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La fiscala Liliana Denice Duarte procesó y solicitó la rebeldía del empresario brasileño Rudi Ernesto Rheinheimer Junior (40), por violencia familiar, ante denuncia de su expareja, de nacionalidad paraguaya, por maltrato y amenaza constante. El hombre se encuentra prófugo de la justica.

La investigación fiscal refiere que, desde el inicio de la relación en 2015, Rheinheimer Junior habría sometido a la víctima a un constante maltrato verbal, además de insultos y descalificaciones, llamándola con términos denigrantes como “india”, “enferma”, “loca”, “gorda” y “puta”.

La situación se volvió insostenible para la víctima, según su relato, a raíz de los supuestos celos enfermizos del hoy procesado, quien incluso amenazaba con arma de fuego a la mujer, prohibiendo que mantenga contacto con su familia y amigos.

A raíz de esta situación, la mujer decidió terminar la relación en enero de 2024. A partir de allí, comenzaron a surgir conflictos relacionados con la empresa de rastreos en la cual la mujer era la operadora en Paraguay.

El empresario denunciado posee el servidor principal en Brasil y habría bloqueado el sistema de su expareja, afectando tanto a su negocio como a sus clientes. Esto desencadenó una disputa comercial entre ambos, según el escrito fiscal.

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Rheinheimer se habría mudado temporalmente al Brasil, para luego regresar a Paraguay a inicios de abril y de nuevo persiguió a su expareja. En ese sentido, el 16 de abril, acompañado de 20 policías, habría ingresado violentamente en la oficina de la mujer de donde llevó dos motocicletas de la empresa, aprovechando su ausencia.

En otro episodio, el hombre habría ingresado a una propiedad de la afectada, en Minga Guazú, rompiendo puertas y candados, cambiando llaves y desactivando cámaras de seguridad. Además, presentó denuncias y demandas judiciales contra la víctima, obligándola a abandonar el país por las reiteradas amenazas, señala la imputación fiscal.

El 1 de mayo de 2024, Rheinheimer habría perseguido a algunos familiares de la denunciante en un vehículo por la vía pública del kilómetro 18 de Minga Guazú. Posteriormente, ingresó a la casa de la mujer para dejar un mensaje en el que la amenazaba diciendo que “su vida ya tiene precio”.

La fiscal Liliana Duarte resolvió procesar al empresario porque, a pesar de las reiteradas denuncias y restricciones, continuó hostigando y amenazando a la víctima como a su familia.

De acuerdo al último informe de Ministerio Público, según su Programa Datos Abiertos, capítulo de Violencia Contra la Mujer, y sumando el último caso ocurrido el fin de semana en Minga Guazú, ya son 18 los hechos de feminicidio a nivel país.

De esa cantidad, dos ocurrieron en Alto Paraná. En cuanto a violencia hacia la mujer las denuncias son diarias.

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“Un futuro sin violencia hacia mujeres y niñas de Paraguay”, se denomina un ciclo de charlas educativas al personal del Hospital Distrital de Presidente Franco. Es desarrollado por el Centro Paraguayo de Estudios de Población (Cepep), a través de su Centro Serafina Dávalos de Ciudad del Este. La primera jornada se realizó el martes pasado y la segunda será el 23 de enero, previéndose una tercera charla.

Tiene por objetivo sensibilizar y preparar al personal que presta servicios en el hospital para abordar eficazmente los casos de violencia contra la mujer, es lo que explicó a La Nación/Nación Media, la licenciada Nelly Riveros, administradora del Cepep en Alto Paraná. Los participantes de las charlas son funcionarios del área salud y del sector administrativo.

La programación contempla sobre la situación de la violencia de género, los distintos tipos de violencia, consecuencias físicas y emocionales, para luego pasar al abordaje de pacientes que acuden a la unidad de salud, según Riveros. La importancia de proporcionar un tratamiento adecuado en los servicios de salud, para brindar apoyo a las personas afectadas por situaciones de violencia, es el eje de las charlas.

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La profesional mencionó que los reclamos sobre la mala atención a las mujeres en situación de violencia, cuando acuden a las instituciones, han sido recurrentes en los últimos años, como parte de la revictimización que sufren las mujeres y, ante esa realidad, ofrecen estas charlas para ayudar al personal a conocer mejor el problema y hacer un abordaje distinto a los pacientes.

Consultada por qué comenzó en el hospital de Franco, la licenciada Riveros, indicó que el Centro Serafina Dávalos hace conocer su plan de trabajo y sus proyectos para desarrollarlos en las instituciones que las acepten y, en este caso, recibieron la petición del hospital y decidieron iniciar allí el ciclo. Informó que la siguiente será en el Hospital Regional de Ciudad del Este, de donde también ya hubo solicitud. También se está coordinando una agenda con las unidades de salud familiar.

Parte de la actividad con el personal de salud fue reforzar la divulgación de datos que ayuden a las personas a acudir a las instituciones. Para eso, reforzaron la información en el hospital, con la colocación de afiches informativos en lugares visibles, proporcionando datos sobre el Centro de Atención a Mujeres y Niñas Víctimas de Violencia Serafina Dávalos.

Esta institución ofrece servicios gratuitos de asesoría jurídica, apoyo psicológico y servicio social a personas que hayan experimentado situaciones de violencia. Las charlas son encaradas por las siguientes profesionales: Karima Saud, psicóloga; Jessy Ávalos, obstetra; abogada Karent Velázquez y Angélica Vega, trabajadora social.

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En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, ayer sábado 25 de noviembre, representantes de organizaciones sociales realizaron un acto simbólico en el centro de Ciudad del Este, frente a la Junta Municipal, con el lema: “Por nuestros derechos y contra todas las violencias”.

El acto tiene que ver con la serie de acciones que realizan diferentes grupos para concienciar y visibilizar los altos índices de denuncia sobre violencia y las respuestas institucionales ante los casos de femicidios que van en aumento. La convocatoria fue de la asociación feminista Kuña Poty, la Asociación Callescuela, la Coordinación Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (Connats), entre otras.

El acto se inició a las 10:00 en la plazoleta de la parada de ómnibus sobre la avenida Pionero del Este, frente a la Junta Municipal, donde los diferentes grupos hicieron conocer sus voces de alarma sobre el estado de aumento de los hechos de violencia hacia la mujer y de los feminicidios.

Fue compartido en el acto el informe divulgado por el Ministerio Público, donde se consigna que un total de 38 casos de feminicidios se registraron a nivel nacional en el 2023, de los cuales, 5 ocurrieron en Alto Paraná, departamento que se ubica en segundo lugar, después de Central, en casos de feminicidios.

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Una vez más, se recordó la falta de hogares de abrigo o albergues para las mujeres que denuncian hechos de violencia, hasta tanto los agresores estén bajo control Estado, para que las mujeres se sientan libres de denunciar sin tener miedo ni correr riesgos. Este es un reclamo también de las fiscales de las unidades contra violencia familiar, porque no disponen de lugares donde resguardar a las mujeres y cantidad de agentes policiales para cubrir cada casa de las denunciantes.

Igualmente, desde las organizaciones insistieron en la importancia de una educación laica, científica y con enfoque de derechos humanos, como claves para la prevención de la violencia hacia las mujeres, adolescentes, niñas y niños. El informe divulgado por el Ministerio Público refiere que la edad promedio de las víctimas es entre 12 a 69 años y, la edad promedio de los agresores va de 18 a 82 años. Todos están procesados. Otro dato es que 6 de los autores de los hechos, se suicidaron, de acuerdo al reporte de la Fiscalía.

En el caso de Alto Paraná, en un reciente reporte estadístico presentado por una de las fiscales de la unidad especializada, Estela Ramírez, están registradas 91 imputaciones por violencia familiar, de las tres unidades especializadas de Ciudad del Este.

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El presidente Santiago Peña se pronunció sobre el presunto caso de feminicidio que se dio a conocer el domingo 27 de agosto, donde la joven de 20 años Kathia Monserrat Brítez Torres falleció luego de ser atropellada en reiteradas ocasiones por su expareja, de 21 años, Osvaldo Luis Zaracho Fernández. En la reunión del Consejo de Ministros, desarrollada este lunes, el mandatario reiteró la lucha frontal que se desarrollará para erradicar la violencia familiar, así como la violencia contra las mujeres.

“Esto no es una responsabilidad exclusiva de la ministra de la Mujer y lo quiero dejar bien en claro. Es un problema enorme, que cada día se lleva una nueva vida, y sobre el cual debemos ser conscientes de que constituye un problema real y no debemos tolerar, pero lograr esto es responsabilidad de cada uno de nosotros”, puntualizó el presidente.

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Peña aseguró que desea reposicionar al Ministerio de la Mujer en el lugar que le corresponde porque es una cartera que debe brindar ayuda desde la política pública para cambiar la cultura existente en torno a la violencia, visibilizando el problema y así enfrentarlo con soluciones prácticas hasta lograr su erradicación.

“Quiero trabajar activamente contigo y con cada uno de los ministerios, para que seamos parte de la solución y nunca más miremos hacia el costado o cambiemos de canal cuando vemos un hecho como el que vimos ayer”, expresó el mandatario, hablando a la ministra de la Mujer, Cynthia Figueredo, y garantizando una labor articulada y constante con la secretaria de Estado.

Además, Peña manifestó a su gabinete su deseo de que salgan de sus oficinas y así procuren articular labores de una manera coordinada, recorriendo otros ministerios e instituciones del Estado, aparte de ir al interior del país para trabajar de cerca sobre las necesidades de la gente. “Quiero verles trabajar juntos porque hará bien al Estado y a la ciudadanía”, puntualizó.

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