La citada entidad bancaria transfirió la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial abierta en la causa penal contra Miguel Zaldívar.

El juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú, tiene vía libre para embargar los bienes del banco Atlas en el marco del proceso penal por presunto lavado de dinero que enfrenta Miguel Ángel Zaldívar, presidente de la entidad bancaria, tras la denuncia realizada por la Confederación Sudameri­cana de Fútbol (Conmebol).

Otazú ordenó el pasado 29 de mayo que el banco Atlas transfiera la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial habilitada para el proceso penal en el Banco Nacional de Fomento (BNF). La enti­dad bancaria ya informó al juzgado que hizo efectiva la transferencia del dinero. Con este paso, el magis­trado puede proceder al embargo del dinero deposi­tado, monto que pasará a ser administrado por la Secre­taría Nacional de Adminis­tración de Bienes Incauta­dos y Comisados (Senabico).

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, se refirió al embargo preventivo sobre los fondos del banco Atlas. “La Fiscalía pidió el embargo de determinados mon­tos sobre el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comiso especial o la privación de beneficios en materia de lavado de activos. La acusación fiscal atribuye concretamente que el banco Atlas obtuvo beneficios ilí­citos a través de estas ope­raciones, y el Código Penal obliga a privar de esos bene­ficios ilícitos”, afirmó Lovera en una entrevista para el pro­grama “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Además de Zaldívar, han sido acusados en este pro­ceso: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Ángel Páez Corvalán, entre otros.

La Conmebol busca recupe­rar al menos USD 15 millo­nes que el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz des­vió de la institución hacia la entidad financiera, pro­piedad de la familia Zucco­lillo. Según el acta de impu­tación, Leoz realizó en 2013 depósitos en dólares y gua­raníes, además de firmar contratos de fideicomisos por USD 5,1 millones más G. 16.000 millones, y otros contratos por USD 2 millo­nes y G. 22.000 millones.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Con­mebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel Ángel “Miki” Zaldívar.

“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de acti­vos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas opera­ciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documen­tos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herra­mientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas”, explicó Lovera.

El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la Sala Penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.

El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó la habilitación del Servicio de Atención Integral al Adolescente del Hospital Regional de Encarnación, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a servicios de salud especializados para jóvenes del departamento de Itapúa y zonas aledañas.

Desde la Presidencia de la República, destacaron que la incorporación de este nuevo espacio forma parte de los esfuerzos impulsados por el Gobierno del Paraguay para fortalecer la red pública de salud y brindar una atención diferenciada a adolescentes, considerando las necesidades específicas de esta etapa de la vida.

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Señalan que el nuevo servicio permitirá brindar una atención integral a adolescentes, incorporando un enfoque multidisciplinario que contempla aspectos físicos, emocionales y sociales, contribuyendo a una mejor calidad de vida y al acceso oportuno a prestaciones de salud.

Mencionaron que la habilitación de este espacio se suma a las inversiones realizadas por el Gobierno para fortalecer la infraestructura sanitaria, ampliar la cobertura de servicios especializados y acercar respuestas a necesidades puntuales de la población.

La ministra de Salud Pública, María Teresa Barán, destacó que la puesta en funcionamiento de este servicio representa un avance importante para la atención de los adolescentes, reafirmando el compromiso institucional de seguir fortaleciendo los espacios destinados a este sector.

Agregó que iniciativas como esta permiten acercar servicios especializados a los jóvenes y consolidar una atención más integral dentro de la red pública de salud. “El Gobierno del Paraguay continúa impulsando acciones orientadas a garantizar una atención de calidad, con mayor cobertura y acceso oportuno a los servicios sanitarios para todos los paraguayos", resaltó.

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El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó la inauguración del cuarto Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) “Semillas del Futuro”, en el barrio San Francisco de la ciudad de Cambyretá, en el departamento de Itapúa. Este proyecto forma parte del Programa Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia impulsado por el Gobierno del Paraguay.

“Estamos dando un paso más en la ciudad de Cambyretá, donde venimos a reafirmar el trabajo que estamos haciendo desde el Gobierno nacional, la de apostar a la descentralización”, fueron las palabras del presidente Peña durante su discurso.

El mandatario destacó que este programa responde a una política pública impulsada desde su Gobierno para la atención a la primera infancia, una apuesta a la formación de los niños para el futuro y el apoyo a las familias vulnerables para dar oportunidad a los padres y madres de trabajar mientras sus hijos se encuentren en un lugar seguro.

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“Este es un programa es una política pública que va mucho más allá que lo que hoy estamos viendo, esto es realmente algo maravilloso, es hermoso, pero la fuerza que tiene supera ampliamente la belleza de este centro, esto tiene el poder de transformar el Paraguay, como el programa Hambre Cero que desde el Gobierno nacional llevamos adelante”, apuntó.

Este centro recibirá a niños desde los 3 meses hasta los 4 años de edad, que accederán servicios especializados, atención temprana y espacios seguros para el desarrollo infantil.

El espacio cuenta con infraestructura moderna especialmente diseñada para el bienestar de los niños y sus familias. Dispone de amplias salas de atención, consultorios médicos, comedor, sala de lactancia equipada y climatizada, dependencia del Registro Civil, sala de monitoreo y un parque inclusivo que garantiza espacios de recreación accesibles y seguros.

Por otra parte, el presidente Peña se refirió a la descentralización del Estado, y el CAIPI es uno de los proyectos con este fin. “Yo sé que muchos cuestionan que el Gobierno nacional no hace todavía todo lo necesario, y es cierto, todavía nos falta muchísimo, pero puedo mirarles con muchísimo orgullo y con el pecho inflado decir que soy el presidente de la República que más ha hecho por la descentralización en la República del Paraguay”, expresó.

Peña expuso además: “este Paraguay, que es un gigante que está despertando, este gigante no despierta en Asunción, este gigante no despierta en el departamento Central que alberga a la mayor población del Paraguay, este gigante despierta cada mañana en cada uno de los rincones, en cada uno de los 263 distritos del Paraguay, en cada uno de los barrios, en cada una de las compañías, este gigante despierta cada mañana en cada una de las familias”.

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Recientemente, la Contraloría General de la República presentó el informe conclusivo del estu­dio de correspondencia de bie­nes del presidente Santiago Peña cuyo resultado fue consistente con relación a sus ingresos. Vale decir que el proceso del análisis corrió con celeridad debido a la trazabilidad, la transparencia en la dispo­nibilidad de los documentos para la con­firmación de los datos.

La eficiencia en la investigación sobre los bienes del presidente Peña se debe a la voluntad que el mandatario tuvo de ponerse a disposición de la Contraloría, como lo hace cualquier persona que no tiene qué esconder. No es el mismo caso que el expresidente Mario Abdo Benítez, cuyo patrimonio acumulado no puede ser analizado en su magnitud debido a las maniobras administrativas que mantiene en la oscuridad la realidad sobre su for­tuna.

Hace 3 años que el análisis patrimonial al expresidente Abdo se encuentra estan­cado porque las instituciones de con­trol no logran consensuar estrategias en la obtención de las documentaciones que den luz sobre su fortuna. Lo cierto y contundente es que las distribuidoras de asfalto de Abdo, Aldia SA y Createc SA experimentaron volumen de ganan­cias que nunca obtuvieron, durante el gobierno de su mayor accionista.

El contundente informe preliminar del estudio de correspondencia de la Contra­loría confirmó que las utilidades de las mencionadas empresas de Abdo aumen­taron 70 veces durante su administra­ción. Sin embargo, estas ganancias están muy bien cubiertas que se desconoce a ciencia cierta el destino de las mismas.

A diferencia de Peña, el expresidente Abdo dificultó la tarea a la Contraloría al punto que el ente de control se declaró con limitaciones para hallar la forma en que las empresas del exmandatario acu­mularon incremento de hasta 6.110 % anual y el destino que dieron a esta for­tuna.

La Contraloría tuvo que remitir el informe preliminar del examen de corres­pondencia de bienes de Abdo al Ministe­rio Público para que esta institución, en el marco de sus atribuciones pueda inda­gar cómo las empresas de Abdo ganaron USD 45 millones de los cuales el 90 % se consignaron en fondos de reserva de los cuales existen muchas dudas.

¿Qué es lo que tanto le acompleja al expresidente Abdo de la fortuna que acu­muló a través de sus distribuidoras de asfalto? ¿Por qué tantas inconsistencias en los estados financieros de sus empre­sas?

Todo el país sabe que Abdo se escondió detrás de su hijo a quien puso como apo­derado de sus empresas durante los cinco años que gobernó, periodo en el que estas firmas tuvieron utilidades como nunca.

La sospecha que gira en torno a los fondos de reserva operativa no termina de acla­rarse. Del 90 % de utilidades que se con­signaron bajo este concepto, 66 % equiva­len a la cuenta de deudores por ventas.

Lo más llamativo, según el informe pre­liminar de Contraloría, es que estas deu­das registradas en los estados financieros de ambas firmas son muy superiores al detalle de las cuentas pasivas declaradas por sus clientes, en algunos casos hasta inexistentes,

Son demasiadas inconsistencias, manio­bras administrativas en el movimiento comercial de las empresas de Abdo que, con la burocracia de las instituciones dilatan la verdad sobre sus facturaciones.

El expresidente que hace chistes sobre la situación económica de sus adversarios políticos no tiene mucha altura moral para ironizar, puesto que el arrastra sos­pechas y dudas sobre su patrimonio desde hace varios años.

Las instituciones todavía no han dado su veredicto de si Abdo se enriqueció licita o ilícitamente.

No existe hasta ahora un dictamen o investigación concluida que lo declare inocente con relación a las multimillona­rias ganancias de sus empresas en tiem­pos que él era presidente.

Mientras que Abdo no esclarezca la riqueza acumulada a través de sus empre­sas durante su gobierno no tiene el dere­cho de señalar a otros. Su obligación es transparentar lo que amasó en los tiem­pos que ejerció el cargo que le encomendó la ciudadanía y las instituciones deben actuar con más celeridad en dar luz a este suspicaz caso.