El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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• Ciudad del Este. Agencia regional

El conflicto entre la Municipalidad de Hernandarias y las empresas de transporte público continua, sin aparente viso de solución. La Junta Municipal recomendó al ejecutivo municipal iniciar trámites para la licitación de los itinerarios urbanos que dejaron de ser cubiertos por las empresas de transporte público.

La medida es como protesta por la incorporación de tres ómnibus eléctricos dentro del sistema de servicio interurbano de ómnibus que cubre Hernandarias/Ciudad del Este. Son buses donados por el gobierno de Corea.

Esto fue señalado por el titular del cuerpo legislativo comunal, concejal Celestino González, quien indicó que, si las empresas no cubren el itinerario, deben dar una solución a la ciudadanía y para ello, una licitación en busca de nuevos servicios, es lo que corresponde. Las empresas dejaron los itinerarios barriales y siguen cubriendo la conexión con Ciudad del Este.

En contrapartida, la presidente de la la Asociación de Transporte de Pasajeros del Este, Carolina Coronel, refirió que los itinerarios barriales que dejaron de cubrir en Hernandarias, nunca tuvieron una ordenanza de funcionamiento y se venía operando sin respaldo documental.

En cuanto a los buses eléctricos, manifestó que el servicio que está haciendo la institución municipal es ilegal porque no disponen de autorización de la Dirección Nacional de Transporte Público (Dinatran), para operar dentro del sistema de transporte público de pasajeros. Mencionó que la autorización que dice tener la comuna, no es para operar con pasajeros del servicio público, sino para coberturas especiales.

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“No podemos dejar un mal presente, en qué quedan las inversiones de las empresas de transporte, es una competencia desleal, ingresaron al sistema sin ninguna ley, ni marco legal, el funcionamiento ilegal”, expresó la titular del gremio de transporte de Alto Paraná.

Agregó que, ante esta situación, lo que hicieron las empresas es dejar de cubrir itinerarios que no tienen habilitación, ni respaldo municipal. La empresaria Carolina Coronel dijo que, desde el Viceministerio del Transporte se aclaró que los buses eléctricos recibidos hasta ahora, no están en condiciones para ser usados como transportes de pasajeros.

El concejal Celestino González, volvió a decir a La Nación/Nación Media que las empresas de transporte público de Hernandarias tienen un pésimo servicio, muy deficitario en varios aspectos. El incumplimiento de itinerarios urbanos, deficitaria condición técnica de las unidades de transporte, la falta de previsibilidad de salidas porque, el usuario no tiene la seguridad de contar con ómnibus en determinados horarios, son algunas de las falencias citadas por el titular de la Junta.

El concejal anunció que mañana se hará una sesión extraordinaria de la Junta Municipal, para el tratamiento de la ordenanza tributaria que contemple la operación de los tres buses eléctricos, que se incorporan al transporte público.

En tal sentido, se cumplió un mes de la incorporación de los transportes eléctricos y se dejará la gratuidad para empezar a cobrar a los usuarios 5 mil guaraníes como pasaje, al igual que en los demás transportes convencionales. El concejal González, dijo que es por tasa de mantenimiento.

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El concejal Édgar Martínez denunció irregularidades en la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, administrada por la intendente liberal Carolina Aranda. El mismo señaló que unos G. 5.000 millones no cuentan con documentos respaldatorios y habrían sido utilizados en la época de pandemia.

“Ese es el monto que se maneja y lo que se alega acá es que, en época de pandemia, eventualmente se tuvo que hacer algunos tipos de trámites sin respaldar con documentos, alegan que fue un escenario donde no tenían tiempo de acotar todas las documentaciones, pero creo que eso se puede mostrar en los números contables”, explicó en entrevista al programa “Dos en la ciudad” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Refirió que, “presumiblemente existen irregularidades, porque nosotros venimos rechazando el balance desde el año 1 y exactamente desde el balance 2022, de la ejecución presupuestaria del 2021 – 2022”. En este sentido, cuestionó que a pesar de solicitar en reiteradas ocasiones las documentaciones del balance de la intendencia y rechazar los balances desde el primer año, no son entregados al concejal.

“Lastimosamente, como es una práctica habitual desde el seno de esta Junta y por parte del Ejecutivo en presentar los documentos para que nosotros podamos analizar realmente, y demostrar con mucha certeza las irregularidades que se encuentran dentro del Municipio. Yo creo que, a simple vista, se ve que hoy día Mariano Roque Alonso es una de las ciudades que está en un estado deteriorado y eso es más que una muestra que realmente existen irregularidades”, cuestionó.

Asimismo, citó que existe un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que señala varias observaciones en la administración de Aranda.

“Lastimosamente, como se dice, acá hay gato encerrado. La Contraloría había detectado algunas irregularidades, eran de época de pandemia 2021, 2022, desde ese entonces la Contraloría ha detectado algunas irregularidades, donde ellos están diciendo que son observaciones, que son netamente observaciones y no se han detectado daños patrimoniales para el Municipio”, sentenció el concejal.

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El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, informó este lunes que desde el inicio de la intervención, que comenzó el pasado 23 de junio, se realizaron 220 requerimientos documentales clave para esclarecer las denuncias sobre el funcionamiento administrativo y financiero de la comuna, bajo la administración del intendente Miguel Prieto.

Señaló que a la fecha, solo fueron entregados 160 documentos, cifra que representa el 72,7 % del total, mientras que la solicitud de 60 documentos, que corresponde al 27,3 % del requerimiento, permanecen sin respuesta.

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Ramírez sostuvo que más grave aún, es que hay varios respaldos que deberían estar disponibles conforme a las normativas de la administración pública, pero no se encuentran en las dependencias correspondientes. Según señaló, esta situación fue reconocida por los propios responsables de área.

“Esto no se trata de simples omisiones, sino de una conducta sistemática de desorden institucional que compromete la trazabilidad de los recursos municipales”, explicó. No obstante, el interventor garantizó que esta situación no frenará el avance del proceso de intervención que se lleva adelante bajo mandato constitucional.

En el plano operativo, el interventor informó que uno de los primeros logros fue la regularización del pago de salarios. “Al momento de la intervención, solo el 40 % de los funcionarios municipales había cobrado el salario de mayo. Hoy, el 99 % ya recibió su salario, alcanzando una carga salarial total de 8.790 millones de guaraníes para 1.341 trabajadores.

Ramírez informó que, se reactivó el seguro médico y se introdujeron ajustes mínimos en las direcciones municipales para garantizar la operatividad institucional. “Todos los cargos de dirección quedaron bajo evaluación periódica de desempeño, conforme a estándares de gestión pública”, acotó.

En cuanto a la gestión de personal, Ramírez señaló que se estableció por primera vez la marcación obligatoria mediante relojes biométricos. “Esta medida apunta a mejorar el control de asistencia y transparencia en el uso de los recursos humanos. Además, se normalizó el proceso de renovación de contratos, que venía retrasado por falta de gestión y cambios de firmantes”, expresó.

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