El gobierno de Mario Abdo Benítez dejó vía libre para que esquemas del crimen organizado se movieran con tranquilidad en territorio paraguayo, de acuerdo con varias investigaciones del Ministerio Público. Eliminación de puestos de control, amigos de los capos en puestos de confianza, aporte a campaña electoral son algunos de los elementos que permitieron esa tranquilidad y la instalación de redes narco en las que aparece salpicado el exmandatario y su entorno inmediato. Los casos suman y siguen.

• UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NACIÓN MEDIA

De Dalia López a Sebastián Marset, pasando por los dipu­tados Juan Carlos Ozorio, Lalo Gomes y Éver Noguera. El gobierno de Mario Abdo Bení­tez no solo estuvo plagado de narcovínculos, sino que tam­bién permitió que esquemas del crimen organizado se movie­ran a sus anchas y con exce­siva tranquilidad, sin mayores burocracias, privilegio no muy habitual para los comunes (ver infografía).

El 15 de agosto de 2018, en su primer día como presidente de la República, Mario Abdo Bení­tez derogó un decreto emitido por el gobierno de Horacio Car­tes y volvió a restablecer pode­res al entonces ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, con lo que le permitió mover a sus anchas a agentes y directores de la institución.

En mayo de 2020, Giuzzio desmanteló la Dirección de Investigación Aérea, Fluvial y Terrestre (DIAFT), que reali­zaba fiscalizaciones en puertos privados. Tras esa maniobra la “narcoexportación” se dis­paró y el Paraguay se convir­tió en noticia por toneladas de cocaína decomisadas en serie en todo el mundo.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, volvió a señalar al supuesto narcotraficante uru­guayo Sebastián Marset como autor intelectual del asesinato del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, perpetrado en mayo de 2022 en tierras colom­bianas. El señalado como líder de una organización crimi­nal trasnacional se instaló, se documentó en tiempo récord y montó su red de empresas con facilidad en Paraguay durante el gobierno de Mario Abdo.

Durante una reunión con su gabinete, Petro cuestionó las acciones de la Fiscalía colom­biana en la investigación del ase­sinato y apuntó directamente a Marset como el principal res­ponsable. “¿Por qué la muerte del fiscal paraguayo Pecci quedó en manos del fiscal Mario Bur­gos? ¿Por qué sacó al asesino del proceso, que es el narco­traficante Marset?”, expresó el mandatario. Petro también mencionó que Marset cuenta con el respaldo de otras figuras del crimen organizado, como el narcotraficante colombiano Julio Lozano Pirateque, quien actualmente reside en Dubái.

Recientemente, el medio El Colombiano reveló una agenda que supuestamente pertene­cía al exmilitar Francisco Luis Correa Galeano, señalado como autor material del asesinato de Pecci. Correa Galeano fue ase­sinado en su celda el pasado 3 de enero, y en su agenda se encon­traba una referencia a Marset, lo que refuerza la hipótesis de su participación en el crimen.

Marset, actualmente prófugo de la Justicia, ha construido una extensa red de operacio­nes criminales que incluye el tráfico de cocaína y el lavado de dinero a través de negocios lega­les. Su primera llegada a Para­guay se registró el 8 de abril de 2018, justo antes de las eleccio­nes generales en las que Mario Abdo Benítez resultó electo pre­sidente. Permaneció en el país hasta el 27 de abril, periodo en el cual comenzó a estructurar su operativa para el tráfico de drogas hacia Europa.

Fue precisamente durante el período de mandato de Abdo que Marset estructuró su red criminal con tranquilidad, gozando de impunidad y con­siguiendo utilizar las institu­ciones públicas con una calma llamativa.

En agosto de 2020, la Dirección de Identificaciones de Para­guay expidió cédulas de iden­tidad paraguayas para Marset y varios miembros de su fami­lia, incluyendo a su pareja Gia­nina García Troche y su her­mano de padre, Diego Nicolás Marset. El propio Sebastián Marset obtuvo su documento paraguayo en febrero de 2021. Ese mismo mes contrajo nup­cias con una ciudadana para­guaya que nunca lo vio siquiera en persona, gracias a la utili­zación del sistema público de forma impune.

En abril de 2021 se detecta en Amberes, Bélgica, un millo­nario cargamento de cocaína escondido entre paquetes de cuero azul enviados desde Para­guay por la empresa Neumáti­cos Guairá. Esta se convertiría en una de las mayores incauta­ciones de droga de la historia. Audios revelados con posterio­ridad, demuestran que la carga era de la organización ligada al uruguayo.

Desde entonces, el narcotrafi­cante uruguayo expandió sus operaciones en Paraguay, esta­bleciendo alianzas con organi­zaciones criminales locales y fundando diversas empresas para el blanqueo de capitales. En mayo de 2021, su pareja constituyó el grupo San Jorge SA - Total Cars, con un capi­tal inicial de G. 1.000 millones, según registros de la Subsecre­taría de Estado de Tributación. Marset también incursionó en el mundo del espectáculo y el deporte, financiando eventos musicales y equipos de fútbol, mientras afianzaba su red de narcotráfico.

Entre sus principales aliados en Paraguay se encuentran Miguel Insfrán Galeano, Alberto Koube y Mauricio Schwartz­man, este último asesinado el 12 de setiembre de 2021. Su car­tel operó en el país desde 2018 hasta la ejecución de la opera­ción A Ultranza Py en 2022, un operativo llevado a cabo con la colaboración de la DEA, Euro­pol y el Ministerio del Interior de Uruguay.

En junio de 2021, Marset aban­donó Paraguay con el objetivo de expandir su red de contactos internacionales. En octubre de ese mismo año fue detenido en Dubái por portar un pasaporte paraguayo falso.

Más de G. 175.526 millones (unos USD 23,4 millones) fue­ron movilizados solo por tres de los actores de una gigantesca red de lavado de dinero ligada a grandes capos del narcotrá­fico (2015- 2021). Los mayo­res movimientos de dinero se dieron durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, expre­sidente cuyo movimiento impulsó la campaña al Con­greso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

Según el informe de inteligen­cia del operativo antinarco Pavo Real II, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el 31 de mayo de 2021, Eulalio Gomes transfirió de una sola vez unos G. 2.898 millones a Antonio Joaquín da Motta, empresario de frontera señalado por el Bra­sil por supuestos vínculos con el narcotráfico.

En 2020, en menos de un mes, los Gomes realizaron trans­ferencias por más de G. 1.800 millones a Diego Benítez, seña­lado como responsable de un esquema gigantesco de narco­tráfico y quien fuera detenido en Emiratos Árabes Unidos, donde espera ser extraditado a nuestro país.

Hablando del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes admitió en un chat filtrado haber donado un millón de dólares de origen dudoso a la campaña electoral de Mario Abdo Benítez. Carlos Arregui, entonces titular de Seprelad en 2021, conocía esta información y habría optado por ocultarla para proteger a Gomes, quien posteriormente fue electo diputado por Amam­bay con el respaldo del abdismo.

En una conversación con el exti­tular de la Dinac, Édgar Melga­rejo, Gomes expresó su preo­cupación por las repercusiones que podría tener la revelación de esta donación, ya que afecta­ría al Gobierno. Además, men­cionó que Arregui había solici­tado informes sobre el dinero, lo que le generó inquietud.A pesar de estas irregularidades, meses después, Gomes lanzó su pro­pia candidatura y en 2023 fue electo diputado por el movi­miento Fuerza Republicana, obteniendo una banca en la Cámara de Diputados.

En la investigación Belia sobre tráfico internacional de drogas, la Senad interceptó llamadas entre el diputado Éver Aparicio Noguera y Hugo Antonio Meza Huespe, miembro de la banda del narco Miguel Ángel Servín Palacios. Este grupo enviaba drogas a Europa en bolsas de carbón vegetal. También estuvo implicado Cristian Turrini, vin­culado a Servín Palacios. Ade­más, Noguera habría influido en la designación de una jueza que favoreció al grupo y obtuvo ilegalmente vacunas contra el covid-19 para su familia.

A Noguera y Gomes, se le suma el exdiputado Juan Carlos Ozo­rio, quien también llegó al Con­greso de la mano del abdismo.

Ozorio –de acuerdo con la Fis­calía– forma parte del esquema de tráfico de drogas encabezado por el uruguayo Marset.

Esta extensa lista se cierra –al menos por ahora– con el caso de Dalia López, la “empre­saria” que “paraguayizó” al famoso exfutbolista brasi­leño Ronaldinho Gaúcho y a su hermano Roberto de Assis Moreira, gracias a la complici­dad o a la ineptitud de funcio­narios de su Departamento de Identificaciones y de la Direc­ción General de Migracio­nes (DGM), dependiente del Ministerio del Interior.

El caso puso a Paraguay en el foco del mundo en 2020. López comenzó a mostrar su rostro de “filántropa” en un evento oficial del gobierno de Abdo que contó con la presencia del mismísimo presidente de la República.

Fue el 20 de setiembre de 2019, durante una visita oficial del mandatario al distrito de San Juan del Ñeembucú. Un video publicado en redes sociales por la Fundación Miss Para­guay mostró que la empresaria acompañó a Abdo para entregar asistencia médica.

Gracias a la pronta intervención de las autoridades penitenciarias, se logró detectar que una mujer intentó meter sustancia prohibida, a la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Se estima tiene un peso aproximado de 1,220 kilogramos.

El hallazgo se realizó en la tarde de este domingo, alrededor de las 14:00, cuando una mujer llegó de visita a una persona privada de libertad, con la intención de usufructuar la privada, según informaron.

El hecho fue comunicado a la opinión pública por el Ministerio de Justicia, que informó que agentes penitenciarios de la cárcel Regional de Pedro Juan Caballero, en una revisión rutinaria, lograron la incautación de siete paquetes que contienen presumiblemente marihuana.

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La Policía Nacional ha sido notificada y se encuentra en proceso de investigación y procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos.

De esta forma, el Ministerio de Justicia reiteró su compromiso en la lucha contra el microtráfico, el narcotráfico y la protección de la seguridad en los establecimientos penitenciarios.

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El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) recordó mediante un comunicado que continúa el cese de bombeo para el riego de cultivos de arroz en la cuenca del río Tebicuary. Esta medida, que ya se implementó desde el 8 de febrero en Villa Florida y el 12 en Yuty, obedece a la escasez de lluvias que impacta en los niveles y caudales de agua en la región.

Mediante esta restricción se busca proteger los recursos hídricos disponibles, permitiendo su conservación mientras se monitorean las condiciones ambientales. “El bombeo de agua está prohibido hasta que los niveles de los ríos mejoren. La llegada de lluvias es crucial para asegurar la sostenibilidad de nuestros ecosistemas”, menciona parte del comunicado.

Los sectores de la cuenca reportaron importantes variaciones en los caudales. La estación de monitoreo en Yuty registró un caudal de apenas 15 m³/s, mientras que en Villa Florida las mediciones señalan 25 m³/s, números que demuestran la crítica situación hídrica en la zona.

Ante este panorama, la cartera estatal prometió aumentar los niveles de fiscalización y monitoreo con el objetivo de controlar el bombeo y uso de agua para riego agrí­cola, particularmente en los cultivos de arroz. Con esto se busca también proteger el ecosistema y la biodiversidad de la cuenca.

Es de mencionar que desde la Federación Paraguaya de Arro­ceros (Feparroz) habían emitido una postura con relación al bajo nivel del río Tebicuary, una problemática que se les atribuye por el uso del agua en el riego de los cultivos de arroz de la zona. El gremio, a través del boletín de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), explicó que los factores climáticos y el déficit de lluvias durante el último año propicia­ron la baja de los cauces hídricos, por lo que el río Tebicuary no está exento de esta situación.

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Tras la detección de influenza aviar en Maipú, provincia argentina del Chaco, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) informó que junto con el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) realizarán la vigilancia activa en la zona y se hallan coordinando trabajos para tomar acciones preventivas. Para el efecto, funcionarios de ambas instituciones se trasladaron al terreno.

“La dirección de Vida Silvestre del Mades, en coordinación de direcciones de apoyo conjuntamente con el Senacsa, realizará la vigilancia activa para la evaluación del riesgo epidemiológico de la zona de interés epidemiológica en el marco de la alerta temprana para la detección de la presencia del virus a los efectos de tomar los recaudos necesarios”, indicaron en un comunicado.

Así también, emitieron una serie de recomendaciones para la manipulación de aves. Entre ellas se encuentran: no manipular aquellas que se encuentren enfermas o muertas, evitar el contacto de las especies silvestres con las domésticas o de traspatio que hayan estado en lagunas o cuerpos de agua.

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Igualmente, recomiendan cuidar la fuente de alimentación, el agua de las aves domésticas, que no compartan con las aves silvestres e informar sobre la presencia de aves muertas o enfermas a las unidades zonales más cercanas. “La influenza aviar es una enfermedad infecciosa zoonótica de alta patogenicidad y mortalidad”, recordaron.

Esto, ante la notificación de la detección de casos positivos de la presencia del virus H5N1 de influenza aviar en el distrito de Tres Isletas del vecino país, encontrado en aves de traspatio, por lo cual solicitaron a todos los funcionarios de las oficinas regionales, guardaparques y al público en general, comunicar en caso de encontrar o avistar aves enfermas o muertas a las unidades zonales más cercanas para una atención rápida y evitar la propagación de la enfermedad.

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