El representante del Sindicato de Funcionarios Penitenciarios, Juan Velázquez, señaló este miércoles que sigue latente la posibilidad de ir a huelga durante 30 días si continúa la negativa de pagarles la bonificación. También reclaman el cumplimiento del contrato colectivo.
“Permanece la decisión de la huelga, vamos a tener nuestra asamblea y ahí vamos a ver qué camino tomar. Realmente es un ministerio de injusticia porque hasta el momento no se está cumpliendo con el pago de bonificaciones y otras reivindicaciones”, dijo el representante del gremio en comunicación con la radio 1020 AM.
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Sostuvo que hasta el momento no están recibiendo el apoyo de las autoridades del Ministerio de Justicia y ante esta situación no descartan ir a una huelga. El gremio tendrá su asamblea durante la mañana de este miércoles, donde decidirán las medidas de fuerza a tomar por sus reivindicaciones.
Velázquez indicó que la mayoría de los agentes penitenciarios están a favor de ir a huelga porque desde el mes de febrero no están cobrando sus bonificaciones y también exigen mejores condiciones en cuestiones de equipamientos ante las falencias existentes en las cárceles del país.
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“La mayoría está entusiasmada, con ganas de salir a las calles porque les está afectando al bolsillo. Sí o sí va a haber mayoría porque la gente está entusiasmada, esto también les afecta. El día de la huelga nosotros vamos a salir a las calles y la gente del ministerio se va a quedar a cargo de las penitenciarías”, agregó.
Desde el Sindicato de Trabajadores de Centros Penitenciarios también reclaman la falta de compras de equipos para que los guardias puedan cumplir a cabalidad sus labores en las penitenciarías del país y la instalación de una mesa de diálogo para el cumplimiento de todas las reivindicaciones.
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Huelga paraliza 14 grandes puertos de Estados Unidos
Los estibadores de 14 grandes puertos estadounidenses se declararon en huelga en la madrugada del martes tras el fracaso de las negociaciones de última hora entre su sindicato y la Alianza Marítima por cuestiones salariales. La huelga en el puerto de Virginia, una de las instalaciones afectadas, “comenzó a las 00:01″ del martes, anunció el puerto en su página web. Las negociaciones entre la Alianza Marítima de Estados Unidos (USMX), que representa a la patronal, y el sindicato ILA “están estancadas”, aseguró.
El sindicato anunció que “cerró (actividades en) todos los puertos desde Maine a Texas a las 12:01 AM del martes”. “Estamos dispuestos a luchar el tiempo que sea necesario (...) para obtener los salarios y las protecciones contra la automatización (del trabajo) que nuestros miembros de ILA merecen”, afirmó el martes el presidente del sindicato, Harold Daggett, en un comunicado.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a patronal y sindicatos a “sentarse a la mesa y negociar de buena fe, de forma justa y rápida”, informó la Casa Blanca. El conflicto representa un gran desafío para el gobierno, y en especial para la vicepresidenta Kamala Harris, quien aspira a suceder a Biden, toda vez que ambos buscan cimentar una imagen favorable a los sindicatos antes de la elección presidencial de noviembre.
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Hasta ahora el mandatario ha descartado una intervención federal en este contexto de tensión. El lunes por la noche, las dos partes anunciaron que habían reanudado las negociaciones, iniciadas en mayo y estancadas en torno a los salarios y la automatización del trabajo. “En las últimas 24 horas, la USMX y el ILA han intercambiado contraofertas sobre los salarios”, afirmó la Alianza Marítima en un comunicado, asegurando que había “mejorado” su propuesta y solicitado una prórroga del actual acuerdo laboral para continuar negociando.
Según una fuente cercana a las conversaciones, esa propuesta mencionada por la Alianza fue rechazada por el sindicato el lunes. ILA tenía previsto iniciar una huelga en 14 puertos de la costa este y del Golfo de México en cuanto expirara el actual acuerdo de seis años. La USMX representa a la patronal de 36 puertos. Por su parte, el sindicato de estibadores cuenta con 85.000 afiliados en todo Estados Unidos, incluyendo trabajadores de puertos marítimos, ríos y lagos. Oxford Economics estima que la huelga costará entre 4.500 y 7.500 millones de dólares por semana a la economía de Estados Unidos. El impacto total depende de la duración de la huelga, señalaron sus analistas.
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Lucha contra la automatización
Se trata de la primera gran huelga de ILA desde 1977. Este año se han producido grandes huelgas de trabajadores de usinas de fabricación de automóviles, y en Boeing, por cuestiones salariales y condiciones laborales. En este caso, el convenio colectivo alcanza a unos 25.000 trabajadores sindicalizados en ILA en grandes puertos como Nueva York/Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Savannah, Nueva Orelans o Houston.
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, dijo el lunes que las autoridades portuarias estaban tratando de liberar la mayor cantidad posible de mercancías antes del paro. Otras terminales como Nueva Orleans, Luisiana o Savannah, ofrecieron horas extras en los últimos días para agilizar la circulación de mercadería.
El sindicato exige protección contra la pérdida de empleos vinculada a la automatización de procesos, y pide incrementos de salarios para los estibadores, trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus. Reportes de prensa indican que ILA pide 77% de incremento salarial en siete años. USMX indicó el lunes que su última oferta habría “incrementado salarios por cerca de 50%, triplicado los aportes patronales a los planes de retiro, fortalecido los planes de salud”.
Una huelga de puertos “paralizaría el comercio de Estados Unidos y aumentaría precios en un momento en que consumidores y empresas comienzan a sentir alivio de la inflación”, sostuvo Erin McLaughlin, economista del Conference Board, una organización sin fines de lucro que investiga la actividad comercial. “No hay un alternativa fácil. Los armadores ya comenzaron a encaminar algunas cargas hacia la costa oeste, pero la capacidad de esta opción es limitada”, advirtió el experto.
Fuente: AFP.
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Ministerio de Justicia analiza abrir un centro de formación en la Triple Frontera
El Ministerio de Justicia analiza la posibilidad de contar con un centro de formación judicial en la Triple Frontera, luego que su titular, el ministro Rodrigo Nicora, mantuviera una reunión con autoridades del Centro de Estudios en Regulación y Telecomunicaciones (Certal), su presidente ejecutivo Pablo Scotellaro y el vicepresidente José Reinoso.
El plan consistiría en un centro de formación judicial, para capacitar a actores del mencionado sector, con el objetivo de fortalecer el trabajo y desempeño de los representantes de justicia de la región. Esto bajo el componente del uso de la tecnología en las actividades a ser desempeñadas.
El ministro Nicora señaló que, en el contexto de la cooperación entre naciones para el mejoramiento del sistema judicial y penitenciario, así como la lucha conjunta contra el crimen organizado, es fundamental capacitar, a través de un centro especializado, a todos los actores de justicia.
Dicha formación se centraría particularmente en el uso de la tecnología, para jueces, fiscales, defensores públicos y funcionarios de los ministerios de Justicia, Defensa e Interior, en busca de optimizar y mejorar la gestión de cada uno de los representantes del sector.
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Más sobre el encuentro
En la reunión llevada adelante, también participaron el viceministro de Justicia, Rafael Caballero Campos, y el director general de la Unidad Especializada de Tecnologías de la Información y Comunicación (Uetic), Hernán Vera Filippi.
El encuentro desarrollado entre los representantes de Justicia y Certal fue la continuidad del seminario que tuvo lugar el pasado lunes, en la “Casa de la Integración CAF” del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).
En el pasado encuentro, ya se había abordado la importancia de la implementación de la tecnología en el área de la Justicia, por lo cual se hace énfasis en dicho factor. El seminario fue propiciado por Certal, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y la CAF.
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“Hay intereses económicos” detrás del modus operandi de multisectorial, dice ministro
“Es inconstitucional e ilegal solicitar un cuoteo, no se puede delegar la administración del Estado a un sector específico”, afirmó el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, ante la persistencia de la organización multisectorial consistente en administrar el 33 % de las adjudicaciones del programa Fondo Nacional de la Vivienda Social (Fonavis).
“Evidentemente hay intereses económicos detrás de esta movilización. Cuando hablamos de administrar no solo estamos hablando de administrar a los posibles beneficiarios, sino también a las empresas constructoras. Si uno verifica podemos encontrar que han venido (integrantes de la multisectorial) en colectivos de muy buen porte y con muy pocos pasajeros”, sostuvo en entrevista con la 780 AM.
Las cabecillas de la organización alegan que no quedaron conformes con el posicionamiento del MUVH, razón por la cual continuarán con las movilizaciones en la ciudad de Asunción para exigir a la vez la renuncia de Baruja.
“Este grupo básicamente plantea el manejo de los fondos sin ningún tipo de control y exigencias, el Gobierno anterior sí cedió a las pretensiones. Muchas de estas personas vinieron obligadas, este es un dato muy importante, tenemos informaciones que ellos obligan a los supuestos posibles beneficiarios diciéndoles que si vienen a las movilizaciones serán sacados de la lista de los próximos beneficiarios”, remarcó.
El secretario de Estado acotó: “Este es el modus operandi y no es la primera vez”. La denominada multisectorial es encabezada por el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Pulciano Sánchez, quien estaba vinculado al expresidente de la agrupación tradicional Efraín Alegre y ahora formaría parte del equipo de los hermanos congresistas Buzarquis.
Sánchez fue investigado por el Ministerio Público por presunta sobrefacturación en la compra de terrenos, la violación del reglamento del programa de regularización de asentamientos, así como por el supuesto cobro indebido de dinero por parte de dirigentes.
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MUVH responde a planteamientos de Multisectorial
El Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) junto con el Ministerio del Interior respondieron a las propuestas realizadas por la Organización Multisectorial. Aunque reconocen que con esta contestación es probable que no se desactiven las movilizaciones, las autoridades apelan a una mayor sensatez en los planteamientos.
“Se les dijo que todos los pedidos van a ser recibidos, evaluados y si corresponde y cumplen con todos los requisitos se les va a dar respuesta, pero no así proporcionalmente y bajo presión. Si ellos tienen 50 pedidos y los 50 cumplen, entonces se les va a otorgar, pero no se les va a entregar el dinero y que ellos hagan lo que quieran”, aseveró Óscar Pereira, viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior en comunicación con La Nación/Nación Media.
La organización presentó una nota con tres pedidos, que el 33% de los subsidios sean entregados a la Multisectorial en cada llamado, el cese de las persecuciones de parte de autoridades del MUVH y como último punto, que todos los llamados y gestiones de la institución sean de público conocimiento.
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“Considerar la aprobación del 33% de los proyectos habitacionales en favor de la organización multisectorial de forma irrestricta y de manera anticipada reservando una suerte de cupo a una organización privada para disponer de recursos públicos colisiona frontalmente con principios constitucionales y legales administrativos”, señala el MUVH a través de un escrito.
En el mismo documento, explica que la figura del cupo o cuoteo representa una propuesta contraria a la ley y los principios públicos, además de que la Constitución garantiza la igualdad de oportunidades. Asimismo, desmintieron que desde el MUVH exista una persecución hacia los integrantes de las organizaciones.
“No corresponde ni resulta lógico que la Organización Multisectorial argumente que es pasible de persecuciones o discriminación en la adjudicación de proyectos, cuando que en el último año calendario agosto 2023-julio 2024 fue beneficiada con al menos 29 proyectos que representan 1.042 soluciones habitacionales conforme se constata con los informes proporcionados por la Administración del Programa”, sostiene.
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Transparencia
En cuanto al pedido de mayor transparencia en los llamados de subsidios y resoluciones del MUVH, la cartera afirmó que no cuentan con ningún procedimiento judicial por falta de voluntad o por negación a suministrar las informaciones requeridas y amparadas en el marco legal.
Igualmente, recordaron que la institución dispuso en su reglamentación la publicación “en dos diarios de gran circulación” las convocatorias de postulantes y presentación de nuevos proyectos. Así también mencionaron que se informa a la ciudadanía de todas las gestiones a través de su sitio web oficial.
“Que compitan como todos, en el sentido que todos los quieran recibir subsidios y participar para la construcción de una vivienda que lo hagan como cualquier otro candidato. Hoy es la Multisectorial que pide el 33%, mañana puede venir otra a pedir lo mismo y no corresponde”, añadió Pereira.