Uno de los aspectos que se abordó durante la capacitación ofrecida para la implementación de las tobilleras electrónicas es lo referente a los requisitos técnicos que permitan acceder a este dispositivo.

El lunes y el martes se realizaron dos jornadas para debatir la Ley 7270/2024, así como el Decreto Reglamentario, el Reglamento Orgánico Funcional del Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Sismed), el Protocolo de Implementación del SIMDEC y la Acordada de la Corte Suprema de Justicia.

El director general del Sistema 911, Carlos Hernán Escobar, explicó a La Nación/Nación Media que el taller con los fiscales, jueces y defensores públicos sirvió para conocer todo lo que hace a la implementación de las tobilleras electrónicas. “Lo que hoy hicimos fue contarles lo que nosotros necesitamos realmente, porque tecnológicamente la tobillera es una solución para que podamos tener un control en tiempo real”, aseguró.

La jornada fue muy productiva debido a que, tanto los fiscales como los jueces y defensores públicos, mostraron interés y estaban interesados en conocer el alcance y cómo puede ayudar esta solución. “Es una herramienta que le va a ayudar a controlar efectivamente la prisión domiciliaria, que es lo que la acordada de la Corte Suprema de Justicia dictaminó, para el uso, en primer lugar, de los casos de violencia intrafamiliar”, explicó Escobar a LN/NM.

Además del dispositivo para la persona beneficiada con la medida alternativa a la prisión, otro estará en manos de la víctima, alertando si el victimario se acerca. Esta misma alerta sonará a las autoridades, permitiendo que se pueda actuar de manera rápida y así proteger a la víctima, explicó.

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Además de los casos de violencia intrafamiliar, también podrán ser beneficiadas personas enfermas que necesiten dejar la prisión y así puedan guardar reclusión en sus respectivos hogares. “Es también para ayudar a la gente a que salga de la prisión, pueda ser reinsertada a la sociedad y tenga que guardar una prisión domiciliaria, nada más. Ya sea de la tercera edad, o que esté enferma, o cosas así. Y serviría como una herramienta para descomprimir las cárceles”, comentó a LN/NM.

Escobar indicó que una de las cosas que más consulta generó durante la capacitación fueron los tiempos, debido a que los magistrados tienen plazos que se deben de respetar, para lo cual, los tiempos son muy importantes. “A ellos (a los jueces) les aprietan mucho los tiempos procesales. Cuando hay un pedido de una revisión, ellos tienen 48 horas para responder”, indicó.

Explicó que, en este caso, el trabajo del defensor es muy importante, ya que, si el recaba la mayor cantidad de información precisa, como, por ejemplo, lugar exacto donde guardará reclusión, las dimensiones, etc., eso ayudará a facilitar para delimitar hasta dónde puede ir y qué lugares ya pueden resultar en una alerta.

“Es muy importante hacer la factibilidad técnica antes de pedir la medida. Para eso es importante traer todos los presupuestos: dimensión de la casa, ubicación exacta, etc. Y es la defensa la que tiene que traer todos los datos, todo bien detallado”, comentó a LN/NM.

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El director del Sistema 911 comentó que cuando ellos reciben la orden de un arresto domiciliario y se hace la comunicación, lo que la Policía debe hacer es cumplir con las órdenes del juez. “El juez me dice para poner la tobillera por 12 meses, entonces, yo coloco. Puede revertir la decisión más adelante, sí, puede. Entonces, se retira”, explicó.

Agregó que, gracias a esta herramienta, se podrá tener un control real de los movimientos de la persona con arresto domiciliario, considerando que actualmente se realizan los controles, pero de manera aleatoria, debido a que no hay suficiente personal que pueda ayudar. Recordó los casos que durante los controles se encontró a personas en la despensa, e inclusive hubo casos de gente que iba de shopping pese a contar con arresto domiciliario.

Agregó que este hecho, por más que parezca que no es grave, puede hacer que una persona con prisión domiciliaria pierda el beneficio. “Si una persona sale a comprar un cigarrillo en la esquina de su casa, está violando su prisión domiciliaria, porque puede que no vaya lejos, pero salió del área delimitada”, explicó.

Actualmente, al Estado le cuesta 650 dólares el mantenimiento de cada persona privada de libertad. Si bien ahora solo se autorizaron la utilización de 20 tobilleras electrónicas, con la implementación de esta tecnología, que con el tiempo podrá descomprimir las penitenciarías, inclusive se estaría ahorrando dinero, ya que el mantenimiento de la tobillera cuesta 250 dólares mensuales, lo que representa un ahorro significativo.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ya completó un total de 3.487 visitas domiciliarias en Asunción y el departamento Central a la fecha, de los cuales 538 corresponden a la capital y 2.940 en Central, en el marco de las becas del Gobierno del Paraguay.

El proceso de evaluación socioeconómica para estas becas que involucran a Itaipú, Yacyretá, Ministerio de Educación y a la Secretaría Nacional de la Juventud, convocatoria 2025, señala que en ambos sectores el total de postulantes asciende a 3.553.

Las visitas por Asunción y Central continuarán hasta el 16 de febrero. Desde el día lunes 17 de febrero, el equipo se trasladará hasta el interior del país para iniciar las entrevistas. El proceso de evaluación socioeconómica se extenderá hasta el 7 de marzo en todo el país y los resultados serán publicados el 14 de marzo. Este programa social educativo tiene un alcance nacional de 7.124 postulantes a ser visitados en todo el país.

Durante las entrevistas, se solicitarán los documentos establecidos en la Guía de Bases y Condiciones (GBC). Es importante mencionar que, según la GBC, los entrevistadores podrán solicitar documentaciones adicionales durante la visita, a efectos de corroborar la información proporcionada en la postulación.

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La evaluación socioeconómica tiene un peso de hasta 30 puntos dentro del proceso de selección. Otros puntos que son evaluados por el Comité de Becas en caso de las carreras universitarias son el promedio general del postulante (hasta 10 puntos); la calificación de la Prueba de Competencias Básicas (hasta 40 puntos); la institución de procedencia (hasta 10 puntos instituciones públicas; hasta 5 puntos instituciones subvencionadas, y 1 punto instituciones privadas); y las áreas del saber priorizadas (hasta 10 puntos).

En el caso de tecnicaturas y formación docente se establecen como criterios para la ponderación en el proceso de selección, los siguientes: promedio general de la Educación Media (hasta 20 puntos); institución de procedencia (hasta 10 puntos instituciones públicas; hasta 5 puntos instituciones subvencionadas, y 1 punto instituciones privadas); calificación obtenida en las Pruebas de Competencias Básicas (hasta 30 puntos); evaluación socioeconómica (hasta 30 puntos); y áreas priorizadas (hasta 10 puntos). Para consultas adicionales, los postulantes pueden comunicarse a través de los canales oficiales del INE, al Call Center 178 y al Whastapp habilitado para mensajes (0986) 800506, de lunes a viernes de 8:00 a 16:00.

En cuanto al trabajo de eva­luación el director Iván Ojeda detalló que se realiza un ranking del mejor al menor puntuado, y se hará un corte de las 5.000 becas disponibles.

En esta evaluación socioeco­nómica se tendrán en cuenta todos los ingresos que tiene la familia en su conjunto y, con base en eso, se diseña un algoritmo, se diseña una sintaxis y después se dan los resultados, explicó.

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Con la finalidad de promover la generación de empleos formales y de calidad mediante el programa Hambre Cero en las escuelas, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), encabezado por Mónica Recalde, impulsará el asesoramiento y las capacitaciones a las empresas participantes de la provisión de alimentos en las diferentes instituciones educativas del país.

“Nuestra misión es apoyar a esas empresas en el sentido de que sus acciones estén enmarcadas en los objetivos del programa, que es también dar mano de obra a la gente, una de las principales razones que el presidente de la República ha expuesto es que el programa sería un generador de empleos y deseamos que éstos sean de calidad, que sean formales”, manifestó Recalde.

La titular de la cartera de Trabajo indicó que el gobierno del mandatario Santiago Peña apunta a que las firmas puedan obtener información oportuna y precisa sobre los modelos de contratos, forma de contratación, registros en ministerios y en el Instituto de Previsión Social (IPS).

“Entonces, nosotros debemos establecer estrategias y mecanismos para acompañar el proceso y brindarles esas herramientas para que efectivamente se cumpla desde el modelo a implementarse desde el área de cobertura del Ministerio de Desarrollo Social y también replicarlo en todas las gobernaciones”, acotó la ministra.

Las afirmaciones de Recalde surgieron tras mantener un encuentro con el ministro de Desarrollo Social y presidente del Consejo Nacional de Alimentación Escolar (Conae), Tadeo Rojas, quien impulsa la coordinación de trabajos entre varias instituciones del Estado para potenciar los beneficios del programa escolar que no solo tiene como función proveer de alimentos a los niños y niñas de las instituciones públicas, sino también dinamizar la economía.

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En lo referente a capacitaciones, Recalde comentó que se tiene previsto la realización de cursos de formación y habilidades para cocineras, con la introducción de medidas de control y manipulación de alimentos, así como el ítem de seguridad alimentaria. “Sabemos que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) está realizando inversión en infraestructura, poniendo en condiciones las cocinas donde se llevarán y terminarán de elaborar alimentos, entonces es importante que las personas encargadas tengan conocimiento suficiente para los cuidados y control de los alimentos”, dijo.

Por otra parte, comentó que su institución se encuentra siguiendo de cerca la evolución del empleo generado por el programa Hambre Cero en las escuelas, cuyo impacto estiman será aún mayor con su expansión a nivel nacional a partir del presente año escolar.

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La próxima capacitación de personal de salud de los centros penitenciarios de todo el país fue el tema abordado en la reunión de ayer viernes por las autoridades del Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria (ITSEFP) del Ministerio de Justicia y la Dirección de Salud Penitenciaria.

Esta iniciativa está enmarcada dentro de los esfuerzos de la cartera por reafirmar el compromiso de implementar políticas y programas de formación que contribuyan a mejorar los servicios de salud en el sistema penitenciario, con el fin de favorecer la calidad de vida y el bienestar de todas las personas privadas de libertad, dentro del nuevo modelo penitenciario, indicaron desde la institución.

Durante este encuentro, se presentaron las estrategias y los contenidos que formarán parte del programa de capacitación, la cual está dirigida a más de 250 funcionarios que actualmente cumplen la función en el área de servicio de salud en los centros penitenciarios a nivel nacional y a través de estas jornadas, se brindará formación a médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales y nutricionistas.

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“Permitirá promover una atención integral e interdisciplinaria que aborde las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales de las personas privadas de libertad. El programa se desarrollará en la modalidad virtual con una duración de cinco meses, todos los días jueves a partir del mes de abril; y su contenido estará distribuido en cinco módulos”, expusieron desde la cartera de Justicia.

El programa se desarrollará en la modalidad virtual con una duración de cinco meses, todos los días jueves a partir del mes de abril; y su contenido estará distribuido en cinco módulos, con las siguientes temas: introducción al contexto penitenciario y su impacto en la salud, trabajo interdisciplinario en la atención penitenciaria, enfoque biopsicosocial para la atención integral, primeros auxilios, autocuidado y gestión del estrés para profesionales.

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