Esta mañana, la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público realizó un allanamiento en Concepción, en el que recuperaron armas de la institución policial. En una conferencia de prensa informaron que se recuperaron las armas largas que fueron utilizadas por los oficiales asesinados el pasado 24 de abril, pero no así las armas personales de estos.
Según el fiscal Joel Díaz, el grupo de agentes Antinarcóticos incursionó en una zona boscosa en inmediaciones de la localidad de Hugua Ñandú, distrito de Sargento José Félix López (ex Puentesiño). “Se hizo un trabajo minucioso de investigación y llevó mucho tiempo concretar este hallazgo. Recuperamos las armas largas, pero no así las armas personales de las personas abatidas”, explicó en conferencia de prensa.
Comentó que manejaban la información de que estas personas que son buscadas por la justicia enterraron las armas en un radio de 20 metros de los campamentos. “Efectivamente, en cercanías del campamento se procedió a la excavación y se encontraron estas evidencias que fueron robadas de donde fueron abatidos estos tres policías dependientes de Antinarcóticos”, detalló.
Las armas pertenecientes a la institución son: un fusil AK 84 con cargadores 5-46, que pertenecía al suboficial mayor Cecilio de Jesús Espínola; un fusil Coll M4 calibre 5-56, que estaba a cargo del suboficial primero Arístides Salazar. “De esta forma, este grupo criminal quedó sin armas de grueso calibre que serían utilizados para posteriores hechos delictivos”, manifestó.
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En otro momento resaltó que de esta forma los integrantes del grupo armado solo se quedan con dos o tres armas cortas pertenecientes a los agentes policiales, que podrían ser utilizadas en cualquier momento por los mismos. “En un lapso corto de tiempo vamos a tener paraderos de las mismas”, resaltó.
El fiscal indicó que dentro del campamento se encontraron víveres como para subsistir por varios días, como también hamacas, y que según la información que manejan solo van hasta este campamento para dormir, ya bien entrada la noche. “Ante de amanecer ya vuelven a desplazarse a otras zonas, no se descarta que haya más campamentos hacia donde se desplazan durante el día”, expresó.
Cabe destacar que existen 14 personas con orden de captura y las que tendrían vinculación con el hallazgo de las armas serían los hermanos Nelson y Edilberto. “Tenemos información que este grupo continúa en la zona de confort donde se manejan normalmente. Son personas que se dedican en exclusividad al tráfico de estupefacientes”, puntualizó.
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“Vínculo político estrecho” entre Líder Amarilla y supuestos narcos
El caso guarda relación con el operativo denominado Scanner, encabezado por el fiscal Osmar Legal, en el que resultaron imputados funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). En la acusación fiscal realizada por el agente de la Unidad Especializada de Lucha Contra el Narcotráfico se hace mención a un “vínculo político estrecho” entre el parlamentario y dos de los cuatro procesados por narcotráfico.
En la causa están siendo investigados por la Fiscalía por tráfico internacional de estupefacientes los funcionarios de la institución: Ramón Isacio Arrúa Fernández, Luis Alberto Servián Zárate, Basilio Darío Rodríguez Hetter, Marta Liliana Coronel de Chávez y el abogado Carlos Duarte.
Del grupo de imputados, quienes mantuvieron un vínculo con el político liberal, se menciona a Duarte y Servián Zárate. La acusación se sustenta en base a los registros y transcripciones obtenidas durante la investigación.
“Conforme a los audios resultantes de la intercepción telefónica del caso Oasis, se pudo determinar que Luis Servián conjuntamente con Carlos Duarte habrían tenido activa participación para el envío de cocaína incautada en el aeropuerto Silvio Pettirossi, además de haber encaminado con anterioridad un lugar como funcionario en el recinto portuario, de tal manera a facilitar el acceso a los puestos de control y obtener además aliados que puedan operar para la estructura”, sostiene el fiscal en su acusación.
SERVÍAN INGRESÓ A LA DINAC CON AYUDA DEL SENADOR
El agente argumenta además que Servián “realizó maniobras a través del senador Líder Amarilla para conseguir un puesto en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, cuya única finalidad era la de realizar operaciones ilícitas, conforme se detalla en algunas conversaciones”.
Agrega que “una vez que Servián fue contratado en la Dinac y designado a cumplir funciones en la Gerencia de Seguridad del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, procedió a ajustar detalles, buscando que funcionarios y agentes de Senad permanezcan en dicho recinto portuario. Servián encaminó la confirmación para que estos funcionarios agentes especiales continúen en el mismo puesto de control y no sean removidos, de tal manera a estructurar el equipo con quienes trabajaría, a fin de llevar a cabo las operaciones de tráfico internacional de drogas, sin obstáculos, tal como surge de los audios interceptados”.
El informe del fiscal hace referencia a una reunión clave que tuvo lugar el 21 de setiembre de 2023 en el Senado, donde Amarilla se encontró con Servián y dos agentes especiales asignados en el aeropuerto Silvio Pettirossi de nombre Jorge González y Francisco Fabián Godoy.
VISITA EN LA PENITENCIARÍA DE EMBOSCADA
Además, se destaca una visita del senador liberal a la penitenciaría de Emboscada el 11 de abril de 2024, en horas de la tarde, con el fin de visitar a Servián. En la ocasión estuvo acompañado de Duarte, quien fue detenido un mes después.
“Este vínculo político estrecho también fue corroborado por el Ministerio Público a través de una constitución realizada en la Penitenciaría Regional de Emboscada, en fecha 22 de julio de 2024, lugar de reclusión del mencionado acusado; en donde se constató que en fecha 11 de abril de 2024, en horas de la tarde, posterior a las 16:00, Luis Servián recibió la visita del señor Líder Amarilla, acompañado del co-imputado Carlos Adrián Duarte Vera (prácticamente 1 mes antes de sus detención)”, menciona la acusación.
Sostiene que “dicha circunstancia no consta en el registro de personas que ingresan como visitantes a la penitenciaría, no obstante, el oficial de guardia de nombre Guillermo Velázquez, al percatarse de que la persona que se encontraba en el lugar se trataba de un legislador, procedió a anotar sus datos personales en una hoja simple y posteriormente realizó una toma fotográfica de la mencionada anotación en donde consta la fecha y hora de dicha visita. (Asentado en acta labrada por el Ministerio Público)”, sostiene el fiscal Legal.
LÍDER AMARILLA NIEGA VÍNCULO CON EL NARCOTRÁFICO
El senador Líder Amarilla emitió un breve comunicado a la opinión pública en el cual negó su supuesta vinculación con personas que están procesadas por narcotráfico. El caso trascendió el viernes y menciona una supuesta vinculación con una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
“En mi carácter de senador de la nación, reafirmo mi inquebrantable compromiso con la lucha contra el narcotráfico. Asimismo, reitero de manera categórica que nunca he tenido ni tendré ningún tipo de vínculo con actividades ilícitas”, expresó el legislador a través de su cuenta de la red social X.
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Proponen nueva ley para la compra y tenencia de armas para combatir al crimen organizado
“Paraguay se convirtió en un lugar de tránsito de armas para el crimen organizado”, sostuvo el presidente de la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico del Senado, Sergio Rojas. Esto tras anunciar la redacción de un proyecto que establezca mayor rigurosidad y requisitos para la adquisición y tenencia de armas automáticas y semiautomáticas.
Sostiene que en la iniciativa se apuntará a flexibilizar la compra y tenencia de armas utilizadas para la caza y el deporte con el fin de que “el comercio no tropiece”. La propuesta está siendo evaluada conjuntamente con autoridades del Consejo Nacional de Defensa (Codena), el Ministerio Público, la Dirección de Material Bélico (Dimabel) y los jueces especializados en el combate contra el crimen organizado.
“Estamos redactando una nueva ley donde también se planteará una modificación sobre la trazabilidad y el control de las armas. Este proyecto de ley contará con 229 artículos. Le costará mucho más a quienes estén dentro del crimen organizado adquirir las armas”, comentó en una entrevista con los medios de comunicación.
Para la adquisición y tenencia de armas se clasificarán en tres niveles, el primero destinado para la caza y deporte, el segundo para el uso personal y el tercero referente a las automáticas y semiautomáticas. “En esta última es donde habrá mayor rigurosidad. Hoy se fija la edad mínima de 22 años para la tenencia de armas y eso va de contramano, por ejemplo, al deporte de tiros, esto se reglamentará para que se vuelva mejor nuestra ley”, indicó.
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Entre los requisitos para la adquisición de las armas automáticas y semiautomáticas se establecerá, por ejemplo, un límite de cantidad, comentó. Además, se deberá contar con una autorización, tanto de la Dimabel y la Secretaría de Prevención de Lavado de Activos (Seprelad).
“El objetivo es combatir al crimen organizado. Paraguay, como indiqué, se convirtió en un país de tránsito de armas automáticas y semiautomáticas hacia el Brasil para este flagelo. Este proyecto cuenta con todo el respaldo, tanto de importadores, de la federación nacional de tiros, de la Codena, del Ministerio Público, de la Secretaría Nacional Antidrogas, entre otras entidades”, manifestó.
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Auditoría revela nexo irrefutable entre narcos y el gobierno de Abdo
El equipo de “La caja negra” accedió a los resultados de una auditoría interna dentro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). El informe revela cómo operaba el esquema de protección a narcos durante el gobierno de Mario Abdo Benítez y ratifica la participación directa de un organismo del estado en esquemas narcocriminales.
- “La caja negra”
Al esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en su momento en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak, se suma un contundente informe de auditoría interna en el ente antidrogas que revela información clave respecto a cómo operaba internamente el “servicio” de protección a narcos durante el gobierno de Abdo Benítez. Tío Rico y Marset, de un lado; Arnaldo Giuzzio, Zully Rolón y Abdo Benítez, del otro, emergen como responsables directos de un esquema que convirtió a Paraguay en un centro de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la abierta complicidad del poder político de turno.
AUDITORÍA INTERNA
El resultado de una auditoría interna en la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) reveló detalles del esquema de filtraciones que operaba dentro de la institución al servicio de los narcos. El informe detalla los inicios de la investigación del operativo A ultranza Py, conocido inicialmente como Caso ARAI. Esta investigación se centraba en actividades de tráfico internacional de drogas y lavado de activos, involucrando a varias personas y sociedades comerciales, lideradas por Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.
La investigación del esquema narcocriminal más grande descubierto en los últimos años comenzó en noviembre de 2019, enfocándose inicialmente en un grupo de personas que proporcionaban logística aérea para el tráfico de drogas. Con el tiempo, la investigación se amplió, identificando nuevas sociedades y personas involucradas en un esquema más amplio y complejo de tráfico de drogas y lavado de activos a nivel transnacional.
A mediados del año 2021, la Senad accedió a chats encriptados utilizados por los investigados, obtenidos a través de autorizaciones judiciales de Francia. Estos chats se convirtieron en pruebas cruciales, revelando actividades delictivas desde el año 2020 hasta marzo de 2021. El análisis de estos chats, junto con intercepciones telefónicas, permitió a las agencias de investigación a nivel mundial desmantelar importantes organizaciones criminales, resultando en numerosos arrestos y la incautación de drogas, armas y bienes de gran valor económico.
En nuestro país posibilitó avanzar en la causa abierta contra Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. Sin embargo, la Senad pudo determinar que este último contaba con un esquema de protección que le permitía tener conocimiento sobre los procesos investigativos o despliegues operativos que se desarrollaban en torno a sus actividades ilícitas, aparentemente mediante el pago de sumas de dinero a funcionarios públicos que integraban la fuerza de seguridad.
En la acusación presentada por el fiscal Pak aparecen transcripciones de mensajes entre Tío Rico con Sebastián Marset y Mauricio Swartzmann, respectivamente, y se menciona que el esquema de protección dentro de la Senad recibía pagos de hasta 100.000 dólares por cada informe de primera mano, que incluían planes de allanamientos, estados de investigaciones, informes de inteligencia sobre actividades criminales, entre otros.
FECHAS CLAVES
De acuerdo a la información consignada en el reporte de auditoría interna de la Senad, en marzo de 2021, la Senad detectó los primeros indicios de filtraciones de información, que fueron comunicadas internamente a la máxima autoridad y al agente fiscal correspondiente.
La ministra en ese momento era Zully Rolón, mano derecha de Arnaldo Giuzzio, a quien le llegó la información sobre las filtraciones y ordenó a mediados de 2021 que la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) sea elevada al rango de dirección, dependiendo directamente de ella. Los indicios de filtraciones registrados en ese entonces y pese a su extrema gravedad no fueron comunicados al Ministerio Público.
Según revela la auditoría, entre los meses de noviembre y diciembre de año 2021 se dieron nuevas filtraciones, situación que fue informada nuevamente a la máxima autoridad, Zully Rolón, de manera verbal y por medio de un memorándum con acuse de recibo de fecha 15 de diciembre de 2021.
Posteriormente, el 24 de marzo del año 2022 se presentó otro memorándum con 44 páginas que contenía un análisis de las informaciones que se generaron en torno a los hechos de filtración a favor de la organización criminal de Tío Rico y Marset.
El 22 de febrero de 2022 se iniciaron operativos de allanamiento y detenciones, y recién el 22 de abril del mismo año se presentó una denuncia formal sobre las filtraciones y el esquema de protección a narcos que operaba dentro de la Senad. Pasaron 13 meses desde marzo de 2021 cuando se reportaron los primeros indicios de filtraciones a favor de un esquema narcocriminal y recién en ese momento, abril de 2022, se formaliza la denuncia ante el Ministerio Público.
Todo lo expuesto constituye prueba directa e irrefutable del control e influencia decisiva que ejercía la organización narcocriminal en la institución que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba irrefutable de que ese control involucró a las más altas esferas del poder político del gobierno abdista.
CONTRADICCIONES
La exministra Zully Rolón, eterna mano derecha de Giuzzio y quien luego de aquel fungió ella misma como ministra secretaria de la Senad, cuando dijo a la prensa que ellos, es decir, las autoridades de la Senad, estaban en conocimiento de las filtraciones, pero que no hizo “cambios sustanciales” porque “se estaban desarrollando operativos muy importantes que llevaba esa dirección…”.
En esa entrevista, realizada el 23 de mayo del corriente, la exministra dijo que “cuando Europol envía estos mensajes, nosotros ya estábamos en conocimiento y es así que enviamos al Ministerio Público para su investigación ya en abril de 2022, cuando se operativizó A Ultranza…”; sin embargo, según reporta el mismo medio periodístico que entrevistó a la exministra antes de ingresar a la sede del Ministerio Público para prestar declaración el pasado 31 de mayo, en esa ocasión dijo que “esas filtraciones de información fueron en 2020 y tomamos conocimiento en el mes de octubre de 2021, cuando recibimos los mensajes encriptados de Europol”.
La contradicción es notoria en lo relativo a si sabían de las filtraciones antes del reporte de Europol o solamente a partir del reporte de Europol, y parece indicar que la realidad es que siempre supieron de las filtraciones, como dijo en la primera entrevista, y que el citado reporte solamente los evidenció y los obligó a comunicar el hecho al Ministerio Público.
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Incautan cargadores y partes de armas en el Aeropuerto Silvio Pettirossi
En la zona primaria del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi se procedió a la verificación de varias mercaderías que venían en diez cajas provenientes de los EE.UU. Participaron de la verificación funcionarios de la Aduana, auxiliares de Central Logistic S.A. y otras autoridades. Se incautaron unidades de cargadores, tubos de cañón y otros, que son partes de armas de grueso calibre.
Dentro de las mercaderías incautadas se encuentra 31 unidades de cargadores, 16 marcos pistolete sin marca, 15 tubos de cañón, 15 block de cierre, 15 agarradera, 15 tubos de gas, 15 seguro de cerrojo, 15 bases de cañón de tubo, 15 seguro de cargador, 15 martillos y 15 partes de cajón de mecanismo. Todo lo incautado fue entregado a la Dirección de Material Bélico (Dimabel); el Ministerio Público deberá investigar el presente caso.
Otra incautación
En mayo de este año la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó piezas de fusiles durante un control en una de las terminales del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Las partes de los fusiles estaban ocultas entre juguetes y linternas en tres bultos de importación; actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
Son cargas que llegaron desde Miami al aeropuerto y según Juan Olmedo, gerente general de Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautada una primera parte. En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.
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