El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, se reunió ayer martes con represen­tantes de los gremios docen­tes para avanzar a un acuerdo en el marco del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que cuenta con media sanción de Diputados y está a la espera de su tratamiento en el Senado. Participaron de esta reunión Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP); Gabriel Espínola, de la OTEP-A (Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay); Blanca Ávalos y Rafael Resquín (OTEP–SN).

“Nos vamos esperanzados en que la gestión que haga el vice­presidente tenga un impacto positivo. Todos hemos acor­dado que este parche que hoy se hace, que no es realmente una reforma integral, que trabajemos posteriormente sobre eso, para que sea lo menos traumático para el sec­tor”, refirió Rafael Resquín, tras concluir esta reunión.

Los representantes de los gremios docentes presenta­ron su propuesta al vicepre­sidente, y también acercarán el documento a la Cámara de Senadores, donde ayer mar­tes se desarrolló también una reunión conjunta las comisiones de Hacienda y de Legislación para tratar el proyecto de reforma.

Sobre los cambios planteados, habló Gabriel Espínola de la OTEP-A: “Nuestro plantea­miento se basa en tres ejes, 25 años de aportes con 80 % de retorno, 30 años de aporte con 90 % de retorno y 35 años de aporte con el 100 % de retorno. En parte hemos tomado lo que el Ministerio de Econo­mía planteó en su momento, a esto le agregamos la necesi­dad de incorporar o reincor­porar de la normativa actual la jubilación extraordinaria por enfermedad, el aporte patro­nal que debe ser del 14 %”.

Agregó que dentro de las cajas existentes en el país, la Caja Fiscal es la única que no recibe aporte de la patronal ni del Estado, y se plantea que el aporte del trabajador sea del 16 % “y no que se produzca una confiscación del salario del docente con el 19 %, más 5,5 % que es el aporte del IPS para la atención médica”. Además, expuso que están abiertos para entrar en la discusión de una reforma integral de la seguri­dad social de manera progre­siva y gradual.

Por su parte, el representante de la FEP, Silvio Piris, indicó que asistieron a esta reunión que fue convocada por el pro­pio vicepresidente para tra­tar de llegar a un acuerdo. “Le manifestamos, junto con los compañeros, que si se hubiese hecho este tipo de reuniones quizá no teníamos el conflicto que tenemos, y creo que fue muy fructífera la reunión, le presentamos nuestra pro­puesta y quedó en analizarla y enviar al Ministerio de Eco­nomía, hablar con los senado­res y posteriormente respon­der eso”, detalló.

Ayer martes se desarrolló la reunión de la Comisión de Hacienda del Senado, presidido por Silvio Ove­lar, quien dijo estar opti­mista para llegar a un con­senso con gremialistas. “Es la tercera reunión, una reunión importante donde los gremios sentaron una posición y el ministro de Economía va a ir anali­zando, yo tengo un razona­ble optimismo que pode­mos llegar a un acuerdo, a un consenso importante. De lo que fue la fecha de tratamiento en la Cámara de Senadores, de ese día martes a hoy, creo que hubo avances importan­tes”, señaló.

Los principales gremios del país plantean una reforma bastante más opuesta a la que pretende el Poder Ejecutivo. La primera propuesta es elevar el aporte estatal del 3% al 14 %, y que arranque de manera gradual 7 % en 2027 y 7 % en 2028, para que en el 2029 sea fijo ya el 14 % anual. Sobre la edad mínima, por un lado hay un sector de los gremialistas que no quiere establecer una edad mínima, aunque los voce­ros de los docentes admitie­ron que sobre ese punto se sigue negociando, pero no hay ningún tipo de acuerdo aún. En relación a otros aspectos clave, la idea es que los docen­tes aporten 25 años de servicio (con 80,% de tasa de retorno), 30 años de servicio (90 % de retorno), y 35 años de servicio (100 % de retorno). La decisión está en manos del Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, dijo que el Gobierno sigue dispuesto a negociar con los gremios.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, acudió nueva­mente ayer ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto y la Comisión de Legislación, de la Cámara Alta, con el fin de seguir el debate sobre la reforma de la Caja Fiscal, impulsada por el gobierno de Santiago Peña.

“Nosotros estamos abiertos a los cambios, pero tienen que ser sostenibles. Si toca­mos algo debemos ver otras cuestiones en compensación, de tal manera a ir cerrando el agujero”, dijo Fernández Val­dovinos en una entrevista con los medios de comunicación.

No obstante, el alto funcionario de Estado manifestó que para el Ejecutivo es innegociable que no se fije una edad mínima para la jubilación. “Tenemos que tenerlo, no podemos seguir con el esquema anterior que ya no es sostenible”, refirió a los medios de comunicación.

Respecto a la propuesta apro­bada en la Cámara Baja, el pasado 5 de febrero dijo: “La verdad que, técnicamente, el proyecto aprobado en Dipu­tados me satisface completa­mente, porque es muy pare­cido al impacto del proyecto que envío el Ejecutivo, pero yo soy optimista siempre que con el diálogo se pueden con­seguir varias cosas”.

Agregó que “el Senado es soberano, yo no puedo decir a los parlamentarios para que voten de tal manera”. Sus afir­maciones surgen teniendo en cuenta que un grupo de Dipu­tados realizó lobby semanas atrás en el Ejecutivo para lograr la sanción del proyecto de ley que es rechazado por los docentes, las fuerzas públicas y magistrados judiciales.

El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, se reunió este martes con representantes de los gremios docentes para avanzar a un acuerdo en el marco del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, que cuenta con media sanción de Diputados y está a la espera de su tratamiento en el Senado. Participaron de esta reunión, Silvio Piris, de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP); Gabriel Espínola, de la OTEP-A (Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay); Blanca Ávalos y Rafael Resquín (OTEP–SN).

“Nos vamos esperanzados en que la gestión que haga el vicepresidente tenga un impacto positivo. Todos hemos acordado que este parche que hoy se hace, que no es realmente una reforma integral, que trabajemos posteriormente sobre eso, para que sea lo menos traumático para el sector”, refirió Rafael Resquín, tras concluir esta reunión.

Los representantes de los gremios docentes presentaron su propuesta al vicepresidente, y también acercarán el documento a la Cámara de Senadores, donde este martes se desarrolló también una reunión conjunta las Comisiones de Hacienda y la de Legislación para tratar el proyecto de reforma.

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Sobre los cambios planteados, habló Gabriel Espínola de la OTEP-A: “Nuestro planteamiento se basa en tres ejes, 25 años de aportes con 80 % de retorno, 30 años de aporte con 90 % de retorno y 35 años de aporte con el 100 % de retorno. En parte hemos tomado lo que el Ministerio de Economía planteó en su momento, a esto le agregamos la necesidad de incorporar o reincorporar de la normativa actual la jubilación extraordinaria por enfermedad, el aporte patronal que debe ser del 14 %”.

Agregó que dentro de las cajas existentes en el país, la Caja Fiscal es la única que no recibe aporte de la patronal ni del Estado, y se plantea que el aporte del trabajador sea del 16 % “y no que se produzca una confiscación del salario del docente con el 19 %, más 5,5 % que es el aporte del IPS para la atención médica”. Además, expuso que están abiertos para entrar en la discusión de una reforma integral de la seguridad social de manera progresiva y gradual.

Por su parte, el representante de la FEP, Silvio Piris, indicó que asistieron a esta reunión que fue convocada por el propio vicepresidente para tratar de llegar a un acuerdo. “Le manifestamos, junto con los compañeros, que si se hubiese hecho este tipo de reuniones quizá no teníamos el conflicto que tenemos, y creo que fue muy fructífera la reunión, le presentamos nuestra propuesta y quedó en analizarla y enviar al Ministerio de Economía, hablar con los senadores y posteriormente responder eso”, detalló.

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El gobierno dispuso medidas especiales de seguridad interna y se encuentra en alerta ante la coyuntura internacional y el conflicto bélico en Medio Oriente.

El operativo es liderado por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional para garantizar el resguardo ante eventuales amenazas en embajadas, sinagogas y colegios, así como en la zona de la Triple Frontera.

En diálogo con La Nación/Nación Media, Denis Romero Roa, asesor de Comunicaciones del Ministerio del Interior explicó el alcance de la disposición gubernamental.

“El Ministerio del Interior a través de la Policía Nacional ha implementado un dispositivo de seguridad a nivel nacional, en la embajada de Israel, en las sinagogas, en los colegios y en las sedes de los países aliados”, refirió.

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Explicó que “la medida responde a una línea de acción regional ante el actual escenario de tensión internacional”.

Es así que se activaron los protocolos para garantizar el resguardo interno y mantener el estado de alerta permanente.

“Este dispositivo de seguridad es de carácter nacional, copiando las medidas de los demás países de Latinoamérica”, puntualizó.

Así también, se estableció un control migratorio en la Triple Frontera.

“Se coordinó con el Departamento de Migraciones y también la Policía Nacional que están haciendo un control no así extenso, pero sí está en estado de alerta pasivo, donde estamos controlando los principales ingresos al país”, remarcó.

Aclaró que estas medidas se activaron desde el momento en que se desató el conflicto en la zona del Golfo Pérsico.

“El ministro del Interior dio la autorización a través del minuto uno, o sea cuando empezaron los conflictos. Se mantuvo en un perfil bajo, no se hizo ningún comunicado referente por parte del Ministerio del Interior, sino que se tomó como algo operativo, proteger y tratar de poner dispositivos de control en todos los lugares ya sea embajadas, colegios, tanto de Israel como de los países aliados”, enfatizó.

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El asesor económico Juan José Galeano confirmó que se crearon 242.000 nuevos empleos, de los cuales solo 18.000 corresponden a incorporaciones en el sector público. Aclaró que estas contrataciones públicas corresponden al personal de salud, policías y reposición por jubilaciones.

“Si miramos el último año vemos que del total de nuevos ocupados, 18.000 corresponden al sector público según los datos del INE. Esto, explicado principalmente por la incorporación de nuevos policías, personal de blanco en los dos grandes hospitales que se inauguraron durante este gobierno. Y también una reposición natural de personas que se van jubilando”, señaló a la 1020 AM.

Puntualizó que en el caso de las incorporaciones de trabajadores en el marco del programa “Hambre Cero” son privados. “Y ahí al cierre del año pasado tuvimos cerca de 23.000 nuevos empleos, especialmente relacionados a la parte de las cocineras, la limpieza. Todo eso corresponde al sector privado”, remarcó.

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En el sector de la construcción incluyen obras públicas y privadas. “Y también un componente que está teniendo mucho movimiento, que es la construcción de viviendas. Según datos del Ministerio de Urbanismo se han gestionado más de 44.000 viviendas en estos años, de los cuales cerca de 30.000 ya se han entregado”, detalló.

El ministro resaltó que con el programa “Che Róga Porã 2.0 genera una cadena de valor muy importante porque además de la contratación directa de personal de albañilería también está el encadenamiento productivo.

“Estamos hablando de oleros, camioneros, electricistas, plomeros y todo eso genera un dinamismo que hoy se ve en la construcción de viviendas. Y me mencionaba hace poco el ministro Baruja que justamente ellos ya están teniendo incluso problemas en la contratación de personal para trabajar en la construcción de viviendas”, expresó.

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