La directora de la Niñez y la Adolescencia del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Sonia Escauriza, señaló este domingo que es inamisible que la directora y los docentes de un colegio no conozcan el protocolo establecido para casos de abuso sexual, haciendo referencia a la denuncia en un colegio privado de Lambaré.
“Es imposible que un docente o un directivo de una institución educativa no conozca el protocolo porque es una resolución que todo docente debe conocer, no solo en el ámbito oficial, sino en el ámbito privado y subvencionado. No se puede alegar desconocimiento”, explicó la directora en una entrevista con Telefuturo.
Sostuvo que la madre del niño de seis años, que habría sido abusado en un colegio de Lambaré, presentó la denuncia ante la Fiscalía y posteriormente acude hasta la Codeni, ya que la institución educativa en ningún momento recurrió a las instancias correspondientes para estos casos ni aplicó el protocolo del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Escauriza indicó que el protocolo del MEC obliga a los docentes a comunicar los casos de abuso sexual en las escuelas y colegios. Aclaró que hay un procedimiento establecido para acoso y abuso sexual, especificando los pasos a seguir cuando el hecho es cometido por otro alumno, del personal administrativo o el director de la institución.
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“Los puntos están establecidos en esta guía, cómo hay que trabajar y no se puede alegar desconocimiento. A mí me llama una mamá y me pregunta si ya me comunicaron el hecho, ya estaba en conocimiento del protocolo y es por eso que los docentes conocen la guía y el protocolo. A partir de ahí me comunico con la supervisora y me dice que le llegó un caso de acoso escolar”, agregó.
Las fiscales que investigan el caso de abuso sexual a un niño de seis años de edad en un colegio privado de Lambaré imputaron a la directora de la institución en cuestión y a dos docentes. Un adolescente de 15 años sería el presunto autor, en complicidad de otros dos menores de la misma edad.
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Abogado de Boidanich afirma que fiscalía no reunió elementos tras sobreseimiento
El representante legal de Óscar Boidanich, exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes), el abogado Claudio Lovera, señaló que el Ministerio Púbico no cuenta con los argumentos necesarios para sostener la denuncia en contra de su defendido. El letrado citó que en junio del 2024 se sobreseyó de manera provisional al exfuncionario, y un año después se reabre la causa sin los elementos que prueben la supuesta retención de informes.
“La fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional y afirmó en ese momento que no contaba con elementos que cumplan con el estándar que autoriza una acusación, y señaló el sobreseimiento provisional porque indicó al juzgado que esperaba en el plazo de un año pueda reunirse determinados elementos que puedan, en su caso, sería complementar la información analizada y que pueda eventualmente cambiar esta primera apreciación”, explicó Lovera, este jueves, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Con la reapertura de la causa, el profesional cuestiona que la fiscalía, un año después aún no cuenta con los argumentos. “Lo que ocurrió en el plazo de un año es que el Ministerio Público realizó las diligencias que indicó y todos los resultados justificaron, o en su caso particular, ratificaron que realmente desde la Seprelad no se realizó ningún tipo de conducta tendiente a beneficiar a ninguna persona en concreto, ni en específico, ni en general”, apuntó.
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Prórroga irregular
La acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, alega que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El abogado refirió que todas las diligencias realizadas por el Ministerio Público favorecían la postura de que no había méritos para acusar. “No obstante, contrariando al resultado de estas diligencias, el Ministerio Público presentó una acusación y manejando el provisional como si fuera nada más una prórroga de tiempo para tomar una postura, y no es una figura prevista en ese sentido”, cuestionó.
No acreditaron motivación
Así también, detalló que cuando la fiscalía imputó y llamó a indagatoria a Boidanich se sostuvo la sospecha que denominan como demora injustificada, en el envío de un informe de inteligencia que fue realizado con una motivación en particular y, según la sospecha que la fiscalía tenía o afirmaba en ese momento, esa motivación era evitar el inicio de una investigación penal.
“Hoy en día, cuando ellos presentan su acusación, claramente sostienen que no acreditaron la existencia de ese motivo, es más, sostienen que ese motivo no existía, pero de todas formas acusan”, sentenció el abogado.
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Fiscalía derrumba farsa montada contra Cartes y expone persecución política sin pruebas
El abogado Pedro Ovelar, defensor del expresidente Horacio Cartes, y actual titular de la Asociación Nacional Republicana, explicó que la reciente decisión del Ministerio Público de desestimar la causa contra su cliente confirma que “no hubo contrabando, ni enriquecimiento ilícito, ni lavado de dinero”.
Durante una entrevista en la radio ANR 89.9 FM y OnLine, el representante legal señaló que las acusaciones fueron parte de un montaje político liderado por el exministro Arnaldo Giuzzio, con el respaldo del gobierno anterior, para destruir políticamente a su defendido.
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Mencionó que la Fiscalía archivó la causa contra Horacio Cartes, luego de confirmarse que no hay hechos, no hay pruebas, no hay delito, “solo persecución política disfrazada de investigación”. Indicó que se han presentado 26 pruebas, con cero delitos, y que aquellas denuncias de supuestos contrabando, lavado, o enriquecimiento ilícito, todas esas causas fueron desmentidas por la propia Fiscalía.
“El informe de la SENAD fue un montaje. Utilizaron al Estado como un arma contra su principal adversario político. La causa, iniciada por un informe de la SENAD basado en publicaciones de prensa y sin evidencia directa, fue archivada por la Fiscalía, que concluyó que no existe hecho punible", explicó.
El abogado también señaló que las sanciones de EE.UU. podrían ser revisadas tras declaraciones del senador Marco Rubio, quien criticó que decisiones diplomáticas tan delicadas hayan quedado en manos de embajadores sin coordinación con la política exterior norteamericana.
Por otra parte, Ovelar explicó que los reportes de operaciones sospechosas contra Cartes no se basaban en irregularidades reales, sino en publicaciones negativas: “no hay hechos, solo relatos”, remarcó.
Igualmente, se refirió al caso del fiscal colombiano que investigó el asesinado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, señaló que el asunto también fue abordado. “Crimen en Colombia, otra mentira. No hay ningún vínculo entre Cartes y el asesinato del fiscal Pecci. Fue una operación política que ya se desmorona", afirmó Ovelar.
Finalmente, el abogado del exmandatario, señaló que posterior al cierre del caso ameritará un análisis profundo para poder pedir algún tipo de resarcimiento a los responsables. Aunque reconoció que será difícil cuantificar el daño y perjuicio causado, no solo a la persona del señor Cartes y su familia.
“No se puede reparar el daño moral, político y económico causado, pero los responsables deben rendir cuentas. Porque sus acciones afectaron a mucha gente que estaba detrás de la estructura empresarial”, acotó.
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Ejecutivo promulgó la ley de Letrina Cero en las Escuelas
“Dignidad para nuestros niños, niñas y adolescentes”. Con este mensaje, el presidente de la República, Santiago Peña, informó a través de sus redes sociales que firmó la promulgación de la Ley conocida como “Letrina Cero” en todas las escuelas y colegios públicos del país.
En compañía de uno de los proyectistas, el senador colorado Silvio Ovelar, el jefe de Estado dio una última revisión a la Ley sancionada por el Congreso que amplía el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025 (PGN 2025), correspondiente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
La presente legislación dispone una ampliación del presupuesto del MEC, por un valor total de G. 48.000.000.000 (recursos del tesoro nacional). Con ello, se llevará adelante la construcción de sanitarios modelos y sexados en todas las instituciones educativas públicas.
Esta normativa busca erradicar definitivamente el uso de letrinas en centros educativos, garantizando condiciones dignas de saneamiento para los estudiantes, apostando de esa forma a su bienestar y un futuro mejor.
La ley promulgada establece además, que el Ministerio de Educación y Ciencias, será el responsable de ejecutar dichos recursos, destinados a la construcción de baños en diferentes instituciones educativas del sector público, dependientes del MEC, dentro del marco de la implementación de “Ley Letrina cero en las escuelas”.
La propuesta legislativa, que ahora ya es una ley vigente, surgió a partir de un censo de la infraestructura escolar que reveló la falta de agua potable y baños en varias escuelas, afectando a miles de estudiantes.
Cabe señalar que de acuerdo a los registros, unos 350 locales escolares cuentan con letrinas como servicio sanitario, actualmente. En estas escuelas reciben educación alrededor de 15 mil estudiantes.
La ejecución de este proyecto va a abarcar a los 17 departamentos del país, comenzando por los departamentos de Presidente Hayes, Canindeyú, Caazapá y Boquerón, que va entre 40 a 78 el número de escuelas públicas que tienen letrina hoy en día. Mientras que en el resto del país, oscilan entre 5 a 20 aproximadamente baños precarios en los diferentes departamentos.
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Boidanich refuta acusación fiscal y afirma que se cumplieron con todos los trámites
El exministro de la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes), Óscar Boidanich, refutó la acusación de los fiscales Alma Zayas, Diego Arzamendia, Deny Yoon Pak, Jorge Arce y Francisco Cabrera, quienes alegan que se habría ocultado información al Ministerio Público sobre las operaciones sospechosas de personas y empresas ligadas a Darío Messer, las cuales habían sido reportadas por tres entidades bancarias; entre junio de 2017 hasta el 16 de abril de 2018.
El 12 de junio de 2024, el juez Rodrigo Estigarribia decretó el sobreseimiento provisional del exministro, quien fue imputado por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal, junto con los exfuncionarios de Seprelad, Raquel Cuevas, exdirectora general de Análisis Financiero, y Melissa Parodi, exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos.
El pedido de sobreseimiento provisional fue firmado por la fiscal adjunta Matilde Moreno, tras un trámite de oposición. Sin embargo, el pasado 11 de junio, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor acusaron y pidieron juicio oral contra Boidanich por lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal. Ayer martes, el juez Estigarribia resolvió la reapertura de la causa y fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 7 de julio
Solicitud al Brasil
En entrevista con el programa “La caja negra”, Boidanich detalló cuáles fueron los procesos y los trabajos realizados por la Seprelad en su gestión, y refutó las acusaciones en su contra que habría retenido la información en torno al financista brasileño Messer.
Boidanich indicó que, el 20 de octubre del 2016, la Unidad Financiera de Paraguay solicitó información el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) de Brasil, que fue la primera información que envió la Seprelad sobre Darío Messer, alertando sobre las actividades del mismo.
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“Tiene un peso muy significativo en la investigación que está haciendo la fiscalía puesto que en un principio se sostuvo que cuando la COAF, nuestros pares de Brasil, recién nos alertaron, nosotros iniciamos todo este proceso, sin embargo, ya en el 2016, nosotros como cooperación, como unidad de inteligencia financiera, enviamos a nuestro par de Brasil, significando que estábamos haciendo una investigación al señor Darío Messer porque tenía nacionalidad brasilera”, explicó.
Agregó que, los pares de Brasil agradecieron este informe y dijeron que “ellos tenían reportes que iban a utilizar también eso. Posterior a eso, nos pide autorización para que esas informaciones remitidas puedan utilizar ellos en su investigación, de doble utilidad realmente fue”.
Proceso de investigación
El Ministerio Público habla de una demora injustificada en la entrega de los informes de la Seprelad, entonces a cargo de Boidanich, quien explicó que desde la institución se realizaron todos los procesos en tiempo y forma. Así también, señaló que en esta investigación primaron dos pilares fundamentales: evitar filtraciones y consolidar las pruebas.
“Siempre en el área de análisis llegan los reportes, se hacen los análisis pertinentes y empieza un proceso de análisis que lleva mucho tiempo porque muchos de esos datos se requieren y se realizan en forma manual”, describió.
Boidanich indicó que existe un problema en este proceso porque no se cuenta con una forma efectiva de recopilar datos, por lo que normalmente se realizan en forma manual o en forma telefónica. Explicó que se realizaron visitas a sus pares, ya sea el Banco Central del Paraguay (BCP), Secretaría de Tributación (SET, hoy DNIT), Ministerio de Relaciones Exteriores, para la realización de todas las consultas pertinentes.
“Recopilar todos esos datos lleva su tiempo y hacer un buen análisis. Hay dos pilares fundamentales dentro del proceso de análisis, uno que no se filtre la información, entonces se requiere mucha cautela hacer la investigación porque al requerir algunos de los sujetos obligados, algún dato puede filtrarse”, apuntó.
Por otro lado, señaló que el informe tiene que estar bien elaborado con el marco de sospecha que de alguna manera que le indique o le lleve de la mano ya a la fiscalía para que pueda realizar una imputación. “¿Qué pasa si enviamos un informe medio, que no tiene elementos necesarios? El Ministerio Público te devuelve con una resolución diciendo, no tiene suficientes méritos, sigan investigando”, refirió.
Concluyó que, para evitar eso, se debe elaborar un informe completo, concreto, por lo que estos dos pilares, el secreto, que no se tiene que filtrar se realizó y se cuidó. “El Ministerio Público dice que nosotros retuvimos o tratamos de sostener eso para que el señor Messer siga realizando cosas”, cuestionó.