Desde el Ministerio de la Mujer recuerdan que los hechos de violencia contra la mujer pueden y deben denunciarse, ya sea en la comisaría más cercana (Policía Nacional), el Ministerio Público (Fiscalía) y el Poder Judicial (Juzgado de Paz), que forman parte de la ruta crítica. La cartera estatal hace de enlace, asistiendo y direccionando a las víctimas para que las instituciones involucradas les brinden una atención integral, cada una en su rol.
Igualmente, pone a disposición la línea telefónica SOS Mujer 137, la misma cuenta con cobertura nacional las 24 horas del día, es de acceso gratuito desde teléfono público, línea baja y todas las líneas de telefonía celular. Además funciona de manera coordinada entre el Ministerio de la Mujer, la Policía Nacional y otras instancias que se ocupan del abordaje a mujeres en situación de violencia basada en género.
Mediante esta línea se proporciona atención a través de profesionales que escuchan, orientan y canalizan a las usuarias de forma precisa dentro del Servicio de Atención a la Mujer, con las diferentes instituciones públicas para recibir el apoyo social, psicológico y/o jurídico o cualquier otro servicio solicitado de forma personalizada.
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Atención Sedamur
Así también, cuentan con el Servicio de Atención a la Mujer (Sedamur) que ofrece atención social, psicológica y jurídica por parte de profesionales especializados, a través de estrategias de atención inicial, seguimiento de casos, acompañamiento permanente a las usuarias y derivación a otras instituciones en caso de requerimiento.
Este servicio es brindado en la institución, donde cuenta con el teléfono (021) 450-037/8, cuyo horario de atención es de 7:00 a 15:00, de lunes a viernes, ubicado en Presidente Franco y Ayolas, en el edificio Ayfra - planta baja.
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PLRA lanza jornadas obligatorias en comités para erradicar la violencia contra la mujer
El Directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), encabezado por Alcides Riveros, emitió la Resolución n.° 18/2026, que declara de interés prioritario la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y dispone jornadas obligatorias y prioritarias de capacitación y sensibilización en todos los comités del país.
La resolución menciona que las capacitaciones tendrán como fin la promoción de la igualdad, el respeto a los derechos humanos y una sociedad libre de violencia. Igualmente, las capacitaciones deben estar dirigidas también a erradicar la violencia contra niños y adolescentes.
“El artículo 1 de la Constitución Nacional establece que la República del Paraguay se constituye en Estado social de derecho, unitario, indivisible y descentralizado y adopta para su gobierno la democracia representativa, participativa y pluralista, fundada en el reconocimiento de la dignidad humana”, indica la resolución.
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Agrega que “el reconocimiento de la dignidad humana como fundamento de la organización democrática del Estado exige promover una sociedad en la que todas las personas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, libres de discriminación y de violencia”.
El documento establece que la coordinación de las actividades de capacitación y sensibilización estará a cargo de la Dirección de Política de Equidad y Género en articulación con los órganos y autoridades partidarias correspondientes, pudiendo establecer mecanismos de cooperación con instituciones públicas, universidades y organizaciones especializadas en la materia.
“El artículo 46 de la Constitución Nacional consagra la igualdad de todas las personas en dignidad y derechos, prohíbe las discriminaciones y establece que el Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o propicien, disponiendo que las protecciones establecidas sobre desigualdades injustas no serán consideradas discriminatorias, sino igualitarias”, indica.
A la vez, el documento detalla que el artículo 48 de la Constitución Nacional “reconoce la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer y dispone que el Estado promoverá las condiciones y creará los mecanismos adecuados para que dicha igualdad sea real y efectiva, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio”.
Sostiene que el artículo 60 de la Constitución Nacional establece que el “Estado promoverá políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad, reconociendo la importancia de la prevención como instrumento de protección de los derechos fundamentales”.
Añade que el artículo 124 de la Constitución Nacional reconoce a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público a las que corresponde “expresar el pluralismo y concurrir a la formación de las autoridades electivas, a la orientación de la política nacional, departamental o municipal y a la formación cívica de los ciudadanos”.
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Ministerio informa que la línea 137 SOS Mujer no está operativa
El Ministerio de la Mujer comunicó que la línea 137 del Sistema Operativo de Seguridad (SOS) Mujer se encuentra temporalmente fuera de servicio, debido a problemas con el sistema de telefonía, cuyo proveedor sería la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).
La situación genera preocupación e indignación ciudadana en un contexto marcado por el aumento de casos de feminicidio en el país, que en lo que va del año suman 20, según los registros del Ministerio Público.
El anuncio se produce luego del crimen de Deisy Paola Giménez, de 22 años, quien fue asesinada a balazos presuntamente por su expareja en la vía pública, en el barrio Santa Lucía de Lambaré.
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La institución no precisó cuándo volverá a funcionar la línea ni detalló en el comunicado oficial qué canal alternativo habilitó el ministerio mientras dure la interrupción del servicio.
El Ministerio de la Mujer había publicitado la habilitación de la citada línea telefónica para brindar contención sicológica, asesoramiento legal y social a mujeres en situación de violencia.
Las autoridades habían manifestado que el objetivo era proveer respuestas rápidas, claras y eficientes a las mujeres ante situaciones de violencia en todas sus formas, accediendo a contenciones psicológicas, articulaciones, orientaciones y/o asesoría, conforme a las necesidades de las personas.
Sin embargo, un periodista intentó desde un canal de televisión de Asunción probar la efectividad de la línea telefónica, constatando que no estaba operativa. Posteriormente el Ministerio de la Mujer sacó un comunicado explicando que la línea está temporalmente inhabilitada.
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Deysi Paola: el rostro de una protección que falló
Deysi Paola Giménez Segovia tenía apenas 22 años y un futuro por delante. Estaba en el último tramo de la carrera de Derecho, trabajaba y buscaba construir su independencia. Pero la noche del jueves 8 de octubre, cuando caminaba hacia su lugar de trabajo en Lambaré, fue asesinada a tiros en plena vía pública. El principal sospechoso es su expareja, Aldo Alexis Duarte, de 26 años, quien permanece prófugo.
La joven había denunciado hechos de violencia y amenazas atribuidos al hombre. También contaba con una orden judicial de alejamiento. Sin embargo, esa medida no consiguió evitar el desenlace fatal.
El caso no solo conmociona por la brutalidad del crimen, sino por los antecedentes que ahora colocan bajo cuestionamiento la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de proteger a las víctimas de violencia.
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Denunció, pidió protección y terminó asesinada
Según los reportes policiales, Deysi había recurrido a la Justicia ante situaciones de violencia atribuidas a su expareja. Un juzgado de Capiatá, donde vivían anteriormente, había dispuesto una medida de restricción.
El abogado William Amaral Martínez, quien fue jefe de la joven, aseguró que existían antecedentes de acoso y amenazas denunciados ante el Juzgado de Paz de Lambaré y que el caso también había llegado al Ministerio Público.
Amaral cuestionó la respuesta institucional y denunció que no se habría activado el protocolo de protección. También hizo referencia a demoras en el tratamiento judicial del caso, circunstancias que requieren una revisión de los expedientes correspondientes.
La joven, que estaba próxima a culminar sus estudios de Derecho, había acudido precisamente a las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes. Su muerte instala una contradicción dolorosa: una futura abogada que recurrió al sistema judicial en busca de protección terminó siendo víctima de la violencia que había denunciado.
Una ley que protege en el papel, ¿pero también en la práctica?
Paraguay cuenta desde 2016 con la Ley 5777, de Protección Integral a las Mujeres contra Toda Forma de Violencia, que establece medidas preventivas y mecanismos de protección para las víctimas.
Entre esas disposiciones se encuentran las órdenes de alejamiento, las prohibiciones de amenazas, persecución y acoso, así como responsabilidades para las instituciones involucradas.
No obstante, casos como el de Deysi Paola plantean interrogantes sobre el seguimiento efectivo de esas medidas y la capacidad del Estado para intervenir antes de que las amenazas se conviertan en hechos irreparables.
La existencia de una resolución judicial no garantiza, por sí sola, la seguridad de una persona. Su efectividad depende también de la evaluación del riesgo, el seguimiento policial, la actuación fiscal y la coordinación entre las distintas instituciones.
En este caso, será fundamental esclarecer qué actuaciones se realizaron después de las denuncias y si existieron omisiones o demoras que pudieron haber comprometido la protección de la víctima.
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¿Es momento de revisar las leyes?
La muerte de Deysi Paola vuelve a colocar sobre la mesa la necesidad de evaluar tanto la legislación vigente como los procedimientos para su aplicación.
Entre las propuestas que merecen un debate legislativo se encuentran el seguimiento obligatorio de las órdenes de restricción, la evaluación inmediata del nivel de riesgo de las víctimas, el fortalecimiento del monitoreo electrónico de agresores y la intervención urgente cuando se detectan incumplimientos.
Otro aspecto fundamental es establecer controles efectivos sobre la actuación de las instituciones responsables de atender denuncias, garantizar la coordinación entre juzgados, Fiscalía y Policía, y determinar responsabilidades cuando se comprueben negligencias.
El desafío no pasa únicamente por aumentar las penas o aprobar nuevas disposiciones, sino por conseguir que los mecanismos de protección funcionen antes de que ocurra una tragedia.
Una tragedia que exige respuestas
Hasta septiembre de este año, el Ministerio Público había registrado 19 víctimas de feminicidio y 28 tentativas en Paraguay. Detrás de esas cifras hay mujeres, familias y proyectos de vida interrumpidos por la violencia.
Deysi Paola Giménez representa hoy mucho más que un nuevo caso en las estadísticas. Su historia obliga a examinar qué sucede después de que una mujer denuncia, solicita protección y espera una respuesta efectiva de la Justicia.
La investigación deberá determinar las responsabilidades penales del crimen, pero también corresponde esclarecer cómo actuaron las instituciones que conocieron sus denuncias.
Porque el verdadero alcance de una ley de protección no se mide solamente por las medidas que permite dictar, sino por su capacidad para evitar que una mujer amenazada termine asesinada.
Deysi recurrió a la Justicia para proteger su vida. Ahora, el Estado debe explicar qué hizo para protegerla.
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PND Paraguay 2050 avanza en la validación de indicadores y metas
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante la Dirección General de Planificación (DGPLAN), continúa con el proceso de revisión y validación de los indicadores y metas del Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050 (PND). En esta quinta semana de reuniones bilaterales participaron representantes de Conatel, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de la Mujer y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).
Los equipos técnicos analizaron la pertinencia de los indicadores, las fuentes de información, los métodos de cálculo, las líneas de base y la frecuencia con la que serán medidos, además de definir las instituciones responsables de generar y reportar los datos. También evaluaron la viabilidad de las metas planteadas para cada área.
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El proceso contempla igualmente la actualización de las fichas de metadatos, con información sobre las características, fuentes y metodología de cada indicador. Las reuniones bilaterales permiten profundizar estos aspectos con las instituciones encargadas de las distintas políticas públicas.
La iniciativa comenzó el 12 de agosto con un taller que reunió a 57 representantes institucionales y logró una participación del 95 % de los organismos convocados.
¿Qué es el PND Paraguay 2050?
El Plan Nacional de Desarrollo Paraguay 2050 (PND Paraguay 2050) es la hoja de ruta de largo plazo del país, que establece las prioridades y objetivos que orientarán las políticas públicas y las acciones del Estado durante las próximas décadas. El plan busca definir una visión de desarrollo para Paraguay, con metas concretas que permitan medir los avances en áreas económicas, sociales, institucionales y ambientales.
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