Ciudad del Este. Agencia Regional.
En el municipio de San Alberto, norte de Alto Paraná, el 75% de las viviendas del distrito no paga impuesto. La causa es la falta de títulos de propiedad de todas esas casas a raíz de un conflicto judicial con la empresa Industrial Mbaracayú, que colonizó San Alberto y reclama la propiedad. El proceso judicial data desde el inicio del distrito.
Es lo que explicó el intendente Carlos Alberto Ramírez, quien mencionó que los pobladores afectados no pagan ningún tipo de impuesto a la municipalidad al no tributar el impuesto inmobiliario. Indicó que una de las consecuencias de esta situación es que, además de no recibir ingresos por los inmuebles, esos pobladores tampoco pagan otros tributos como la tasa correspondiente al servicio de recolección de basura que, justamente, se cobra junto al impuesto inmobiliario.
Es grande el perjuicio al ejercicio municipal porque es mucho lo que se deja de percibir e invertir en la comunidad, según el intendente.
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Ante la alta morosidad y la falta de una solución judicial, la Municipalidad de San Alberto resolvió dejar de recolectar las basuras a los usuarios que no tributan por el servicio. “Si no pagan el impuesto inmobiliario, que por lo menos lo hagan por la recolección de basura”, dijo el jefe comunal.
Aclaró que el servicio municipal siempre recolectó las basuras del 90% de las casas de San Alberto en forma gratuita, ya que solo el 25% pagaba por eso.
Son unas 2.000 viviendas aproximadamente a las que se realizaba el servicio y, desde ayer, el 75% de esas viviendas quedará sin el servicio. El 10% al que no se realiza el servicio de recolección es porque esos pobladores llevan sus desechos al vertedero municipal.
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Denunciarán a Miguel Prieto por nepotismo tras contratar a 730 “hurreros liberales”
El dirigente político de Alto Paraná, Iván Airaldi, denunció este martes que la nómina de operadores políticos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), instalados en la Municipalidad de Ciudad del Este por el intendente Miguel Prieto, trepó de 242 a 730.
Anunció que en los próximos días presentará una denuncia ante el Ministerio Público contra el dirigente opositor por nepotismo. “En la nómina de funcionarios de enero figuraban 242 liberales, pero esta cifra trepó tras verificar la nómina de funcionarios de marzo, que llegó a 730″, sostuvo en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Airaldi afirmó que los recursos económicos de la municipalidad esteña son utilizados por Prieto para asegurar respaldo político para su brazo derecho Daniel Pereira Mujica, precandidato de su movimiento Yo Creo para la intendencia.
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Mediante la prebenda, Prieto también busca asegurar apoyo a su proyecto presidencial rumbo a las elecciones generales del 2028. “Todos son hurreros, fruto del acuerdo con algunos sectores liberales en el este del país. Estos liberales son de los movimientos de Óscar González Drakeford, Carlos Portillo y Manuel Trinidad”, refirió.
Airaldi, señaló que accedió al listado de los hurreros liberales mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. Agregó que en la nómina incluso figuran operadores políticos de Presidente Franco y Central, zonas donde el movimiento de Prieto posee y acompaña candidaturas para intendentes.
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Coronel Bogado festeja 112 años como distrito
Por Rocío Gómez. Corresponsal Itapúa.
La localidad de Coronel Bogado está de fiesta en su aniversario número 112 como distrito. Como cada 2 de mayo, celebran haberse desprendido de San Cosme y Damián, para conformarse en 1913 como distrito de Coronel José Félix Bogado, nombre elegido en honor al ilustre soldado paraguayo que luchó en la gesta libertadora americana bajo las órdenes del general José de San Martín. La ciudad cuenta con 24.000 habitantes y el intendente actual es Héctor Céspedes, del Partido Liberal.
Los festejos empezaron con un festival de danza, seguido de un acto oficial el viernes, mientras que este sábado realizarán la tradicional corrida de toros y el domingo una carrera de 5 kilómetros.
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Durante el acto oficial que contó con una feria estudiantil, el presidente de la Junta Municipal, Gilberto Cuéllar (ANR), brindó unas palabras. “Celebramos un año más de vida de la distritación de Cnel. Bogado. Nos toma en un momento muy especial, estamos creciendo en el ámbito cultural, a los jóvenes del elenco cultural, apreciamos que hacen crecer a Bogado de forma cultural. Desde el servicio público tenemos que construir día a día Coronel Bogado y ese es nuestro compromiso”, expresó.
Capital nacional de la chipa
Fue en 2017 cuando la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) otorgó a la ciudad de coronel Bogado el título oficial de “capital nacional de la chipa” tras años de disputa por la certificación con la ciudad de Eusebio Ayala, también conocida como Barrero Grande. En temporada alta se venden 40.000 chipas por día, mientras que en el resto del año la venta alcanza 20.000 chipas en toda la ciudad.
Y por último, hay que destacar que entre sus atractivos turísticos más relevantes se encuentra la estación cultural Ka’i Puente, que solía ser una estación de ferrocarril y ahora es un espacio cultural. También la Fiesta Nacional del Inmigrantes, el Festival Nacional de la Chipa, el torneo local Liga Tacuary, la iglesia Santa Cruz (patrono de la ciudad) y la reserva natural Chopi Sa’yju.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Fiscalía impulsa allanamientos por compra fraudulenta de Miguel Prieto durante la pandemia
El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.
La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.
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Allanamiento al Pabellón de Contingencia de CDE
Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.
Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.
Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.
En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.
“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.
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