El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, encontró una nueva herramienta para dilatar las causas que pesan en su contra por el supuesto manejo irregular de fondos públicos. El jefe comunal y su equipo de abogados amenazan con presentar una denuncia ante la fiscalía general y piden auditar las causas abiertas contra el lord municipal. Son 42 las denuncias presentadas contra Prieto hasta el momento.
- Unidad de Investigación Nación Media
Una nueva chicana fue presentada por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. O, en palabras elegantes, el jefe comunal presentó un nuevo recurso procesal con el que buscará paralizar las 42 denuncias presentadas en su contra por el supuesto uso irregular del dinero de los contribuyentes esteños.
Según la defensa, se han detectado irregularidades graves como la alteración de folios y la sustracción de pruebas favorables que podrían haber beneficiado al jefe comunal. El lord mayor es representado por la abogada Gilda Portillo y por Guillermo Ferreiro, excandidato a diputado y coordinador de la Concertación Nacional, quien en el discurso siempre cuestiona los manejos del sistema de Justicia, pero que utiliza las mismas prácticas que tanto critica.
El objetivo de la presentación, según explican, es dejar constancia de lo que el equipo legal de Prieto considera una persecución política a través del uso indebido del Ministerio Público. Un argumento que habitualmente repiten quienes son señalados por el uso irregular del dinero público. Curiosamente, cuando personas ligadas al Partido Colorado realizan estas denuncias, la oposición las suele tratar de chicaneras, pero en el caso de Prieto quieren convertirlo en un perseguido.
Según los abogados defensores, el proceso judicial está plagado de investigaciones sesgadas, negligencias y una clara falta de imparcialidad.
En concreto, Prieto ataca -una vez más- la causa abierta en su contra por las irregularidades cometidas en plena pandemia con la compra de kits que supuestamente debían ser para personas de escasos recursos.
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El caso más notorio durante la pandemia fue la adquisición de cestas básicas por G. 1.769 millones, destinadas a familias de escasos recursos. En esta operación, están procesados Miguel Prieto, varios de sus funcionarios y Emili Vanessa Florentín Páez, actual asesora jurídica de la municipalidad. Según la Fiscalía, Florentín Páez habría colaborado en un esquema de facturación ficticia para encubrir la falta de entrega de mercaderías.
La firma Tía Chela S.R.L., adjudicada para proveer las cestas, no contaba con el inventario necesario, según se constató en las investigaciones. Para justificar las operaciones, se habrían utilizado facturas falsas emitidas por Vanemi S.A., empresa vinculada a Florentín Páez. Las transacciones ficticias totalizaron G. 692 millones, parte de un perjuicio económico estimado en G. 2.130 millones.
La Fiscalía descubrió una red de subproveedores inexistentes, que emitieron facturas para simular la entrega de productos nunca adquiridos. Este esquema refleja el grado de opacidad con que se manejaron los fondos destinados a mitigar los efectos de la pandemia en Ciudad del Este.
SCDE SA, antes conocida como Golden Rouge SA, pasó de ser un club nocturno para convertirse en una constructora favorecida por la Municipalidad de Ciudad del Este con más de G. 14.000 millones (unos USD 1,7 millones) en contratos desde 2022. Inicialmente, Golden Rouge operaba en el rubro de bebidas y entretenimiento, pero en 2021 cambió su denominación y actividades, incluyendo la construcción de carreteras, edificios y otras infraestructuras. Entre sus accionistas figura Lumma Silva Battochi, funcionaria de la municipalidad y esposa de Juan Quiroga Cañete, director de la Secretaría de la Vivienda. Silva Battochi, con un salario mensual de G. 3 millones, aportó G. 320 millones como capital para integrarse a la empresa, una cifra que contrasta notoriamente con sus ingresos como funcionaria.
Desde 2022, SCDE SA firmó siete contratos con la comuna esteña, que representan la mayor parte de sus ingresos, ya que solo cuenta con otros dos contratos menores con entes públicos. Este caso pone en evidencia las prácticas cuestionables en la administración del intendente Miguel Prieto, quien ha beneficiado de manera directa a empresas vinculadas a su entorno cercano, mientras persisten las dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos.
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No es la primera vez que Prieto recurre a chicanas para dilatar los procesos en su contra. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó el 25 de julio del año pasado la permanencia de los magistrados del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, rechazando así la recusación presentada por la defensa del intendente de Ciudad del Este, en el conocido caso “Tía Chela”.
La recusación buscaba apartar a las juezas Andrea Vera, Bibiana Benítez y al camarista Arnulfo Arias del caso, bajo el argumento de que habrían actuado con una supuesta celeridad excesiva en la resolución de planteamientos judiciales, lo que, según la defensa, comprometía su imparcialidad. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó este argumento, ratificando la continuidad de los magistrados en el proceso.
La causa permanece en un punto muerto, a pesar de que se había fijado una audiencia de imposición de medidas ante el juez Humberto Otazú, la cual fue suspendida debido a esta recusación. El proceso sigue estancado a la espera de que la Corte Suprema resuelva otro incidente pendiente.
A pesar de las advertencias de la máxima instancia judicial de evitar el uso abusivo de los recursos procesales, los abogados de Prieto continúan presentando medidas que, según señalamientos judiciales, buscan dilatar el avance de las investigaciones y postergar las resoluciones del caso. La defensa sostiene que se trata de un intento por garantizar el derecho a una investigación justa, mientras que desde el ámbito judicial se señala un posible intento de obstrucción del proceso.