Los funcionarios aglomerados dentro del Sindicato de Funcionarios de la Dirección General de los Registros Públicos (Sifurep) se reunieron este miércoles frente a la Dirección del Registro de Automotores para manifestarse exigiendo la ampliación presupuestaria prevista para el 2024.
En conversación con el programa “Así con las cosas”, emitido por GEN y Universo 970 AM/Nación Media, Elizabeth Caballero, secretaria y vocera del Sifurep, destacó que los funcionarios de los diversos registros públicos debían de ser beneficiados con la ampliación presupuestaria a partir de junio de este año, hecho que no se dio hasta la fecha.
“Estamos cansados ya del diálogo y un sindicato siempre busca ya otras medidas, en este caso, estamos ya planteando medidas gremiales y se ha mocionado incluso la huelga después del 15 de agosto si no tenemos una respuesta positiva por parte de las autoridades”, sostuvo Caballero.
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La representante del gremio explicó que los miembros del sindicato se encuentran en asamblea permanente discutiendo las medidas de fuerza a ser tomadas, remarcado que la huelga sería sumamente perjudicial para la ciudadanía en general, ya que todos los trámites de comercios, automotores, compras y ventas pararían por tiempo indefinido.
Respecto al aumento presupuestario previsto, señaló que el mismo rondaba los 6.000 millones de guaraníes, pero dado que el pago de los meses de junio, julio y agosto no se ejecutó esto se vería ya disminuido a más de la mitad, motivo por el cual debería de existir una renegociación para ajustar los parámetros.
Caballero aclaró además que dentro de las exigencias del sindicato se encuentra la autonomía de la Dirección General de los Registros Públicos respecto a la Corte Suprema, teniendo en cuenta que son un ente de recaudación estatal.
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Huelga paraliza 14 grandes puertos de Estados Unidos
Los estibadores de 14 grandes puertos estadounidenses se declararon en huelga en la madrugada del martes tras el fracaso de las negociaciones de última hora entre su sindicato y la Alianza Marítima por cuestiones salariales. La huelga en el puerto de Virginia, una de las instalaciones afectadas, “comenzó a las 00:01″ del martes, anunció el puerto en su página web. Las negociaciones entre la Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX), que representa a la patronal, y el sindicato ILA “están estancadas”, aseguró.
El sindicato anunció que “cerró (actividades en) todos los puertos desde Maine a Texas a las 12:01 AM del martes”. “Estamos dispuestos a luchar el tiempo que sea necesario (...) para obtener los salarios y las protecciones contra la automatización (del trabajo) que nuestros miembros de ILA merecen”, afirmó el martes el presidente del sindicato, Harold Daggett, en un comunicado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a patronal y sindicatos a “sentarse a la mesa y negociar de buena fe, de forma justa y rápida”, informó la Casa Blanca. El conflicto representa un gran desafío para el gobierno, y en especial para la vicepresidenta Kamala Harris, quien aspira a suceder a Biden, toda vez que ambos buscan cimentar una imagen favorable a los sindicatos antes de la elección presidencial de noviembre.
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Hasta ahora el mandatario ha descartado una intervención federal en este contexto de tensión. El lunes por la noche, las dos partes anunciaron que habían reanudado las negociaciones, iniciadas en mayo y estancadas en torno a los salarios y la automatización del trabajo. “En las últimas 24 horas, la USMX y el ILA han intercambiado contraofertas sobre los salarios”, afirmó la Alianza Marítima en un comunicado, asegurando que había “mejorado” su propuesta y solicitado una prórroga del actual acuerdo laboral para continuar negociando.
Según una fuente cercana a las conversaciones, esa propuesta mencionada por la Alianza fue rechazada por el sindicato el lunes. ILA tenía previsto iniciar una huelga en 14 puertos de la costa este y del Golfo de México en cuanto expirara el actual acuerdo de seis años. La USMX representa a la patronal de 36 puertos. Por su parte, el sindicato de estibadores cuenta con 85.000 afiliados en todo Estados Unidos, incluyendo trabajadores de puertos marítimos, ríos y lagos. Oxford Economics estima que la huelga costará entre 4.500 y 7.500 millones de dólares por semana a la economía de Estados Unidos. El impacto total depende de la duración de la huelga, señalaron sus analistas.
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Lucha contra la automatización
Se trata de la primera gran huelga de ILA desde 1977. Este año se han producido grandes huelgas de trabajadores de usinas de fabricación de automóviles, y en Boeing, por cuestiones salariales y condiciones laborales. En este caso, el convenio colectivo alcanza a unos 25.000 trabajadores sindicalizados en ILA en grandes puertos como Nueva York/Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Savannah, Nueva Orelans o Houston.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el lunes que las autoridades portuarias estaban tratando de liberar la mayor cantidad posible de mercancías antes del paro. Otras terminales como Nueva Orleans, Luisiana o Savannah, ofrecieron horas extras en los últimos días para agilizar la circulación de mercadería.
El sindicato exige protección contra la pérdida de empleos vinculada a la automatización de procesos, y pide incrementos de salarios para los estibadores, trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus. Reportes de prensa indican que ILA pide 77% de incremento salarial en siete años. USMX indicó el lunes que su última oferta habría “incrementado salarios por cerca de 50%, triplicado los aportes patronales a los planes de retiro, fortalecido los planes de salud”.
Una huelga de puertos “paralizaría el comercio de Estados Unidos y aumentaría precios en un momento en que consumidores y empresas comienzan a sentir alivio de la inflación”, sostuvo Erin McLaughlin, economista del Conference Board, una organización sin fines de lucro que investiga la actividad comercial. “No hay un alternativa fácil. Los armadores ya comenzaron a encaminar algunas cargas hacia la costa oeste, pero la capacidad de esta opción es limitada”, advirtió el experto.
Fuente: AFP.
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Israel: huelga para exigir acuerdo sobre liberación de rehenes paraliza el país
Israel vive este lunes una huelga general que busca presionar al gobierno de Benjamin Netanyahu, para que obtenga la liberación de los rehenes en manos del movimiento islamista palestino Hamás en la Franja de Gaza.
La confederación sindical Histadrut convocó la movilización después de que el ejército israelí anunciase el domingo haber encontrado los cuerpos de seis rehenes asesinados en la Franja de Gaza, tras casi once meses de conflicto.
El anuncio también acarreó la celebración de manifestaciones masivas para exigir un acuerdo que incluya la liberación de rehenes.
Sin embargo, el seguimiento de la huelga no fue igual en todas partes: mientras que en Tel Aviv y Haifa las autoridades indicaron que las escuelas y centros de secundaria permanecerían cerrados hasta las 11:45, Jerusalén y Ascalón no adhirieron a la movilización.
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Los transportes públicos, gestionados por empresas privadas, se vieron parcialmente afectados por la huelga. En el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, decenas de pasajeros esperaban en los mostradores de facturación este lunes por la mañana, después de que varios vuelos sufrieran retrasos, según imágenes de AFPTV.
“Todo funciona con normalidad salvo que no hubo despegues de 08:00 (05:00 GMT) a 10:00″, precisó a AFP un portavoz del aeropuerto. El presidente de Histadrut, Arnon Bar-David, afirmó el domingo que con la huelga se quiere “frenar el abandono de los rehenes”.
“He llegado a la conclusión de que solamente nuestra intervención puede sacudir a quienes necesitan ser sacudidos”, agregó Bar-David. Desde hace meses, Catar, Egipto y Estados Unidos, mediadores en el conflicto, intentan convencer a Hamás e Israel de cerrar un acuerdo de alto el fuego que incluya la liberación de rehenes y de prisioneros palestinos detenidos por Israel.
Pero, de momento, las negociaciones no han dado frutos. El presidente estadounidense, Joe Biden, se reunirá este lunes con los negociadores estadounidenses para conversar sobre los “esfuerzos para lograr un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes” que continúan detenidos, afirmó la Casa Blanca.
El domingo, Biden se declaró “devastado” tras saber que entre los cadáveres de los seis rehenes hallados el domingo se encontraba el de la estadounidense-israelí Hersh Goldberg-Polin.
“Ajustar cuentas”
La guerra en Gaza se desencadenó el 7 de octubre. Ese día, un ataque de combatientes de Hamás en Israel provocó la muerte de 1.205 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.
Además, los combatientes islamistas secuestraron a 251 personas: 97 continúan retenidas en Gaza y 33 murieron, según el ejército israelí. En respuesta al ataque, Israel prometió destruir Hamás y lanzó una vasta ofensiva de represalia que ya ha dejado 40.786 muertos en Gaza, según el Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, gobernada por Hamás desde 2007.
En este tiempo, la presión de la población israelí para que el gobierno alcance un acuerdo de liberación de rehenes no ha dejado de aumentar y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, aseguró el domingo que “ajustará cuentas” con Hamás, considerado como un movimiento terrorista por Israel, Estados Unidos y la UE.
Según el Ministerio israelí de Salud, los resultados de la autopsia indican que los rehenes murieron por impactos de bala a corta distancia entre el jueves y el viernes.
Pero un cargo de Hamás, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que varios rehenes “murieron por disparos y bombardeos de los ocupantes” israelíes, y que algunos de ellos formaban parte de la lista de la organización de personas que serían liberadas en el marco de un potencial acuerdo de alto el fuego.
Vacunación contra la polio
En Gaza, pese a los estragos de la guerra, que sumió a los 2,4 millones de habitantes de ese territorio en una situación humanitaria catastrófica, comenzó una campaña de vacunación contra la polio.
La operación se puso en marcha gracias a la implementación de “pausas humanitarias” entre las 06:00 y las 14:00 durante tres días en varios puntos del territorio palestino. El objetivo es inmunizar a más de 640.000 niños menores de 10 años.
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Según el Ministerio de Salud de Gaza, en el primer día de campaña se vacunó a 72.611 niños. Por otro lado, Israel continúa con su operación militar en Cisjordania, un territorio palestino separado de la Franja de Gaza ocupado por Israel desde 1967.
La operación empezó el miércoles y, hasta ahora, se ha cobrado la vida de al menos 24 palestinos, combatientes en su mayor parte, según el Ministerio palestino de Salud. Para el ejército israelí, todos eran “terroristas”. Tanto Hamás como su aliado Yihad Islámica, otro grupo armado, declararon que al menos 14 de los fallecidos combatían en sus filas.
Fuente: AFP
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Buscan reducir burocracia con creación de Registro Unificado Nacional
El Gobierno presentó el proyecto de creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que pretende unificar tres instituciones encargadas hoy de la titulación de inmuebles, la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) que depende del Poder Judicial, el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (Poder Ejecutivo).
El objetivo es reducir al máximo la burocracia, solucionar el problema de la superposición de títulos y lograr trámites sencillos. Al respecto, el presidente de La Cámara Paraguaya de Empresas Loteadoras e Inmobiliarias (Capeli), Ernesto Figueredo, quien también lidera la Cámara Nacional de Comercios, habló con La Nación/Nación Media sobre las perspectivas positivas que tienen a partir de esta iniciativa.
“Esta es una reforma que puede llegar a transformar nuestra economía y sobre todo la calidad de vida de muchísimas personas, ante el déficit habitacional que tenemos. Es de las más importantes en los últimos 20 años. Desde nuestra óptica porque es demasiado transversal”, manifestó Ernesto Figueredo a La Nación.
Mencionó que la situación de Catastro y Geodesia ha sido dejada de lado durante muchos años, y ante la falta de inversión en recursos humanos y tecnología para procesos de digitalización, los procedimientos se volvieron más lentos y “engorrosos”. Esto tiene un impacto negativo en la economía porque no se recaudan impuestos, por un lado, y el proceso de hipotecas para tener una vivienda propia se ralentizo mucho más.
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“Vemos esta iniciativa con mucho positivismo ya que pone e integra en una misma institución, que separadas, complejizaba procesos. Para ambas cámaras (Capeli y Comercio) es una prioridad este proyecto, y vamos a acercarnos a las autoridades con el ánimo de seguir contribuyendo”, dijo.
Acentuó que este proyecto es un punto de partida para que exista un derrame en varios sectores de la economía, incluso buscando alianzas público-privadas, que permita a todos “ganar-ganar”. “El Estado recauda más impuestos, hay más obras, más construcciones, más desarrolladores, y las personas se benefician con productos más ágiles”, señaló.
Grado de inversión
Figueredo recordó que con el logro reciente del Gobierno, del grado de inversión, sumado a esta iniciativa, constituye en oportunidad para potenciar mucho más la economía, pero que esto requiere de seguir invirtiendo en reformas que genere un Estado más eficiente.
“Hay que tomar la oportunidad y la forma de tomar es hacer reformas, ya que esto afecta a la vivienda, le afecta a la construcción, le afecta a la agricultura, le afecta a la ganadería, le afecta a la industria, es transversal, no hay sector económico que no se beneficie por tener un Catastro que sea eficiente”, aseguró.
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Trámites de titulación se reducirían a un mes a través del Registro Unificado Nacional
Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)
El Gobierno presentó el proyecto de creación del Registro Unificado Nacional (RUN), el cual unificará tres instituciones encargadas hoy de la titulación de inmuebles. El objetivo es reducir al máximo la burocracia, solucionar el problema de la superposición de títulos y lograr trámites sencillos, según explicaron desde Presidencia.
“Lo ideal es que los trámites puedan finalizar en un mes o un mes y medio, hoy fácilmente tarda entre cuatro y seis meses, estamos hablando de una diferencia sustancial. Es importante aclarar que no va a haber ninguna tasa adicional a lo que hoy ya paga el ciudadano y a la par simplifica los trámites”, detalló Roberto Moreno, asesor jurídico de la Presidencia de la República.
En conversación con La Nación/Nación Media, Moreno indicó que esta reforma ha sido postergada desde hace más de 20 años, mientras que el problema en torno a la propiedad inmobiliaria ya data desde incluso luego de la Guerra contra la Triple Alianza. El contar con tres instituciones abocadas a la misma tarea ha sido ineficiente y ha generado problemas, señaló.
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“Actualmente tenemos tres instituciones, en tres lugares diferentes que no trabajan de forma coordinada que son la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) que depende del Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo que es otro poder del Estado tenés el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia”, expuso.
Para el ciudadano, esto representa tener que hacer trámites en tres instituciones, extendiendo en demasía la espera por el título y generando la superposición de estos documentos, es decir, más de un propietario por un mismo inmueble. “Estos son problemas que sufren todos los paraguayos y que termina en la falta de seguridad jurídica”, lamentó.
Mejorar la seguridad jurídica es clave ahora que se ha logrado la calificación de grado de inversión y es el compromiso del Gobierno generar las condiciones adecuadas para que nuestro país tenga un clima de negocios propicio para las inversiones. Este proyecto representa la primera vez que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial unen esfuerzos en pos de una iniciativa, destacó Moreno.
Más beneficios
Mediante la creación del RUN, también se podrá realizar un diagnósticos respecto a los inmuebles que aparecen con más de un propietario y así dar solución a los cientos de casos que existen en Paraguay. “Estos son problemas que nosotros hace años tenemos y que nadie se animaba a dar una solución”, manifestó.
Una vez que el Congreso sancione esta ley, existe un periodo de implementación de un año, tiempo en que el Gobierno realizará una inversión en tecnología de modo que los trámites sean ágiles, con sistemas modernos y sobre todo, transparentes. “No es que todo va a cambiar de la noche a la mañana”, aclaró.
Moreno remarcó el compromiso del gobierno de Santiago Peña con las reformas que han sido postergadas durante muchos años. “Este gobierno no elude, sino que enfrenta las reformas, las presenta de manera abierta a la ciudadanía de tal forma a ir dando respuestas a las deudas históricas que tiene el Estado paraguayo, vamos a seguir en ese orden”, afirmó.
Asimismo, indicó que existe una instrucción clara del mandatario de que, tanto el Ejecutivo como el Poder Judicial, estén abiertos al Legislativo de modo a hacer las explicaciones que sean necesarias, de modo que que quede claro el espíritu de esta iniciativa y que esta sea incluso mejorada, si así fuera necesario.