Teniendo en cuenta que ciertos casos respiratorios son los que se registran en mayor cantidad y pueden presentar cuadros más graves, señalaron que por Resolución S.G. N° 011 el Ministerio de Salud dispone la notificación obligatoria de los casos positivos de COVID-19, influenza A/B o cualquiera de sus tipos. Esto se da en el personal de salud que presta servicios en los establecimientos que forman parte del sistema nacional de salud.
Informaron que la notificación se llevará a cabo conforme a la ficha de notificación y al flujograma que forman parte de esta disposición.
En la ocasión, explicaron que la normativa se establece teniendo en cuenta que los virus Influenza A/B o cualquiera de sus tipos y Sars-Cov-2 que ocasiona la enfermedad COVID-19 son los que presentan mayor proporción de casos, mayor transmisibilidad y cuadros más graves.
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Enfatizaron que pueden convertirse en un potencial foco de diseminación de estas infecciones y atendiendo a las estrategias de prevención de enfermedades respiratorias en establecimientos de salud.
En este sentido, indicaron que se faculta a la Dirección General de Vigilancia de la Salud (DGVS), a través del Programa Nacional de Prevención, Vigilancia y Control de Infecciones Hospitalarias, a realizar el registro de los casos notificados y emitir la constancia de aislamiento para el personal de salud asistencial afectado con los mencionados virus respiratorios.
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Nueva fecha de audiencia preliminar para Miguel Prieto por perjuicio patrimonial
El juez Humberto Otazú fijó las fechas 28, 29, 30 de mayo y 2 de junio de este año, para la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y otros 11 acusados, por un supuesto perjuicio de más de Gs. 306 millones a la comuna esteña.
El jefe comunal está procesado por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa iniciada por presunta corrupción en la compra de alimentos durante la pandemia del Covid-19.
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Prieto y sus cómplices socios deberán responder por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Esta audiencia preliminar había sido interrumpida debido a las chicas interpuestas por la defensa de Prieto y los 11 imputados en la causa. Finalmente, el pasado 24 de abril, el Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar, tras confirmar la decisión del juez en rechazar las acciones de la defensa.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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Más de 289.000 personas fueron inmunizadas en campaña de vacunación
Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), dependiente del Ministerio de Salud, informaron que desde el 3 abril hasta la fecha más de 289 mil personas fueron inmunizadas con dosis que las protegerá de enfermedades respiratorias en la temporada de invierno. Existe una gran concurrencia de personas, especialmente los fines de semana.
Según Luis Cousirat, director del PAI, las vacunas contra la influenza deben ser aplicadas desde los 6 meses de vida hasta adultos mayores. Así también, se recomienda una dosis para las embarazadas, para proteger tanto a la madre como el bebé. Además, en las personas con enfermedad de base como diabéticos, cardiópatas, hipertensos, obesos y fumadores.
“La campaña de invierno que inició el 3 de abril ya cuenta con más de 289.000 personas que han sido vacunadas contra la gripe. Es bastante buena la concurrencia de las familias, especialmente los fines de semana. El objetivo es llegar a las 1.500.000 personas, porque esa es la cantidad de personas”, indicó el titular del programa ampliado de inmunizaciones, en entrevista con C9N.
Afirmó que actualmente ya se encuentran en circulación la influenza A H1N1, que está contenida dentro de la dosis de la vacuna por lo que todo aquel que la reciba estará protegido. “Se puede coordinar la visita de vacunadores al 138, especialmente para las personas que están en cama o silla de ruedas”, apuntó.
Recordó que la neumo23 es una vacuna que protege contra el neumococo, una bacteria que causa neumonía y bronquitis, que está disponible para personas de 60 años y más. “Las personas que ya recibieron una dosis solo deben presentar sus cédulas en los vacunatorios y les corresponde recibir la siguiente dosis si ya transcurrieron los 5 años. En menores de 60 es con indicación médica”, puntualizó.
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En investigación por muerte fetal convocarán a personal de salud para declarar
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El personal de salud será convocado por el Ministerio Público en la investigación sobre lo ocurrido en el Hospital Distrital de Presidente Franco, donde una mujer en estado avanzado de embarazo perdió a su bebé porque, supuestamente, no fue sometida a tiempo a una cesárea ante ausencia del anestesiólogo de guardia.
El fiscal Edgar Benítez inició el proceso y el personal de salud está sujeta a responder a cualquier requerimiento, refirió la doctora Noelia Torres, directora de la región sanitaria, denunciante del caso. La causa tiene como carátula “hecho a determinar”, pero luego deberá tener la calificación jurídica correspondiente al hecho denunciado.
La primera convocada para la declaración testifical es la mujer afectada, Perla Marlene González (31), quien sufrió la pérdida de su hijo. Asimismo, serán convocados los médicos y enfermeros que se encontraban de guardia en el momento del suceso, al igual que la exdirectora del Hospital Distrital, doctora Marta Sosa.
La región sanitaria presentó el escrito con el patrocinio de la abogada María Silva Miranda. La denuncia se fundamenta en un informe elaborado por la doctora Marta Sosa, entonces directora del Hospital de Presidente Franco, enviado a la dirección de la región sanitaria, en el cual se relata los hechos. Como derivación del caso la misma fue destituida, pero antes de recibir la notificación presentó renuncia.
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Detalles sobre el hecho denunciado
“Me dirijo a usted a fin de informarle textualmente lo ocurrido el día 4 de abril de 2025 en el Servicio de Maternidad de esta institución, en relación al RN (recién nacido) de Perla Marlene González Campos”, refiere el encabezado de la nota firmada por Marta Sosa y adjuntada a la denuncia.
Asimismo, “siendo las 23:30, ingresó la paciente, una gestante a término, con trabajo de parto avanzado; fue evaluada por la ginecóloga de guardia, doctora Brenda Mattos, quien indicó su internación para esperar el desarrollo del trabajo de parto, atendiendo a las condiciones clínicas observadas”.
“Luego, por orden médica, la paciente fue trasladada a la sala de preparto para monitoreo y control continuo. Aproximadamente a las 05:30, se constató bradicardia fetal (Arritmia cardiaca que se caracteriza por una frecuencia cardiaca anormalmente lenta en el feto) por lo que se tomó la decisión de trasladarla de inmediato a la sala de cesárea”, dice la nota.
“Durante la preparación del equipo quirúrgico, se constató que el anestesiólogo de guardia, el doctor Jorge Ortiz, no se encontraba en la institución, sin aviso ni justificación previa”, reza la parte en que se compromete al anestesista.
“Ante esta situación, se realizó una llamada telefónica de urgencia al licenciado Juan Centurión para que asistiera en el procedimiento. Finalmente, se extrajo un recién nacido de sexo masculino, con un peso de 3.390 kg, sin signos vitales”, resalta el escrito, en su parte final.