El Congreso brasileño dio luz verde este jueves a reducir la pena de prisión por golpismo al exmandatario Jair Bolsonaro, en una segunda derrota parlamentaria en menos de 24 horas para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Por 318 contra 144 votos en Diputados y 49 contra 24 en Senadores, los legisladores anularon un veto del izquierdista Lula a una ley que altera la forma de calcular tiempos de cárcel, en beneficio de Bolsonaro y otros condenados por un intento de golpe de Estado en 2022.

Por primera vez en varias décadas, el Senado había rechazado el miércoles a un candidato del presidente para la corte suprema, cuando faltan menos de seis meses para unos cómicos en los que Lula buscará su reelección.

• Fuente: AFP

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La tasa de interés de referencia de Brasil volvió a bajar un escalón por segunda vez seguida ayer miércoles, una buena noticia para el presidente Lula a meses de las elecciones en las que busca un cuarto mandato. En medio de las incertidumbres económicas provocadas por la guerra en Oriente Medio, el Banco Central de Brasil redujo la tasa, conocida como Selic y una de las más altas del mundo, de 14,75 % a 14,50 %.

Desde que volvió al poder en 2023, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva defiende un recorte de la tasa para estimular la economía del gigante suramericano. A pesar de la reducción, el Comité de Política Económica (Copom) del Banco subrayó que un ambiente externo aun “incierto” por el conflicto “exige cautela” de los países emergentes debido a la volatilidad de los precios de las materias primas.

“En el escenario actual caracterizado por el fuerte aumento de la incertidumbre, el Copom reafirma serenidad y cautela en la conducción de la política monetaria”, señaló en un comunicado. La guerra que enfrenta Estados Unidos e Israel con Irán ha disparado los precios del petróleo por encima de los 100 dólares el barril, sin señales de una resolución próxima del conflicto. Ello acarrea un alza de los combustibles, lo que aumenta las presiones inflacionarias. El gobierno de Lula ha lanzado medidas para frenar el alza de los combustibles, especialmente el diesel, esencial para el transporte de carga en Brasil.

Es la segunda reducción consecutiva de la Selic, en el ciclo de flexibilización iniciado en marzo. Antes de eso, el BCB no había hecho un recorte de esa tasa desde mayo de 2024. El ministro de Finanzas, Dario Durigan, dijo el lunes que los programas contra el aumento de los combustibles y los indicadores económicos “muy robustos” deben propiciar la continuidad de los recortes de la Selic.

La inflación se disparó a 4,14 % anual en marzo en el gigante suramericano, impulsada por el aumento de los precios de los combustibles. En 2026 podría llegar a 4,86 %, según las estimaciones de las instituciones financieras consultadas en el último boletín Focus del Banco Central. La principal economía de América Latina crece y el desempleo marca mínimos históricos.

Durigan señaló que una trayectoria descendente de la Selic puede ayudar a “abrir” negociaciones con el sector financiero para implementar un programa con el que el gobierno Lula apunta a aliviar los altos endeudamientos de las familias brasileñas, a meses de las elecciones presidenciales de octubre.

El octogenario, que ya gobernó Brasil entre 2003 y 2010, debe buscar un cuarto mandato inédito al frente del país más grande de América Latina. Su principal rival es el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien cumple una pena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

La decisión del Banco Central de Brasil ocurre a contracorriente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que ayer miércoles mantuvo, sin cambios, sus tasas de interés. La reducción de 0,25 puntos de la Selic coincide con las previsiones de la mayoría de más de un centenar de instituciones financieras consultadas por el diario Valor Económico. Altas tasas de interés encarecen el crédito y desalientan el consumo y la inversión, lo que suele frenar el crecimiento económico.

Fuente: AFP.

El Senado de Brasil rechazó ayer miércoles a Jorge Messias, candidato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ocupar un asiento en la corte suprema, en una derrota histórica para el mandatario a meses de las elecciones presidenciales. La nominación de Messias fue objeto de un pulso entre el gobierno izquierdista y la mayoría conservadora del Senado, que rechazó al candidato en una votación secreta.

La cámara alta registró 42 votos en contra de Messias y 34 a favor. Se trata del primer nominado al Supremo Tribunal Federal (STF) rechazado por el Senado en más de 100 años, según la prensa brasileña. “El gobierno de Lula se acabó, el gobierno no tiene gobernabilidad, el gobierno ya no tiene el respeto de nadie”, lanzó el senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y precandidato de la derecha a las elecciones presidenciales de octubre.

Lula, de 80 años, prevé disputar las elecciones en busca de un cuarto mandato. Las encuestas ubican al presidente en un empate técnico con Flávio Bolsonaro. De su lado, Messias aceptó la derrota. “He peleado un buen combate, estoy seguro (...)como todo cristiano necesito aceptar el plan de Dios en mi vida”, dijo a periodistas el abogado de 46 años.

Hombre de confianza del presidente y jefe de la defensoría del Estado, Messias intentó persuadir a los parlamentarios presentándose como un cristiano evangélico moderado, una corriente religiosa importante en Brasil. “Mi identidad es evangélica y (...) aseguro a mis hermanos que todos esos valores espirituales me acompañarán en la tarea”, dijo Messias al borde de las lágrimas durante una audiencia previa a la votación. También reiteró su oposición a la legalización del aborto.

Pero su candidatura se convirtió en un referendo sobre el gobierno y la actuación de la poderosa corte suprema, que condenó por golpe de Estado a Jair Bolsonaro, el mayor líder de la derecha y la ultraderecha brasileña La derrota “tiene que ver con la circunstancia de la política” y “una votación presionada por el proceso electoral”, dijo a periodistas el senador oficialista Randolfe Rodrigues.

En 2025, el STF sentenció a 27 años de prisión a Jair Bolsonaro (2019-2022) por intentar aferrarse al poder tras ser derrotado por Lula en las elecciones presidenciales de 2022. El proceso provocó represalias contra Brasil de parte de Estados Unidos. “Cuánto más tiempo pasa, más evidente resulta la farsa que hubo en ese juicio”, dijo antes de la votación Flávio Bolsonaro.

Bolsonaro y otros senadores también enfatizaron durante el debate la necesidad de reformas profundas en el Supremo Tribunal, cuestionado por supuestos vínculos entre algunos de sus jueces y un banquero acusado por un fraude multimillonario.

“Nada personal contra él (Messias), sino contra lo que representa en este momento”, explicó el senador conservador Rogerio Marinho. De su lado el senador oficialista Weverton Rocha recordó que Lula “ya había dicho que no va a tener otro nombre” como candidato a la corte suprema. “Creo que de aquí a las elecciones ya no debería hablar más de eso”, afirmó Rocha.

Fuente: AFP.

La fiscalía general de México anunció ayer miércoles que abrió una investigación al gobernador del estado de Sinaloa, luego de que Estados Unidos lo acusara de narcotráfico. La fiscalía federal de Nueva York inculpó al gobernador Rubén Rocha Moya de narcotráfico. El mandatario local es miembro del partido oficialista Morena de la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante su mandato, Sinaloa se ha visto sacudido por la pugna entre dos facciones del cártel del mismo nombre.

Ulises Lara, vocero de la fiscalía, dijo en un video en redes sociales que la dependencia iniciará una investigación para "conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal" para solicitar órdenes de aprehensión. La fiscalía federal de Nueva York inculpó ayer miércoles de narcotráfico al gobernador del estado mexicano de Sinaloa, el político de ese país de mayor rango en funciones señalado por nexos con el crimen organizado.

Rubén Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021. Durante su gestión, Sinaloa se ha visto sacudida por las disputas entre dos facciones del cártel del mismo nombre. La fiscalía asegura que Rocha Moya y otros nueve “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el Cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”.

Entre los funcionarios señalados están también el senador por Morena, Enrique Inzunza; el presidente municipal de Culiacán (capital estatal), Juan de Dios Gámez; el vicefiscal estatal, Dámaso Castro, y el secretario de Administración y Finanzas local, Enrique Díaz Vega.

Estas acusaciones se dan tras días de reclamos entre los gobiernos de México y Estados Unidos por la participación de dos agentes de la CIA en un operativo antinarcóticos en el vecino estado de Chihuahua, sin el consentimiento de autoridades mexicanas. Los agentes fallecieron en un accidente de tráfico en territorio mexicano. Apenas la semana pasada, el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, criticó la corrupción en el país al inaugurar unas obras en Sinaloa. En Culiacán, pobladores señalaron que la posible colusión del gobernador con el crimen organizado explica la crisis de seguridad en el estado.

“Esto es algo que, de cierta manera, se veía venir. Era insostenible lo que teníamos en Sinaloa”, dijo Miguel Taniyama, de 55 años, empresario restaurantero. “Esto nos explica mucho el por qué no puede bajar ni apagarse la violencia”. “Esas cosas que sentimos e intuimos aquí es lo que se ve reflejado en una acusación de un gobierno extranjero”, dijo por su parte la activista Rebeca Espinoza, de 47 años.

En su primera respuesta, la cancillería mexicana se mostró sorprendida por la forma pública en que se anunció la acusación contra el gobernador, al señalar que se violó la “confidencialidad” de los tratados entre México y Estados Unidos. “Por esta razón se enviará un extrañamiento” a la embajada estadounidense, dijo la cancillería en un comunicado.

Sin mencionar expresamente a Rocha Moya, la cancillería dijo que el gobierno estadounidense presentó la tarde del martes solicitudes de extradición de “diversas personas”. Por su parte, la fiscalía general mexicana dijo que abrió una investigación para conocer si “la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuenta con fundamento legal” para solicitar órdenes de aprehensión.

Añadió que la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Estados Unidos “no se acompaña de elementos probatorios suficientes que aporten evidencias contundentes”. Rocha Moya apareció por la tarde en su camioneta en Culiacán y aseguró desde la ventana de su auto a la prensa local que está “tranquilo trabajando por Sinaloa”, que no “va a pasar nada” y que hasta ayer miércoles no estaba enterado de las acusaciones en su contra. Antes dijo en su cuenta de X que las acusaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno”. Se trata de un ataque “al movimiento de la ‘Cuarta Transformación’”, dijo en referencia al partido de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La fiscalía de Nueva York señala que la facción de los hijos del fundador del cártel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán, conocida como “Los Chapitos”, ayudó a que Rocha Moya fuera electo a la gobernación. “A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los ‘Chapitos’, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice el documento.

El “Chapo” purga cadena perpetua en Estados Unidos. Dos de sus hijos, exlíderes de los “Chapitos”, también se encuentran presos en ese país. Rubén Rocha Moya, de 76 años, fue antes diputado local y senador por Sinaloa. Su gestión está marcada por la confrontación entre los “Chapitos” y los herederos del otro cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, detenido en julio de 2024 y preso en Estados Unidos.

El enfrentamiento entre ambos grupos ha dejado centenares de muertos y desaparecidos en el estado. Los presuntos nexos del gobernador de Sinaloa con el crimen organizado salieron a la luz en una carta del “Mayo” Zambada, en la que afirmaba que fue llevado engañado a Estados Unidos cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya. El Cártel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el presidente estadounidense, Donald Trump.

El gobierno de Trump presiona a México para detener el tráfico de drogas hacia su territorio, en particular del fentanilo, y amenaza con imponer aranceles como castigo o con utilizar sus tropas para perseguir narcos en el país. En respuesta la administración de Sheinbaum ha aumentado las incautaciones y acelerado acciones contra capos de la droga, entre ellos Nemesio Oseguera “El Mencho”, quien murió en febrero tras su captura en un operativo militar. Antes Estados Unidos canceló la visa a varios políticos mexicanos, entre ellos a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Fuente: AFP.