La fiscal Carina Sánchez lamentó la alarmante cifra de abuso sexual infantil existente en nuestro país. Dijo que se tratan de 16.000 casos en 5 años. “Tenemos constantes denuncias, a veces hasta 10 denuncias por día. Son números objetivos”, expresó este viernes en contacto con la 650 AM.
Refirió que en Alto Paraná se observan más denuncias. “Tenemos seguimientos, estamos trabajando en los últimos 3 años, a parte de tener el perfil de la víctima y victimario, tener en tiempo real la información, pero no teníamos las herramientas informáticas, esperemos tenerlas ya. Tenemos lo datos, pero lo queremos tener completos y estas herramientas nos ayudarán”, afirmó.
La fiscal indicó que tienen una franja y que la mayoría de las víctimas son entre 10 y 13 años, pero que también tienen bebés. “Lastimosamente hasta bebés son víctimas de abuso, los responsables son del entorno familiar y son hombres, también hay mujeres”, agregó.
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Igualmente, Sánchez comentó que hay un porcentaje muy alto de detención de victimarios y que a raíz del impacto que generó lo que pasó en el colegio, las víctimas se animaron a denunciar. “Se tuvieron algunos casos (denuncias) que se dieron en instituciones educativas, incluso de acoso sexual y otros en el entorno familiar”, resaltó.
En cuanto a la falta de recursos humanos, la representante del Ministerio Público señaló que en estas investigaciones se necesitan de profesionales que ayuden a abordar el tema. “Hace tiempo que venimos pidiendo que se contraten, eso impide que la causa avance. Si sumamos todo, tenemos más de 6.000 causas que solo afectan a niños y adolescentes”, acotó. Mencionó que no llegan ni a 100 con estos profesionales y que es humanamente imposible que respondan en el tiempo requerido, pero que aún así hacen el mejor esfuerzo.
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Papa Francisco afirma que la Iglesia debe “pedir perdón” por los casos de abuso sexual
El papa Francisco reafirmó este viernes que la Iglesia católica debe pedir “perdón” por el “flagelo” de las agresiones sexuales a menores, en un discurso ante representantes políticos y de la sociedad civil en Bélgica.
“La Iglesia debe avergonzarse y pedir perdón y tratar de resolver esta situación con humildad cristiana, y hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder”, dijo el sumo pontífice en el encuentro, en el que participó el rey belga Felipe.
“Pienso en los dramáticos casos de abusos a menores, un flagelo que la Iglesia está afrontando con decisión y firmeza, escuchando y acompañando a las personas heridas e implementando un amplio programa de prevención en todo el mundo”, expresó. “Esta es la vergüenza que todos tenemos que asumir ahora, pedir perdón por ella, y resolver el problema”, dijo.
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En su discurso, el papa argentino hizo referencia a un enorme escándalo que sacudió la iglesia belga el año pasado, relacionado con abusos a menores y adopciones forzadas de niños de madres solteras. “Me entristece el fenómeno de las ‘adopciones forzadas’, presentes también aquí en Bélgica entre los años 1950 y 1970 del siglo pasado”, expresó.
El sitio web belga HLN estima que unos 30.000 niños fueron retirados de sus madres en Bélgica entre 1945 y la década de 1980. Obispos de Bélgica pidieron disculpas en 2023 y encargaron una investigación independiente sobre los casos.
“Fruto amargo de un crimen y un delito”
“En esas historias espinosas se mezcló el fruto amargo de un crimen y un delito, con aquello que era lamentablemente el resultado de una mentalidad difundida en todos los estratos de la sociedad”, dijo el papa Francisco durante el encuentro.
“Con frecuencia las familias y otras entidades sociales, incluida la Iglesia, pensaron que para quitar el estigma negativo, que desgraciadamente en esos tiempos afectaba a la que era madre soltera, sería mejor para ambos, madre e hijo, que este último fuera adoptado”, acotó.
Durante la jornada, el pontífice de 87 años tiene previsto un encuentro con víctimas de agresiones sexuales en el ámbito religioso, una reunión que según la Iglesia belga se organizó con la “máxima discreción”.
Las palabras “no son suficientes”
Los escándalos sobre violencia sexual y los casos de adopción forzada son un punto central en esa visita papal a Bélgica. Antes del discurso del papa, el primer ministro belga, Alexander De Croo, dijo que “las palabras no son suficientes. También hay que adoptar medidas concretas”.
La cuestión es muy sensible en Bélgica y el programa de la misa papal prevista el domingo tuvo que se modificado al revelarse que el compositor de un himno religioso que iba a ser entonado es un sacerdote acusado de abusos sexuales.
El error llevó al titular de la Conferencia Episcopal de Bélgica, el arzobispo Luc Terlinden, a admitir que la Iglesia necesitaba mejorar en el control de los casos y de los perpetradores. “Esto representa un gran desafío para nosotros, pero debemos pensarlo seriamente con la ayuda de abogados y psicólogos”, dijo a una emisora local.
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El compositor, que murió este mes, supuestamente resolvió extrajudicialmente un caso de agresión sexual en 2002. Francisco comenzó el jueves una visita de cuatro días a Luxemburgo y Bélgica. En un discurso en Luxemburgo, el pontífice alertó el jueves contra “los trágicos caminos de la guerra”.
Francisco, que suele denunciar las consecuencias de lo que llama la “Tercera Guerra Mundial a pedazos”, no mencionó ni Ucrania ni Rusia ni tampoco el conflicto en Oriente Medio. El miércoles había calificado de “inaceptable” la “terrible escalada” en Líbano y llamó a la comunidad internacional a hacer lo posible para ponerle fin.
Fuente: AFP
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Fiscales que investigan a Miguel Prieto recurren al resguardo policial por ataque de turba
El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, denunció que agentes del Ministerio Público y arquitectos fueron víctimas de un atropello por parte de una turba de simpatizantes del intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, durante diligencias realizadas en la costanera Ñande Renda.
“Esto fue para obstaculizar el trabajo de la Fiscalía. A raíz de esto, los funcionarios de la Fiscalía tuvieron que huir raudamente del lugar porque la integridad física se vio comprometida. Evidentemente, esta turba no tenía una intención amistosa con los funcionarios del Ministerio Público, por ese motivo tuvimos que recurrir inmediatamente al apoyo de la Policía Nacional”, indicó Corbeta, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El procedimiento fiscal fue realizado en el marco de la investigación sobre la denuncia contra Prieto por la presunta sobrefacturación en la construcción de la costanera localizada en el kilómetro 8 de Acaray. “Estamos hablando de un grupo de 30 a 40 personas. Los asistentes fiscales, arquitectos, ingenieros, en este momento, están en el lugar continuando con las tareas, pero con el apoyo policial correspondiente para garantizar la integridad física”, refirió.
Corbeta acotó: “Ni siquiera estamos hablando de un caso vinculado al crimen organizado donde se tienen que tomar efectivamente mayores medidas de seguridad. En este caso estamos hablando de delitos sobre denuncias que guardan relación a la corrupción pública y de cuello blanco”.
El agente del Ministerio Público calificó como una “falacia” el argumento utilizado por Prieto, quien ante las denuncias e imputaciones en su contra alega ser un perseguido político. “Eso es fuera de lugar y contexto porque las causas y procesos que pesan sobre el intendente y sus principales funcionarios de su administración son imputaciones realizadas con anterioridad al supuesto lanzamiento de su candidatura presidencial, no hay ninguna cuestión de tinte político”, explicó Corbeta.
Siguió argumentando que nNo debería existir obstáculos para realizar diligencias investigativas, estamos en un Estado de derecho y se tiene que respetar las instituciones. El Ministerio Público es una institución que tiene autonomía para realizar investigaciones sobre todo cuando nos encontramos ante denuncias de hechos sobre supuesta sobrefacturaciones”.
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Chaco: fiscal imputó a cuatro personas por tala ilegal de bosques en propiedad del Indi
El fiscal del Chaco, Andrés Arriola, imputó a cuatro personas por el hecho punible contra la ley 716/96 delitos Ambientales tala de bosques luego de llevarse a cabo un procedimiento en cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo, propiedad del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), ubicado en el lugar conocido como Mbutureta del distrito de Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.
Los imputados son Bartolome Cáceres Rodas, Leonor Casco Martínez, Pablo Cristóbal Delgado Diana y Gilberto Villalba Insfrán. Asimismo, el representante del Ministerio Público dictó la orden de detención contra el ciudadano argentino Guillermo Gustavo de Urrutia. Una vez que el extranjero sea detenido deberá ser puesto a disposición del Ministerio Público.
El abogado Juan Ubaldo Godoy Bogado representante del Indi presentó la denuncia en sede del Ministerio Público de Filadelfia, Chaco, por la tala ilegal de árboles de cuatro inmuebles que forman un solo cuerpo de 26 mil hectáreas de tierra situado en la zona de Mbutureta de Mariscal Estigarribia.
El Ministerio Público, en fecha 18 de septiembre, se constituyó en el inmueble donde se pudo constatar la tala ilegal de árboles debido a que se contabilizó más de 50 rollos de diferentes especies, entre ellos quebracho. También se observó en el lugar 400 postes y otros. Igualmente, se ordenó la incautación de un tractor y otros elementos que estaban en la propiedad del Indi.
El fiscal Arriola pidió al juzgado penal de Garantía de Mariscal Estigarribia, a cargo de Ricardo Gosling, la aplicación de medidas alternativas a la prisión. Ahora, el referido magistrado deberá admitir el presente proceso penal y realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares.
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Exaliados de Prieto tumban falacia de perseguido político: “Es un ladrón”
“Miguel Prieto es un ladrón, desvió fondos para su provecho”, afirmó el abogado Víctor Enríquez, quien echó por tierra la imagen de perseguido político que busca instalar el intendente de Ciudad del Este y líder del movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, ante la ciudadanía en el marco de su campaña prematura para la presidencia de la República.
Enríquez quien se encuentra a cargo de la asesoría jurídica de la Contraloría Ciudadana sostuvo que las acusaciones por corrupción contra el dirigente opositor parten principalmente de sus exaliados políticos quienes contribuyeron para la destitución de la exjefa comunal Sandra McLeod y su posterior victoria en los comicios municipales del año 2019.
“Todos los integrantes de la Contraloría Ciudadana constituyen un equipo que trabajó en el proceso de la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este. Trabajamos por la candidatura de Miguel, varios de ellos fuimos sus apoderados, eramos de su entorno”, dijo en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Asimismo comentó que la Contraloría Ciudadana quedó desintegrada cuando se produjo la separación de la dirigente del Partido Colorado Sandra McLeod de la intendencia esteña. Agregó que nuevamente el equipo entró en funcionamiento cuando algunos de sus exmiembros comenzaron a recibir informes “sobre cosas extrañas” dentro de la municipalidad ya en plena administración de Prieto.
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Señaló que las irregularidades iniciaron en el año 2019, pero fueron profundizándose durante la crisis sanitaria generada por la pandemia del Covid-19. Agregó incluso que fueron los propios operadores de Prieto quienes felicitaron a la Contraloría Ciudadana documentaciones con el fin de someter a Prieto a investigaciones.
“La gente de su entorno indicaban que este tipo al final de cuentas es peor que los otros. Yo le desafíe públicamente y en varios lugares que me querelle porque le trato de ladrón”, comentó. Agregó que las denuncias realizadas también se encuentran fundadas mediante informaciones obtenidas por la norma de acceso a la información pública.
Las afirmaciones de Enríquez surgen tras concretarse este último miércoles una serie de allanamientos fiscales en el marco de la denuncia número 39 contra Prieto. El caso guarda relación con supuestos negociados en aportes de dinero a subcomisiones de apoyo para entrega de alimentos para ollas populares, denuncia que fue impulsada por la Contraloría Ciudadana. Los cargos incluyen lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.