En un confuso episodio, un joven de 24 años terminó muerto al recibir un balazo en la cabeza. Cristoper Agustín Ayala Benítez, de 24 años, cayó mortalmente herido luego de recibir una bala en la cabeza en medio de una riña entre jóvenes en una lomitería en el barrio Pa’i Ñu de Ñemby.
Las cámaras del circuito cerrado del estacionamiento de un casino llamado DT, en cuya vereda funciona el local gastronómico, captó el momento en el que un grupo de 10 a 12 personas comenzaron a golpearse unos a otros, entre ellos la víctima.
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La trifulca duró 23 segundos, hasta que un hombre ajeno a la pelea desenfundó un arma y gatilló dos veces. La segunda bala hirió a Ayala. Luego se dio a la fuga ante el reclamo de algunos testigos. El trasfondo de la riña todavía no fue aclarado.
Horas más tarde identificaron a Martín Israel Ramírez Thompson, de 21 años, y lo detuvieron en su domicilio en el barrio San Blas de San Antonio. El hecho ocurrió a las 4:45 del domingo. La fiscal Laura González y personal policial de la Comisaría 7ª de Central llegaron hasta el lugar.
Según el informe, el joven contó que en su huida tiró el revólver calibre 22 en un yuyal, pero los investigadores lograron hallarla. Ahora buscan al hombre que hirió a varias personas en el lugar con un arma blanca en la mano.
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Honduras despliega a policías y militares ante ola de crímenes
El Gobierno de Honduras desplegó a miles de policías y militares en todo el país ante un recrudecimiento de los crímenes en las últimas semanas.
El ministro hondureño de Seguridad, Gustavo Sánchez, encabezó la operación en la capital, pero aclaró que la intervención es “a nivel nacional”. Añadió que la medida está encaminada a prevenir “delitos contra la vida, homicidios, asesinatos, robos a mano (armada) y extorsión”, además de ejecutar más de 10 órdenes de captura en Tegucigalpa y 50 en el resto del país centroamericano.
Honduras ha sido sacudida en las últimas semanas por una ola de crímenes de gran impacto. El 26 de junio, cinco jóvenes fueron secuestrados en Tegucigalpa y sus cadáveres aparecieron días después, en un hecho atribuido por la policía a la pandilla Barrio 18. Además, un grupo de 14 personas y otro de 12 fue raptado hace tres semanas en el litoral Atlántico, acciones que la policía imputó a una guerra entre bandas de narcotraficantes. Los secuestrados, entre ellos al menos dos mujeres, siguen desaparecidos.
Sánchez también anunció la extensión del estado de excepción por 45 días. La medida está vigente en el país desde el 6 de diciembre de 2022 y su anterior ampliación fue el 19 de mayo.
Esa disposición faculta arrestos sin orden judicial, norma similar a una vigente desde marzo de 2022 en El Salvador, donde se ha logrado una drástica reducción de las actividades de las pandillas.
El ministro Sánchez negó que el estado de excepción haya fracasado en Honduras, como aseguran algunos medios locales.
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Remiten a Fiscalía informe sobre uso de bonos en la administración de Nenecho Rodríguez
La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público el informe de auditoría sobre la utilización de G. 500.000 millones de los bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción que debían ser destinados para el financiamiento de obras. El documento hace mención al desvío de los recursos económicos.
Entre las irregularidades señaladas por el órgano extrapoder figura el destino del dinero a una “cuenta única del Tesoro Municipal”, de donde se hicieron los desembolsos. Argumentan que la normativa legislativa que regula la citada modalidad establece que esa vía no puede ser aplicada por un gobierno municipal.
“La normativa legislativa que regula la modalidad de cuenta única (ley 5097/13) claramente no puede ser aplicable a un gobierno municipal, en primer lugar, porque en el caso de las municipalidades esa ley está en conflicto con la Ley orgánica municipal que prohíbe ejecutar dineros provenientes de la emisión de bonos para pagar gastos corrientes”, sostiene el documento.
El informe indica que la modalidad de cuenta única fue dispuesta para administrar los excedentes de las instituciones, no así para financiar un déficit de la caja. Señala que bajo la gestión del intendente capitalino Óscar “Nenecho” Rodríguez se realizó pagos de gastos corrientes por un total de G. 492.000.000.000 con los fondos de la modalidad de la cuenta única municipal, sin adjuntar documentos de respaldo y sin detallar el origen de los recursos utilizados.
Menciona además que se utilizó un total de G. 287.000.000.000 para costear el mantenimiento de los vehículos, combustibles, alquiler de vehículos recolectores, cubiertas, seguros, reparación de vehículos, repuestos varios, herramientas, emulsión asfáltica, piedra triturada, uniformes, leche, servicios de transporte y disposición final de residuos.
El informe manifiesta a la vez que se cubrió el costo de las inversiones públicas en adquisiciones de maquinarias y herramientas para dotar a las áreas operativas, así como obras de infraestructura, por aproximadamente G 50.000 millones, como también el pago de capital e intereses de bonos por la suma de aproximadamente G. 155.000.000.000.
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El asesino de la videollamada: a 4 años del horror en Capiatá
Eran las 2:00 de la madrugada de aquel 3 de julio del año 2020, cuando nuestro país amaneció con la terrible noticia de una verdadera masacre registrada en el barrio San Miguel de la ciudad de Capiatá por el agente policial Isidro Casco, quien asesinó, sin piedad, a cinco miembros de su familia y luego se suicidó.
El tremendo suceso fue tan impactante que no solo conmocionó al país. Medios internacionales se hicieron eco debido a que el homicida realizó una videollamada mostrando a su esposa cómo mataba a sus hijos. Ella estaba viviendo en Málaga, España, y había migrado al viejo continente para ofrecer una mejor vida a su familia.
Aquella trágica madrugada, Casco llegó a la vivienda realizando primeramente una videollamada a su madre, quien estaba residiendo en España junto a su pareja Beatriz Romero. Durante la comunicación relató a ambas mujeres el crimen que iba a cometer, e incluso, llegó a transmitir en vivo parte del asesinato, mientras les pedía que vuelvan al país, ya que las dos estaban trabajando en ese momento en España y no podían volver por la pandemia del covid-19.
Fueron víctimas de aquel trágico hecho Alberto de la Cruz Riveros Benítez y Amalia Beatriz Portillo Caballero, padres de Beatriz. También falleció Liliana Mariel Gómez Caballero, cuñada de Beatriz, y dos niños, de tan solo 1 y 2 años de edad. Otras dos personas quedaron heridas.
Poco antes de cometer el crimen, Isidro Casco se comunicó al 911 a fin de solicitar asistencia policial, pues supuestamente una persona quería ingresar a su casa para robar, refiriéndose a otra vivienda. Algunos cuerpos tenían hasta 6 disparos de arma de fuego.
VIOLENCIA FAMILIAR
La comisaria María Elena Andrada, entonces jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, había manifestado que el agente policial tenía una denuncia por violencia familiar, realizada por su anterior pareja en el 2017. El hombre además contaba con serios problemas de adicción al alcohol y las drogas, según sus familiares.
La Fiscalía investigó el hecho y el juez a cargo del caso dispuso apenas una multa contra el uniformado, que realizó donación para luego seguir ejerciendo sus funciones como policía hasta la madrugada del 3 de julio de 2020, fecha que mató a 5 personas y se quitó la vida.
“ENTRÓ DIRECTAMENTE A MATAR”
Isabel Caballero, sobreviviente del trágico suceso, narró de qué forma el agente policial ingresó a la casa, donde estaban sus hijos y exsuegros para acabar con sus vidas. Ella es la prima de la expareja del uniformado, y comentó en su momento a los medios que estaba dentro de la casa cuando Casco pateó la puerta e ingresó a matar a quemarropa a sus hijos y exsuegros. “Entró primero a la habitación de sus suegros y después a la de sus hijos. Uno de sus hijos, un bebé, estaba con nosotros en la pieza. Él quería asesinar solo a sus hijos. Cuando mi hija salió corriendo con el bebé en brazos, vino y le disparó a la criatura en la cabeza. Gracias a Dios no le disparó también a mi hija”, fue el escalofriante relato de Isabel.
Sostuvo que el suboficial no dijo palabra alguna durante el crimen. “Por la forma en que lo vimos, estaba drogado. Estaba muy nervioso, se alteraba y consumía drogas. Siempre decía que nosotros nos sentábamos a hablar de él”, agregó.
EXCELENTE PERSONAL
El entonces subjefe de la Comisaría 21.ª, Mboi’y, Itauguá, Jorge Villalba, señaló que el uniformado Isidro Casco era un buen profesional y no tuvo problemas con nadie durante los cinco meses de servicio que estuvo en esa dependencia. “En su tiempo de trabajo, con nosotros, al menos, fue un excelente personal”, había dicho. Sostuvo el jefe policial que él, como subjefe de la comisaría, y los demás superiores del uniformado, nunca tuvieron conocimiento del problema de Casco con las drogas y el alcohol, como manifestaron algunos allegados.
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Descartan asalto en crimen a tiros de un capataz en Horqueta
Agentes del Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional se encuentran investigando el asesinato de un hombre, cuyo cuerpo fue hallado en un campo comunal en la ciudad de Horqueta, en el departamento de Concepción. El hombre se desempeñaba en el lugar como capataz.
El hombre fue identificado como Sebastián Benítez Pérez, de 36 años, quien llevaba trabajando en el lugar más de 10 años. Su cuerpo fue encontrado al costado de su motocicleta, a metros de uno de los portones de acceso al campo que cuidaba, lo que hace presumir a los intervinientes que habría sido emboscado al bajar de su motocicleta.
“El cuerpo presenta dos disparos de escopeta calibre 12, y fueron encontradas todas sus pertenencias con el mismo, por lo que se descarta que sea un hecho de asalto“, comentó el comisario Gerardo Duarte, subjefe del Departamento de Investigaciones, al corresponsal de Nación Media, Ángel Flecha.
“Conversamos con los vecinos de la zona y nadie logró ver nada, ya que habría sido en horas de la madrugada cuando el hombre llegaba para empezar su jornada laboral. Pudimos conversar con su esposa, que brindó algunas informaciones”, agregó el jefe policial.
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Duarte precisó que no se descarta que los autores del asesinato estén ligados con algún grupo criminal, ya que es una zona de influencia de varios de ellos, por lo que también el celular de la víctima será sometido a peritaje.
En cuanto a la comunidad donde se encontró el cuerpo, el interviniente resaltó que no es normal que se den este tipo de hechos, ya que habitan varias familias que se dedican en gran medida a agricultura y ganadería, y los hechos de violencia no son comunes entre los habitantes.