USD 135.000 para la casa de 140 metros cuadrados y terreno de 1.000 metros cuadrados. Hay tres formas de financiar:

1- A través del banco aliado, que financia al 100% el combo, casa más terreno, hasta en 30 años con tazas de 10,9%.

2- Entrega del 20% y financiaciones propias que van hasta 24 meses.

3- Costo diferenciado, pasando por un filtro de solidez financiera y abonando el 100% de la entrega de la casa de parte de Aldera.

Agregó que los inversionistas tendrán una plusvalía al comprar una residencia en Aldera, que ofrece una casa con terreno a un precio más accesible que en San Bernardino, Nueva Colombia y ciudades aledañas. “Cuando hablo de la plusvalía lo hago dirigiéndome al inversionista que no está apurado. Aldera es una inversión dirigida a clientes que tienen una visión a largo plazo”, resaltó.

De acuerdo a Salemma, podríamos decir en términos concretos que la plusvalía es el acrecentamiento del valor de una propiedad por causas extrínsecas a ella, la revalorización de la misma, sin tener que realizar inversiones en ella posterior a la adquisición.

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En medio de un allanamiento en el barrio Arroyo Porã del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, las autoridades policiales procedieron a la captura de Javier Brítez Barrios, alias Kaloru, quien estaría implicado en el último asalto a la sucursal de Bancop en Naranjal.

Según las informaciones preliminares, este hombre no solo sería el líder del grupo de atracadores que perpetró el golpe a la sucursal bancaria, sino que también estaría ligado a otros asaltos a entidades bancarias de la zona.

Además de Javier Brítez Barrios, quien ya contaba con una orden de captura vigente, fueron aprehendidas otras cinco personas, entre ellas el propietario de la vivienda allanada. Los detenidos fueron identificados como Arnaldo Andrés Maciel Acevedo, Nelson Centurión (dueño de la vivienda), Jazmín Violeta Jara Pesoa, Mariela Sánchez Vázquez y Luna Aylin Rodríguez Díaz, de nacionalidad argentina.

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Hay que destacar que los celulares incautados en el lugar serán peritados con el fin de buscar mayores indicios respecto al esquema de trabajo de los delincuentes y saber si existirán más implicados en el caso, especialmente teniendo en cuenta los aparentes nexos con otros robos.

La intervención estuvo a cargo la agente fiscal María del Carmen Meza, con el acompañamiento del personal del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Alto Paraná, sede donde serán trasladados los detenidos junto con los indicios incautados para ser puestos a disposición de Ministerio Público.

Desde la entidad bancaria de Naranjal habían confirmado que los delincuentes lograron alzarse con G. 2.800 millones, dejando tirados dentro del local cerca de G. 700 millo­nes. En cuanto a los daños materiales debido al impacto de los explosivos en la estructura edilicia, no se descarta que se deba realizar más que una reconstrucción de la fachada, una nueva sede.

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