• Paulo César López
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• Fotos: Emilio Bazán

El próximo 3 de junio se conmemora el Día Mundial de la Bicicleta, una fecha que fue instituida en 2018 por la asamblea general de las Naciones Unidas con el fin de promover el uso de este medio de transporte accesible, limpio y sostenible. En el caso de nuestra capital y las ciudades del Área Metropolitana, la bicicleta puede contribuir a disminuir la congestión en un contexto en el que el problema no son las largas distancias, sino la lentitud en el desplazamiento por la alta densidad de automóviles individuales que transitan por sus calles y avenidas.

A propósito de esta fecha, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerda que “ofrecer una infraestructura segura para las actividades físicas, como caminar o andar en bicicleta, es el camino para alcanzar una mayor equidad en materia de salud.

Para los sectores urbanos más pobres, que no pueden permitirse vehículos propios, ir a pie o en bici se puede convertir en su medio de transporte.

Al mismo tiempo, pueden reducir el riesgo de contraer enfermedades cardiacas, accidentes cerebrovasculares, ciertos tipos de cáncer, diabetes e incluso la muerte.

La mejora del transporte activo (caminar, montar en bicicleta o usar el transporte público) no es por tanto solo una cuestión de salud, sino que también puede suponer una mayor equidad y eficacia en cuanto a los costes”.

La bicicleta, además de ser un medio de transporte saludable, es también más asequible para el conjunto de la población, en especial para los sectores de menores ingresos.

En una ciudad rebasada por los vehículos motorizados como Asunción y el Área Metropolitana, cuyo sistema de transporte público es además cada vez más ineficiente, la bicicleta es una opción barata y rápida para desplazarse a través de las distancias cortas y relativamente cortas que demandan nuestros centros urbanos.

Entre otros beneficios, la asamblea general destaca que el uso de la bicicleta mejora la salud mental, el bienestar físico, disminuye el estrés, fomenta la tolerancia, el entendimiento y el respeto, facilita la inclusión social y la cultura de paz.

Además de mejorar la calidad del aire y disminuir la congestión por la menor circulación de vehículos motorizados, es dable esperar que esto también conlleve la reducción de los siniestros viales, que diariamente desvían recursos valiosos que podrían ser empleados para cubrir otras necesidades.

Además de ello, una población más ejercitada y la menor emisión de gases nocivos al ambiente debería implicar una menor demanda de servicios sanitarios.

Más allá de las tendencias fluctuantes vinculadas a las modas e incluso las impuestas por la pasada pandemia, que impulsó este medio ante la escasez del transporte masivo y por facilitar la distancia social, no aparece como algo sencillo una conversión masiva hacia esta forma de movilidad en el corto plazo.

El principal problema es la falta de infraestructura. Es decir, la escasez y falta de integración de vías segregadas que permitan a los ciclistas desplazarse por carriles distintos al resto de los vehículos.

Si bien la red de ciclovías ha aumentado en la capital, en grandes tramos están bloqueadas por vehículos estacionados o no tienen la integración suficiente, por lo que cubren recorridos exiguos que están mayormente desconectados.

Entre las políticas que está implementando el municipio para promover esta forma de movilidad, el arquitecto Diego Sotomayor, director de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Asunción, refirió que recientemente se lanzó en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) la norma paraguaya PNA ISO 37120, que se enfoca en la gestión y medición de la sostenibilidad de las ciudades y que tiene unos indicadores específicos sobre servicios de la ciudad y calidad de vida.

La normativa busca que los edificios se vuelvan más sostenibles y que fomenten el uso de bicicleta. Con este fin contempla beneficios impositivos para los desarrolladores inmobiliarios y propietarios de edificios que incluyan en los diseños espacios seguros y cubiertos para el estacionamiento de bicicletas.

Con relación a si observa que la movilidad en bicicleta se ha incrementando en la actualidad, Sotomayor aseguró que sí debido al aumento de ciclovías y bicisendas. Sin embargo, admitió que esto aún se encuentra en una etapa muy primaria de evolución y adaptación.

“Yo creo que esta recuperación pospandemia que estamos teniendo nos ofrece una oportunidad para repensar y remodelar el futuro de la movilidad para apuntar en un enfoque con acento en la sostenibilidad en la eficiencia y en la adaptabilidad. En esto sin lugar a dudas tiene un lugar muy importante la bicicleta”, indicó.

Con relación a cuál fue el crecimiento de esta infraestructura en la capital, mencionó que la Red de Bicisendas del Área Metropolitana de Asunción (Amabici) en su fase piloto sumó 31 km de bicisendas que “en teoría” conectan Asunción con ciudades del Área Metropolitana como Luque, Fernando de la Mora y San Lorenzo.

Respecto a proyectos futuros, señaló que el AMA contempla una red de bicisendas y ciclovías que trata de asegurar la integración de la bicicleta con el transporte público. De esta manera, el objetivo es promover comunidades sostenibles reduciendo el impacto ambiental y mejorando el acceso a áreas verdes a través del uso de la bicicleta.

El proyecto está dividido en cuatro componentes. El primero es la planificación urbana; el segundo, la gestión de residuos; tercero, el manejo de áreas urbanas y verdes, y cuarto, la movilidad y transporte sostenible, donde la bicicleta ocupa un lugar central.

Muchos de los circuitos disponibles ni siquiera son conocidos por los habitantes de la ciudad y por quienes ingresan a diario a ella. No se plantea aquí algo irrealizable, sino ampliar, integrar y difundir los tramos con los que ya contamos.

Para muestra vale un botón. La bicisenda de la calle Capitán Ruiz Díaz de Melgarejo, que se inicia detrás del Hospital Bautista y se extiende hasta las cercanías de Alas Paraguayas, permite a los ciclistas evitar nada más y nada menos que las avenidas República Argentina y Eusebio Ayala a través de un corredor verde que ofrece seguridad y confort térmico.

Esta a su vez está interconectada con la bicisenda de Souza, que atraviesa La Cuadrita y serpenteando cruza Choferes del Chaco hasta casi el nacimiento de la avenida Mariscal López, en las proximidades de la estación central del ferrocarril.

Así, es posible transitar por vías exclusivas un tramo de la principal avenida asuncena e incluso evitarla desde la plaza Batallón 40 hasta la avenida Kubitschek. Es decir, reemplazar un auto por una bicicleta no solo ocupa menos espacio, genera menos ruido y emisiones, sino que también conduce a las personas por otras vías alternativas que son de poco o difícil acceso para vehículos de mayor porte.

De su lado, aunque en su estado actual sirve para fines casi exclusivamente recreativos, otro modelo de infraestructura a ampliar y replicar es la bicisenda de Yegros, que parte del Colegio Naciones Unidas y llega hasta 21 Proyectadas.

Empero, el fallido proyecto de ampliación de esta vía hasta el centro a través de la calle Iturbe muestra que la lucha es cruel y es mucha, tal como también ocurrió con la ciclovía de Palma, a la cual se opusieron frontalmente los comerciantes y que en la práctica es casi inutilizable.

Es decir, el problema no solo es la escasa infraestructura disponible, sino factores culturales que requieren acciones más profundas como la educación cívica y vial.

Por otra parte, la costanera Sur es otra vía que ofrece seguridad a los ciclistas para ingresar al centro evitando la pesada avenida Félix Bogado, con sus largas arribadas y los buses y recolectores de basura rozando la humanidad de quienes transitan en bicicletas. En este sentido, es preciso controlar otros factores ambientales como el combate a la incineración de residuos en el vertedero Cateura, que pueden terminar siendo contraproducentes en la salud y causar accidentes por problemas de visibilidad.

En resumidas cuentas, si bien en términos realistas sería poco factible esperar un cambio masivo en el corto plazo en el patrón de transporte de las personas que ingresan a la capital desde el Área Metropolitana, un medio de transporte más limpio, rápido y sostenible entre el centro y el resto de los barrios de Asunción sí es posible.

A su vez, esto podría resultar replicable al interior de las ciudades centralinas. No obstante, para ello es preciso primero ofrecer mejores garantías para la protección de la integridad y la vida de los usuarios a través de vías más seguras y segregadas del resto del tráfico.

Desde la Municipalidad de Asunción comunicaron que hasta el 31 de mayo no aplicarán multas por revalidación o renovación de licencias de conducir. Los contribuyentes tienen tiempo de acercarse a las oficinas de la comuna asuncena para ponerse al día con sus documentos.

Diego Galeano, coordinador de la Dirección de Tránsito, explicó que la revalidación anual tiene un costo de G. 23.900 y la renovación de licencias G. 232.500. Este costo ya incluye el pago por el curso de primeros auxilios, examen psicotécnico de vista y oído y el plastificado y estampillado del carnet.

“Instamos a la ciudadanía que pueda venir en la semana antes del vencimiento para que se les pueda atender con mayor facilitad. Para que el día del vencimiento no haya una gran cantidad de gente”, señaló a C9N.

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El funcionario municipal dijo que las oficinas funcionan de lunes a viernes de 7:00 a 16:00. Los días sábados se atiende de 7:30 a 11:30 en la sede central para la renovación y revalidación de registros.

“También tenemos los centros de cobranzas para la gente que pueda revalidar, lo que anteriormente sería perforar. También tienen que tener en cuenta que los mayores de 65 años anualmente deberían hacerse su examen psicotécnico de vista y oído”, indicó.

En cuanto a la habilitación vehicular, Galeano aclaró que la fecha de vencimiento es el 30 de julio. “No hay todavía modificaciones con respecto a los montos como Municipalidad de Asunción”, puntualizó.

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El jefe del Departamento de Acciones Judiciales de la Municipalidad de Asunción, el abogado Juan José Armoa, remarcó en el programa “Fuego cruzado”, que se emite los domingos por canal GEN/Nación Media, remarcó que la comuna tiene las puertas abiertas a todos los órganos de control para esclarecer las irregularidades que son señaladas por la Contraloría General de la República (CGR).

“Todos los documentos que hacen al motivo principal, que tiene relación a los bonos, fueron remitidos a la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público, con más de 100 biblioratos. Lo solicitado por la Contraloría General de la República se le facilitó absolutamente toda la documentación, estrictamente a lo que solicitado”, precisó.

Mencionó que básicamente son dos los puntos del dictamen por el cual la CGR solicita la intervención de la Municipalidad de Asunción, señalan que hubo una falta del deber de colaboración; y que la aplicación de la cuenta única no puede ser utilizada dentro de las municipalidades.

No obstante, Armoa explicó que desde la comuna consideran que no debe prosperar la intervención solicitada por la Contraloría General de la República (CGR) para los municipios de la Capital y Ciudad del Este por carecer de legitimación para activar el mecanismo de control ante irregularidades en el manejo de fondos públicos.

El abogado se refirió al artículo 165 de la Constitución Nacional establece que será el Poder Ejecutivo, quien debe remitir el pedido de intervención a la Cámara de Diputados, que deberá otorgar su acuerdo para la intervención, previo dictamen de la CGR.

Armoa dijo que el citado artículo igualmente está en consonancia con el artículo 111 de la Ley 3966, la Carta Orgánica Municipal, que establece que el único órgano competente para solicitar la intervención es la Junta Municipal.

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“El dictamen de la Contraloría es un documento técnico, que debe ser puesto a consideración, en este caso de la Cámara de Diputados para que ellos, de manera objetiva, puedan tomar la decisión oportuna que corresponda. Este dictamen debe munirse de toda la información suficiente que requiere para la toma de decisiones como primera medida. Como segunda medida está el mecanismo de la intervención”, explicó.

Por tanto, señaló que la postura institucional que mantiene el municipio de Asunción es que la Contraloría General de la República no posee la justificación suficiente para activar esos mecanismos, porque es atribución de la Junta Municipal presentar el pedido de intervención.

“Consideramos que esto está atentando contra el estado social del derecho, porque aquí fue puenteada la Junta Municipal de Asunción. Porque, a nuestra consideración, la Contraloría General dentro de sus facultades constitucionales puede solicitar la auditoría, emitir los informes que requiera y eventualmente remitir a los órganos de control, que en este caso podría ser el Ministerio Público y otras cuestiones para la investigación pertinente. Pero no se hizo la solicitud a la Junta”, explicó.

Por tanto, señaló que el mecanismo correcto debería ser a solicitud de la Junta Municipal al Poder Ejecutivo, vía Ministerio del Interior, para la remisión del pedido al Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados.

Respecto a la cuenta única, el abogado Armao indicó que es otra cuestión de fondo de la CGR, que hace relación a la normativa conocida como Ley Borda y que se trata de la Modernización de la Administración Financiera del Estado, donde se crea dicha cuenta y los títulos de deuda del Tesoro Público.

“Esta ley es una herramienta de la Ley 1535 de la Administración Financiera del Estado, que, a su vez, la Carta Orgánica Municipal autoriza a la Municipalidad de Asunción a utilizar de manera supletoria todas las disposiciones contenidas en esta legislación. Entonces, la cuenta única al ser autorizada por la carta orgánica y al ser una herramienta de la Administración Financiera del Estado, estamos autorizados como municipalidad de Asunción a poder utilizar como cuenta única”, explicó.

Finalmente, señaló que ya la CGR, en un dictamen del 2020. recomendó la reglamentación de la cuenta única en base al funcionamiento institucional; pero ahora, en el dictamen 2024, cuestiona su aplicación porque dicen que no corresponde y se debe remitir al Ministerio Público a los efectos de las investigaciones pertinentes.

“Al aplicarse la cuenta única se está respetando lo que establece la Ley de Administración Financiera y al mismo tiempo la carta orgánica autoriza su uso. Entonces, no está prohibido el uso de la cuenta única, es más se tiene que reponer como la misma ley exige, cuando se utiliza el dinero. Lo cual, entiendo que sí se está cumpliendo con esos parámetros. Existe una importante cantidad de obras culminadas y otras en proceso”, mencionó.

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Benito Torres, director jurídico de la Municipalidad de Asunción, señaló que el pedido de intervención de la Contraloría General de la República a la gestión municipal de Asunción, no tendría causales que la sustentan, según su criterio. Consideró que existiría un problema de interpretación.

Durante una charla con el programa “Dos en la Ciudad”, que se emite por GEN y Universo 970Am/Nación Media, explicó que al leer el informe, lo que cuestionan es el uso de la herramienta financiera de la cuenta única, sobre la cual basa su denuncia de supuesta mala utilización del Presupuesto. No obstante, en ningún momento señalan algún tipo de faltante.

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“No estamos de acuerdo con la posición asumida por la Contraloría, consideramos que sí están habilitados para utilizar la herramienta financiera y en su momento ya habían iniciado una demanda contencioso-administrativo contra el informe de la CGR, a fin de debatir el punto”, explicó.

Señaló que, al existir un desacuerdo, se busca la opinión de una tercera instancia para encontrar una solución. Indicó que esta instancia y órgano competente es el Tribunal de Cuentas.

Señaló que existe un problema de interpretación, porque en el artículo 178 de la carta orgánica municipal que establece el régimen jurídico de la administración financiera se regirá por la disposición de la Ley 1535/99 de la Administración Financiera del Estado.

“No dice quizás o tal vez se regirá por esta ley. Entonces, esta ley integra también nuestro ordenamiento jurídico, sin perjuicio de nuestra autonomía municipal que establece de manera clara y categórica en sus artículos 166 que existe autonomía política, administrativa y normativa. Lo que significa que nosotros podemos decidir cuál es el régimen financiero que tenemos que adoptar”, explicó.

Asimismo, indicó que una vez aprobado o rechazado la rendición de cuentas que presenta la intendencia; a la Junta Municipal es ahí que la CGR debe hacer la revisión de esos informes. Indicó que en el caso de la municipalidad de Asunción, la Junta Municipal ha aprobado las rendiciones de cuentas y ejecuciones presupuestarias de los años 2021-2022-2023-2024.

Indicó que acuerdo al apartado de la norma 207 dice que la intendencia remitirá a la Contraloría la resolución de la Junta Municipal que apruebe o rechace la rendición de cuentas y ejecución presupuestaria acompañada de las documentaciones correspondientes para su examen.

“Ese examen nunca hizo la Contraloría. Entonces, con base en un informe parcial ellos están solicitando la intervención. Pero este acto de aprobación es un acto administrativo que otorga certeza y estabilidad al acto administrativo. Hasta tanto, no se revea esta situación este acto administrativo tiene la presunción de legalidad” acotó.

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