La Policía Nacional recibió una denuncia sobre un intento de feminicidio registrado en Villa Hayes. El caso salió a la luz luego de qué agentes policiales de la comisaría de Fernando de la Mora se constituyeron en el Hospital Ingavi de IPS, donde ingresó en urgencias una mujer con varias heridas y una fractura.
Los uniformados conversaron con la hermana de la víctima, quien refirió que la mujer tuvo una pelea con su pareja y de ahí recibió varias heridas en el cuerpo. Una vez registrado el hecho, la víctima huyó en una motocicleta y luego cayó al asfalto en la zona de Villa Hayes, por lo que fue trasladada hasta IPS Ingavi donde está en cuidados intensivos.
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La víctima es una mujer de 25 años de edad, quien está peleando por su vida en el citado centro asistencial, según mencionaron los agentes policiales intervinientes en el hecho. La tentativa de feminicidio se dio a conocer a través de su hermana, que le está asistiendo en el IPS Ingavi.
La pareja de la mujer sería el presunto autor del hecho, quien ahora está con paradero desconocido. El hecho fue comunicado al Ministerio Público, quien ordenó la detención del hombre. Una vez que sea detenido tendrá que declarar ante la citada unidad fiscal. Posteriormente, el fiscal interviniente deberá decidir si corresponde presentar la imputación contra la persona.
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Cones aguarda que el JEM destituya a jueza que habilitó carrera irregular de medicina
“Esperamos que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados haga su tarea, estamos solicitando su destitución”, indicó el titular del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, al referirse sobre la denuncia presentada conjuntamente con la Procuraduría ante dicha institución contra una jueza de Itakyry que otorgó una medida cautelar irregular para la apertura de la carrera de medicina en una universidad privada de Ciudad del Este.
“Ayer (martes) presentamos la denuncia contra la jueza buscando dar un mensaje a las universidades de que desde el Cones, en conjunto con la Procuraduría, vamos a tomar las medidas para indicar que el camino de habilitación de las carreras debe ser vía el Cones, que es la instancia que analiza todas las dimensiones técnicas, académicas, de infraestructuras, entre otros. No puede ser a través de una jueza, vía Poder Judicial”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La medida cautelar fue emitida por la jueza Eresmilda Román Paiva, a favor de la Universidad Autónoma San Sebastián, pese a no tener la habilitación del Cones como ente rector. “Vamos a dar un mensaje a todos los jueces para que no se presten a este tipo de solicitudes por parte de las universidades, que no haya esa ligereza de acompañar estos pedidos”, indicó.
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Asimismo, afirmó que la jueza posee varios causales de mal desempeño en sus funciones. “En este caso ella generó la medida cautelar y luego se declaró incompetente, tiene demasiado causales de faltas la jueza a la par de que está medida cautelar está totalmente injustificada. En nuestra administración vamos a tomar todos los recaudos para que esto no se pueda concretar (habilitación irregular de carreras vía medida cautelar). Este no es el camino y tomaremos las acciones”, comentó.
Mora lamentó que esta situación sea una práctica constante por parte de los jueces, detallando que existen aproximadamente entre 17 a 20 medidas cautelares irregulares que se encuentran en funcionamiento en su mayoría a favor de las llamadas universidades de garaje.
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Piden desestimar denuncia contra exsenadora Kattya González
Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y Francisco Cabrera solicitaron la desestimación de la denuncia por supuesto tráfico de influencia, estafa y producción de documentos no auténticos, que se había presentado contra la exsenadora Kattya González y sus exasesores. Los representantes del Ministerio Público mencionaron que la exparlamentaria no ha cometido ningún hecho punible.
Ahora el juzgado de garantía tendrá que estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así será el fiscal General del Estado quien dictamine si corresponde que la investigación siga su curso o se archive.
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De acuerdo a la denuncia que se había presentado, Kattya González en su rol de senadora, habría ayudado a José Luis Torales fin de que el mismo siga recibiendo su salario del Congreso (donde estaba comisionado, siendo funcionario de la Contraloría) mientras se dedicaba a actividades partidarias, llegando incluso a solicitar su traslado definitivo a la Cámara de Senadores, para así evitar que este fuera destituido en el marco del sumario administrativo instruido por la Contraloría.
Los denunciantes mencionaron en su momento que una de las comisiones firmadas por Kattia González, señala que los días 7 y 8 de diciembre 2023, Torales realizó actividades ejecutadas en el marco de una jornada laboral normal, pero ambos días fueron asueto y feriado respectivamente, lo que configuraría el hecho punible de producción de documentos públicos de contenido falso.
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PGR y Cones denuncian ante el JEM a jueza que otorgó medida cautelar a universidad privada
El procurador general de la República, Marco Aurelio González y el presidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), Federico Mora, presentaron este martes la acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) contra la jueza de Itakyry, Eresmilda Román Paiva, quien otorgó una medida cautelar irregular por la cual se habilitaba la carrera de Medicina en una universidad privada en Ciudad del Este, Alto Paraná.
En comunicación con el diario La Nación/Nación Media, el procurador Marco Aurelio González explicó que la jueza Román que se había declarado incompetente, emitió la medida cautelar para habilitar la carrera de medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián, en Ciudad del Este.
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“Esta es una decisión que no podía hacer porque esto es una competencia exclusiva del Cones. Además de eso, otorgó la medida cautelar sin que se cumplieran con todos los requisitos que debe de tener para habilitar una carrera”, mencionó.
Señaló que hay observaciones del Cones que señalan que este pedido de habilitación no cumple, ni en su dimensión jurídica, ni de estructura, ni en la dimensión técnica con los requisitos que se exigen para la habilitación de una carrera.
“Es decir, con una medida cautelar no solo se está poniendo en juego la calidad de la educación de los jóvenes, sino además la calidad de la salud de la población”, acotó.
El procurador señaló que la citada universidad privada cuenta con habilitación de ciertas carreras en algunas localidades del país. Indicó que hay denuncias, incluso en la Contraloría General de la República, que esta universidad estaba ofertando la carrera de Medicina al público, sin estar habilitada.
“Ahora mismo, la carrera de Medicina de esta universidad privada no debería estar funcionando en Ciudad del Este, y si es que está funcionando, va ser un hecho muy grave. Ahora, la denuncia que presentamos ante el JEM es contra la jueza de Ytakyry, porque la resolución de ella ya fue revocada por la Cámara y también se rechazó el amparo por la jueza que se declaró competente”, precisó.
El procurador general señaló que ahora esperan que el JEM incluya esta denuncia, en su próxima sesión, que está prevista para este jueves, y espera que allí sea tratada. Mencionó que la jueza Román Paiva se expone desde una amonestación hasta la expulsión.
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Armas del crimen organizado fueron donadas a la Policía Nacional y a las FF. AA.
En el transcurso de este martes, en la sede de la Agrupación Especializada se concretó la entrega del arsenal de armas largas y cortas que fueron incautadas en el país, durante el operativo Dakovo, lanzado el pasado 5 de diciembre de manera conjunta en Paraguay, Brasil y Estados Unidos, logrando desbaratar una estructura de tráfico internacional.
“Este día es bastante significativo y especial, en el sentido de tener a disposición las armas que servirán para seguir con esta lucha bastante sostenida que se tiene contra el crimen organizado y la delincuencia. Tengan la certeza de que estas armas serán bien utilizadas y esto es el preludio de lo auspicioso que es el futuro a corto plazo en cuanto al fortalecimiento de la seguridad”, indicó el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.
Las afirmaciones de Benítez surgen teniendo en cuenta que el gobierno de Santiago Peña prevé invertir un total de USD 92 millones para incorporar equipamientos, móviles, logística y tecnología. A partir de este año se aguardan 5.000 nuevos agentes, que pasarán a reforzar las filas policiales y se precisará de equipos, además de los beneficios estipulados en la nueva Carta Orgánica de la Policía, de manera a dignificar su labor.
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“El futuro es muy auspicioso no solo para la Policía Nacional, sino para toda la población que espera mucho de su policía. No estamos satisfechos, el presidente Peña fue bastante claro en ese aspecto en cuanto al ámbito de la seguridad, es una situación pendiente. Estamos haciendo el mayor esfuerzo para mejorar las cosas”, sostuvo Benítez.
Antecedentes
Las 2.300 armas fueron incautadas de la empresa International Auto Supply (IAS), asentada en la ciudad de Asunción, propiedad del argentino Diego Hernán Dirísio y su esposa Julieta Nardi. Ambos ya se encuentran en manos de la justicia, tras ser detenidos en febrero pasado en Buenos Aires.
Por este operativo también fueron demorados exmilitares, militares en ejercicio y exdirectores de la Dirección de Material Bélico (Dimabel). De acuerdo a la publicación periodística del medio de comunicación brasileño Globo, Dirísio es conocido como el presunto “mayor contrabandista de armas de Sudamérica”, al develar que sus negocios movilizaron 43.000 armas en los últimos tres años, por valor de 240 millones de dólares, para facciones criminales brasileñas como el Primer Comando Capital (PCC) y Comando Vermelho.
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