Durante cinco días consecutivos, agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), con apoyo de miembros de las Fuerzas Especiales y en coordinación con el fiscal Juan Benegas, llevaron adelante un operativo de gran envergadura en la localidad conocida como Sidepar, en el departamento de Canindeyú, zona limítrofe con San Pedro y Caaguazú.

El operativo, denominado “Sidepar”, permitió detectar y erradicar 40 hectáreas de cultivos de marihuana, en su mayoría lista para la cosecha. Además, fueron incinerados 300 kilos de droga ya embolsada, lista para su distribución. Según estimaciones técnicas, las parcelas intervenidas equivalen a una producción final de 120 toneladas de marihuana prensada, lo que representa una pérdida económica cercana a 18 millones de dólares para las estructuras criminales que operan en la zona.

Un dato llamativo del procedimiento fue la ubicación de los cultivos ilegales: a la vista, próximos a comunidades rurales y a pocos metros de caminos vecinales, mezclados entre parcelas de cultivos lícitos. Esta modalidad de ocultamiento a plena vista evidencia una alarmante naturalización del narcotráfico en la región.

Ante esta situación, la Senad anunció que se reforzará la presencia operativa en la zona mediante patrullajes constantes y nuevas estrategias de control territorial.

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El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.

En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.

El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.

Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

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Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.

Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.

Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.

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Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.

En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.

Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.

Por segunda vez es descubierta la modalidad de ocultar droga en el interior de pelotas de tenis. Esta vez, los agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) incautaron una encomienda que habría sido enviada desde Ciudad del Este y tendría como destino final Arabia Saudita.

Dentro del paquete se encontraron 18 pelotas de tenis que ocultaban 1,674 kilogramos de supuesta cocaína. La estaba distribuida nuevamente en paquetes acondicionados dentro de los artículos deportivos, así como dos palas de pádel, una prenda de vestir y un termo, simulando un combo de equipamiento.

Desde la Senad indicaron que la reiteración de esta técnica de ocultamiento confirma la capacidad de adaptación de las redes del narcotráfico, pero también demuestra la eficacia de los controles interinstitucionales y la labor permanente de los equipos operativos en la principal terminal aérea del país.

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La intervención se realizó en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, con el apoyo de canes detectores de drogas y en el marco del trabajo junto con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

La encomienda fue trasladada hasta la Oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Asunción, donde se procedió a su apertura con autorización del juez penal de Garantías especializado en crimen organizado, Osmar Legal, y en presencia del fiscal José Martín Morínigo, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico.

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El ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jalil Rachid, se refirió al informe elaborado por el medio de comunicación InSight Crime, donde se hace mención que Paraguay quedó fuera del top 5 de países que envían droga a Europa, negativo destaque que ocupaba durante el gobierno anterior.

“Dejamos de ser un centro logístico, ya que hay una voluntad política. La agencia habla sobre una reestructuración, una reconfiguración del trayecto para el tráfico internacional de droga”, sostuvo el alto funcionario, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El informe detalla que, a pesar de las incautaciones récord de cocaína en los países de producción y de tránsito, llegaron a los mercados de consumo cantidades significativas de droga en 2024.

Agrega que, en general, la producción de cocaína se disparó, y los traficantes exploraron nuevos mercados para aprovechar niveles de oferta sin precedentes. Señala que España y Portugal retomaron su posición como principales puntos de entrada de cocaína a Europa, tras el fortalecimiento de las medidas de seguridad en los puertos de Bélgica y Países Bajos.

“Nosotros nos destacábamos para mal. En el año 2021 (durante el gobierno de Mario Abdo Benítez) se registró el envío de 32.000 kilos de droga desde Paraguay a Europa, pero, hoy en día, ya no se puede hablar sobre estas cifras desde ningún punto de vista”, indicó Rachid. Con la nefasta gestión en materia de seguridad durante el gobierno de Abdo Benítez, el Paraguay se había convertido en uno de los países con la mayor presencia del crimen organizado. El auge del narcotráfico en Paraguay se produjo en 2020, en plena crisis sanitaria y económica generada por la pandemia del covid-19.