En Ciudad del Este, un menor de 15 años con un diagnóstico de trastorno del espectro autista (TEA) habría sido agredido luego de resistirse a participar de un juego de la festividad de San Juan que se realizaba en su colegio. Sus atacantes serían otros tres menores de la misma edad.

En conversación con el programa Cuenta Final Radio, emitido por Universo 970 AM/NacionMedia, el fiscal del caso, Osvaldo Zaracho, explicó que el incidente habría iniciado cuando los tres sindicados como atacantes tomaron al menor de 15 años en contra de su voluntad para participar del juego conocido como “la cárcel”.

Los menores habrían maniatado a la víctima en el momento en que este entró en una crisis y se dio a la fuga del lugar pidiendo auxilio hasta llegar a un comercio cercano donde lo auxiliaron. Los supuestos agresores fueron detrás de él y, tras alcanzarlo, empezaron a golpearlo en reiteradas ocasiones.

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“La denuncia fue realizada por el padre del menor que sufrió lesiones. Tenemos un video de circuito cerrado donde se observa a uno de los chicos golpearlo en reiteradas ocasiones. Como la denuncia fue hecha de noche, a la mañana siguiente procedimos a realizarle las pruebas con el médico forense y la psicóloga. En el momento en que le tomé la declaración a su padre, el menor se veía bien y estable”, comentó el fiscal Zaracho en conversación con la 970 AM.

El mimo explicó que el padre del menor presentó los documentos que respaldan la condición psicológica subyacente del menor, así también ya le fue asignada contención emocional y psicológica para los próximos días. El representante del Ministerio Público aseguró que se están llevando a cabo todas las diligencias necesarias para comprobar si se trata o no de un caso de lesión grave.

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Cinco hombres armados protagonizaron un violento asalto en la ciudad de J. A. Saldívar, a una empresa distribuidora ubicada sobre la ruta Rojas Cañada, donde se alzaron con al menos 6 millones de guaraníes. Los delincuentes portaban armas largas y actuaron con rapidez y precisión al llegar al establecimiento afectado.

Según los primeros datos, los asaltantes fueron directamente hacia la caja de Agrocomercial Sanyu, lo que hace sospechar a los investigadores que manejaban información interna. Esta no es la primera vez que el local es visitado por los malvivientes, ya que hace meses ocurrió lo mismo.

“No se descarta que algún exempleado haya brindado datos previos”, señalaron fuentes policiales. Curiosamente, en otra parte del local había más dinero, pero los delincuentes no intentaron buscarlo.

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El atraco se llevó a cabo a bordo de una camioneta tipo Voxi, que tenía una chapa aparentemente clonada de otro vehículo. Los autores abandonaron el móvil a unos seis kilómetros del lugar del robo, lo que refuerza la hipótesis de que el crimen fue planificado con antelación.

Vecinos de la zona reportaron haber los movimientos sospechosos y llamaron a las autoridades informando que el vehículo fue abandonado. No se reportaron heridos, aunque el personal del lugar quedó en estado de shock por el violento episodio.

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Agentes de la Policía Nacional realizan rastrillajes y ya revisan imágenes de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables. El móvil del crimen y las placas utilizadas también forman parte de la investigación abierta.

Las autoridades no descartan que la banda esté vinculada a otros hechos similares ocurridos en la zona. El caso sigue en investigación mientras la policía busca dar con los responsables del atraco.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Un accidente fatal ocurrió al ser arrollada una niña por una camioneta. El hecho ocurrió frente a la casa de la víctima a las 12:30 de ayer domingo sobre una calle sin nombre, en la entrada principal al barrio San Rafael de Ciudad del Este, según el reporte del personal de la subcomisaría 1ª. La víctima es una niña de 3 años, identificada como Oilda Ailen Vallejos Báez, domiciliada en el mismo sitio.

La accidentada fue trasladada de urgencia por los padres y vecinos del lugar hasta el pabellón de Trauma del Hospital Regional, donde falleció a las 16:20, de acuerdo a lo comunicado por el personal de salud de guardia del centro asistencial a los agentes de comisaría jurisdiccional.

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La conductora que protagonizó el accidente es Alma María Duré (56), quien estaba al mando de la camioneta de marca Kia, modelo Sorento, año 2005 de color blanco y con matrícula XAH 268. La mujer reside en el mismo barrio de la víctima. La Patrulla Caminera informó que la prueba alcotest practicada a la conductora tiene resultado negativo.

El fiscal Osvaldo Zaracho dispuso la incautación del vehículo y ordenó la detención de la conductora, quien está en la Comisaría 25 de mujeres. Momentos de mucha tensión se vivieron ayer en el sitio donde ocurrió el accidente, donde los vecinos reaccionaron contra la conductora y dañaron el parabrisa del rodado.

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La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.