El exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio deliberadamente traicionó al Estado desde el poder político que se le concedió en el gobierno anterior y no debe quedar impune. El exalto funcionario estuvo al frente de dos organismos clave de seguridad y desde ahí prácticamente operó a favor del crimen organizado dejando resultados que fueron devastadores para la tranquilidad interna como la imagen país.
Desde la Senad las decisiones de Giuzzio fueron intencionalmente favorables para el narcotráfico. Esto se puede ratificar una y mil veces porque siendo ministro de la institución antinarcótica y luego del Interior, tenía toda la información sobre la mesa de cómo la logística del crimen organizado se iba afincando en el país. Lejos de aplicar medidas de control para combatir el flagelo de la inseguridad y el ilícito del narcotráfico, usó su cargo en beneficio de los capos para el montaje de un esquema sin precedentes.
Giuzzio no era un ciudadano cualquiera, tenía conocimientos de todos los hilos y protagonistas del negocio negro, sin embargo, resultó que hasta mantenía vinculaciones con uno de los hombres más buscados en el Brasil por lavado de dinero, tráfico de drogas y tráfico de activos, dicho por la misma exministra de la Senad Zully Rolón cuando fue consultada por el hoy preso en el vecino país, Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua.
Precisamente, la Justicia hoy procesa a Giuzzio por un favor que pidió y recibió de Marques de Padua, esto en un contexto en que el brasileño, dicho por Zully Rolón, era uno de los más buscados por las instituciones brasileñas y lo más grave, habiendo un convenio de cooperación con Paraguay para su detención.
Giuzzio no solo favoreció al narcotráfico con una resolución liberando de controles los puertos de donde salían las cargas contaminadas con cocaína en la región, a otros continentes del mundo, principalmente al europeo, sino que mantenía conversaciones con una persona que estaba siendo sindicada por el mismo ilícito en Brasil y que a la vez tenía contacto directo con él. Dicho por los testigos y por el propio gerente de la empresa de Marques de Padua, Giuzzio prestó una camioneta de la compañía para vacacionar. El exministro intenta defenderse con un pagaré firmado, sin embargo, confirmado por el funcionario de la firma, el documento nunca fue honrado, pese a que ya pasaron 4 años.
¿Cómo hizo Giuzzio para que la empresa sea tan benevolente con él? Es evidente el trato especial, el exministro tenía en la empresa. Esto en paralelo a que el buscado supuesto narco estaba en constante conversaciones con Giuzzio para ingresar como proveedor al Ministerio del Interior.Subordinados del mismo Giuzzio confirmaron que Marques de Padua se paseaba por el Ministerio del Interior y que estaban en continuas conversaciones para compra de equipos de seguridad y servicio de blindaje a vehículos de la institución estatal.
Marques de Padua tenía atención privilegiada en la administración de Giuzzio, esto luego de que el exministro haya estado casi 3 años como titular de la Senad. Es decir, Giuzzio manejaba la información a cerca de esta persona a quien camufló de oferente para el Estado.
Los informes de inteligencia sindican a Marques de Padua como narcotraficante, lavador, nexos con la mafia italiana con los que se supone que mantenía lazos para realizar “exportaciones” de narcóticos al continente europeo. En registros de Paraguay aparece como propietario de las empresas Black Eagle Group, encargada de fabricar blindados de alta gama y Ombu SA, importadora y del rubro blindaje de vehículos que se presume proveía al crimen organizado.
Según informaciones de la Senad, Marques de Padua era el supuesto encargado de brindar la logística al buscado Lindomar Reges Furtado, narcotraficante que había escapado de un suspicaz operativo de la secretaría antidrogas en el Paraná Country Club, justo antes de ser allanado. No hay que olvidar que, esa noche antes del operativo, Giuzzio mantuvo conversaciones en clave con Marques de Padua, siendo este hombre el objetivo principal tal como lo confirmó Zully Rolón. Esta “coincidencia” nunca fue investigada a profundidad y amerita un esclarecimiento.
Giuzzio tiene mucho por qué responder. En su haber minan sospechosas maniobras desde el poder que le concedió el anterior gobierno y las evidencias que lo comprometen, sobran. Pese a la infinidad de chicanas que interpone el exsecretario de Estado, la Justicia debe avanzar con celeridad el proceso y aplicar la ley, sin temor a las portadas de los medios aliados del susodicho. La oscura gestión de Giuzzio y sus temerosos vínculos desde el poder político, merecen ser castigados con toda la fuerza de la ley. El país no se merece la impunidad de funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción de cualquier índole.