Al menos dos allanamientos se realizaron entre la noche del martes y la madrugada del miércoles, en prosecución de una denuncia de abuso sexual que había ocurrido hace aproximadamente un mes en el interior de la penitenciaría de Itapúa.

Una de las intervenciones fue justamente en el Centro de Reinserción Social (Cereso), a cargo de la agente fiscal Rocío Valdez, quien encabezó el procedimiento en el cual se ingresó al interior de la penitenciaría, específicamente en una celda del Pabellón A Alta. Allí guardan reclusión, entre otros dos, C. G. T., sindicado como el autor del abuso sexual de su hijastro.

Durante el procedimiento, se incautaron de siete sim card de diferentes líneas, un cuaderno universitario de anotaciones, ocho armas blancas de fabricación casera. Tras culminar el procedimiento, la fiscal indicó que el hombre negó los hechos.

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También se realizó una constitución, en el marco del allanamiento de la casa donde reside el niño, buscando a sus hermanos para tratar de resguardarlos, considerando que también podrían ser víctimas. Sin embargo, no se pudo dar con ellos, ya que se tuvo conocimiento de que los niños, junto a su madre, abandonaron la casa poco antes de la llegada de la comitiva fiscal-policial, que estuvo acompañado de la Defensoría de la Niñez e incluso del Minna.

La Fiscalía está buscando a los demás hermanos del niño abusado, debido a que existe presunción de que los otros hermanos también podrían ser víctimas, ya sea de maltrato o de abuso. En total son siete hermanos, pero no fueron encontrados en la casa, explicó la fiscal al término de la intervención.

“La familia es oriunda de Ciudad del Este, pero hace 5 años residen en el lugar. Se presume que serían 7 hermanos, de los cuales dos serían hijos del sindicado”, aseguró la fiscal del caso. Sobre el estado de salud del niño, la fiscala se interiorizará con los médicos, indicó.

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Desde el Ministerio de la Niñez confirmaron que la casa allanada pertenece a la madre del niño. Si bien eran de Ciudad del Este, la familia se mudó para que la señora pueda visitar s su pareja en la penitenciaría.

En la noche de ayer lunes en el barrio Tacuary del distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa, fue allanada la vivienda de un hombre que trabaja en el penal de Encarnación como guardiacárcel. En el lugar fue encontrada una importante cantidad de droga, además de otras evidencias relacionadas con la venta de estupefacientes.

La comitiva fiscal y policial habría llegado hasta la vivienda luego de contar con información de que en el lugar funcionaba un punto de distribución de droga. Durante el procedimiento quedó detenido Carlos Antonio Molinas, de 36 años, quien trabajaba como guardia penitenciario en el penal de la ciudad.

En el allanamiento los agentes antinarcóticos se encontraron con 10 dosis de cocaína tipo crack, 411 gramos de marihuana prensada, un arma de fuego tipo pistola, calibre 22 marca Bersa, varios cargadores y cartuchos, tres teléfonos celulares, una balanza de precisión, dinero en efectivo en diversas denominaciones, cinco esposas y un machetillo.

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Cuando se produjo la intervención en el lugar solo se encontraba Carlos Antonio Molinas, quien por disposición del fiscal de la causa Enrique Fornerón fue remitido a la comisaría de Encarnación, a la espera de que el sujeto pueda comparecer ante el Ministerio Público y proveer más datos respecto a lo incautado en su hogar.

Por su parte, el fiscal Fornerón destacó que la investigación buscará determinar a quién vendía la droga el ahora detenido, abriendo una línea de presunción de que el hombre también sería parte de un esquema de corrupción que permite que las personas privadas de su libertad tengan acceso a drogas y otros elementos prohibidos dentro del centro de reclusión.

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El jefe policial de la localidad de San Pedro del Paraná (Itapúa) se vio involucrado en un accidente con derivación fatal ocurrido el domingo por la madrugada. El vehículo que conducía el policía arrolló y mató a un hombre que se encontraba sentado en la vereda, frente a un local donde se desarrollaba una fiesta de 15 años en la compañía Taruma del citado distrito.

Aparentemente el efectivo policial no visualizó a la persona que estaba sentada al costado de la calle y terminó arrollándola cuando procedió a maniobrar su camioneta para regresar a la comisaría donde trabaja tras dar cobertura al evento social.

“Sucedió el accidente porque no le vio al señor y puso en reversa su vehículo y se produjo el accidente fatal en el que la víctima murió en el mismo lugar”, declaró el nuevo director de Policía de Itapúa, el comisario general inspector Elvio Florenciáñez al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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El protagonista del siniestro vial fue el jefe de la Comisaría 49 de Guazú Ygua, el suboficial superior Feliciano Ayala que ya está recluido en la Comisaría Primera por disposición del Ministerio Público. La víctima fatal fue identificada como Elvio Luis Flor, de 54 años. En principio el agente se negó a someterse a la prueba del alcotest, pero luego por orden de la Fiscalía se tomó la muestra laboratorial que finalmente dio resultado negativo.

“El estaba conduciendo su vehículo particular porque tenía un servicio y se iba a quedar en un lugar. Mientras su patrullero iba a hacer otro trabajo para evitar hechos delictuosos dentro de su jurisdicción”, indicó el comisario Florenciáñez.

Mencionó que en San Pedro del Paraná solamente hay una patrullera para dar cobertura a la población. El subjefe de la Comisaría 49 se hizo cargo del despacho, debido a que su superior deberá ser sometido a proceso judicial.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

Una comitiva encabezada por agentes fiscales de Asunción y por policías de Cibercimen, realizó hoy el allanamiento de un local en el barrio cerrado Paraná Country Club, de Hernandarias. Incautaron documentos y equipos, siendo desmantelado el lugar que opera bajo el nombre de Croconet S.R.L.

Intervinieron los fiscales Myrian Rodríguez y Miguel Quintana, de la Unidad Especializada contra Delitos de la Propiedad Intelectual y Contrabando, de Asunción, y agentes de Departamento de Delitos Informáticos (Cibercrimen) de la Policía de Alto Paraná, a cargo del comisario principal Diosnel Alarcón.

Fue en el marco del Operativo 451 contra la piratería, en la causa número 503/2024 de investigación fiscal sobre supuestos hechos punibles de violación de derechos de autor y derechos conexos. El allanamiento fue ordenado por el juez Rodrigo Estigarribia.

Existe una denuncia de los representes legales que tienen el derecho de la distribución de canales de televisión y de otros contenidos audiovisuales. El operativo comenzó a las 07:45 en un local ubicado sobre las calles Cerro Corá, esquina Quebracho Norte.

Es lo que informaron los intervinientes esta tarde, en conferencia de prensa realizada en Delitos Económicos y Financieros de Ciudad del Este. La investigación estuvo a cargo del Departamento Especializado en la Investigación del Cibercrimen.

“El operativo pudo desmantelar un esquema de captación, distribución y comercialización ilegal de contenidos audio visuales, supuestamente pirateados de empresas multinacionales, a través de tecnología OTT/IPTV, que permite transmitir a través de aplicaciones en dispositivos terminales móviles o Smart TV Android”, explicó el comisario Alarcón.

Agregó que en noviembre de 2023 ya se realizó una intervención similar en el mismo local. “Esto es parte de la lucha contra la piratería de señales que se viene realizando”, sostuvo el jefe policial.

“El trabajo consistió en poder verificar si, desde ese mismo lugar había equipos o herramientas que permitían hacer la distribución de esos contenidos y, creemos que, dentro de la intervención realizada hemos encontrado indicios suficientes que los peritos tendrán que verificar”, refirió el comisario Alarcón.

“Fue encontrada una infraestructura bastante grande, muy bien montada, cuasi legal, costosa, que permite seguramente a esta empresa hacer la distribución de señales“, remarcó el agente de Cibercrimen.

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La fiscal Myrian Rodríguez dijo que todavía no identificaron a las personas responsables, pero se trataría de una sociedad de responsabilidad limitada y con los documentos incautados determinarán a los propietarios de la firma. La comitiva fue recibida por Gastón Quevedo y la verificación se hizo con presencia de abogados.

En cuanto a si serían los mismos dueños determinados durante la intervención del año 2023 del mismo local, mencionó que, aún no pueden confirmar, pero podrían ser las mismas personas. Agregó que el nombre sigue igual.

Confirmó la incautación de varios equipos con los cuales quedó desactivado el servicio que puede brindar la empresa, según la agente fiscal Rodríguez. En el acto se procedió a “bajar” los servidores a fin de que las señales (sin la autorización de los permisionarios) dejen de retransmitirse.

Fueron incautados 38 descodificadores de señales, 6 servidores, 3 equipos de computación y un celular. También incautaron 192 dispositivos que convierten las señales audiovisuales en datos para transmitir a través de Internet llamados Encoder, un dispositivo de red privada VPN y documentos varios.

La estimación de la pérdida es la siguiente: en infraestructura 500 mil dólares, mientras que la pérdida de rentabilidad anual aproximada, según las empresas multinacionales sería de 4 millones de dólares.

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