El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, resolvió convocar a una sesión extraordinaria para este miércoles 11 de junio, para las 10:00, con el fin de tratar los pedidos de intervención a las municipalidades de Ciudad del Este y Asunción.

De esta forma, a través de la resolución n.° 3.100 se convocó a la sesión con el fin de que los legisladores analicen si prestarán o no el acuerdo constitucional para la intervención de la comuna esteña y de la capital, cuyas administraciones están a cargo de Miguel Prieto y Óscar Rodríguez, respectivamente.

Cabe mencionar que las comisiones especiales que estudiaron los pedidos de intervención en ambas municipalidades, dictaminaron en mayoría a favor de la intervención en las dos comunas. De acuerdo a lo que manifestaron los diputados integrantes de las respectivas comisiones, los jefes comunales no pudieron disipar los señalamientos de la Contraloría respecto a presuntas irregularidades.

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"Hemos tenido todos los insumos con la visita del contralor y el intendente, hemos tenido buenas audiencias, se han hecho todas las preguntas, se han evacuado todas las dudas, y creímos pertinente elevar esto al plenario de la Cámara de Diputados porque creemos que hay indicios relevantes que ameritan una intervención”, explicó el diputado Alejandro Aguilera sobre el pedido de intervención en Ciudad del Este.

“El resultado, el dictamen no significa ningún tipo de condena política, mucho menos personal, ni siquiera tampoco de veredicto o sentencia final de lo que pueda llegar a ocurrir en el plenario el día en que se tenga que votar el pedido de intervención, pero sí, hoy en unanimidad de los presentes hemos decidido acompañar el pedido de intervención a la Municipalidad de Asunción”, señaló por su parte el diputado Rodrigo Gamarra.

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La sesión de este martes de la Cámara de Diputados no se pudo realizar por falta de quórum, la misma fue a un cuarto intermedio a solicitud de la multibancada opositora, que también planteó el tratamiento en el pleno de los pedidos de intervención a los municipios de Ciudad del Este y Asunción. Ambos ya cuentan con los dictámenes a favor de las comisiones de Intervención.

La moción fue realizada por el diputado liberal, Rodrigo Blanco, quien argumentó que el sector quería analizar estos pedidos. El planteamiento es tratar ambos pedidos en una sola sesión, lo que habría generado posturas dispares entre los diferentes sectores de la Cámara.

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“En conversación con los integrantes de la multibancada de la oposición solicitamos un cuarto intermedio de 60 minutos, queremos retirarnos parcialmente para debatir como multibancada respecto a los pedidos de intervención”, fue la propuesta del legislador.

Tras el cuarto intermedio de una hora, se retomó la sesión ordinaria de este martes y por falta de quórum no se pudo desarrollar, ya que solo 32 diputados de los 80 asistieron a esta convocatoria. Ahora se analiza convocar una sesión extraordinaria para mañana miércoles, para tratar los pedidos de intervención.

Las comisiones de Intervención de Asunción y Ciudad del Este, ya concluyeron el trabajo de investigación previo y emitieron sus dictámenes correspondientes. En el caso de Asunción, el dictamen a favor se dio por unanimidad y de Ciudad del Este, uno a favor por mayoría y uno en contra por minoría.

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Las administraciones municipales de Asunción y Ciudad del Este se encuentran en un proceso de definición en la Cámara de Diputados sobre el pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) aclaró cuál sería la situación ante la eventual destitución o renuncia de los intendentes Óscar Rodríguez y Miguel Prieto.

“Hay una diferencia en cuanto a la destitución, porque ahí es la Constitución la que establece una nueva elección, pero, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Nosotros no sabemos cuándo va salir la destitución, cuando va a haber la intervención, en cuánto tiempo ese informe de los interventores se va a confirmar en destitución del intendente”, explicó Carlos María Ljubetic, director de Procesos Electorales, este martes en entrevista para la 1020 AM.

A partir de allí, la Justicia Electoral debe ser notificada, para iniciar con el proceso de organización de las elecciones en los siguientes 90 días tras la destitución, en 10 días debe convocar y en los 80 días siguientes deben realizarse los comicios electorales, previamente a internas partidarias. “Es un cronograma muy ajustado y nosotros no sabemos cuándo se va a producir la destitución”, puntualizó el alto funcionario electoral.

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Sin embargo, para Ljubetic este será un proceso innecesario, ya que las elecciones para la renovación de las autoridades municipales se deben realizar en el 2026. “Lo que tenemos es que esta elección se vea prácticamente mezclada con la elección del próximo intendente para los cinco años siguientes. Hay una confusión enorme, un gasto innecesario”, apuntó.

Si se cumplen todos los plazos a cabalidad, los 15 días de las comisiones de intervención para que emitan un dictamen, los 90 días de la intervención donde puede ocurrir la destitución, y los 90 días de plazo para la convocatoria, en diciembre se estarían realizando las elecciones en estos municipios. Mientras tanto, la Justicia Electoral no cuenta con el presupuesto para unas elecciones complementarias.

“Infraestructura puede haber siempre que haya presupuesto, esto no está presupuestado, hay que calcular que, si estas elecciones se hacen en Asunción y Ciudad del Este, estamos hablando de más de 600.000 electores, son las dos ciudades más importantes del país en población. Es muy difícil establecer una utilidad a ese proceso electoral”, refirió Ljubetic.

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En el caso de una renuncia en este proceso, Ljubetic indicó que sería la salida más fácil, ya que no se requiere de ir a unas elecciones. Con la renuncia, la Junta Municipal debe elegir de unos de sus miembros a un nuevo intendente para concluir el periodo de mandato hasta el 2026.

“Si renuncia, no hay elecciones, asume el presidente de la Junta y en el plazo de un mes debe convocar a elección de entre los concejales municipales para elegir a un intendente que complete el mandato”, aclaró.

Finalmente, explicó que “hasta los tres primeros años, si hay renuncia, inhabilidad o muerte, se llama a elecciones, en los dos últimos años de mandato ya no hay elecciones, sino el procedimiento de selección de un intendente por parte de los miembros de la Junta Municipal”, lo que no es el caso, ya que solo queda prácticamente un año de mandato municipal.

El diputado Arturo Urbieta, miembro de la comisión especial de intervención del municipio de Ciudad del Este, afirmó que existen causales suficientes para aprobar la solicitud de indagación a la administración del intendente Miguel Prieto. Agregó que el principal argumento radica en la falta de documentos respaldatorios sobre erogaciones superiores a los G. 42.000 millones.

“Tenemos una decisión tomada y la vamos a defender”, indicó el legislador, este martes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La citada irregularidad señalada por la Contraloría General de la República (CGR) guarda relación con los gastos de capital correspondiente al período 2019-2022. Desde el órgano extrapoder habían indicado que la Ley Orgánica Municipal establece claramente la obligación de los municipios de tener sus documentos contables y sus respaldos al día y de ponerlos a los órganos de control cuando éstos los requieran.

“Nosotros hemos evaluado de manera tranquila el pedido de la Contraloría que presentó documentos respaldatorios de lo que encontraron mediante los trabajos que realizaron en la Municipalidad de Ciudad del Este. A la vez escuchamos el descargo de Miguel Prieto. Nadie nos da órdenes como mencionan desde la oposición”, puntualizó.

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Ayer lunes, la comisión especial emitió dos dictámenes, a favor y en contra del pedido de intervención remitido por el Poder Ejecutivo por solicitud de la Contraloría. El titular del bloque, Alejandro Aguilera, había mencionado que el dictamen a favor fue el que tuvo mayoría.

Ya dependerá de la mesa directiva de la Cámara Baja, presidida por Raúl Latorre, incorporar los dictámenes en el orden del día de las próximas sesiones ordinarias para su estudio en el pleno. Otra de las alternativas para el tratamiento podría ser la convocatoria a una sesión extraordinaria, que deberá ser planteada por un total de 15 diputados.

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