El comunicador Juan Alcaraz, quien reside en el departamento de Canindeyú, denunció que es víctima de amenazas y lamentó las precarias condiciones en que realiza su trabajo.
Criticó, además, al titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, quien habló de una supuesta lista de profesionales de la comunicación que sería objeto de atentado por el crimen organizado.
“Realmente ayer nos sorprendieron las expresiones del ministro de la Senad que socializa a nivel nacional desde medios de Asunción de que le habían dicho de una supuesta lista de personas a ser eliminadas por el crimen organizado, o ligados al narcotráfico, y que en esa lista existirían comunicadores”, señaló a la 1000 AM.
Dijo que por la línea editorial de los medios de la zona, se conoce quiénes son los trabajadores que corren el riesgo de ser víctimas del sicariato por sus publicaciones, que podrían “molestar a ciertos patrones de frontera y dueños del hampa del narcotráfico en Canindeyú”.
“Sabíamos que el ministro Jalil manejaba el dato y que nunca abordó con nosotros aquí en el departamento. Justamente estamos trabajando con los colegas desde ayer, de que por qué Jalil Rachid, a conocimiento supuestamente de una lista, por qué no nos convocó aquí en el departamento a todos los que cubrimos temas netamente periodísticos”, cuestionó.
Piden investigar
A su vez, el periodista José María “Pepe” Acosta pidió que se investigue la denuncia de qué periodistas sufrirían atentados por parte del crimen organizado. “Hemos hecho una denuncia sobre la posible perpetración de hechos punibles que afectarían a periodistas”, dijo a la 680 AM.
A su criterio, las declaraciones del titular de la Senad dejan “dudas e incertidumbres”, pero se debe tomar “con mucha cautela y atención”, ya que, por la violencia en la zona y la fragilidad en el manejo del Estado, en lo que representa al crimen organizado.
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Peña anunció el despliegue de militares de FTC en Itapúa ante atracos a bancos
Durante su jornada de gobierno en Itapúa, el mandatario Santiago Peña anunció este viernes la incursión de militares de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en el séptimo departamento para hacer frente a la ola de inseguridad, ante los reiterados asaltos tipo comando a entidades bancarias.
“La Fuerza de Tarea Conjunta vendrá a toda la zona sur. Estamos expandiendo la cobertura a lo que es el departamento de Canindeyú, Misiones e Itapúa. Creemos que será una apuesta muy importante. Esto va a requerir también una fuerte inversión en materia de seguridad, pero también ya es una decisión tomada”, dijo Peña en una entrevista con los medios de prensa.
A finales del pasado mes de abril se registró un millonario atraco a la sede del Banco Nacional de Fomento (BNF), localizada en la ciudad de Natalio. En la ocasión los delincuentes lograron con explosivos llevarse G. 1.000 millones aproximadamente de la bóveda.
No se trató de un caso aislado, teniendo en cuenta que ya se registraron diversos atracos con las mismas características en otras entidades bancarias y cajeros del departamento, situación que mantiene en zozobra a sus pobladores y autoridades, quienes habían demandado con urgencia la presencia de los efectivos militares, teniendo en cuenta que los agentes de la Policía Nacional se ven totalmente sobrepasados por los delincuentes.
“El mensaje que realizamos hoy es que venimos a dar la cara, que estamos presentes, venimos a darles todo nuestro apoyo y reafirmar nuestro compromiso. A decirles que los paraguayos de bien estamos de pie, firmes y que nosotros vamos a dar batalla en cada uno de los frentes como la seguridad”, sentenció el mandatario.
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Paro de buses
Por otra parte, el mandatario se refirió sobre la decisión del Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) en ir a un paro desde el 20 de mayo por un periodo de tres días. Ante la consulta de que sí el Ejecutivo accederá al chantaje de los transportistas manifestó que “nuestra posición es firme en defensa de los paraguayos, de los usuarios del transporte público, este sistema está perimido, ya no da más. Lo vamos a cambiar y haremos una inversión como nunca antes y vamos a cambiar el modelo del transporte público”.
Caso Marcelo Pecci
Peña también hizo referencia al caso del fiscal la Unidad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado, Marcelo Pecci, tras cumplirse en la fecha dos años de su asesinato en Colombia. “El mensaje que también doy a la ciudadanía es de una lucha frontal e inquebrantable contra el crimen organizado. No descansaremos y pondremos todo nuestro empeño hasta que se encuentre a todos los involucrados en el asesinato de Marcelo quien se convirtió en símbolo de la lucha contra el crimen organizado”.
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De “amenaza” califica Venezuela ejercicio militar de EE. UU. en Guyana
Dos aviones caza estadounidenses sobrevolaron el jueves Guyana como parte de un ejercicio militar coordinado entre ambos países, lo cual despertó “alertas” en la vecina Venezuela, que denunció “provocaciones” y “amenazas” en medio de la tensión por la disputa centenaria del rico territorio de Esequibo.
“El Gobierno de Guyana aprobó el sobrevuelo de dos aviones F/A18F Super Hornets de la Marina de los Estados Unidos en Georgetown (...) del 9 de mayo de 2024″, confirmó el gobierno guyanés en un comunicado, poco después de que la embajada estadounidense informara de la operación.
“Este ejercicio se lleva a cabo como parte del pacto de cooperación en materia de defensa entre Guyana y Estados Unidos de América y busca profundizar la seguridad en curso programa de cooperación entre nuestros dos países”, añadió.
El canciller de Venezuela, Yván Gil, estimó que el sobrevuelo “amenaza la zona de paz” concertada entre el presidente Nicolás Maduro y su par guyanés, Irfaan Alí, en diciembre durante un momento de elevada tensión y los temores de conflicto armado por la disputa territorial.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo por su parte que la maniobra es parte de las “reiteradas provocaciones” de Estados Unidos, enemigo histórico del chavismo gobernante.
“Nuestro Sistema de Defensa Aeroespacial Integral permanece activado ante cualquier intento de violación del espacio geográfico venezolano, incluyendo nuestro Territorio Esequibo. ¡Alertas!”, señaló Padrino en la red X.
El Esequibo tiene una extensión de 160.000 km2 y es rico en petróleo y minerales. Es administrado por Guyana, aunque Venezuela reclama la soberanía basado en los límites trazados cuando aún era colonia de España.
La disputa se recrudeció en 2015 después del descubrimiento de yacimientos petroleros y desde entonces las tensiones han atravesado altibajos.
Guyana recurrió en 2018 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que ratifique un laudo de 1899 que fijó las fronteras actuales y que Venezuela rechaza, amparado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, que firmó con Gran Bretaña antes de la independencia guyanesa y que anulaba el fallo anterior estableciendo bases para una solución negociada.
Fuente: AFP
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Juez amenaza a Trump con mandarlo a la cárcel si desacata sus órdenes
El juez del histórico juicio a Donald Trump amenazó este lunes al expresidente estadounidense con la cárcel en caso que siga violando su orden que le prohíbe hablar mal de los testigos, el jurado y personal del tribunal en público.
Al término de esta nueva jornada del proceso contra el candidato presidencial republicano en los comicios de noviembre, los fiscales indicaron que todavía prevén alrededor de dos semanas para escuchar el resto de los testimonios. “Pensé que iban a terminar hoy y quieren de dos a tres semanas más”, dijo Trump a periodistas, mientras insistió en que es víctima de “injerencia electoral”. “Yo debería estar haciendo campaña”, agregó.
Más temprano, el juez instructor del caso, Juan Merchan, le impuso una nueva multa de 1.000 dólares, que se suma a otras sanciones por 9.000 por nueve violaciones previas de la orden judicial que le prohíbe referirse a lo relacionado con el juicio en sus redes sociales. El magnate no dudó en criticar la decisión: “Nuestra Constitución es mucho más importante que la cárcel (...). Haré ese sacrificio cuando sea”.
En su decisión, el juez le advirtió a Trump que debido a que esta es la décima vez que el tribunal le halla culpable de desacatar sus órdenes, “parece claro que las multas no bastarán para disuadir al acusado de violar las órdenes legales”.
“Por mucho que no quiera imponerle una sanción de cárcel... quiero que entienda que lo haré”, advirtió Merchan al primer expresidente en la historia de Estados Unidos que se sienta en el banquillo. En esta ocasión, a Trump se le multa por haber criticado en una entrevista la velocidad, una semana, con la que se escogió al jurado y su supuesta composición en una ciudad mayoritariamente demócrata.
Trump, republicano de 77 años, está acusado de 34 falsificaciones de documentos comerciales para reembolsar a su entonces abogado personal, Michael Cohen, el pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de la exactriz porno Stormy Daniels pocos días antes de las elecciones de 2016, que ganó contra la demócrata Hillary Clinton.
“Al final del día tengo un trabajo que hacer y parte de ese trabajo es mantener la dignidad del sistema de justicia”, dijo el juez, calificando el desafío de Trump como un “ataque directo al Estado de derecho”. Merchan reconoció que ponerlo tras las rejas por desacato sería una decisión importante y un reto logístico. Como expresidente, Trump recibe protección las 24 horas del Servicio Secreto de Estados Unidos.
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Crisis
En la jornada del lunes, los fiscales llamaron como testigo a Jeffrey McConney, un ejecutivo de la Organización Trump que explicó al jurado sobre los reembolsos a Cohen por el dinero pagado a Daniels para mantener su silencio.
Se espera que Daniels, de 45 años, y Cohen, de 57, el exabogado de Trump que se ha convertido en su enemigo jurado, testifiquen en algún momento durante el juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Superior de Manhattan.
Hope Hicks, exasesora cercana de Trump, habló la semana pasada sobre la “crisis” que afectó la campaña presidencial de 2016 después de que apareciera una grabación en la que el magnate presumía de que alguien famoso como él podía permitirse cualquier cosa para conquistar a las mujeres, como tocarles los genitales sin que se inmutaran. Hicks reconoció que estaba “un poco aturdida” por aquella grabación.
“Todos estábamos de acuerdo en que la cinta era perjudicial, era una crisis”, sostuvo Hicks, que fue una pieza clave en las etapas finales de la exitosa campaña presidencial de Trump en 2016, cuando supuestamente se realizaron los pagos a Daniels.
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Según los fiscales, el pánico por la grabación desencadenó un esfuerzo de la campaña de Trump para silenciar a Daniels, que amenazó con hacer pública una supuesta relación extramatrimonial que habría mantenido en 2006 con el magnate, y que éste siempre ha negado. El pago en sí no es un delito. Pero Trump está acusado de disfrazarlo como gastos legales de su abogado.
En plena campaña electoral, Trump se considera víctima de una “caza de brujas” y de una conspiración legal de los demócratas con el actual presidente Joe Biden al frente, para impedirle que realice su anhelado regreso a la Casa Blanca.
Además del caso de Nueva York, Trump ha sido acusado en Washington y Georgia de conspirar para anular los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden, y de llevarse a su casa de Florida documentos altamente secretos que podían comprometer la seguridad del Estado al terminar su presidencia en 2021.
Fuente: AFP
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44 periodistas fueron asesinados por informar sobre el medioambiente
- Por Ricardo Rivas
- Periodista-X: @RtrivasRivas
- Fotos: Gentileza
Cuarenta y cuatro periodistas que investigaban e informaban sobre cuestiones medioambientales fueron asesinados en los últimos quince años. Treinta y nueve de esas tragedias continúan impunes. Otros veinticuatro colegas sobrevivieron de otros tantos ataques cuando intentaron matarlos, reporta el Observatorio de Periodistas Asesinados de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).
Estremece saber del horror en detalle. Incluso desalienta. Al menos uno de los colegas que no sobrevivieron, Dom Phillips –prestigioso freelance que se desempeñaba para The Guardian– fue silenciado en la Amazonía. En Latinoamérica. En esa tierra de desigualdades extremas que cientos de ignorantes o mal intencionados se empeñan en afirmar que se trata de un “territorio de paz”.
Claramente, el “grileiro” ya no solo arrebata tierras ilegalmente para incrementar su patrimonio, sino que ahora va por la vida de hombres o mujeres que reportan de sus delitos para despojarlos de ella. Acecha, hostiga, hostiliza a periodistas, comunicadores y activistas que defienden el planeta.
La disputa es desigual en esa misión de dar voz a los que no pueden hacerse oír frente a los sicarios de las organizaciones delictivas transnacionales de alta complejidad que quieren imponer la dureza extrema y criminal para construir zonas silenciadas como las categorizaran con precisión académicos especializados en libertad de expresión como lo son Catalina Botero o Edison Lanza.
“Al menos 749 periodistas, grupos de periodistas y medios de comunicación dedicados al reporteo de cuestiones medioambientales han sido agredidos en 89 países desde 2009″, denuncia un informe de aquella agencia multilateral de las Naciones Unidas. Precisa luego que aquellos “periodistas y medios cubrían una amplia gama de historias, (que van) desde las causas del cambio climático, la minería ilegal, la deforestación y los combustibles fósiles, hasta cuestiones afectando específicamente las comunidades a las que pertenecen, como la agroindustria, la apropiación de tierras, los megaproyectos de infraestructuras y las secuelas de fenómenos meteorológicos extremos”.
Advierte también que “en los últimos cinco años se han producido más de 300 agresiones, lo que supone un aumento del 42 % con respecto al quinquenio anterior. Este aumento se atribuye a un incremento de las agresiones físicas, como asaltos, detenciones y acoso, y de las acciones legales, incluidas las demandas por difamación y los procesos penales”.
AGENTES ESTATALES
Detalla luego que “los agentes estatales, tales como la policía, las fuerzas militares, los funcionarios y los empleados de gobierno, han cometido al menos la mitad de las 749 agresiones” y que “los agentes privados (¿mercenarios?), como empresas de la industria extractiva, grupos delictivos, manifestantes y comunidades locales, son responsables de al menos una cuarta parte” de las agresiones consignadas.
La abrumadora información –a la que tuvo acceso este periodista cuando promediaba la semana con el compromiso de no hacerla pública hasta hoy después que se distribuyera en el transcurso de la Conferencia Global Día Mundial de la Libertad de Prensa, en Santiago de Chile, bajo el lema “Prensa para el planeta”– es el resultado de una encuesta que desarrolló la Unesco y la Federación Internacional de Periodistas sobre una muestra de 946 colegas desplegados en 129 países.
“Los peligros son muchos y todos son graves”, reflexiona la colega Verónica Goyzueta (ver aparte), activa trabajadora de Sumaúma, plataforma informativa que hace foco sobre la selva amazónica brasileña.
“El desarrollo sostenible está en riesgo. La triple crisis planetaria –cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación–, sus conexiones con la salud pública, la necesidad de fortalecer la democracia y combatir la desinformación y la información errónea, entre otros temas, se han convertido en desafíos cruciales para la humanidad”, sostuvo Audrey Azoulay, directora general de la Unesco, quien, además, enfatizó que “el ecosistema de información tiene un papel fundamental para responder a esta crisis” y destacó especialmente la relevancia del “acceso a información confiable” sobre estos temas.
Resaltó también “la importancia de fortalecer el periodismo ambiental y científico independiente” porque “son actores cruciales para ayudar a nuestras sociedades a separar los hechos de las mentiras y la manipulación con el fin de tomar decisiones informadas, incluidas aquellas relacionadas con las políticas ambientales”.
CRÍMENES AMBIENTALES
Notable defensora de los derechos humanos y, en especial, de las libertades de expresión, de prensa y el derecho de opinión, Azoulay puntualiza que “los periodistas de investigación también están revelando crímenes ambientales, exponiendo corrupción e intereses poderosos y, en ocasiones, sufriendo consecuencias fatales por hacer su trabajo”.
En ese contexto, sentencia: “La conciencia sobre todos los aspectos que componen la triple crisis planetaria y sus consecuencias es esencial para construir sociedades democráticas”. Es necesario concienciar y es el periodismo también el que produce sentido. Apunta después que en esa misión las y los trabajadores de medios “enfrentan grandes retos al buscar y difundir información sobre diversos desafíos contemporáneos, como los problemas en las cadenas de suministros, las industrias extractivas, la minería ilegal, la contaminación, la caza furtiva, el tráfico de animales, la deforestación o el cambio climático”.
Desde esa perspectiva, Audrey Azoulay sostiene la necesidad de informar para “asegurar la visibilidad” de las necesidades y peligros que acechan al planeta porque esa información “es crucial para promover la paz y los valores democráticos en el mundo”.
“LOS PELIGROS SON MUCHOS Y TODOS SON GRAVES”
La periodista peruana especializada en medioambiente Verónica Goyzueta, quien vivió y trabajó en Brasil por más de dos décadas, habla de los principales peligros que debe enfrentar el periodismo durante la cobertura de temas relativos al cambio climático y medioambiente en América Latina.
–¿Cuáles son los peligros que acechan al periodismo cuando cubre temas relacionados al cambio climático y medioambiente en Latam, especialmente?
–Los peligros son muchos y todos son graves. Por un lado, existe una prensa que tiene dificultad para cubrir temas ambientales en áreas que a veces son muy difíciles para acceder con costos de cobertura muy altos. Es un problema para la prensa en general. Tanto para los medios tradicionales como para los medios independientes que han surgido (en los últimos años) y que tienen más interés en estos temas, pero enfrentan muchas dificultades para asumir esos costos.
–¿Cuáles son algunas de estas dificultades?
–Está la situación de los periodistas que no siempre son contratados porque muchas veces trabajan como freelancers y (por esa precarización laboral) corren más riesgos cuando a veces van por su cuenta a esas coberturas para poder ofrecerle un reportaje a los medios. Los periodistas están en una situación muy frágil. Recordemos el caso del corresponsal Dom Phillips y del antropólogo indigenista Bruno Pereira que fueron asesinados en la Amazonía brasileña en junio de 2022. Don –un periodista con mucha experiencia– viajaba por su cuenta y con cuidados especiales de seguridad. Bruno conocía muy bien la región. Pero la tragedia pasó. Este fue un caso especial –con mucha repercusión, con mucho destaque– por la presencia de Don, corresponsal internacional que trabajaba freelance para The Guardian.
SEGURIDAD Y CALIDAD
–¿Esto generó algún cambio?
–Lo que pasó hizo que los medios que cubren la Amazonía se preocupasen mucho más por la seguridad de sus reporteros, pero todavía no veo un cambio, especialmente en el caso de los corresponsales. Hace falta más. El colega Jonathan Watts, un periodista muy importante, creó y lideró el proyecto Rainforest Journalist, que duró cuatro años y ha servido como ejemplo para varias otras iniciativas incluso dentro del Pulitzer Center. Esas iniciativas motivaron a medios y freelancers a presentar proyectos para que puedan viajar seguros y hacer coberturas de mayor calidad. Estas acciones aumentaron la presencia de periodistas en la Amazonía, pero todavía falta mucho. Es un gran desafío.
–¿Cuáles son las respuestas que los gobiernos dan a estas amenazas más allá del “declaracionismo”?
–En Brasil, donde está una de las mayores porciones de la Amazonía, en los últimos años fue bastante grave después que asumió Jair Bolsonaro, que fue un presidente contra esa región, contra la selva, contra el medioambiente. Todo se puso más peligroso. El asesinato de Don Phillips se produce en ese momento, cuando las organizaciones ambientales públicas no tienen fondos. Básicamente en Brasil hay algunas organizaciones públicas que son muy importantes, como el IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), el Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad (ICMBio) o la FUNAI (Fundación Nacional del Indio) y otras organizaciones que ayudan bastante a proteger el territorio. Pero en el tiempo de Jair Bolsonaro no hubo ningún tipo de inversión y, por el contrario, estas organizaciones y sus funcionarios fueron prácticamente perseguidos. Ese fue el caso de Bruno Pereira (asesinado junto con Phillips), que era uno de los indigenistas más importantes de Brasil y, en el momento de su muerte, estaba exonerado de su cargo y buscaba trabajo para sobrevivir, para pagar sus cuentas. Ese era el escenario. “Deixa pasar a boiada” (deja pasar el ganado), decía uno de los ministros de Bolsonaro, con lo que buscaba no dar ningún tipo de protección a la Amazonía y, en general, a ningún otro territorio. Por ello avanzaron los crímenes ambientales, el robo de tierras públicas y el narcotráfico, que creció muchísimo. Tal vez aquel fue el más grave que hemos pasado.
ESCASEZ DE RECURSOS
–¿Ha influido en algo el cambio de gobierno?
–Cuando tenemos gobiernos más favorables a la selva o más progresistas, las cosas mejoran un poco, pero no lo suficiente. La situación del pueblo yanomami es un escándalo. La invasión de garimpeiros, los mineros ilegales, está contaminando los ríos. (El presidente) Lula trata de cambiar la situación, pero los recursos que se invierten en eso son muy pocos. De hecho, se ha mejorado mucho. Pero en comparación con lo que teníamos, que estábamos en cero, falta mucha más inversión. Hay grupos económicos que pesan siempre mucho más que los intereses de los pueblos indígenas o de los ambientalistas o de los activistas o de los periodistas. El poder económico que tiene la minería acaba pasando por encima de cualquier política pública y los resultados son muy bajos. Brasil tiene una ministra, una mujer de pueblos indígenas en la FUNAI. Mucho simbolismo, pero poco resultado. El discurso de Lula queda muy bien internacionalmente, pero los resultados no son como debieran ser frente a la urgencia que estamos teniendo.
–De aquí hacia mañana, ¿qué hacer y cómo hacerlo?
–No veo que en Brasil haya chance de que pueda haber un gobierno más progresista que el de Lula. Es difícil. Creo que solo veremos un cambio cuando haya realmente un compromiso de la iniciativa privada porque es la que más interfiere en las decisiones del Ejecutivo. La iniciativa privada tiene un lobby muy fuerte en el Congreso. Hace mucha presión sobre la política y sobre los Gobiernos. Hay todo un discurso de sustentabilidad, de mucho greenwashing, mucho marketing. Hay empresas serias. Pero las que presionan, cuando no lo hacen a la vista, lo hacen por debajo. Sabemos, por ejemplo, que el camino del oro ilegal termina saliendo (de Brasil) a través de los principales bancos de Sao Paulo, se limpia en algún sitio y de ahí sale legalmente. Y (sale a través de) conexiones que no son solo en Brasil, sino internacionales. Por eso es que tiene que haber voluntad no solo de la iniciativa privada brasileña, sino internacional. ¿En Davos?
–¿Cuál sería la solución en este contexto?
–Hay que salir del discurso. Una cosa es lo que se dice y otra lo que sucede con los gobiernos. Creo que hay organizaciones que realmente están interesadas en cambiar las cosas, pero no están haciendo lo suficiente. Hay que crear conciencia. Y el periodismo ahí tiene un papel también, que es importantísimo. Tenemos que contar la historia para que la gente entienda lo que realmente está pasando y los riesgos que se vienen, que no son pequeños.