La Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción (Opama) y la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes) organizan una manifestación pacifica frente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para este próximo viernes 9 de febrero a partir de las 17:00.
“Lo que pediremos en esta ocasión es una respuesta urgente a dos situaciones que en el mes de febrero van a empeorar la situación de servicio de trasporte, el primero es que los estudiantes requieren de una tarjeta estudiantil que le permita acceder a su derecho, que es el medio pasaje porque desde el año pasado vienen arrastrando ese problema, y lo segundo es que se pide mayor frecuencia de buses”, indicó la representante de Opama, Griselda Yudice en comunicación con La Nación/Nación Media.
La misma destacó que desde la implementación del sistema de billetaje electrónico los estudiantes no han recibido una respuesta acertada respecto al boleto estudiantil ni la tarjeta diferencial, por lo que para acceder al uso del trasporte público debieron abonar la totalidad del pasaje, hecho que a muchos estudiantes afecta a nivel económico.
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En cuanto a la frecuencia de buses, Griselda Yudice explicó que si bien es sabido que se espera mucho para subir a un trasporte público debido a la escasez de colectivos, esto empeoraría a partir de febrero, ya que habrá mayor cantidad de pasajeros con la vuelta a clases tanto de estudiantes como de funcionarios que están de vacaciones.
“Ahora la gente espera entre 45 minutos a una hora para poder subir a un colectivo y viajan hacinados, y esto va a empeorar cuando se vean más usuarios en las calles, lo que pedimos es que se converse con los empresarios y saquen más buses y con horarios más continuados, claro que mucha gente viaja hasta en la estribera porque dejar pasar un colectivo lleno significa esperar una hora más”, remarcó Yudice.
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Bolivia: comerciantes realizan bloqueos por escasez de dólares
Con camiones y barricadas, transportistas de carga internacional y comerciantes bloquearon ayer lunes varias vías que conectan Bolivia con Perú y Chile para denunciar una escasez de dólares, una falta de divisas que el gobierno niega. “Hoy iniciamos nuestras movilizaciones. Por ahora es de 24 horas, pero puede ser indefinida con cierre de fronteras”, advirtió Jorge Gutiérrez, de la Cámara de Transporte Internacional del departamento de Oruro.
Los bloqueos se registraron en nueve puntos de los departamentos de La Paz, Oruro (oeste) y Santa Cruz (este), informó la Administradora Boliviana de Carreteras, un organismo del Gobierno. Los manifestantes estacionaron sus camiones en ambas direcciones de las vías, y en Oruro levantaron barricadas con tierra y piedras.
Mientras en Santa Cruz, capital económica de Bolivia, los transportistas cortaron la principal vía que conecta este departamento con el resto del país, donde no se han enfrentamientos, según informó la policía. “No hay dólares, nuestro presidente (Luis Arce) dice que hay dólares y nunca vemos dólares, ni en los bancos, no hay dólar para comprar”, dijo a la AFP Teodoro Gonzáles, de 50 años y vendedor de repuestos de vehículos.
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Bolivia registra desde el año pasado una menor entrada de divisas por el gas, su principal fuente de ingresos hasta 2020, a raíz de una caída de la producción. Incluso el Gobierno de Arce echó mano de sus reservas internacionales para subvencionar el precio de los combustibles importados.
Sanciones a los bancos
El ministro de Economía, Gonzalo Montenegro, negó este lunes la escasez de divisas que denuncian los gremios. “Hay bancos que van a ser sancionados por no haber otorgado en forma oportuna estos recursos. Ahí se genera esta especulación. No es que no haya dólares”, afirmó Montenegro.
De acuerdo con la cartera, la banca tiene “258 millones de dólares disponibles”. Además de la protesta de los transportistas , comerciantes marcharon en ciudades como La Paz, Cochabamba, Sucre y Potosí. Según esos sectores, la falta de divisas está afectando las importaciones y encareciendo productos como los repuestos de vehículos.
“Nuestro sector está alarmado y va hacerse respetar. No hay dólares”, señaló el dirigente de los comerciantes, César Gonzales. Desde 2011 la divisa estadounidense se negocia a una tasa oficial fija de 6,96 bolivianos por dólar. Sin embargo, en el mercado negro se cotiza actualmente a nueve bolivianos, y en la mayoría de las casas de cambio no se ofrecen dólares.
No hay plata
A finales de abril, Arce reconoció la caída de los ingresos: “Hoy no tenemos la plata que teníamos antes, el gas se ha agotado (y) estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más”. “El sector que generaba divisas, que es hidrocarburos, el gas natural, ha reducido significativamente sus exportaciones”, señaló el economista y profesor en la privada Universidad Privada Boliviana (UPB), Gonzalo Chávez.
Bolivia llegó a un techo de ventas de gas por 6.113 millones de dólares en 2013, para bajar a unos 2.792 millones en 2022, según datos oficiales. Cerca del 80 % de la producción se vende a Argentina y Brasil, según la estatal petrolera YPFB, que anticipó un mayor descenso, pues Buenos Aires comunicó que desde agosto próximo dejará de comprarle a Bolivia.
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Fuente: AFP
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El transporte público requiere una sustancial mejora en el trato a las personas
Hoy, lunes 20 de mayo, tenía que haber comenzado la huelga de un vasto sector del transporte público de la zona capitalina y aledaña, que está extorsionando al Gobierno por nuevas ventajas económicas. A raíz de las últimas conversaciones, los transportistas decidieron postergar el paro por veinte días, a ver si consiguen sus objetivos de que se les otorgue más regalías, como las que ya vienen usufructuando.
Fuentes del Gobierno que están en el tema han señalado que no tiene sentido la medida extrema que están queriendo llevar a cabo porque conversando se están solucionando las diferencias y los pagos de los subsidios se están actualizando en más del 90 %. Pero el sector transportista involucrado sigue exhibiendo la amenaza del paro como un gran garrote contra la gente.
Para enfrentar esta realidad, urge poner en vigencia nuevas normas, con medidas que ayuden a alcanzar la eficiencia y mejoren sustancialmente el transporte de pasajeros.
No se necesitan solamente nuevas leyes, que muchas veces son muy buenas, pero que no se las lleva a la práctica como corresponde. El país, especialmente el Área Metropolitana de Asunción, el departamento de Central y zonas cercanas, requieren un sistema diferente que se centre en el buen servicio y la seguridad de las personas, que son los pasajeros que con su dinero dan vida y utilidades a las empresas de transporte. Un modo que esté pensado en los requerimientos de la ciudadanía y no como un método diseñado solo para cumplir las exigencias monetarias de las empresas.
La experiencia demuestra que la sola promulgación de las leyes no sirve para mucho porque terminan siendo olvidadas en la práctica en que imperan el mal servicio, el trato humillante y el desamparo de los que viajan en los buses. Es necesario y urgente un cambio radical.
La reforma del transporte urbano y suburbano de pasajeros debe centrarse principalmente en el buen servicio a las personas, que es el gran déficit que se tiene. Muchas de las empresas de transporte no consideran la comodidad y el bienestar de los que utilizan sus servicios, sino solo las utilidades económicas que perciben. Como ocurre con el gremio que actualmente está extorsionando al Gobierno para alcanzar más ventajas financieras, sin importarle mejorar el servicio a sus clientes.
Aquí hay que insistir y lograr que se impongan la buena práctica y el servicio adecuado a los pasajeros del transporte público. Para ello faltan no solo normas contundentes que consoliden y hagan efectivas las garantías, y que castiguen a los infractores, sino fundamentalmente sistemas y prácticas sólidas que impidan el maltrato y faciliten la cortesía hacia el usuario. Tal como ocurre en ciudades y países donde la calidad del servicio público es altamente buena e impensable la desconsideración, muy corriente en gran parte de nuestro país.
Hay que reconocer que, así como existen empresas que prestan malos servicios y son descorteses con las personas, también hay compañías que se destacan por su nueva mentalidad, y que ofrecen mejor trato y seguridad. Casualmente, varias de esas entidades no están en el gremio de las empresas que están extorsionando ahora. Son las que prefieren seguir trabajando y apostando al diálogo con las autoridades en lugar de recurrir al chantaje. Que es lo que corresponde hacer entre entidades civilizadas y que no se dejan llevar por el extremismo de la coacción y la amenaza de hacer daño causando perjuicios a los ciudadanos.
El Gobierno debe aprovechar esta oportunidad para realizar una profunda modificación en el sistema de transporte de pasajeros, que debe incluir todo tipo de medidas. Como, por ejemplo, la utilización de buses eléctricos con incentivos especiales, la inclusión de nuevas empresas para mejorar la oferta de servicios con exigencias de mayor calidad en el trato y el castigo a las que cometen malas prácticas en su servicio de transporte. Que entre las condiciones que se pidan, aparte de las cuestiones relacionadas con los reglamentos de paradas, itinerarios y demás, se exija de manera terminante la mejora sustancial en el trato a las personas, que debe incluir la opinión de los usuarios. El buen comportamiento con los pasajeros debe ser la condición primera y fundamental para otorgar la licencia del transporte público.
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Evaluarán aportes al proyecto de servicio civil
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señalaron que analizarán alrededor de 35 sugerencias realizadas para el proyecto de ley de la función pública y carrera del servicio civil. La institución resaltó la apertura y el diálogo que se mantuvo con los gremios y ciudadanía en general, dado que el objetivo es obtener una legislación que completa y que satisfaga todos en los aspectos.
“No recuerdo que una iniciativa haya tenido este nivel de diálogo y apertura, recibimos alrededor de 35 diferentes aportes de gremios, federaciones, a la par hicimos un par de audiencias públicas que fueron convocadas por el Congreso, una serie de reuniones con centrales de trabajadores, sindicatos y coordinadoras”, expresó Andrea Picaso, viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional del MEF. Indicó que la idea es que se pueda construir y lograr una buena ley. Indicó que este proyecto presenta innovaciones y el Ejecutivo está abocado en la revisión de las propuestas. Mencionó que esperan que estas sugerencias puedan consolidarse y mejorar el documento presentado en febrero de este año.
Asimismo, aclaró que esta normativa hace foco al servicio civil y a la administración del Estado, no así a carreras definidas en la Constitución Nacional como la Policía Nacional, los militares, diplomáticos o docentes.
“Es un proyecto largo que tiene 130 artículos, por eso ameritaba esta apertura y diálogo. Incorpora conceptos de la evaluación de desempeño, que sean objetivos en términos cualitativos y cuantitativos, que todos tengan la posibilidad de concursar para acceder a un cargo directivo, así como el ingreso a la función pública a través de concursos”, detalló a la 650 AM.
Picaso mencionó que la iniciativa que ahora está en análisis, corresponde a las modificaciones realizadas al proyecto presentado en octubre de 2022 por el gobierno anterior. Tanto el Poder Ejecutivo actual como el MEF, que absorbió a la antigua Secretaría de la Función Pública, introdujeron algunos aspectos para corregir la normativa que había motivado acciones de inconstitucionalidad en el pasado.
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Policías y familiares toman una sede en Posadas para reivindicar mejoras salariales
Policías, expolicías y familiares han tomado este viernes la sede del Comando Radioeléctrico I de Posadas, la capital de la provincia argentina de Misiones, para reivindicar un aumento salarial, aunque los propios manifestantes han reiterado que no han irrumpido en las instalaciones.
Manifestantes se concentraron frente a la sede a las 16.30 horas e irrumpieron en la sede policial y se produjeron quema de neumáticos y la toma de la propia sede, informa la emisora Cadena 3. Autoridades judiciales habían ordenado la intervención de Gendarmería Nacional para vigilar la protesta.
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A medida que pasaban las horas iban llegando más manifestantes, incluidos agentes en activo procedentes de la zona centro de la provincia, que se sumaron al campamento.
Un portavoz de las fuerzas policiales locales, Germán Palavecino, ha rechazado que se trate de un “acuartelamiento” y ha explicado que la protesta es una “medida para visibilizar la urgencia del sector”.
Ramón Amarilla, policía retirado y uno de los portavoces de la protesta, ha apuntado que la situación sigue “muy tensa”. “El reclamo es que el Gobierno nos atienda porque unilateralmente ha eliminado la mesa de diálogo que contaba con los delegados de cada unidad regional de toda la provincia”, ha explicado a Cadena 3.
Allí los incrementos salariales propuestos “son ínfimos” y “no mueven ni la aguja”. “Nosotros hoy, comparado con la Policía Federal, no llegamos ni a la mitad. Es una vergüenza”, ha reprochado.
“Los incrementos que estamos recibiendo trimestralmente, bimestralmente, son ínfimos. Y verdaderamente nosotros, en los últimos cinco meses, hemos tenido una pérdida de más del 50 por ciento en nuestra capacidad de compra, en nuestra capacidad de nuestro salario”, ha añadido.
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Amarilla ha subrayado que han sido los policías retirados y los familiares los que levantaron un campamento frente a la Jefatura a principios de esta semana y que participaron los policías activos.
Así, ha acusado a la Jefatura de tomar represalias al trasladar “a un montón de personal policial a 200 kilómetros, a 300 kilómetros, 360 kilómetros de la capital o de su destino actual para tratar de perjudicar a ese personal”.
La ministra de Seguridad del Gobierno federal, Patricia Bullrich, habría ofrecido efectivos de las fuerzas federales para desalojar el Comando Radioeléctrico I, pero hasta el momento se está a la espera de una orden de la justicia federal al respecto.
Mientras, sectores como el de salud y educativo se han sumado a las reivindicaciones salariales de los policías.
Fuente: Europa Press