Una familia del barrio Mbarambure de la ciudad de Luque se llevó un susto luego de despertarse porque un camión tumba impactó contra su vehículo que se encontraba estacionado y fue arrastrado hasta llegar al interior del patio.

Según manifestó el conductor del camión de gran porte, el cual a su vez estaba cargado de arena, habría llegado hasta la parte superior de la pendiente de la calle, pero en un momento dado perdió el control del vehículo y los frenos le fallaron, por lo que empezó a retroceder sin poder detenerse.

Finalmente y a pesar de las maniobras del chofer, el camión terminó impactando contra un automóvil de la marca Toyota, modelo FunCargo de color negro, que se encontraba estacionado frente a una vivienda. Este fue arrastrado varios metros hasta ingresar al patio de la casa, donde finalmente el impacto logra ser frenado por parte de la casa.

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“El conductor manifestó que aparentemente fue una falla mecánica, que trató de no chocar otras casas por lo que terminó impactando el vehículo y la casa. Afortunadamente, no había nadie por la calle en ese horario ni ninguno de los propietarios del vehículo se encontraba en el interior del mismo”, comentó el oficial Juan Mora en conversación con Canal Trece.

Ahora los propietarios de la vivienda esperan que el conductor o la empresa para la cual trabaja se haga cargo de los destrozos de la fachada de su vivienda y el de su vehículo, ya que quedó aplastado y prácticamente inutilizable.

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• Bogotá, Colombia. AFP.

Pablo Escobar formó durante los 1980 un ejército de adolescente pobres dispuestos a matar a policías, políticos y magistrados. Con el dinero del narcotráfico los convenció de cometer crímenes horrorosos, una herencia que sigue viva en Colombia. Este tipo de crímenes, comunes en tiempos del capo abatido en 1993, volvieron a la memoria del país esta semana, tras el intento de asesinato del aspirante a la presidencia Miguel Uribe mientras se reunía el sábado con seguidores en un parque de Bogotá.

El martes, la fiscalía imputó a un adolescente de 15 años por presuntamente atentar a balazos contra el dirigente político de 39 años, que está en estado crítico en una clínica. El joven se declaró inocente y está detenido. Un video al que tuvo acceso la AFP muestra al presunto atacante moverse entre la multitud vistiendo una camiseta estampada y vaqueros. En un momento saca un arma y apunta. Suenan disparos, Uribe cae y la multitud se dispersa en pánico.

La fiscalía asegura que le propinó tres tiros. Esto “no es algo excepcional para Colombia”, dice a la AFP Mathew Charles, exasesor de Unicef en Colombia y director de la fundación de inclusión de jóvenes vulnerables Mi Historia. La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró el lunes que bandas de delincuentes utilizan a menores porque el marco jurídico es diferente al de los adultos y contempla penas más leves. Solo en 2024, cerca de 5.000 adolescentes de entre 14 y 17 años ingresaron a este sistema penal en Colombia luego de cometer delitos, entre ellos homicidio, según el Ministerio de Justicia.

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Los jóvenes que empuñan armas suelen venir de barrios marginados, con escaso acceso a educación y entornos familiares frágiles, dice Charles. Ante la falta de oportunidades, la criminalidad se presenta como única salida.

“Están buscando soluciones” rápidas para obtener dinero “porque no hay comida en la mesa por las noches en su casa”, explica. El 33 % de los colombianos son pobres. Casi el 4 % de los niños y adolescentes en edad escolar abandonaron sus estudios en 2023, año del último balance oficial.

Los grupos ilegales pagan a menores entre 50 y 500 dólares por matar, según investigaciones de Charles. A menudo son “engañados” y no llegan a ver nunca el dinero prometido, asegura.

Cuando fue detenido, el menor acusado de disparar contra Uribe decía que estaba dispuesto a “colaborar” con las autoridades y que recibió órdenes de una persona de la “olla”, como se le conoce en Colombia a los puntos de expendio de drogas.

Astrid Cáceres, directora de la entidad estatal encargada de la protección de los menores (ICBF), dice que, en buena parte de los casos, las mafias “provocan” que los menores cometan delitos “a partir del consumo” de sustancias psicoactivas.

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La pena máxima para un menor por homicidio en Colombia es de ocho años. Un adulto puede enfrentar hasta 50 años tras las rejas. Usar a menores “es una vieja costumbre” en el país que “busca claramente la impunidad y aprovecharse de su situación de marginalidad”, dice el penalista Francisco Bernate a la AFP.

Bernate sugiere que el desarrollo cerebral de niños y adolescentes es un factor determinante en estos casos. Un menor de 18 años “no tiene la plena capacidad para comprender” las “consecuencias de sus actos”.

“No solo en Colombia, (sino) en la mayoría de países del mundo, y así lo obligan los tratados internacionales, reciben un tratamiento diferenciado al de los adultos”, dice. La fiscal Camargo explicó que, a diferencia del código penal, con un enfoque punitivo, el marco legal de los menores contempla sanciones educativas y restaurativas. No van a la cárcel sino a centros especializados.

El 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial del Partido Comunista Bernardo Jaramillo iba a tomar un vuelo. Pese a estar acompañado por escoltas, le dispararon a quemarropa y lo mataron en el aeropuerto. El joven que empuñaba el arma tenía 16 años. “Ese muchacho duró un poco más de un año detenido (...) y en 1992 apareció muerto a tiros junto a su padre en el baúl de un carro en Medellín”, cuenta a la AFP el periodista y académico Jorge Cardona.

El autor del libro “Días de Memoria”, que hace un recuento de los sucesos violentos que marcaron a Colombia entre 1986 y 1991, cuenta dos casos más. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, fue asesinado por un menor de 16 años en 1984 y Carlos Pizarro, exguerrillero del M-19 y candidato presidencial, cayó baleado por otro joven, de 20 años, dentro de un avión en 1990. Esos casos no han sido totalmente resueltos.

El roce de una motocicleta con un automóvil sobre la calle 7 de octubre de la compañía Isla Bogado de la ciudad de Luque derivó en una fuerte discusión entre los conductores de ambos vehículos, la cual escaló hasta el punto en que uno de ellos amenazó al otro con un arma de fuego.

Todo lo ocurrido quedó registrado en imágenes de circuito cerrado, donde se puede observar como, tras el aparente roce accidental de ambos vehículos, el conductor del automóvil frena y desciende del mismo, enfrentando al motociclista. La discusión inclusive escaló al punto en que se dieron amenazas con un arma de fuego, según la denuncia.

Al percatarse de la llegada de otro automóvil que circulaba por la zona y no podía pasar porque la riña obstaculizaba el paso, ambos sujetos se retiraron en medio de gritos y abordaron sus respectivos vehículos, siguiendo su camino.

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Todo apuntaba a que el incidente de violencia culminaría así, pero unas cuadras más adelante se puede ver en la grabación de otro circuito cerrado como el automóvil sigue a la motocicleta y choca contra ella en varias ocasiones hasta que termina sacándola del camino.

El conductor del biciclo maniobró de manera brusca para evitar caer, pero terminó subiendo abruptamente sobre la vereda; posteriormente, el conductor del automóvil se da a la fuga. A raíz de este actuar peligroso, el motociclista realizó la denuncia correspondiente a la comisaría jurisdiccional y entregó las imágenes de circuito cerrado como prueba.

Ahora los investigadores se encuentran cotejando los datos obtenidos para lograr dar con el conductor del automóvil y continuar con la investigación para aclarar lo ocurrido y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los conductores en el hecho.

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• Ámsterdam, Países Bajos. AFP.

La crisis de salud mental en niños y adolescentes en todo el mundo ha alcanzado un punto crítico a causa de la “expansión descontrolada” de las redes sociales, según un informe del grupo defensor de los derechos de los niños KidsRight, publicado este miércoles. Las investigaciones de esta organización con sede en Ámsterdam y de la universidad Erasmus de Rotterdam arrojan que uno de cada siete en la franja comprendida entre los 10 y los 19 años padece algún tipo de problema de salud mental.

“El informe de este año es una señal de alarma que no podemos ignorar más”, declaró en un comunicado Marc Dullaert, fundador y presidente de KidsRights. “La crisis de salud mental entre nuestros niños ha alcanzado un momento crítico, exacerbado por la expansión descontrolada de las redes sociales, que favorecen el uso por encima de la seguridad”, expuso.

El KidsRight Index es un informe anual efectuado por esta fundación, que evalúa el nivel de adhesión de 194 países a los derechos de los niños y en qué medida se esfuerzan en mejorarlos. En su informe 2025, KidsRights identifica una “correlación inquietante” entre el deterioro de la salud mental de los menores y lo que califica de uso “problemático” de las redes sociales, es decir un consumo adictivo de las mismas que llega a perturbar el día a día del usuario.

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Igualmente observó una correlación entre un consumo excesivo de contenidos en internet y tentativas de suicidio. La tasa global de suicidio se sitúa en 6 por cada 100.000 entre los adolescentes de 15 a 19 años, recuerda el documento, citando cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sin embargo, observó el informe, las restricciones tajantes -como la decisión de Australia de prohibir a los menores de 16 años el acceso a redes sociales- tampoco son la mejor solución.

“Ese tipo de prohibiciones estrictas pueden infringir los derechos civiles y políticos de los niños”, entre ellos el acceso a la información, indicó el KidsRight Index.

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El texto urgió por ello a un enfoque más global y sutil, que tenga en cuenta el acceso de los menores a contenidos educativos y evite por otro lado su aislamiento.

El informe señala que “los avances tecnológicos de los últimos años han abierto una caja de pandora de desafíos y oportunidades”. Entre las últimas, destacó el acceso a la información, pero en la lista de desafíos enumeró la exposición de los niños al acoso, la violencia psicológica, la explotación sexual, la violencia de género y la desinformación.