El subjefe del Departamento de Investigaciones de Canindeyú, Fredy Duarte, explicó que los siete presuntos sicarios abatidos en Britez Cué ya estaban siendo seguidos por la Policía Nacional porque mantenían en zozobra a los pobladores. Se identificó a los presuntos malvivientes y se constató que cuatro contaban con orden de captura.
“Ya teníamos informaciones de este grupo criminal, en la zona hubo varios hechos de sicariato y ya estábamos detrás de ellos. En este enfrentamiento ningún personal policial resultó herido”, señaló este miércoles el comisario en comunicación con la radio 1080 AM.
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Mencionó que los agentes de la Policía Nacional buscaron detener a los presuntos sicarios, pero los uniformados fueron recibidos a balazos y no tuvieron otra opción que defenderse y en el enfrentamiento todos los supuestos malvivientes terminaron perdiendo la vida.
Duarte indicó que los procedimientos continuaron en horas de la madrugada de este miércoles y se pudo identificar a los siete presuntos sicarios abatidos, quienes son oriundos de la zona de Britez Cué, pero tampoco se descarta que hayan participado en hechos criminales ocurridos en otras partes del país.
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“Fueron reconocidas siete personas y cuatro de ellas cuentan con orden de detención por robo agravado, homicidio doloso, algunos cuentan con dos y otros con cuatro órdenes de captura. El Ministerio Público y Criminalística están buscando identificar al resto de las personas”, agregó el comisario.
Los fallecidos fueron identificados como Silvio Benítez Segovia (20), Milciades Díaz Vera (41), José Domingo Benítez Segovia (25), Mario Darío González da Cruz (38), Anselmo Montiel Méndez (35), Antonio Montiel Méndez (30) y un adolescente de 17 años.
Un enfrentamiento entre policías y presuntos sicarios dejó un saldo de siete fallecidos en la zona de Brítez Cué, departamento de Canindeyú. Ocurrió luego de que personal del Departamento de Investigaciones lleve a cabo un operativo para desbaratar una banda dedicada al sicariato.
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ANR fortalece su base con casi 24.000 nuevas afiliaciones
El presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, recibió un importante número de nuevas solicitudes de afiliación al Partido Colorado. En total se entregaron 23.936 afiliaciones provenientes de tres distritos de diferentes partes del país, ellos son, Capiatá, (Central), Canindeyú (Canindeyú) y Tava’i (Caazapá).
La movilización más numerosa provino de Capiatá, donde una comitiva liderada por el senador Derlis Osorio, el diputado Néstor Castellano y la intendenta Laura Gamarra, junto con referentes de todos los barrios del distrito, entregó 10.500 nuevas afiliaciones. “Esto demuestra el compromiso de nuestra dirigencia y la fuerza de base que tiene el partido en Capiatá”, señalaron durante el encuentro con Cartes.
Desde el departamento de Canindeyú, una amplia delegación encabezada por el gobernador Nelson Martínez, la diputada Cristina Villalba, el diputado Benjamín Cantero, intendentes, presidentes de seccionales y dirigentes de los 16 distritos del departamento, presentó 12.386 nuevas solicitudes.
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Los referentes prometieron redoblar esfuerzos de cara a las elecciones municipales del 2026 y anunciaron su objetivo de conquistar más intendencias. El titular del partido agradeció el respaldo y aseguró que se pone “a entera disposición del trabajo partidario en Canindeyú”.
Finalmente, desde el distrito de Tava’i, en el departamento de Caazapá, el intendente Miguel Bogado, junto al presidente de seccional Gilberto Silverio, el convencional Guido Aguilar y el diputado Avelino Dávalos, entregaron 1.050 nuevas afiliaciones. La delegación reiteró su compromiso con el fortalecimiento del partido en la región.
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Proyecto de Ley Mafe permitirá visualizar la real problemática de personas desaparecidas
La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.
En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.
La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.
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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.
Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.
“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.
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Protocolos de alertas inmediatas
El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.
“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.
Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.
“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.
Propuesta saludable y conveniente
A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.
“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.
Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.
Asignación presupuestaria
Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.
“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.
Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.
“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.
Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.
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A 9 años del atentado que sacudió PJC: el legado violento de la muerte de Jorge Rafaat
Este domingo 15 de junio se cumplen 9 años del terrible asesinato de Jorge Rafaat Toumani, alias Sadam, quien fue acribillado con armas de guerra en la ciudad fronteriza de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay. El crimen organizado demostró su fuerza con este atentado en que se utilizó una poderosa ametralladora antiaérea.
El terrible ataque contra el empresario fronterizo se registró a las 20:00 horas del miércoles 15 de junio de 2016, cuando el capo narco estaba a bordo de su camioneta Hummer, con chapa paraguaya OAN 927. Fue emboscado repentinamente por una camioneta Ford 250 y otras dos camionetas Toyota Hilux.
De los rodados descendieron más de doce personas que formaban parte de distintas organizaciones criminales, que se juntaron para poder perpetrar el brutal y fatal ataque para liquidar a Rafaat. La camioneta del fallecido recibió más de 200 disparos de una ametralladora antiaérea de calibre 50, que perforaron el doble blindaje y acribillaron al objetivo con 16 proyectiles.
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La ametralladora
La ametralladora antiaérea estaba empotrada en una base de metal en el interior de una camioneta, especialmente adaptada para que uno de los sicarios pueda maniobrar el arma de alto poder. Rafaat estaba custodiado por dos camionetas de su seguridad personal, pero sus guardias nada pudo hacer ante la logística de los sicarios.
Los atacantes cubrieron todos los ángulos en la zona de la emboscada sobre la popular avenida Teniente Herrero de Pedro Juan Caballero, frente al Mercado Municipal y a metros de una institución educativa.
Minutos de terror y pánico
La tranquilidad en el barrio San Gerardo se alteró bruscamente por momentos de terror y pánico ante el brutal atentado. Los disparos se escucharon durante varios minutos, y los vecinos se vieron obligados a resguardarse del tiroteo lo mejor posible en sus casas; mientras los transeúntes, totalmente desorientados, apenas atinaron a arrojarse al suelo e intentar escapar.
Los custodios de Rafaat respondieron a los disparos, pero luego tuvieron que huir ante la superioridad de los criminales. A 200 metros de la zona del atentado estaba situada la Comisaría Segunda de Pedro Juan Caballero, por lo que los agentes policiales llegaron rápidamente y comenzaron a disparar para intentar repeler a los criminales, quienes dejaron abandonada la ametralladora de guerra, con cientos de municiones y chalecos antibalas, tras lograr su objetivo.
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Juicio oral y condena
Los jueces de Sentencia de Pedro Juan Caballero, Mirna Ocampos y Santiago Núñez, aplicaron una condena de 28 años de cárcel, más 7 años de medida de seguridad, totalizando 35 años de pena para Sergio Lima Dos Santos por el asesinato de Rafaat. Estará recluido en Tacumbú hasta julio de 2053.
El Ministerio Público logró demostrar la responsabilidad del acusado en los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y tenencia de armas de fuego, en un juicio oral y público. El fiscal del caso fue Marcelo Pecci, asesinado en Colombia en mayo de 2022.
Empresario y narco
En Paraguay, Rafaat era conocido como un próspero empresario de Pedro Juan Caballero, donde tenía una compañía dedicada a la comercialización de neumáticos; mientras que, para Brasil, representaba una pieza clave en el tráfico de drogas.
Para las autoridades brasileñas, Sadam disputó la herencia dejada por Fernandinho Beira-Mar, líder de la organización criminal Comando Vermelho, preso en Brasil desde 2002 tras haberse refugiado en Paraguay a fines de los años 1990. Además, Rafaat había sido procesado por enviar desde Paraguay unos 492 kilos de cocaína en agosto de 2004. En ese momento, la operación fue abortada por agentes federales que interceptaron el enorme cargamento en Sao José do Rio Preto, en el estado de São Paulo (Brasil).
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Policía Nacional fortalece operativos de prevención en Asunción
Una operación conjunta entre efectivos policiales de distintas comisarías, con el acompañamiento de grupos tácticos, se realizó en la noche de ayer viernes y madrugada de este sábado. Se llevaron adelante diversas incursiones en la zona del Mercado 4 y los barrios aledaños con el objetivo de reforzar la seguridad.
Las calles del barrio Silvio Pettirossi, San Vicente, Añareta’i, la zona de la plaza de la Amistad y el Mercado 4 fueron los puntos focales de recorrido de las cuadrillas policiales, que trabajan en operativos de refuerzo para garantizar la seguridad de comerciantes, clientes y peatones en general, realizando guardias, relevamiento de datos y recorridos.
El subcomisario Lorenzo Vera manifestó que, si bien existe un trabajo constante en las áreas ya mencionadas, debido a la cantidad de reportes de inseguridad se ha establecido un método de trabajo para mantener la presencia policial activa en horarios críticos, previniendo así cualquier tipo de hechos delictivos.
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En conversación con los medios de prensa, el uniformado explicó que son zonas con mucha afluencia de peatones y que normalmente se da la detención de quienes estén en falta con la ley, al igual que la incautación de productos ilícitos y vehículos sin documentos, por lo que se puede considerar de exitoso este tipo de incursiones.
Hay que destacar que las fuerzas del orden cuentan con información de que estas zonas tienen varios pasillos y calles con salidas rápidas que, en la mayoría de las ocasiones, son utilizadas por los delincuentes para darse a la fuga u ocultarse cuando se ven perseguidos.
Desde la Dirección de Policía recordaron que este tipo de incursiones y operativos lo llevan adelante las 24 comisarías de Asunción con el fin de brindar seguridad a la ciudadanía de manera constante.
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