La Policía Nacional encontró el cuerpo de Gimelda Gamarra, de 82 años, en una vivienda de Ypané. La mujer es la hermana del conocido comisario retirado Antonio Gamarra. La vivienda de la víctima está ubicada sobre la calle Bernardino Caballero de la ciudad mencionada. El crimen se habría producido el sábado en horas de la tarde o noche, de acuerdo a los investigadores.
El principal motivo del hecho podría ser el robo, debido a que los delincuentes se llevaron una camioneta de la marca Toyota, dos televisores y otros objetos más, según el informe preliminar de la Policía.
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Jorgelina Gamarra, hermana de la fallecida, señaló que su hermana estaba en un charco de sangre. Agregó que les llamó la atención que no participó de un evento familiar “y tampoco se comunicó con nosotros, por lo que vinimos a verle en su casa y nos encontramos con esta situación”, indicó.
Igualmente, varias dependencias de la Policía Nacional ya están investigando el lamentable caso. También ya intervino el Ministerio Público, que primero deberá realizar el levantamiento de cuerpo para luego disponer la realización de la autopsia para saber la causa de muerte.
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PJC: detienen a tres personas e incautan 108 dosis de cocaína tipo crack
La Policía Nacional, junto con el Ministerio Público, en el marco del operativo Sumar realizó un allanamiento en la ciudad de Pedro Juan Caballero y logró detener a tres hombres. Durante el procedimiento incautaron dosis de cocaína tipo crack que estaban fraccionadas como para la comercialización.
Según el reporte dado por los intervinientes el procedimiento se realizó durante la jornada de ayer sábado, en el barrio Genes del departamento de Amambay. La actividad se desarrolló tras una serie de denuncias como una investigación de agentes de la policía, que al comprobar el hecho solicitó apoyo a la Fiscalía.
Durante la intervención que enmarca dentro del Plan de acción Sumar, se logró detener a dos personas, que serían los que comercializaban la droga. Estos fueron identificados como Julio Cesar Valenzuela, de 24 años, Alfonso Javier Álvarez Giménez y Felipe Nery Benítez, de 63 años. Todos se encontraba dentro de la vivienda.
El más joven de los detenidos cuenta con antecedentes por robo agravado, tenencia de marihuana y homicidio doloso. Además, fue incautadas supuesta cocaína tipo crack distribuida en bolsitas de 25.81 gramos y en total se encontró 108 dosis, que estaban listas para la venta.
El procedimiento fue realizado por personal del departamento Antinarcóticos División Regional N° 03 Pedro Juan Caballero, bajo dirección del agente fiscal de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico de Amambay. Los detenidos junto con lo incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
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Ley de tobilleras electrónicas tiene 60 días para reglamentación y su aplicación
El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, explicó que con la promulgación de la ley de tobilleras electrónicas del Poder Ejecutivo existe un plazo de 60 días para su reglamentación y la organización de las instituciones involucradas para ser aplicada. En este tiempo también se debe definir el proveedor del sistema de monitoreo.
“A partir de esta ley se cuenta con 60 días para la reglamentación, de manera paralela se está viendo cuál es el sistema a ser implementado, atendiendo que hay una gran oferta en cuanto a los dispositivos de control electrónico, entonces se tiene ese tiempo para optar por una de esas opciones”, indicó en entrevista al programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
También se debe realizar la conformación de la oficina interinstitucional que estará integrada por representantes del Poder Judicial, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio Público, integrantes de la Defensa Pública. “Es una oficina que también debe ser integrada en este tiempo que tenemos para la organización”, indicó el comandante.
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¿Quiénes pueden acceder al dispositivo?
En cuánto a quiénes son los que podrán acceder al dispositivo de monitoreo, el comandante explicó que la aplicación dependerá de lo que dicte un juez y el procesado o condenado. Así también, la persona debe contar un contrato para costear, tanto el dispositivo como el mantenimiento del sistema.
“Las personas que, con base en lo que dicte el juez, van a poder acceder, tienen que tener en este caso la posibilidad de pagar por este servicio, de contar con este contrato, es un servicio de monitoreo, y también tiene que tener esa capacidad del pago por el mantenimiento correspondiente. Por un lado, el sistema de monitoreo y por otro lado el mantenimiento en sí”, señaló.
Ya en el caso que no pueda costear y existe la disposición del juez para que se utilice el dispositivo, también se dará el caso de que el Estado costee el sistema, para ello también se requiere de un certificado de insolvencia.
“También la ley establece que en caso de que las personas no tengan esa posibilidad de costear el costo del monitoreo y mantenimiento, las personas que se declaren insolventes lo van a hacer a través de un acta y a través de testigos calificados para que puedan certificar esa situación. En esos dos casos se puede acceder y siempre, por sobre todas las cosas, por decisión de un juez”, detalló.
Mientras tanto, sobre el costo de los dispositivos y su mantenimiento, aún no fueron establecidos, ya que dependerá del proveedor. “Estos 60 días nos va dar la posibilidad de que las personas que tengan a su cargo ver el sistema, la plataforma a ser elegida de eso va devenir el costo del monitoreo y el mantenimiento ateniendo a qué tipo de tecnología estamos accediendo”, sentenció.
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Detienen a dos ladrones de motos en Mariano Roque Alonso
Dos ladrones de motos fueron detenidos en Mariano Roque Alonso y se pudo devolver el biciclo a la víctima. Los delincuentes fueron sorprendidos por la Policía circulando en la motocicleta y al no acreditar la documentación pertinente fueron derivados hasta la comisaría local.
Júnior Bogado Vera de 24 años fue hasta la Comisaría 10.ª a realizar la denuncia de que le sustrajeron su medio de movilidad. Unas horas más tarde fueron aprehendidos Pedro Nicolás Ríos de 26 años y Éver Jonathan Giménez de 33 años. Ambos llegaron esposados a la sede policial en una patrullera junto con la moto robada.
El procedimiento fue encabezado por efectivos del Grupo Lince, quienes interceptaron a los sujetos para un control y ambos cayeron. Se comprobó que ambos tenían frondosos antecedentes penales. Pedro Ríos tiene procesos por tenencia sin autorización de estupefaciente, hurto agravado, reducción, entre otros.
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En tanto que Éver Giménez cuenta con causas judiciales por robo y hurto agravado. Ahora los dos ya están a disposición del Ministerio Público. Y el joven trabajador afortunadamente pudo recuperar su motocicleta, incluso con el casco, aunque no así la chapa que sigue en poder los criminales.
“Tuvimos una denuncia recibida en la comisaría por hurto de motocicleta y horas después el Grupo Lince que trabaja en apoyo a esta comisaría se encontraba realizando su recorrido pertinente. En una de esas visualiza una motocicleta de las mismas características”, relató Hugo Troche, subjefe de la Comisaría 10.ª de Mariano Roque Alonso a Unicanal.
Se procedió a la verificación, y como ambas personas no portaban las documentaciones requeridas, además contaban con antecedentes penales, los intervinientes no dudaron en apresar a los sujetos. “Una vez ya en la comisaría se procedió a verificar en el sistema donde se constata que dicha motocicleta es denunciada horas antes como hurtada”, dijo el policía.
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Promulgan ley de tobilleras, reforma de la Policía Nacional y normativa contra violencia en el fútbol
En conferencia de prensa desde Mburuvicha Róga se anunció que el Poder Ejecutivo promulgó tres leyes, la ley de las tobilleras electrónicas, la reforma de la carta orgánica de la Policía Nacional y una normativa contra la violencia en el fútbol. Desde el Ministerio del Interior celebraron este hecho, dado que representan legislaciones largamente anheladas.
“No es cosa de todos los días promulgar tres leyes, pero el presidente nos convocó para eso en razón de que las tres eran un reclamo nuestro. Tenemos ley nueva para la Policía, también la posibilidad de licitar las tobilleras y tenemos ley nueva para los partidos de este fin de semana, porque esto ya tiene promulgación directa a partir de su publicación”, expresó Enrique Riera, ministro del Interior.
Riera afirmó que la promulgación de la ley de organización y reforma de la Policía Nacional “es un salto gigantesco que vamos a dar en aras de la seguridad”, que se da luego un trabajo de seis años, tiempo en que fue ampliamente estudiada y debatida. La legislación que estaba vigente data de 1993, es decir, tiene 31 años y ya era momento de que fuera actualizada, expuso.
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“Incorpora la meritocracia para los ascensos, hace obligatorio el uso del polígrafo o test de integridad para todos aquellos que quieran ascender al rango de comisario general o tener responsabilidades mayores. Permite también un bienestar policial largamente reclamado por las fuerzas policiales, como el derecho del arraigo porque anteriormente no había posibilidad de que el policía trasladado al interior llevase a su familia”, refirió.
Asimismo, se crea el rango para la Dirección de Asuntos Internos, lo cual será clave para que esta dependencia deje de blaquear a otros agentes en el marco de las investigaciones internas, sostuvo el ministro. También el Ministerio del Interior podrá realizar denuncias y se podrá contar con jefaturas departamentales, lo que dará lugar a iniciar con una política criminal adecuada para cada región.
Tobilleras y normativa en el fútbol
“En la región, el Paraguay era casi de los únicos países que no tenía este dispositivo, esta ley tiene seis años de antigüedad, nunca fue reglamentada. Ahora ya estamos listos para licitar las tobilleras electrónicas en razón de 20 por mes, 100 hasta fin de año y hasta un máximo de 1.000 tobilleras que va a pagar el Estado, para no hacer diferencia entre privados de libertad ricos y pobres, sino sería una desigualdad inaceptable” anunció el secretario de Estado.
El presidente Santiago Peña también promulgó una normativa que castiga a la violencia que ocurre en contexto de encuentros deportivos. Mediante esta ley se avanzará en la validación de los que compran entradas, el reconocimiento facial a los que ingresan a los estadios y sanciones para aquellos que protagonicen hechos violentos dentro de las canchas.
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“Para dar la tranquilidad de que el que va con su familia, no está entre un narcotraficante y otro que tiene 10 órdenes de captura, establece sanciones duras con relación a las barrabravas que hasta ahora siguen siendo un problema, va a haber un registro de hinchas que han violado la ley, porque no son hinchas, son delincuentes. La idea es que se les prohíba acceder al estadio”, aseveró Riera.
Esta normativa cuenta con el apoyo de los clubes deportivos, del presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol (APF), Robert Harrison y el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, aclaró el ministro.