Estados Unidos acusa al presidente Nicolás Maduro de encabezar una organización narcoterrorista: el cartel de los Soles. Su nombre hace referencia a una insignia de los militares de Venezuela, señalados también de integrar esta banda que, según expertos, no existe. El chavismo tenía pocos años en el poder cuando comenzaron los señalamientos de vínculos con el narco. Ahora Estados Unidos -que considera ilegítimo a Maduro- anunció sanciones contra esta supuesta banda y elevó a 50 millones de dólares la recompensa por la captura del gobernante izquierdista.

Maduro niega cualquier nexo con el negocio de la droga, aunque dos sobrinos de su esposa fueron condenados en Nueva York por tráfico de cocaína. Y se enfoca en denunciar un intento de invasión estadounidense, hipótesis que alimenta con anuncios desde Washington sobre el desplazamiento de cinco buques de guerra y unos 4.000 marines hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela.

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La administración Trump emitió en julio sanciones financieras contra el cartel de los Soles y la declaró entidad terrorista. “Proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos”, afirmó en la declaración. Se refirió concretamente al peligroso cartel mexicano de Sinaloa y a la banda de origen venezolano Tren de Aragua. Al anunciar la nueva recompensa por la captura de Maduro, el 7 de agosto, el Departamento de Estado asoció al presidente venezolano con la extinta guerrilla de las FARC y sus actuales disidencias.

La oposición liderada por María Corina Machado apoya esta declaración contra el “sistema criminal” de Maduro. No obstante, en el último informe del Departamento de Estado sobre operaciones antidrogas en el mundo -publicado en marzo- no hay ninguna mención al cartel de los Soles ni se relaciona a Maduro directamente con narcotráfico.

Los Soles “es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, escribió el presidente colombiano Gustavo Petro, más cercano a Maduro que a Trump. Washington desconoce la reelección de Maduro en julio de 2024, cuando la oposición asegura se robó las elecciones.

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“No existe tal cosa, así que difícilmente Maduro puede ser su jefe”, responde Phil Gunson, analista de Crisis Group. “Es un cuento”. “No cabe duda de que haya complicidad entre individuos vinculados al poder y el crimen organizado”, añade. “Pero evidencias directas incontrovertibles no han sido presentadas nunca” de una organización como las de México o Colombia con una jerarquía.

El término cartel de los Soles fue acuñado de hecho en la prensa en 1993, seis años antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Fue un caso de dos generales investigados por narcotráfico, indica el portal Insight Crime. Las presillas de los generales venezolanos se distinguen con un sol dorado, que aumenta en número a medida que sube el rango.

Insight indicó que el nombre cobró más notoriedad a medida que surgían denuncias de supuestos vínculos de miembros del gobierno, como el poderoso ministro del Interior Diosdado Cabello, y de la Fuerza Armada con grupos guerrilleros para permitir el tránsito de droga por el territorio venezolano con protección de los militares.

Estados Unidos -que invadió Granada en 1983 y Panamá en 1989- insiste en que su objetivo en el Caribe es el narcotráfico. No ha interrumpido por ejemplo los envíos petroleros de Chevron a sus puertos, o los vuelos de deportación de venezolanos. Maduro, no obstante, abrió el registro de la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica. Según Maduro, Venezuela tiene ya unos 4,5 millones de reservistas para hacer frente a “cualquier amenaza”, una cifra cuestionada por expertos.

No está claro cuándo o a dónde llegarán los buques, pero el tema de la invasión surge en las calles de Venezuela, entre bromas, preocupación, incredulidad y esperanzas de alguno que otro opositor. No obstante, analistas ven igualmente lejano este escenario. “Si el gobierno Trump realmente quisiera provocar un cambio de régimen” apostaría por una “acción sorpresa”, señala Mariano de Alba, especialista en geopolítica basado en Londres.

Fuente: AFP.

Sumas multimillonarias blanqueadas a través de gasolineras y colocadas en instituciones financieras: las autoridades brasileñas golpearon ayer jueves al crimen organizado en una megaoperación policial. El gigantesco esquema de fraude y lavado de dinero operaba en toda la cadena productiva de combustibles, incluyendo distribuidores, transportistas, refinación y almacenamiento, así como en la red de gasolineras y sus tiendas, según las autoridades.

Los tentáculos de la compleja red penetraron el sector financiero legal. La organización utilizó plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) y unos 40 fondos de inversión para ocultar activos. La megaoperación es “la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado en nuestra historia hasta el momento”, escribió en X el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las autoridades apuntaron como cabeza del esquema al Primeiro Comando da Capital (PCC), una de las principales bandas criminales de Brasil, que opera enviando cocaína producida en Suramérica hacia Europa. La organización blanqueó al menos 52.000 millones de reales (9.600 millones de dólares) entre 2020 y 2024. El ministro de Economía, Fernando Haddad, se refirió a un mecanismo “extremadamente sofisticado” que exigió “descifrar la ruta del dinero”. La investigación se prolongó durante dos años, dijo en rueda de prensa en Brasilia.

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En total, 1.400 agentes de diversos organismos públicos participan en la operación en el país. La policía cumple órdenes de detención contra 350 personas y empresas en una decena de estados del país, incluidos Sao Paulo y Rio de Janeiro. La institución divulgó imágenes que muestran un gran despliegue de agentes y patrullas en la avenida Faria Lima de Sao Paulo, el principal centro financiero de Brasil, que alberga las sedes de numerosas instituciones.

Las investigaciones apuntan que el esquema controlaba un terminal portuario, 1.000 gasolineras, cuatro refinerías y 1.600 camiones, además de un centenar de inmuebles. Las prácticas fraudulentas incluían la venta de combustible adulterado y otra conocida como “surtidor bajo”, por la que los consumidores pagaban por volúmenes inferiores a los que mostraban los surtidores.

Otra práctica se refiere a la importación irregular de metanol. El producto que entra a Brasil “es desviado y transportado clandestinamente, poniendo en riesgo a conductores, peatones y el medio ambiente”, según el Ministerio Público de Sao Paulo. El metanol, “altamente inflamable y tóxico”, es enviado después a estaciones de servicio para adulterar los combustibles, “generando lucros millonarios”, agregó.

Brasil es el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos de Suramérica y el noveno del mundo, según un informe de 2023 de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Además, es el segundo mayor productor de biocombustibles del planeta.

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El dinero obtenido con el esquema era colocado en plataformas digitales de servicios financieros (fintechs) en lugar de en bancos tradicionales, lo que “dificultaba el rastreo de los valores”, según Hacienda. Los indicios apuntan a que los administradores de los fondos involucrados “eran conscientes y contribuían con el esquema”, agregó el fisco.

Una de estas empresas, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, funcionaba como un “banco paralelo” y recibió más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023. Las firmas investigadas implementaron “una contabilidad paralela”, que permitía “transferencias de dinero entre empresas y particulares sin que los beneficiarios finales fueran identificados”, explicó el Ministerio Público de Sao Paulo.

El fisco dijo haber “identificado al menos 40 fondos de inversión controlados” por el PCC, por un monto total de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares). Estos fondos eran reinvertidos en el sector de combustibles, en particular en la compra de plantas para producir etanol que luego era vendido en las estaciones de servicio controladas por la organización criminal.

Fuente: AFP.

El presidente Nicolás Maduro dijo ayer jueves que “no hay forma” de que Estados Unidos invada a Venezuela y llamó a sus ciudadanos a alistarse en las fuerzas militares, en medio de los anuncios de Washington de movilizar tropas al Caribe. Estados Unidos anunció el envío de cinco buques de guerra y unos 4.000 efectivos hacia el Caribe sur, cerca de las aguas territoriales de Venezuela, para maniobras contra el narcotráfico.

La AFP divisó al destructor lanzamisiles USS Lake Erie en un puerto de entrada en el Pacífico al canal de Panamá. La operación coincide además con el aumento a 50 millones de dólares de la recompensa que ofrece Washington por la captura de Maduro y la declaratoria como terrorista de un supuesto cartel que lidera el mandatario venezolano.

“Luego de 20 días continuos de anuncios, amenazas, guerra psicológica, luego de 20 días de asedio contra la nación venezolana, hoy estamos más fuertes que ayer, hoy estamos más preparados para defender la paz, la soberanía y la integridad territorial”, dijo Maduro en un acto con militares. “Ni sanciones, ni bloqueos, ni guerra psicológica, ni asedio”, siguió. “No han podido, ni podrán, no hay forma de que le entren a Venezuela”.

Maduro llamó a una segunda jornada de alistamiento este viernes y sábado en la Milicia Bolivariana, un componente castrense integrado por civiles que exhiben una alta carga ideológica, para hacer frente a la posible amenaza. El mandatario dijo que la Fuerza Armada cuenta con 4,5 millones de milicianos, aunque expertos ponen la cifra en duda.

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Bautizada como bolivariana por Chávez, la Fuerza Armada venezolana no oculta su politización. “¡Chávez vive!” es hoy su saludo oficial. “Dudar es traición”, se leía en los escudos que portaban parte de los 1.000 efectivos que terminaron un curso de “operaciones especiales revolucionarias” y presentaron un simulacro ante Maduro.

“¡Honor, sacrificio, honor y revolución!”, lanzó el coronel Ramos Salazar, jefe del ejercicio. “Hoy mi comandante en Jefe, cuando somos asediados por el imperio más genocida en la historia de la humanidad, los Estados Unidos de Norteamérica, (...) los operadores especiales revolucionarios nos colocamos en la primera línea de batalla para defender la patria de Bolívar y Chávez”.

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El ejercicio se realizó en un terreno descampado, según imágenes de la televisión oficial. Maduro celebró además la coordinación de seguridad con Colombia, luego que el presidente Gustavo Petro ordenó la militarización de la zona del Catatumbo (noreste) con 25.000 soldados. “Nuestra tierra la vigilamos, la preservamos y la cuidamos nosotros, venezolanos y colombianos unidos por la paz, por la prosperidad y la soberanía”, expresó Maduro. Destacó además que en medio de la coyuntura ha ganado “más apoyo internacional que nunca antes”.

Su embajador en Naciones Unidas, Samuel Moncada, envió una carta al secretario general Antonio Guterres en la que le pidió exhorte al gobierno de Estados Unidos a “cesar de una vez por todas sus acciones hostiles y sus amenazas, y respetar la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de Venezuela”. La misiva denuncia “los más recientes y peligrosos desarrollos de la política de continuo hostigamiento del gobierno de Estados Unidos” contra su país.

Fuente: AFP.

Una treintena de soldados fueron liberados ayer jueves luego de tres días retenidos en un enclave guerrillero plagado de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, anunció la Defensoría del Pueblo. Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro consideró un “secuestro”.

"En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare (...) Llamamos a no estigmatizar a la comunidad", dijo en la red X la defensora del pueblo, Iris Marín. Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.

Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen realizarlas campesinos, según el gobierno obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los militares, armados, junto a campesinos con botas de caucho y desarmados.

Inicialmente, las autoridades dieron un balance de 34 soldados retenidos, pero luego corrigieron la cifra a 33. Desde el domingo empezaron enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla al mando de Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados. Mordisco es el hombre más buscado de Colombia, que Petro compara con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la liberación y se refirió a los lugareños como “personas vestidas de civil que perpetraron un grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública”, en un mensaje en X. Su cartera presentó una denuncia por secuestro ante la fiscalía. El ejército reforzó “la seguridad con más tropas para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil” en el que la población local “está instrumentalizada” por los rebeldes, según una declaración del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

Estos hechos “vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos”, agregó. Las autoridades públicas locales confirmaron a la AFP que los pobladores exigían la entrega del cuerpo de un civil muerto en los combates entre el Ejército y los rebeldes.

“Uno de los muertos es un civil que vivía en un caserío donde fueron los combates”, dijo Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, capital del departamento. En junio, la Defensoría alertó sobre la “crítica situación humanitaria y de seguridad” de la población de la zona debido al fuego cruzado entre disidencias guerrilleras enemigas.

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La semana pasada, otro grupo al mando de Mordisco hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali (suroeste). Conocida como el Estado Mayor Central (EMC), esta estructura es el principal bloque de frentes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 con el que se desmovilizó el grueso de las FARC.

El desarme de la guerrilla dejó un vacío de poder en los territorios que fue aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles. Las organizaciones se han fortalecido con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos. Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.

Fuente: AFP.