Durante la jornada de ayer martes, un grupo de 100 nativos del departamento de Canindeyú tomaron de rehenes a tres policías que estaban haciendo trabajos de inteligencia y sobrevolando la zona con drones. Los agentes fueron interceptados por estas personas que los obligaron a limpiar una propiedad. Los nativos manifestaron que pensaron que formaban parte de un grupo criminal, porque portaban armas.
Según el comisario Emilio Alfonzo, el hecho ocurrió en zona de la comunidad Yapo del citado departamento, cuando los agentes estaban haciendo trabajo de inteligencia y fueron rodeados por los indígenas de varias comunidades de la zona. “Ellos no pensaron que eran policías, si no que, formaban parte de un grupo criminal”, detalló en C9N.
Apuntó que estas personas ya habían sido víctimas de los grupos criminales de la zona y que por eso actuaron de esta manera, por temor y para defender a sus familias. Además, se asustaron al ver que los agentes portaban armas de grueso calibre, entonces decidieron tomarlos y obligaron a hacer trabajos de limpieza mientras llegaba la policía.
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“Yo mismo tuve que ir a hablar con los nativos para que puedan liberar a estos efectivos y en ningún momento los agentes policiales reaccionaron contra estas personas ya que eran muchas. Entonces trataron de evitar cualquier tipo de confrontamiento contra los nativos, que también actuaron en forma pasiva”, puntualizó el comisario.
Indicó que hace un año ocurrió un enfrentamiento entre grupos criminales donde varias personas fallecieron entre ellos nativos, por lo que, cuando un vehículo desconocido o personas ajenas a las comunidades ingresan en la zona ellos toman este mecanismo. “Ellos no creyeron que eran efectivos policiales y los retuvieron, para luego llamar a la comisaría para consultar”, apuntó.
Hay que destacar que los oficiales estuvieron varias horas limpiando un campo perteneciente a la comunidad indígena y luego de que llegó el comisario Alfonzo, estos fueron liberados. Los nativos aclararon que actuaron de esta manera por temor, ya que los efectivos portaban armas de grueso calibre en las camionetas.
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Encarnación: desbaratan red de microtráfico que operaba dentro de feria municipal abandonada
En una intervención especial lograron detener este miércoles a ocho personas y se incautaron de una importante cantidad de drogas tipo crack dentro de la feria municipal de Encarnación, departamento de Itapúa. El lugar era utilizado como aguantadero de criminales y adictos, que mantenían en zozobra a los transeúntes.
Según el reporte de los intervinientes, el procedimiento se realizó en zona de feria en el lugar denominado “la Placita” ubicada sobre la calle Cristo Rey, casi Gill Ríos, de la ciudad de Encarnación. El allanamiento fue realizado por la unidad fiscal Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico y agentes especiales del departamento Regional N°3 de Encarnación acompañados por la Senad.
“Estamos en una zona peatonal donde debería funcionar la feria municipal y tiene acceso a todas las calles perimetrales. Sin embargo, este lugar está en total estado de abandono, no hay iluminación y durante la noche es un verdadero descontrol”, detalló el fiscal Enrique Fornerón, en entrevista con C9N.
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Afirmó que este lugar debía ser usado por comerciantes porque se trata de un lugar de fácil acceso, pero que estos prefieren permanecer en sus puestos antiguos. “Esto genera muchos problemas, porque acá se reúnen los consumidores para comprar las drogas. Días antes la Senad montó vigilancia y contamos con materiales de cómo entran y salen las personas”, confirmó.
Durante el procedimiento fueron detenidas ocho personas, pero que solo una persona sería la que vendía las sustancias y estaba identificada como Yony Walter Cristaldo López, de 29 años, y el resto sería consumidores. En total fueron incautadas 13 dosis, de supuesta pasta base de cocaína o crack, dinero de baja denominación; cuchillos y puñales de fabricación casera; pipas de fabricación casera y varios encendedores.
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“Los niños están muriendo”: la leptospirosis causa estragos entre indígenas de Ecuador
- Fuente: AFP
Aislados, a horas a pie del centro médico más cercano, sin luz ni agua potable, indígenas achuar sufren un brote de leptospirosis, una enfermedad que ha matado a ocho niños en sus aldeas de la Amazonía de Ecuador.
Además de los menores fallecidos, hay 46 pacientes que reciben atención médica por esta enfermedad, causada por una bacteria que se encuentra en las heces y la orina de animales.
El ministro de Salud, Édgar Lama, anunció este miércoles la instalación de un centro de vigilancia epidemiológica en la Amazonía, donde también hay una emergencia por fiebre amarilla. El país además está en alerta por más de 300 casos de tosferina, que afecta principalmente a menores.
Es “una situación muy difícil. Los niños están muriendo”, dice a la AFP Benjamín Uwiti, un indígena achuar de la comunidad Mashuim, en la provincia de Morona Santiago, fronteriza con Perú.
El hombre de 30 años perdió a un sobrino por la leptospirosis. El niño, que sufrió “diarrea sangrienta, vómito, dolor de estómago”, no pudo ser evacuado a tiempo en avioneta por las malas condiciones climáticas. Por tierra es prácticamente imposible trasladar a los enfermos. El centro de salud más cercano a las aldeas achuar está a cuatro horas a pie.
Uwiti está preocupado por otros dos sobrinos, de 8 y 9 años, que presentan “fiebre fuerte” y “dolor en todo el cuerpo”.
Ambos están hospitalizados en la ciudad de Cuenca, a casi 200 kilómetros de Mashuim. Familiares y autoridades esperan los resultados de los test para saber si los niños tienen leptospirosis.
Las autoridades evacuaron a este centro médico a los indígenas que presentaban los síntomas más graves. “Nosotros estamos muy adentro en nuestro territorio”, explica Uwiti, en referencia al aislamiento de Mashuim.
Su poblado está a 25 minutos en avioneta de Taisha, pero los centros médicos de la zona son demasiado precarios para tratar a los enfermos más graves.
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La bacteria que causa la leptospirosis se transmite a los humanos por el consumo de agua contaminada o por contacto directo con animales.
El gobierno pidió hervir el agua para su consumo y almacenarla “correctamente”, al igual que los alimentos.
Hace dos semanas, imágenes de niños indígenas supuestamente muertos o con dificultades para respirar circularon en redes sociales en cuentas de activistas de defensa de los derechos humanos.
Lama se solidarizó con los padres de los menores fallecidos. “Han enfrentado algo espantoso”, expresó en una entrevista con TC Televisión.
Tosferina y fiebre amarilla
Pero el brote de leptospirosis no es el único problema sanitario que enfrenta Ecuador. El gobierno declaró el sábado la alerta por la tosferina, que ya ha matado a 11 personas y hay 321 casos confirmados.
El Ministerio de Educación ordenó a profesores y estudiantes el uso de mascarillas durante dos meses.
Además, las provincias de la Amazonía ecuatoriana (fronterizas con Colombia y Perú) están en alerta por la fiebre amarilla. A pesar de que hay solo seis casos confirmados, en la zonas fronterizas de Colombia han muerto 37 personas por esta enfermedad.
De acuerdo con la cartera de Salud, hay brigadas médicas desplegadas en nueve comunidades amazónicas, de las cuales cuatro concentran la gran mayoría de casos de leptospirosis.
Pero Uwiti igualmente se muestra preocupado. “Como padres de familia también estamos pensando un poco más allá. ¿Cómo vamos a solucionar esta enfermedad?”, se pregunta.
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Flechas contra tractores: guardia indígena vigila el bosque amazónico
- Masisea, Perú. AFP.
Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.
También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).
“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.
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“Falta de terreno”
Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.
La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.
Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.
En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.
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“Meten fuego”
En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.
Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.
Jefes imputados
En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.
Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.
El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.
Contraste
Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.
El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.
Territorio amenazado
Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.
La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.
Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.
A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.
La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.
Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.
Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.
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Tras fatal enfrentamiento por presunto territorio de drogas, detienen a dos personas en Itapúa
La Policía Nacional logró detener este lunes a dos personas, entre ellos un menor de 17 años, en prosecución al trágico enfrentamiento que se reportó en Cambyretá, departamento de Itapúa, que dejó como saldo un fallecido y dos heridos. Se presume que el enfrentamiento se dio por una pelea por territorio de venta de drogas.
Según el reporte policial, el hecho se registró durante el fin de semana en el barrio Arroyo Porä de la citada ciudad, cuando un grupo de hombres armados llegaron hasta la vivienda de la víctima fatal e iniciaron una balacera. Durante la batalla entre bandas se reportaron dos personas heridas, que serían familiares de la víctima fatal.
Esta mañana desde la dirección de Investigaciones de la Policía realizaron dos allanamientos en el mismo barrio y lograron detener a dos personas, entre ellos Mathías Ezequiel Báez Sanabria, de 25 años y un menor de 17 años. “Según averiguaciones, son familias conflictivas de la zona y una de las hipótesis que se maneja es que sería un conflicto por territorio de presuntoS traficantes de drogas”, dijo el comisario Luis Hermosilla, en entrevista con Rocío Gómez, corresponsal de Nación Media.
En las viviendas se incautaron: 43 dosis, dinero en efectivo de bajas denominaciones, cuatro armas blancas, dos teléfonos celulares, un mochila de color negro con herramientas varias, una pipa de metal de fabricación casera, una tarjeta de memoria, un par de guantes color negro, un cuchillo con mango de madera y una pistola de hidrogel color azul.
El enfrentamiento se reportó en la vía pública del barrio Arroyo Porä donde resultó víctima fatal Domingo Matías Genes Gómez, de 31 años. Mientras que los heridos fueron identificados como Juan José Duarte Genes, de 24 años, con varios antecedentes y una orden de captura por hurto agravado, además de Oscar Javier Genes Gómez, de 34 años, también con frondosos antecedentes penales.