Un grupo de 40 personas aproximadamente, convocados por el movimiento ciudadano “CDE Libre”, se manifestó hoy para exigir la intervención de la administración municipal del intendente Miguel Prieto Vallejos y su destitución del cargo. Es lo que refirió Rogelio Núñez, uno de los convocantes.

Se concentraron en la Plaza de la Paz ubicada frente a la municipalidad, luego marcharon por la avenida Pioneros del Este y posteriormente se instalaron en el patio de la Junta Municipal de Ciudad del Este, situada sobre la misma avenida.

“Queremos la destitución de Miguel Prieto por los innumerables hechos de corrupción y por eso estamos reiniciando nuestra lucha; llegamos a la Junta Municipal porque es una de las vías para la intervención, también la Contraloría General puede solicitar y vamos a insistir en eso”, dijo Núñez.

Acusó al intendente Prieto de estar negociando su renuncia y, “según versiones que manejamos, hoy se iba a presentar a la Junta Municipal su renuncia y se iba a tratar la designación del concejal Richard Alfonso, quien hace rato es su aliado”, refirió.

Agregó que se manifestaron ante los concejales, “para que se intervenga la municipalidad y se impida la elección de alguien apoyado por Miguel Prieto”.

Consultado por qué cree que el intendente renunciaría, Rogelio Núñez mencionó que “ya está acorralado por sus más de 40 denuncias, ya no tiene como salvarse y está buscando dejar a alguien de su equipo para completar el periodo”.

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Informó además que llegarán hasta la Contraloría General de la República, dentro del plan de manifestaciones que pretenden realizar, con tal de conseguir la destitución o la renuncia de Miguel Prieto. En sus últimas intervenciones, Prieto volvió a decir que no renunciaría.

Por su parte, el concejal de Honor Colorado, Richard Alfonso, refirió a La Nación/Nación Media que “es una teoría descabellada la que plantean, no se de dónde sacaron una cuestión conspirativa así, quizás quieren desprestigiarme, no tiene ningún sustento lo que dicen”.

Mencionó que no habla con el intendente Miguel Prieto, “todos saben que con él (Miguel Prieto) no se habla, es todo a través de nuestra gestión legislativa, es imposible hablar con él y, se supone que si estoy en algún plan, yo debería saber”.

Alfonso agregó que, hoy no existen condiciones para construir una mayoría en la Junta Municipal y la única que puede pedir la intervención es la Contraloría General de la República.

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El secretario general de la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), Julio López, manifestó que el miércoles 13 de noviembre varios gremios sindicales impulsarán una movilización para lograr la postergación del análisis de la propuesta de reforma del Servicio Civil, que tiene como finalidad iniciar un sistema de jerarquización del funcionariado público.

“Cada gremio sigue trabajando mediante el lobby con todos los parlamentarios para hacerles entender las inquietudes que se han presentado. Además de esto también se ha decidido convocar a una gran movilización en donde una de las decisiones o la demanda será posponer el tratamiento de este proyecto de ley”, manifestó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, acotó que el frente sindical social y la confederación de la clase trabajadora, se movilizarán varios gremios del sector público. “Creo que será multitudinaria y ojalá pueda influir para que los parlamentarios reflexionen que se necesita un poco más de tiempo para discutir los temas pendientes que fueron elevados a las autoridades de manera formal”.

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La propuesta de reforma impulsada por el Poder Ejecutivo fue presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas al Congreso Nacional el pasado 16 de setiembre. La iniciativa incluye puntos relacionados con el nepotismo, la estabilidad laboral, mecanismo de ingreso a la Función Pública, entre otros.

“Podemos decir que en algunos puntos mejoró, pero nos preocupa mucho que el proyecto obstaculice el derecho a la huelga, afectando el derecho de la organización sindical. Otro punto muy importante es que obstaculiza la negociación colectiva, en cierta forma la propuesta desnaturaliza el objetivo jurídico de esta figura”, comentó.

López siguió argumentando que “Vemos que en el régimen del contrato sigue la precarización y discriminación a un sector muy importante del Estado a quienes por hoy se les conoce como los contratados, y por otro lado, nos preocupa de sobremanera el tratamiento otorgado a la seguridad social, es decir las garantías que el Estado debiera ofrecer al trabajador del Estado en cuanto a su seguro médico y jubilaciones”, indicó.

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A raíz de las dispari­dad en los informes dados a conocer ayer por el Ministerio Público y la Dirección de Investiga­ción Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sobre las pruebas balísticas prac­ticadas al fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, el ministro del Interior, Enri­que Riera, pide cautela.

El laboratorio forense del Ministerio Público dio a conocer su informe y en la conclusión señala 12 mues­tras negativas y positivas en una de ellas.

Mientras que el informe de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la UNA determinó la presen­cia de residuos de disparos de arma de fuego en las extre­midades superiores del dipu­tado Lalo Gomes.

Las pruebas fueron realizadas al cuerpo del extinto dipu­tado, quien falleció en agosto pasado en una balacera que se produjo en su residencia de Pedro Juan Caballero en horas de madrugada en medio de un operativo realizado por agentes de la Unidad de Inte­ligencia Sensible (SIU) y de la Fuerza de Operaciones Poli­ciales Especiales (Fope), ade­más del Ministerio Público. La operación fue firmada por el juez Osmar Legal que auto­rizaba a los fiscales a detener a “personas sospechosas de formar parte del esquema de lavado de activos”.

A criterio del ministro del Interior, quedan aún muchas interrogantes flotando en el caso, entre ellas: ¿Que hacían los casquillos disparados, percutidos en el piso? Y ¿que hacía el arma en el piso?.

“Por el cargo, no quiero ni insinuar nada, no quiero meterme ni en la investiga­ción penal, la Policía Nacional no forma parte del proceso, somos espectadores, somos los investigados. La posición del Ministerio del Interior, más allá de lo que se publi­que, es esperar con pacien­cia”, manifestó Riera.

El secretario de Seguridad agregó que “vamos a espe­rar que termine la investi­gación del fiscal. De lo que sé, las pruebas conclusi­vas son la suma y conjunto de las pruebas y también sé que estas cosas no son concluyentes”.

Las declaraciones del minis­tro Riera fueron vertidas en una entrevista con GEN/Nación Media, ocasión en que reiteró que los efectivos policiales actuaron bajo una orden judicial.

Contrario a lo informado por la pericia balística del Ministerio Público, el informe de la Dirección de Investigación Científica y Tecnológica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), detectó la presencia de residuos de disparos de arma de fuego en las extremidades del exdiputado, Eulalio “Lalo” Gomes.

De acuerdo al informe se encontraron valores de plomo, bario, antimonio en los brazos y manos del exlegislador. Los valores en el brazo izquierdo de plomo ascienden a 139, bario a 237, antimonio a 11,4. En la mano, los índices de plomo son 224, bario 277 y antimonio 21,5.

En cuanto al brazo derecho, el plomo es menor a 5, la detección de bario es de 258 y antimonio menor a 10. En la mano, el plomo hallado fue de 120, bario 332 y antimonio menor a 10. Esto demuestra la presencia de residuos de disparos de arma de fuego y fueron hallados a partir de las muestras de hisopos tomados luego del allanamiento en su vivienda en Amambay, que derivó en el fallecimiento de Gomes.

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Respecto a este análisis, el ministro del Interior Enrique Riera indicó que el informe de la UNA no fue leído en su totalidad, puesto que en el documento se explica el mecanismo utilizado que incluye el hisopado en la mano, para posteriormente utilizar el retiro de tinta que recolectan los rastros de pólvora.

“El hisopado salió positivo y eso no se dijo en todo el día. Nosotros no somos parte de la investigación, somos los investigados y en mi posición no quiero influir ni decir absolutamente nada porque queremos que esta investigación sea lo más objetiva posible. Confiamos en la Fiscalía y en la justicia y queremos que se dé un informe completo cuando se cumplan los plazos”, manifestó a la 1020 AM.

Asimismo, aclaró que la idea no es polemizar el caso con la familia del diputado Gomes y aseveró que siguen creyendo en la versión oficial que indica que el parlamentario se defendió y señaló que se debe tener en cuenta que se valora el conjunto de las pruebas, entre ellas, la velocidad de la bala, la distancia, ángulo, los casquillos, el arma, quién percutió, huellas digitales y a partir de ahí se reconstruyen los hechos.

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