El ministro de Educa­ción y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, afirmó en “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media que el proyecto de trans­porte escolar impulsado por el Ejecutivo pretende generar un cambio estructural en la organización del sistema edu­cativo, facilitando el acceso a instituciones con mejor infraestructura y permitiendo el cierre o transformación de escuelas con baja matrícula o condiciones precarias.

Ramírez explicó que la pro­puesta contempla un servi­cio de buses con un radio de cobertura de hasta 10 kilóme­tros, que inicialmente benefi­ciaría a estudiantes de barrios cuyas escuelas cerraron, pero que, a mediano plazo, podría incluir a todos los alumnos del sistema público. “La idea es que los chicos se trasla­den a un punto focal cercano y desde allí se los transporte a una escuela con condiciones adecuadas”, detalló.

El secretario de Estado sos­tuvo que el proyecto está ins­pirado en modelos implemen­tados en otros países y busca aprovechar de manera más eficiente los recursos públi­cos, especialmente los pro­venientes del Fonacide, cuyo 70 % ya está destinado por ley a educación, con foco en infraestructura. “Propone­mos que a ese párrafo se agre­gue ‘y/o transporte’, sin modi­ficar el destino general de los fondos”, indicó.

Asimismo, Ramírez aclaró que el plan no tiene relación con el programa Hambre Cero ni con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), como erró­neamente interpretaron algu­nos legisladores de la Cámara Alta al revisar un documento preliminar, mientras que en la Cámara de Diputados ya obtuvo la media sanción.

Su estudio en el Senado fue suspendido temporalmente ante el pedido de más datos técnicos, los cuales, según anunció, serán entregados esta semana.

El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, afirmó que el proyecto de transporte escolar impulsado por el Ejecutivo pretende generar un cambio estructural en la organización del sistema educativo, facilitando el acceso a instituciones con mejor infraestructura y permitiendo el cierre o transformación de escuelas con baja matrícula o condiciones precarias.

Ramírez explicó que la propuesta contempla un servicio de buses con un radio de cobertura de hasta 10 kilómetros, que inicialmente beneficiaría a estudiantes de barrios cuyas escuelas cerraron, pero que, a mediano plazo, podría incluir a todos los alumnos del sistema público. “La idea es que los chicos se trasladen a un punto focal cercano y desde allí se los transporte a una escuela con condiciones adecuadas”, detalló.

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El secretario de Estado sostuvo que el proyecto está inspirado en modelos implementados en otros países y busca aprovechar de manera más eficiente los recursos públicos, especialmente los provenientes del Fonacide, cuyo 70 % ya está destinado por ley a educación, con foco en infraestructura. “Proponemos que a ese párrafo se agregue ‘y/o transporte’, sin modificar el destino general de los fondos”, indicó.

Asimismo, Ramírez aclaró que el plan no tiene relación con el programa Hambre Cero ni con recursos del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae), como erróneamente interpretaron algunos legisladores de la Cámara Alta al revisar un documento preliminar, mientras que en la Cámara de Diputados ya obtuvo la media sanción.

Su estudio en el Senado fue suspendido temporalmente ante el pedido de más datos técnicos, los cuales, según anunció, serán entregados esta semana. El titular del MEC también señaló que el objetivo a largo plazo es reemplazar el modelo actual centrado únicamente en reparación de aulas por uno que contemple “escuelas positivas”, con infraestructura integral como canchas deportivas, comedores y espacios de esparcimiento. “El alumno no aprende solo en el aula”, subrayó.

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Finalmente, sostuvo que la implementación del transporte escolar permitirá además identificar zonas con falta de caminos, lo que abrirá la posibilidad de intervenir también en el mejoramiento vial, generando un impacto sinérgico entre distintos sectores.

El ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, reveló que se constató que 3.200 aulas tienen menos de 30 alumnos y anunció que se optimizarán recursos. Mencionó que Finlandia, país con el cual el gobierno firmó un acuerdo de cooperación, tiene la misma cantidad de alumnos que Paraguay y 2.000 escuelas. En tanto, nuestro país tiene casi 7.000 escuelas.

“Hay 77.000 aulas, 6.800 unidades escolares y de las cuales 3.200 tienen menos de 30 alumnos, tienen entre 30, 20. Hoy se estaba manifestando una escuela que tiene dos alumnos en el cuarto grado, tres alumnos en el tercer grado. Tienen más profesores que alumnos”, señaló el ministro a Unicanal, al anunciar que se hará un reordenamiento de los recursos.

“Entonces, esa la base para ordenar un sistema y dejar a los mejores maestros en las 4.000 y pocas escuelas que nosotros proponemos”, subrayó. El ministro habló de la necesidad de abrir un debate sobre los proyectos encarados solamente con fines netamente políticos, por lo que urge un reordenamiento.

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“Hoy estamos desarrollando una ley que es la que va a cambiar –pienso yo- esta historia. Que los intendentes puedan sus recursos del Fonacide, que era para infraestructura, invertir ahora en transporte”, expresó. Se apunta a un cambio total en todas las clases y en la estructura de la educación paraguaya.

“Vamos a optimizar los recursos, vamos a optimizar los maestros, vamos a tener posibilidades de tener a los mejores maestros en aula. Y en algún momento vamos a mostrar la mejoría que ya hay”, remarcó Ramírez.

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Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.

Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.

Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.

“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.

Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.

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El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.

“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.

Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.

Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.

Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.

Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.

“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.

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