La Policía Nacional logró la detención de Ignacio Luis Ortigoza Samudio, extitular del Instituto Nacional del Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), quien estuvo prófugo de la Justicia durante más 6 años.

Ortigoza fue declarado en rebeldía y con orden de detención en el año 2019 y desde ese año estaba siendo buscado por varios casos de presunta lesión de confianza cometidas cuando el mismo era presidente del Indert.

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En enero de este año, la jueza Clara Ruiz Díaz reiteró su orden de captura en el marco de la causa que investigó el intento de venta de parte del predio del aeropuerto de Capitán Bado, Amambay, en el año 2012.

Asimismo, Ortigoza estaba siendo investigado por lesión de confianza en la compra de 5.743 hectáreas de tierra en Cordillera a la firma San Agustín, vinculada al exsenador Jorge Oviedo Matto. Las tierras fueron adquiridas por la entidad estatal por un monto de G. 46.884.846.163.

Del mismo modo, Ortigoza también fue indagado por la venta irregular de tierras en Alto Paraguay y así como la venta de la reserva del Mbaracayú.

Ahora Ortigoza deberá comparecer ante los juzgados penales de garantía donde se definirá si el mismo estará privado de su libertad.

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El comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez confirmó que alrededor de 1.000 oficiales y suboficiales se encuentran bajo sumario por diferentes hechos, entre ellos por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

“Hay un trabajo mucho más proactivo en estos tiempos de la Dirección General de Asuntos Internos que ha sido potenciado de una manera significativa y hace un trabajo mucho más proactivo”, expresó.

Se detectó la presencia de elementos contaminados en los cuadros policiales, ya sea por el crimen organizado o la delincuencia. “Si uno tiene cierta sospecha de ciertas operaciones desde la colección de datos hasta el operativo final en el terreno, puede tornarse dentro de lo que es una incertidumbre”, subrayó.

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“Entonces, lo que nosotros hacemos amén de que estos elementos contaminados representan una amenaza armada a la sociedad, obviamente. También representan una amenaza para el personal policial activo”, añadió.

El comandante Benítez afirmó que estos personales pueden filtrar información o frustrar operaciones. “En el peor escenario es someter a una emboscada al propio camarada. Es un elemento bastante sensible y bastante peligroso dentro de las instituciones policiales. Por eso hay como 1.000 sumariados”, manifestó a Unicanal.

Detalló que dentro de estos policías sumariados, la mayoría corresponde a oficiales o suboficiales que no se presentaron a su lugar de trabajo, se atrasaron. Otros viajaron fuera del país sin informarlo, otros tuvieron problemas particulares (con el vecino, etc.).

“Pero también a esto hay que sumar aquellos que sí están bajo sumario dentro de lo que es Asuntos Internos, Justicia Policial y el Ministerio Público y hay algunos elementos que los pueden vincular fehacientemente con organizaciones criminales o delincuenciales”, sostuvo.

Consideró una situación difícil y sensible tomar las medidas. “Pero tenemos la mejor predisposición de ir quitando de nuestras filas y lo estamos haciendo. Penosamente los enviamos a la calle y no solamente van a la calle, porque luego van a prisión. Entonces, estamos haciendo el mayor esfuerzo de tal manera a extirpar a estos elementos para que no sean una amenaza armada a la sociedad y una amenaza interna a la institución”, finalizó.

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El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), el Ministerio del Interior y la Policía Nacional firmaron un convenio con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los trabajadores de dicha cartera y a los agentes policiales. Las autoridades de estas instituciones resaltaron la importancia de este acuerdo que permitirá a los trabajadores tener una casa propia mediante el programa habitacional Che Róga Porã 2.0.

De acuerdo a lo que explicaron desde el MUVH, el acuerdo está orientado a facilitar el acceso a viviendas dignas, así como la reestructuración de deudas de los funcionarios hasta el 50 %, permitiendo mejorar su situación económica con condiciones favorables de modo a fortalecer la inclusión financiera y la estabilidad familiar de quienes integran la función pública.

“Estamos muy contentos de poder ser partícipes y de cumplir la instrucción del presidente de la República, primero de trabajar en equipo y en segundo lugar facilitar que las familias paraguayas y en este caso en especial, la gente de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior, puedan vivir mejor”, expresó el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja, quien mencionó que este acuerdo representa un reconocimiento a la labor policial.

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Por su parte, el ministro del Interior, Enrique Riera resaltó que este acuerdo permitirá a los funcionarios de su cartera y a los 34.000 agentes de la Policía, acceder a “un canal verde” y trato preferencial para acceder a una vivienda propia o mejorar una existente, esto debido a las diversas facilidades que se ofrece a través de Che Róga Porã 2.0.

“Este convenio es una noticia muy esperada, este es el momento en que me imagino que estas familias estarán festejando porque con esto se está cumpliendo un sueño largamente acariciado por la familia policial”, expuso por su parte el comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, durante el acto de firma del convenio.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves que actualmente se encuentra realizando todos los trámites y acompañamiento del proceso final para la repatriación de los restos de la compatriota que fue asesinada en los Estados Unidos. El crimen ocurrió el pasado 12 de junio, pero las autoridades norteamericanas recién comunicaron el viernes 20.

Desde el ministerio manifestaron que están trabajando en coordinación con la Policía del Estado de Arkansas y la Secretaría Nacional de Repatriados para viabilizar el proceso de repatriación. Como resultado de las gestiones se logró agilizar el procedimiento de traslado, cuya etapa final ya se encuentra en curso.

“La Secretaría de Repatriados actualmente se aboca al proceso final de repatriación, a fin de que los restos mortales de la compatriota puedan llegar a suelo paraguayo para recibir el debido acompañamiento de sus seres queridos”, detallaron en el comunicado.

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El pasado 12 de junio, falleció la compatriota Lourdes Núñez Burgos, de 42 años, en el Estado de Arkansas, EE. UU. El viernes 20 de junio, la representación consular vía telefónica recibió la trágica noticia por parte del oficial Michael Watson. Tras el contacto se comunicó a la Cancillería Nacional e iniciaron la localización de familiares en Paraguay.

Resaltaron que por razones de confidencialidad y conforme al protocolo policial del Estado de Arkansas, las autoridades locales aún no proporcionaron más detalles sobre las circunstancias del fallecimiento de Lourdes.

Lourdes, quien era abogada y estaba trabajando en inteligencia artificial, habría sido asesinada por Stephen Keith Gantz, de 54 años, de nacionalidad estadounidense, con quien estaba casada hace 8 meses. Tras cometer el crimen, el hombre huyó de la vivienda.

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