Asegurados del Instituto de Previsión Social (IPS) se manifestaron este jueves en la explanada del Hospital Ingavi, en protesta por el recorte del horario de atención en la farmacia externa que antes funcionaba durante las 24 horas.
De acuerdo a la nueva disposición, que rige desde el sábado 2 de marzo, el servicio atenderá de lunes a viernes hasta las 21:, en tanto los sábados hasta las 13:00 y los domingos permanecerá cerrado.
“Pedimos al director de especialidades quirúrgicas, doctor Osvaldo Insfrán, la reapertura del servicio de farmacia las 24 horas. Desde el sábado 2 de marzo se recortó el servicio de farmacia externa”, señaló una manifestante a la 780 AM.
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La mujer indicó que tanto pacientes crónicos como ambulatorios ya no podrán retirar sus medicamentos en el tiempo disponible, sino que necesariamente deberán adecuarse al nuevo horario, lo que implicará una incomodidad sobre todo para aquellos que trabajan.
“Por eso vinimos a exigir nuestros derechos, porque este fue un servicio que brindó el IPS Ingavi más de 25 años. Y ahora vienen a recortar. Eso venimos exigir acá, la reapertura de la farmacia”, expresó.
Consultada sobre el motivo de los cambios, la asegurada manifestó que las autoridades de la entidad previsional alegaron una “mejor organización”. “Pero qué mejor organización, ellos debían haber puesto más personal para el mejoramiento del servicio. Ellos lo que están haciendo es recorte, están empeorando el servicio de IPS”, se quejó la manifestante que ofició de vocera del grupo.
Al parecer, otra de las razones de la medida administrativa constituyó el constante reclamo de personas de la tercera edad porque no se les atendía rápido a la hora de retirar sus medicamentos contemplados en el protocolo de crónicos.
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Siete meses sin ollas populares: organizaciones exigen entrega de provisiones para comedores
Representantes de organizaciones que tienen a su cargo la administración de comedores comunitarios realizaron una manifestación frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) para reclamar que hace siete meses no reciben provisiones para las ollas populares.
En esta ocasión se movilizaron referentes de varias articulaciones de Asunción, Central y Paraguarí además de algunas comunidades indígenas para solicitar la entrega de los insumos necesarios para la elaboración de la comida que beneficia a centenares de personas en situación de vulnerabilidad.
“Hace siete meses que venimos sin recibir insumos y acá estamos no solamente de la articulación de ollas populares, estamos de la red por los derechos de la alimentación que está Conamuri, la comunidad indígena de Yukuty, Carayaó, Patria Nueva, son varias organizaciones las que estamos acá”, señaló María Denis, de la articulación de ollas populares al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
No saben qué pasó del presupuesto
La mujer se quejó que no haya una información precisa desde la institución sobre la falta de entrega de los kits de alimentos. “En realidad no nos dicen nada, ellos no nos notifican nada, no nos cuentan nada. No sabemos qué pasa con el presupuesto este año, no sabemos absolutamente nada”, lamentó. Ante los insistentes reclamos solo reciben evasivas y las reuniones no han prosperado entre las partes, conforme expresó.
“El ministro Tadeo Rojas hasta hoy día desde que asumió jamás nos ha recibido como organización. Los que nos han recibido siempre fueron los técnicos, la viceministra de Desarrollo Social, el viceministro de Economía y Finanzas, pero ellos no tienen respuesta alguna para nuestra problemática”, indicó.
La dirigente social aclaró que nunca recibieron dinero en efectivo como parte de la ayuda estatal sino que netamente alimentos no perecederos cuyo kit contiene 14 ítems. Las mercaderías incluyen paquetes de arroz, harina, poroto, locro, entre otros, aunque criticó que “todos de malísima calidad”. “Siempre hemos recibido insumos de mala calidad y no en cantidad”, afirmó.
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El anticorrupción del Cird que fungió de asalariado para tener IPS
Rossana Escobar M.
rossana.escobar@nacionmedia.com
¿Cuál es la corrupción que persigue Francisco Alcaraz Díaz, coordinador anticorrupción del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), junto con la red de ONGs que articula, cuando se hizo pasar por humilde trabajador con sueldo mínimo para acceder a beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS), siendo en realidad contribuyente del Impuesto a la Renta Personal?
Esta sola acción, de fungir una condición que no es la verdadera para aprovecharse de un seguro social, que en derecho corresponde a la clase trabajadora, sacrificada y con restricciones, comparadas a los privilegios de la clase más pudiente, echa por tierra la ruidosa campaña que venden a la población como “Más Ciudadanía, Menos Corrupción”.
Alcaraz Díaz, que en los registros de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) aparece con actividad económica de abogado, enseñanza superior y consultor de administración de empresas, en IPS se inscribió en mayo del 2023 como empleado de Isabel Benítez Espínola.
La señora es nada menos que la consultora del proyecto “Más Ciudadanía, Menos Corrupción” que articula el hombre fuerte del Cird, mano derecha de Agustín Carrizosa, presidente de la ONG, también envuelto en un escándalo de repartija de sueldos a su clan familiar, operadores del equipo político de Mario Abdo Benítez, con dinero proveniente del bolsillo de los contribuyentes.
Todo apunta a un seguro de favor que llevó adelante Alcaraz Díaz con su amiga Benítez Espínola, declarando un sueldo como supuesto ingreso de entre G. 2,4 millones y G. 2,6 millones, que es el mínimo vigente hasta el fin del mes pasado. Sin embargo, en la previsional continúan empantanados en el caso, después de dos aparatosas intervenciones con requisa de documentos que había realizado en el local de la ONG anticorrupción, y en la consultora de la mujer, ante las fuertes sospechas de fraude.
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Desde la Dirección de Aporte Obrero Patronal del IPS dilatan un dictamen que confirme el seguro de favor, pese a los elementos recabados. Desde la dirección jurídica de la previsional alegan que requieren más evidencias para el inicio de un sumario.
Mientras tanto, el coordinador anticorrupción, asegurado en dudosas condiciones, sigue jactándose de ser un articulador de las luchas ciudadanas, reclutando premiados, caudillos que en muchos casos no son otra cosa que políticos con sed de poder que usan estas iniciativas como trampolín.
Desde el IPS habían mencionado hace 8 meses, cuando inició la investigación, al caso Alcaraz Díaz, que, no se descartan acciones penales, pero hasta hoy no hay mayores resultados en la pesquisa. Alcaraz Díaz, según los documentos, registró dos beneficiarios en seguro de IPS, una de ellas es la mamá Carina Díaz Alfonso, que registra comercio de relojes y joyería, según DNIT.
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Vinculado a Abdo
No es un dato menor que Alcaraz Díaz fue parte del Gabinete Civil de la presidencia de Mario Abdo Benítez, ya que las ONGs articuladas por el mismo no han hecho un solo escrache al expresidente que nunca terminó por aclarar a dónde fueron los miles de millones de dólares por los que endeudaron al país en pandemia.
Alcaraz Díaz y los suyos, se asociaron a un Plan Nacional de Transparencia y Anticorrupción con la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) al frente, los resultaron básicamente se tradujeron en facturaciones por consultoría de ONGs manejadas por consultoras de la rosca de amigos. Recordemos que a la Senac como a sus aliados se le escaparon hechos bochornosos y escandalosos de corrupción que involucraron precisamente al Gobierno de Abdo Benítez.
Es así que, por un lado, escracharon a algunos políticos sindicados por corrupción, realizaban fuertes campañas por la transparencia, contra el despilfarro, la repartija de cargos y por el otro, la ONG de Alcaraz Díaz, presidida históricamente por Agustín Carrizosa, se alzaba con millonarios contratos de manera directa en varias instituciones públicas, principalmente en el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal), Servicio Nacional de Formación Profesional (SNPP), Ministerio del Trabajo con Carla Bacigalupo.
Estos convenios eran la vía para millonarias transferencias al CIRD y con el ropaje de “proyectos sociales” de todo tipo, Carrizosa repartió suculentos sueldos, honorarios a su clan familiar y al hijo de su coordinador anticorrupción. Todo este dinero provenía del bolsillo de los contribuyentes.
Cabe subrayar que, nuestro diario publicó una serie en la que se revelaron varias ONGs satélites del CIRD como parte del festín con dinero del Estado, así también otras subordinadas a un sector de la política y la intromisión en temas de gobernanza. Estos, como cientos de otros casos de corrupción, oscurantismo que afectan e involucran a ONGs son suficientes argumentos para que la transparencia que tanto enarbolan también rija en el financiamiento de las mismas.
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Cuarta cumbre de Relaciones Laborales se realizará en Asunción
El portal de Gestión de Personas de Latinoamérica, Comunidad RH, es el encargado de realizar una nueva edición de la mayor cumbre sobre derecho del trabajo del paraguayo “Buenas prácticas y nuevas legislaciones laborales”, donde se espera reunir a más de 150 profesionales de recursos humanos.
El evento se desarrollará este viernes 5 de julio en el Hotel Dazzler de Asunción de 07:50 a 13:30, con una agenda de conferencias de la mano de referentes nacionales, donde desarrollarán las últimas normativas del Ministerio de Trabajo e Instituto de Previsión Social (IPS).
La apertura con la introducción del evento y bienvenida estará a cargo del Dr. Joaquín Irún Grau, socio fundador del estudio Irún & Villamayor, y el CEO de Comunidad RH, Johann Maguiña, para dar luego seguimiento a otras ponencias.
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La primera conferencia denominada “Tendencias y nuevas legislaciones laborales”, se enfocará en los temas a tener en cuenta en la aplicación de tecnología en los procesos de recursos humanos, a cargo de la Dra. Pilar Milleres, abogada del estudio Irún & Villamayor.
“Estabilidad laboral y salud mental” será el segundo tema a desarrollar, de la mano del Dr. Félix Villamayor, Socio estudio Irún & Villamayor. Posteriormente, se abordará la “Justificaciones de una desvinculación con causa, los derechos y obligaciones del contrato laboral” y cómo abordar la conversación con el colaborador. Estará a cargo del Dr. Enrique Rodríguez, abogado del estudio Irún & Villamayor.
Otros aspectos no menos importantes son las “Nuevas formas de trabajo y regulación laboral: teletrabajo, pago a extranjeros y colaboradores en el exterior”, de la mano de la Dra. Jazmín Martínez, abogada del estudio Irún & Villamayor.
La última charla será sobre los “Nuevos procedimientos de inspecciones y fiscalización laboral”, a cargo de la Dra. Cynthia Sánchez, abogada del estudio Irún & Villamayor, para finalmente realizar las conclusiones de todo lo desarrollado.
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Reclaman destitución del director de la Escuela Básica Ignacio A. Pane
Un grupo de padres realizó una protesta este lunes para exigir la destitución del director de la Escuela Básica Ignacio A. Pane, Víctor Rojas a quien acusan de manejo irregular de recursos y del estado de abandono de la institución. La dirección suspendió la fiesta de San Juan al negarse a la presentación de una rendición de cuentas, según denunciaron los manifestantes.
“Estamos pidiendo la destitución del director. Hoy ya nos cerraron la puerta del colegio diciendo que ningún padre puede ingresar, que hay una nueva resolución que acaban de pegar por el portón”, señaló una mamá a C9N. Dijo que también recurrieron a la Supervisión, pero tampoco recibieron una respuesta satisfactoria, por lo que afirmó que seguirán las manifestaciones de los padres.
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Otra manifestante se quejó que el director les cerró las puertas “incontables veces”, para evitar ser controlado en la utilización de los fondos de la institución. “Le exigimos rendición de cuentas y nos suspendió la fiesta de San Juan”, indicó. La mujer denunció que se hundió el pozo ciego, pero que el profesor Rojas nunca está para hablar con los padres.
A su vez la profesora Zulma Jara Rojas manifestó que la prohibición de ingreso rige a partir de hoy debido a los incidentes registrados. “Durante el horario de clases no pueden ingresar personas extrañas a la institución”, expresó.
La docente anunció que se instalaría una mesa de trabajo entre las partes con la intervención de los supervisores. “A mí me están amedrentando, me acusaron que les golpeé. No tengo inconveniente en que me investiguen”, dijo la educadora, quien se encontraba custodiando celosamente el portón de acceso a la institución.
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