Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Carlos Antonio Almada imputó a tres hombres que tenían en su poder una lujosa camioneta robada en la ciudad de Foz de Yguazú, Brasil. Los mismos están identificados como Rafael Luciano Dos Santos (32), de nacionalidad brasileña; Edgar Clodomiro Rodrigo Merlo (24) y Enrique Ramón Villalba González (31), ambos de nacionalidad paraguaya.
Los cargos son por los supuestos hechos punibles de reducción y asociación criminal. Los sindicados fueron aprehendidos el 22 de diciembre pasado, a las 22:00 horas, en un inmueble ubicado en el kilómetro 6,5 del barrio Ñasaindy de Ciudad del Este. La aprehensión se produjo una hora después de haber sido robada la camioneta sobre la avenida Padre Bernardo Plate, de Foz. En el año 2022 aumentaron los robos en Foz, que luego son traídos a Paraguay.
En esa oportunidad, los dos primeros llegaron al lugar a bordo de la camioneta robada, de la marca Toyota Hilux, año 2022, sin matrícula. Mientras que, Enrique Villalba González estaba en un automóvil Toyota Premio, de color rojo, con chapa CFJ 890. El personal policial pudo localizar el rodado y a los ahora procesados, mediante el sistema de rastreo satelital que tiene el vehículo, propiedad de Jacir Roque Piovesani.
Según la investigación fiscal, Dos Santos y Rodrigo Merlo habrían contactado con Enrique Villalba para que escondiera la camioneta en la propiedad que pertenece a María Esther Roa. Sin embargo, una vez que los agentes policiales llegaron hasta el lugar donde se encontraban el rodado y también los tres hombres, la dueña de casa autorizó a los investigadores el ingreso para el procedimiento de rigor.
Se procedió a la incautación del vehículo y la aprehensión de los tres sospechosos, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público. Tras tomar intervención en el caso, el fiscal Carlos Almada abrió el proceso penal contra los tres citados, quienes quedaron a disposición del Juzgado Penal de Garantías.
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Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, en la lucha por desenmascarar a Prieto
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
“Miguel Prieto es un corrupto, en su administración como intendente existen delitos que son dolosos y de asociación criminal“, afirmó Magdalena Montiel, miembro de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este (CCDCE), en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.
“Nosotros somos conscientes de la importancia del trabajo que hacemos al desenmascarar a Miguel Prieto, caso contrario seguiría siendo un ídolo. Su administración carece totalmente de transparencia, no asume las irregularidades y falencias”, dijo Montiel.
Detalló que la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este tuvo su origen en el 2001 y su reactivación se concretó en el 2018, con la solicitud de intervención a la gestión de la exjefa comunal Sandra McLeod.
Montiel, quien se desempeña como secretaria de la organización contralora, comentó que se encuentra conformada por unos 50 integrantes, pero 15 se mantienen activos en la actualidad.
Señaló que la organización que destapó los supuestos casos de corrupción del dirigente opositor cuenta con profesionales de diversas áreas como abogados, periodistas, contadores, arquitectos, economistas, entre otros.
“Las 15 denuncias presentadas ante el Ministerio contra Prieto fueron formuladas mediante las documentaciones que obtuvimos con la norma 5282/2014 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental. Otras mediante documentaciones proveídas por los ciudadanos o funcionarios de la comuna”, explicó Montiel a Nación Media.
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Principales denuncias
Causa 6734/2021: el caso judicial conocido como “Tajy Servicios Generales” guarda relación con la compra de insumos para la panadería municipal durante la pandemia del covid-19. La Fiscalía sospecha que en la comuna se montó un esquema criminal, creado para supuestamente desviar recursos a través de licitaciones públicas, cuyas contrataciones estarían direccionadas a empresas afines.
En la causa se detectó un perjuicio económico de G. 306.188.500. Esto derivó en la imputado Miguel prieto y otras 11 personas, entre ellos, el actual presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez Insfrán.
Causa 2390/2022: el caso judicial guarda relación con la violación de la Ley 5513/15 del Impuesto Inmobiliario, se denuncian que la suma de G. 11.042.908.068, correspondiente al 60 % de cobros del impuesto inmobiliario no fueron invertidos en gastos de capital en el año 2021.
Causa 8758/2022: el caso judicial guarda relación con la sobrefacturación en la construcción de obras en la zona del asentamiento Mariscal Francisco Solano López. Se ocasionó un año patrimonial equivalente a G. 566.934.560, aproximadamente.
Causa 11508/2023: el caso judicial guarda relación con la transferencia realizada a la Asociación de Pescadores de Ciudad del Este, sin rendición de cuentas por valor de G. 150.000.000.
Causa 10690/2023: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de contratos exclusivos para su aliado político y aportante de campaña, Elvio Mareco Barrientos, quien de vendedor de frazadas se convirtió en uno de lo más beneficiados por Prieto. Su empresa MB Constructora fue premiada con la suma de G. 14.571.879.167 para la construcción de aulas, empedrados, puentes.
Causa 11064/2023: el caso guarda relación con el uso indiscriminado de transferencia de capital a subcomisiones vecinales para la construcción de diferentes obras por valor de G. 61.316.065.667, eludiendo la ley de Contrataciones Públicas.
Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, bajo la gestión de Prieto se montó un esquema delictivo manejado junto con funcionarios municipales de su entorno para supuestamente favorecer a las empresas amigas.
Causa 6272/2024: el caso judicial guarda relación con el otorgamiento de millonarias adjudicaciones a una firma constructora de dudosos antecedentes. Hasta el año 2021, la firma aparecía como un club nocturno y un año después ya estaba recibiendo contratos para la refacción de escuelas y obras viales.
Se trata de SCDE Sociedad Anónima, empresa mimada por Prieto, que de club nocturno paso a ser una constructora. Anteriormente llevaba como nombre Golden Rouge.
La firma tiene adjudicados G. 18.990.207.863 y su actividad principal declarada es la construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles. Como actividades secundarias declararon la construcción de edificios, otras instalaciones de construcción, comercio al por mayor de materiales de construcción. Llamativamente, dejaron entre las actividades secundarias una en particular: “actividades vinculadas al servicio de bebidas”.
Causa 12926/2024: la causa judicial guarda relación con la contratación de la firma Geocad Consultoría, Topografía y Ambiental, de Jorge Daniel Quintana López, para encargarse de la mensura de la exfinca 66. De acuerdo a la denuncia, Prieto abonó sumas siderales de dinero, al solo efecto de desviar recursos financieros de la municipalidad.
Detalla que se causó un daño patrimonial equivalente a G. 2.673.000.000. El dirigente de la oposición fue denunciado por lesión de confianza y asociación criminal
Causa 8523/2024: el caso judicial guarda relación con las transferencias a subcomisiones ficticias con el objetivo de desviar fondos municipales destinados a la financiación de ollas populares. El caso también involucra a su aliado político, el concejal Sebastián Martínez. La denuncia es por asociación criminal, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos.
En total fueron transferidos G. 306.800.000, aproximadamente. Estas subcomisiones estaban conformadas por miembros de un mismo grupo familiar y habrían presentado facturas y documentos adulterados para justificar el uso del dinero.
Causa 7081/2025: la causa judicial guarda relación con hechos de nepotismo atribuidos al intendente Miguel Prieto. El líder de Yo Creo había admitido en una entrevista televisiva la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso.
En la nómina de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
De esta causa también surgió la denuncia sobre hechos de nepotismo atribuidos 6 concejales que fungen como aliados políticos de Prieto. Los ediles acusados son Sebastián Martínez, Víctor Torales, Valeria Romero Escobar, Alison Anisimoff, María Esther Portillo y Pedro Acuña. Las autoridades señaladas tienen a sus familiares trabajando en la Municipalidad de Ciudad del Este con salarios que varían entre G. 3.000.000 y G. 12.000.000.
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Pedro Alliana: “Se están cayendo las caretas en la oposición”
El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, lanzó duras críticas hacia sectores de la oposición, medios de comunicación y periodistas, y los señaló por aplicar un doble estándar al juzgar a las autoridades que son del Partido Colorado en comparación con figuras opositoras.
Durante su pronunciamiento Alliana sostuvo que “las críticas que hace la gran mayoría de la oposición hacia autoridades del Partido Colorado son muchas veces desmedidas y carentes de autocrítica”. Aseguró que algunos referentes opositores, quienes se presentaron como símbolos de cambio, honestidad y transparencia, hoy están siendo desenmascarados. “Hoy se están cayendo las caretas”, afirmó.
El vicepresidente también apuntó contra ciertos medios y comunicadores, a quienes acusó de “mostrar lo peor del Partido Colorado” mientras ignoran o minimizan irregularidades dentro de la oposición. “A veces, algunas autoridades, periodistas y medios miden con distintas varas”, expresó.
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Como ejemplo, el segundo del Ejecutivo citó los recientes acontecimientos en Encarnación, donde el derrumbe de un edificio, que causó la muerte de dos personas, expuso presuntas falencias en la gestión municipal. También mencionó la situación en Ciudad del Este, recordando que, durante el gobierno anterior, se intervino la administración local sin otorgar derecho a la defensa.
Sobre los pedidos actuales de intervención en Asunción y Ciudad del Este, Alliana indicó a Abc TV que la Cámara de Diputados está conformando las comisiones correspondientes y que “se escuchará a los afectados” antes de emitir un dictamen. Según el vicepresidente, existen denuncias de corrupción que incluso superarían las registradas en administraciones pasadas, puesto que se trataría de casos de robo y sobrefacturación durante la pandemia.
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“No hay doble vara, todos deben rendir cuentas”, dice diputado sobre intervenciones
El diputado Alejandro Aguilera, integrante de la Comisión Especial que analizará el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este, afirmó que el dictamen que se emitirá será con base a las documentaciones y descargos presentados, tanto por la comuna como por la Contraloría, descartando posibles subjetividades alineadas a la afinidad política.
“Nosotros no tenemos esa doble vara que tiene la oposición que critica la corrupción, pero cuando se le critica a ellos, salen con el discurso de persecución política. Acá es sencillo, el intendente o gobernador debe rendir cuentas y tiene que defenderse cuando hay una acusación formal”, sentenció.
En sus declaraciones, Aguilera también dejó en claro que los pedidos de intervención, tanto a la Municipalidad de Asunción como la de Ciudad del Este, no son promovidas por el movimiento Honor Colorado, sino son un pedido de la Contraloría General de la República, que denunció indicios de hechos punibles en ambos municipios.
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“Es un pedido de la Contraloría General de la República, y el Ministerio del Interior vendría ser un pasamanos nomás que comunica a la Cámara de Diputados ese pedido. Por ejemplo, la semana pasada, a pedido de miembros de Honor Colorado, se solicitó la integración de la comisión especial para la intervención del municipio de Ñemby, que está en manos de un intendente colorado y miembro del movimiento”, expuso.
Asimismo, señaló ante la 1020 AM que no puede adelantar cuál será su posicionamiento respecto a la intervención o no del municipio, puesto que primero se reunirán tanto con autoridades de la municipalidad como con las de la Contraloría, analizarán las documentaciones y descargos y a partir de ahí, tanto él como sus colegas, asumirán una postura.
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Nepotismo: Prieto debe estar inhabilitado para la función pública, dice Núñez
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, se refirió sobre la denuncia por nepotismo contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, quien admitió públicamente el hecho en televisión; y opinó que líder del movimiento Yo Creo debería estar inhabilitado para ejercer la función pública.
"El caso de Prieto es el primero donde una persona reconoce que lo cometió (el nepotismo). La ley dice que él tiene que devolver el 50 % del salario que se pagó a esas personas y que está inhabilitado para la función pública hasta 5 años“, sostuvo el senador, este viernes, a la 1020 AM.
Mediante una entrevista televisiva, el dirigente esteño admitió la contratación directa de cuatro familiares en puestos estratégicos de su administración, sin concurso. “Son mis primos”, aceptó Prieto en Telefuturo, consultado sobre la denuncia penal de nepotismo que promueve la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este, y que también incluye el informe de la Contraloría General de la República.
También 6 concejales prietistas están denunciandos por el mismo hecho punible. “Él no puede decir que la Junta Municipal contrató a esas personas, es una burrada lo que dijo, porque la Junta Municipal no es ordenadora de gastos”, sentenció.
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En la lista de los familiares de Prieto que ingresaron a la comuna esteña figuran: Martín Vallejo Ferreira, auxiliar en la Dirección Planta Asfáltica; Carlos Raúl Vallejo Balbuena, herrero en Obras Municipales; Maribel Alonso Vallejos, jefa de Impuesto Inmobiliario; Sergio David Prieto Figueredo, fiscal de obras particulares.
Por otra parte, Núñez indicó que Prieto debería estar guardando reclusión por los hechos de corrupción que pesan en su contra y que fueron denunciados en su mayoría por exfuncionarios de su administración, así como personas de su entorno que apoyaron inicialmente su carrera política.
“Miguel Prieto tiene que estar cebándole tereré a Hugo Javier (exgobernador de Central recluido en Tacumbú) ¿Por qué se le destituyó a Hugo Javier? Por transferencias a organizaciones sin fines de lucro. Y este muchacho, que no entiende de legislación municipal, transfirió más de G. 40 mil millones y hay facturas falsas. Hace años que yo denunció hechos de corrupción contra Miguel Prieto", comentó el titular del Congreso Nacional.
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