Una comitiva fiscal-policial realizó un allanamiento en una escribanía en la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay), en el marco de las investigaciones vinculadas a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes.

El procedimiento es encabezado por el fiscal Andrés Arriola y se busca obtener evidencias sobre presuntas operaciones ilícitas ante sospechas de que dicho local podría contar con documentos importantes.

Te puede interesar: Día Nacional del Trasplante: piden ser agradecidos con los donantes

Agentes de la Unidad Especial de Inteligencia Sensible, Antinarcóticos y Hechos Conexos se sumaron a la intervención. Los intervinientes sospechan que la escribanía podría contar con evidencias sobre las presuntas operaciones ilícitas.

Se procedió a la revisión de archivos, registros y algunos documentos con el fin de incautar cualquier prueba que pueda ser añadida a la carpeta fiscal. Así también las documentaciones servirán para determinar la trazabilidad de los bienes del investigado y su posible conexión con organizaciones delictivas.

Según los antecedentes, Eulalio Gomes, abatido durante un allanamiento policial y judicial realizado el 22 de agosto del 2024 en su domicilio en Pedro Juan Caballero (PJC), tenía denuncias por supuestos vínculos con el crimen organizado.

Leé también: Un corazón para Bianca: padres piden campañas masivas para concienciar sobre donación de órganos

La Policía Nacional logró la captura de Jorge Giovanny Rodríguez (23), alias “Bizcocho”, sindicado como jefe de un grupo dedicado al microtráfico de drogas en La Chacarita, más conocido como “la banda del yogurt”.

La detención se concretó durante un control en el Bañado Sur, a cargo de agentes del Grupo Lince. El joven fue aprehendido en la vía pública, frente a su vivienda, informaron los intervinientes. El mismo cuenta con antecedentes por homicidio doloso.

Te puede interesar: Padre de víctima fatal de accidente quiere intervenir como querellante

El nombre de Jorge Giovanny saltó en el marco del “Operativo Dominatus” ejecutado luego de una larga investigación fiscal-policial que se inició tras la incautación de teléfonos celulares en el año 2023 a adolescentes que viven en el barrio Ricardo Brugada. Este procedimiento permitió la detención de integrantes de las pandillas que operaban en esta zona de la capital del país.

El pasado 27 de junio, la jueza Rosarito Montanía dispuso la prisión de siete detenidos en el marco de la operación Dominatus y declaró la rebeldía de Jorge Giovanny, jefe de la banda criminal denominada “Yogurt” que mantenía en zozobra a los pobladores del populoso barrio de la Chacarita.

“Bizcocho” fue imputado por transgresión a la Ley Número 4036/2010 y por asociación criminal (artículo 239 del Código Penal).

Según las investigaciones, mediante plataformas digitales habría tenido contacto con personas interesadas en compras de armas de fuego y municiones.

Leé también: Aseguran que el Gobierno asiste a las comunidades indígenas

El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Juan Ramón Benegas, aseguró que regularmente se asiste a las comunidades indígenas, acorde a las prioridades definidas por la mesa técnica conformada en abril tras la última gran movilización de los nativos hacia Asunción.

“Llegaron en forma masiva totalizando la cantidad de 750 indígenas apostados en el Indi, lastimosamente para la incomodidad de la gente asuncena hoy día amanecieron bloqueando la avenida Artigas. Según el parte policial, ellos vienen por la destitución, pero son comunidades a las que se les está asistiendo permanentemente”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Dijo que todas las reivindicaciones del sector están siendo atendidas, después de la movilización hecha en abril, ocasión en que se instaló una mesa técnica liderada por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS).

“Justamente obra en nuestro poder una planilla de actualización del plan de trabajo que se ha trazado. Hay algunas actividades que sí pueden ser solucionadas de inmediato, pero hay algunas que no por ejemplo el tema camino en comunidades grandes. Se necesita de presupuesto, llamar a licitación y eso lleva su tiempo”, remarcó.

Te puede interesar: Iglesia recuerda los diez años de la visita del papa Francisco al Paraguay

Algunos reclamos de las comunidades se refiere a la provisión de servicios básicos como agua y electricidad. En este punto, Benegas manifestó que el Indi y la Administración Nacional de Electricidad (Ande) están trabajando coordinadamente para “atender por etapas” los requerimientos de los nativos.

“O sea que la mesa que se instaló en aquella oportunidad conforme al acuerdo firmado sí está vigente y se está trabajando. Llevaron cuatro semanas para diagnosticar en las comunidades después de aquella llegada de ellos a Asunción. Y a partir de ahí ya articulamos con las instituciones públicas para ir llegando a las comunidades”, subrayó.

Leé también: Padre de víctima fatal de accidente quiere intervenir como querellante

El kilómetro 171 del río Paraná Guazú, zona conocida como Lote Hidrovía Sur, un área en la que, hace más de tres décadas los buses marítimos hacen sus cargas y descargas, es la afectada por la suspensión de transbordo de combustible, según comunicó a Dirección General de Aduanas (DGA) de Argentina.

“Se va a tardar más porque se va a usar un solo lado, y eso es un costo, aproximadamente 2 dólares por m3. Amén de eso, la capacidad es limitada, y van a tener que esperar mucho. Vamos a tener un sobrecosto muy grande”, explicó el presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, Julio César Vera, en una entrevista con el canal Gen/Nación Media.

El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, informó este lunes sobre hallazgos de firmas de contratos en este primer semestre del año que llamativamente cuadruplican los montos a semestres similares en años anteriores.

En conferencia de prensa, Ramírez explicó que en este primer semestre del 2025, durante la gestión municipal de Miguel Prieto, se encontraron documentos que confirman la adjudicación de contratos por más de 30.700 millones de guaraníes.

El paraguayo Ramón Sosa (s5) firmará con el poderoso Palmeiras de Brasil. Según avanzó el gurú deportivo Fabrizio Romano, el Nottingham Forest de la Premier League y el conjunto paulista entraron en sintonía por la ficha del jugador de la Albirroja, que vuelve a Sudamérica por unos 14 millones de dólares para las arcas del club inglés.

Tras dejar Talleres de Córdoba, el oriundo de Maracaná, departamento de Canindeyú, duró una temporada en el máximo escenario del fútbol mundial. Se despide del Forest con 23 partidos, 3 goles y una asistencia, entre todas las competencias.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ratificó nuevamente en señalar al narcotraficante uruguayo prófugo Sebastián Marset como uno de los principales responsables del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, indicando que contó con el apoyo de una organización criminal trasnacional que autodenomina como la “Junta del Narcotráfico”, para ordenar el asesinato perpetrado el 10 de mayo de 2022 en isla de Barú, Cartagenas, en el territorio colombiano.

Durante un acto oficial de posesión de un magistrado de la Corte Constitucional, el pasado 3 de julio en Bogotá, el mandatario relató un presunto complot para atentar contra su vida hace un año por exponer a Marset y se explayó sobre la red criminal que también integraría Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, comandante de la ex-FARC Mafia y de la mayor facción disidente, el Estado Mayor Central (EMC).

En el marco de la operación Nueva Alianza 51, en la que colaboran la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), el Ministerio Público y el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), junto con efectivos de la Policía Federal del Brasil, se cerró la séptima jornada de incursiones en el departamento de Amambay. Los procedimientos tienen como objetivo la localización y destrucción de cultivos ilícitos de marihuana.

Según el informe oficial de las autoridades paraguayas, en total fueron erradicadas 208 hectáreas de cultivos de marihuana, lo que equivale a unos 624.000 kilos de droga (624 toneladas) en etapa de crecimiento. Además, se procedió a la destrucción de 69 campamentos narcos y la incineración de más de 24.000 kilos de marihuana ya procesada para su distribución.

Este lunes se inició el juicio oral y público a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, acusado junto a otras 17 personas en la causa a Ultranza Py, vinculada al narcotráfico. Pese a que la defensa de Insfrán solicitó suspender la audiencia, la misma comenzó hoy y continuará el lunes 14 de julio.

El tribunal de sentencia está conformado por los jueces Dina Marchuk, Federico Rojas y María Luz Martínez. Entre los encausados se encuentra también el exdiputado Juan Carlos Ozorio.