No es la primera vez que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) recibe denuncias de casos de prácticas inhumanas por parte de alumnos del cuarto año de la Academia Militar (Academil) contra cadetes de años inferiores y se trata de casi un secreto a voces. Tras esto, iniciaron una investigación exhaustiva.
El MNP es un organismo del Estado de carácter preventivo. Lo que ellos hacen es monitoreo y hallazgos de posibles torturas, según explicó Sonia von Lepel. “Hicimos un monitoreo en la Academil y encontramos un uso excesivo en el sentido de las sanciones. Todas las sanciones son en el aspecto físico”, manifestó.
“Los del cuarto año son quienes directamente aplican el castigo físico que está prohibido y los superiores saben de todo esto. Nos preocupa que los del cuarto año tengan este superpoder. Son sus pares y nos preocupa la situación”, resaltó en contacto con la 680 AM.
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Indicaron que las entrevistas de los cadetes las realizaron en lugares tranquilos y constataron que los castigos eran físicos como el famoso “descuereo”, que podía causar lesiones en ellos.
Von Lepel dijo que lo que encontraron es que hay una omisión por parte de los superiores. “Ellos saben de los castigos físicos. El trípode es un castigo prohibido, pero persiste, en especial para cadetes de primer y segundo año. El castigo y la tortura no son académicos. Se aplican sanciones directas. La persona que identifica la falta, aplica la sanción y son generalmente los de cuarto año”, enfatizó.
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Contraloría Ciudadana pide avances a la Fiscalía en las denuncias penales contra Prieto
La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este requiere a la Fiscalía avanzar en las denuncias penales presentadas por la organización no gubernamental contra el intendente Miguel Prieto, que cuenta con 49 casos por corrupción en su administración en la Municipalidad de Ciudad del Este, actualmente bajo intervención.
“En este proceso que estamos llevando adelante, a nosotros nos parece que la Fiscalía es muy lenta, ya que están comprobadas las irregularidades, los actos de corrupción que hizo Prieto en su administración. El intendente tiene solo dos imputaciones de las 49 denuncias en su contra”, indicó Magdalena Montiel, vocera de la agrupación civil, en una entrevista con radio Tribuna.
De las 49 denuncias por corrupción que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la Contraloría Ciudadana impulsó un total de 15 acusaciones ante el Ministerio Público con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños. “Las acusaciones son en base a documentos contundentes que fueron presentados. Prieto está perdiendo bastante fuerza, construyó su imagen política sobre las mentiras y, cuando estas fueron descubiertas, fue mermando la preferencia de la gente hacia él. Es un mesías y líder falso ya que en los primeros tiempos de su administración ya cometió hechos de corrupción“, refirió.
Antecedentes
Prieto se encuentra imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El líder del movimiento Yo Creo está sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que ascendería a la suma de G. 306.188.500, en el pago concretado por mercaderías inexistentes.
En la causa se menciona que el dirigente político, entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos, con supuestos fines sociales, ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales, todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto. En un caso previo, el Ministerio Público lo imputó por presunta compra amañada de 25.000 kits de alimentos, causando un perjuicio patrimonial de G. 1.769 millones a la Municipalidad de Ciudad del Este, también durante la pandemia del covid.
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Diputados hablan de “acto de alta traición” y piden que EE. UU. intervenga
“De ser necesario, hay que darle participación al Departamento del Tesoro de EE. UU. para que tome intervención en este caso. Si esto es verdad, no hablamos solamente de corrupción, sino de un acto de alta traición a la patria en sus horas más oscuras, y eso no tiene perdón ni de la Justicia, ni de Dios”, enfatizó el diputado Rodrigo Gamarra durante el espacio de oradores de la sesión ordinaria de Diputados.
Algunos legisladores expusieron las graves denuncias que pesan contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre cuentas millonarias en paraísos fiscales.
Gamarra agregó que este caso no puede tomarse a la ligera, ya que no se trata de un simple caso más, sino que posiblemente se constituya en el robo institucionalizado más grande y descarado de la historia del país.
Indicó que, de acuerdo a la investigación periodística que se realizó en la Argentina, y no en el Paraguay, hablan de dos cuentas offshore, que estaría superando 7 veces más el patrimonio declarado por el exmandatario al finalizar su mandato.
Recordó que la información provino del extranjero, y que, por tanto, ni el gobierno actual, ni el Partido Colorado o el movimiento Honor Colorado han tenido participación en el asunto.
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“Es una publicación que hizo un medio argentino, y que luego de publicado se hicieron eco los medios de prensa locales. Es decir, no hay ningún tipo de intervención desde el partido, o el movimiento, ni siquiera del país, como algunos quieren pintar para tratar de tapar esto que sale a la luz”, comentó.
Insistió, además, en que como cuerpo legislativo deben exigir a la Fiscalía, a la Seprelad, a la Contraloría y a todo organismo de control que investigue y aclare esta situación.
EE. UU. debe tomar cartas en el caso
También el diputado Yamil Esgaib señaló que espera que el Departamento de Estado del gobierno norteamericano tome igualmente cartas en el asunto. “Así como ocurrió con algún compatriota en algún momento, que al tocar los dólares y moverlos de manera ilegal los Estados Unidos tienen derecho de venir y llevarlo de la oreja, si quiere”, enfatizó.
Agregó que la Cámara de Diputados no puede dejar pasar una denuncia tan lamentable que se ha divulgado a través de la prensa extranjera, que nuevamente está poniendo en una situación desagradable al país, por causa de políticos corruptos.
Indicó que esta investigación periodística que se hizo en el vecino país vino a confirmar lo que ya desde hace un tiempo venían denunciando, sobre los hechos de corrupción en el gobierno anterior.
“Hoy están desesperados y asustados por una denuncia, que estoy convencido de que es cierta, y que debe haber más cuentas en paraísos fiscales. Porque acá no solo se robaron 21 millones de dólares, acá se robaron miles de millones de dólares. Esos 21 millones seguramente fue la colita de cuando ya se iba y que están a nombre de Mario Abdo y su señora”, comentó.
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Diputados piden informe sobre cumplimiento de ley que rige sobre el transporte público
El diputado colorado Rodrigo Gamarra solicitó al pleno que se apruebe la propuesta de resolución por la cual piden informes al Viceministerio de Transporte Público, dependiente de Obras Públicas, sobre el nivel de cumplimiento de las empresas de transporte público con las disposiciones de la Ley 6789.
La iniciativa que fue aprobada sobre tablas hace referencia a la legislación vigente desde el 2021, por la cual establece la cancelación de la licencia, itinerario y subsidio a las empresas del transporte público infractores de la Ley.
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El objetivo de esta ley vigente es establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplen con las leyes vigentes.
Al respecto, el legislador argumentó que este pedido de informe surge en respuesta al significativo aumento de denuncias y quejas de los usuarios sobre la calidad del servicio, con problemas recurrentes, como mal estado de los vehículos, falta de puntualidad y escasa capacitación de los conductores, además de muchos casos de caídas de pasajeros en algunos casos con derivación fatal.
Con esta medida se pretende evaluar si las empresas están cumpliendo con las normativas y estándares requeridos de manera a ofrecer un servicio eficiente y seguro a los usuarios del transporte público, en su gran mayoría estudiantes y trabajadores, expresa parte del proyecto.
“La implementación efectiva de la Ley 6789 podría significar una mejora considerable en la calidad del transporte público, que redundaría en beneficio de los usuarios, que es precisamente lo que se pretende”, explicó ante la plenaria el legislador proyectista.
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Casos de violencia familiar lideran las denuncias en Concepción
Los hechos de violencia intrafamiliar lideran las denuncias en el departamento de Concepción, según informes del Poder Judicial. Otro dato llamativo es la duplicación de los casos judicializados de abuso sexual en niños.
De acuerdo con los reportes, el año pasado se reportaron 19 casos de abuso sexual en niños y en este semestre ya se registraron más de 30 hechos.
“Está encabezando como en todos los años anteriores el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. El año pasado en el periodo de tiempo tuvimos 156 casos. En este año tenemos 134”, dijo el presidente de la circunscripción judicial de Concepción, Fabio Cabañas al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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En tanto, manifestó que “genera preocupación” el hecho de abuso sexual en niños. En tanto el delito menos cometido es el de “coacción grave” con un total de 19 casos.
“Y otros que han subido son los de violencia familiar. El año pasado era 89 y ahora subió a 91”, refirió.
Las autoridades judiciales buscan cotejar sus estadísticas con los documentos del Ministerio Público, para tener el dato global de los casos reportados a nivel departamental, conforme manifestó el abogado Cabañas.
También se deben colectar los datos manejados por la Policía Nacional, ya que no todos los casos son finalmente judicializados. Esto considerando que pueden darse circunstancias en que las denuncias son retiradas o hay un acuerdo entre las partes, con lo que deciden poner fin al litigio.
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