El director de la cárcel de Tacumbú, César Manuel Garay, reconoció que no funciona el escáner del penal hace más de un año y que se hicieron reiterados pedidos de reparación pero hasta el momento no hay respuesta. Foto: Pánfilo Leguizamón.
Escáner de la cárcel de Tacumbú no funciona hace más de un año
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El director de la cárcel de Tacumbú, César Manuel Garay, reconoció este viernes que no funciona el escáner del penal y ante esta situación se suelen incautar varios celulares y armas blancas en la penitenciaría durante las requisas realizadas. Destacó que hubo varios pedidos de reparación en la administración anterior, pero no hay respuesta.
“El escáner de la entrada no funciona. Remití todos los antecedentes de los directores anteriores en donde solicitaron la reparación de este elemento que es muy útil para la revisión de todas las mercaderías que ingresan a la cárcel”, explicó el director en comunicación con la radio 1020 AM.
Sostuvo que las requisas son de forma permanente en el penal de Tacumbú para decomisar celulares y armas blancas que se introducen en el penal. Lamentó también que el escáner no funcione hace más de un año, pese a los reiterados pedidos de reparación.
Garay indicó que en muchos casos las armas son de fabricación casera, que se introducen a la cárcel o son fabricadas por los propios reclusos y destacó que este tipo de procedimientos continuarán realizando, buscando evitar hechos que lamentar dentro de la penitenciaría de Tacumbú.
“Estamos trabajando, haciendo las requisas correspondientes para evitar ciertas situaciones. Incautamos todas las cosas prohibidas que encontramos dentro de la población penitenciaria y estamos tratando de hacer nuestro trabajo de la mejor manera y cumplir nuestras funciones”, agregó.
El director de la cárcel de Tacumbú indicó también que en la última requisa realizada estuvo el propio ministro de Justicia, Édgar Olmedo, a quien se le informó sobre la situación del escáner y los reiterados pedidos de reparación hechos durante la gestión anterior.
Pensión tercera edad: quien cobró de forma indebida deberá devolver el dinero y podría ir a la cárcel
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Este martes, tras una investigación del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), salió a la luz que existen personas que seguían cobrando la pensión de tercera edad a nombre de personas fallecidas. Quienes cobraron indebidamente deberán devolver el dinero e incluso podrían ir a prisión.
El asesor jurídico de la institución, Alberto Lezcano, resaltó que se tratan de dos casos puntuales que cometieron hechos graves y que ya fueron denunciados ante el Ministerio Público. Sin embargo, confirmó que son varios casos en los que algún familiar seguía cobrando la pensión pese al fallecimiento del titular.
“Esto tiene una expectativa de pena de cinco años y el hecho punible de adquisición fraudulenta de subvenciones está bien establecido. Además, deben devolver el dinero”, expresó Lezcano, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Aseguró que más adelante estos casos ya no se van a dar, porque pediremos un control de supervivencia cada tres meses. “Concretamente son dos casos: uno que cobró G. 48 millones por una persona que falleció en Argentina, pero que era oriunda de Caaguazú, y otro caso en el que cobraron G. 45 millones en Alto Paraná”, señaló.
Indicó que estas personas sería familiares de los beneficiarios y que tenían sus tarjetas, por lo que siguieron cobrando la pensión por unos cinco años. “El cruce con el Registro Civil y el Departamento de Identificaciones lo estamos haciendo rigurosamente, pero en estos casos no se comunicó el fallecimiento y creemos que fue de mala fe”, aclaró.
Manifestó que se tienen al menos 340.000 personas dentro del programa de la Pensión Alimentaria Adultos Mayores del Gobierno Nacional. Hoy, se realizó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado, por parte de la Dirección General de Auditoría Interna, en el que refiere a que personas desconocidas estaban cobrando la pensión destinada a los adultos mayores fallecidos.
Uruguay: cuatro presos mueren por incendio provocado
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Montevideo, Uruguay. AFP.
Cuarto presos murieron y tres guardias resultaron intoxicados ayer lunes en una cárcel de Uruguay, a causa de un incendio provocado por una riña entre reclusos que tomó una de las celdas del centro penitenciario, informaron fuentes oficiales. A la hora 13:00 (16:00 GMT) un incendio afectó una celda de la cárcel de Santiago Vázquez, a 22 kilómetros del centro de Montevideo, “con el resultado de cuatro personas privadas de libertad fallecidas”, informó el Ministerio de Interior en un comunicado.
“La situación se produjo a raíz de un enfrentamiento entre grupos de reclusos que estaban alojados en celdas contiguas“, agregó la misiva que divulgó la identidad de los hombres fallecidos, de 23, 27, 34 y 47 años. Tres funcionarios del llamado centro penitenciario Unidad 4 Santiago Vázquez, que concentra la mayor población carcelaria del país, resultaron afectados por inhalación de monóxido de carbono y fueron atendidos por los servicios médicos.
El ministerio agregó que la situación “se encuentra actualmente bajo control” y que autoridades trabajan en el lugar junto a personal técnico y judicial para obtener más detalles de lo acontecido. Al cierre del 2024, en Uruguay había más de 16.000 personas encarceladas, según datos del Ministerio del Interior, lo que coloca al país de 3,4 millones de habitantes entre los 15 de mayor población carcelaria per cápita del mundo, de acuerdo al relevamiento realizado por el World Prison Brief.
El día en que la violencia se convirtió en horror en el penal de San Pedro
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Por Sara Valenzuela
Todo hacía suponer que esa tarde del 16 de junio de 2019, hace seis años, sería tan apacible como las anteriores, pero el destino tenía reservada una espantosa sorpresa. El sol rojo del ocaso se hizo eco de la sangrienta noticia: un violento enfrentamiento se había desatado entre clanes rivales en el interior de la penitanciaria de San Pedro. La sorpresa paralizó a los paraguayos, que en muchos casos accedieron a través de redes sociales y WhatsApp a imágenes que eran difundidas por los mismos reos de lo que era una terrible matanza a puertas cerradas.
Un enfrentamiento entre internos pertenecientes al grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC) y el Clan Rotela era la primera información que surgía al mediodía de aquel domingo, pero minutos después fotografías y videos confirmaban que el motín había escalado de manera mortal.
El infierno se instaló en el penal de San Pedro; las primeras imágenes mostraban peleas cuerpo a cuerpo con armas blancas de fabricación casera, hombres ensangrentados, cuerpos apilados y un macabro juego con cabezas, esto seguido de incendios: fuego provocado en el interior de las celdas para quemar a otros reos.
El contenido de aquellas imágenes se logró confirmar más de tres horas después de que el enfrentamiento hubiera iniciado y convirtiera el penal de San Pedro en tierra de nadie, ya que los custodios se vieron sobrepasados y solo podían aguardar a la respuesta conjunta de los equipos tácticos policiales y militares que buscaban la manera de ingresar con la menor cantidad de bajas posible.
Aquel día, 10 personas privadas de su libertad fallecieron, y 11 resultaron gravemente heridas. De aquellas 10 personas, 5 fueron decapitadas con armas blancas tipo machetes, 3 fueron quemadas vivas en sus celdas, una recibió un disparo y la última falleció camino al hospital debido a las múltiples heridas que tenía.
Estos homicidios fueron parte del terrible acto de venganza del grupo criminal brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC), afincado en las cárceles paraguayas en aquel momento con fuerte poderío económico y apoyo logístico, contra el clan enemigo, buscando así dejar un mensaje claro de poderío.
El comunicador Mario Luiz Ledezma. Foto: Gentileza
El comunicador Mario Luiz Ledezma, quien en aquel momento se desempeñaba como camarógrafo de un medio local, recordó en conversación con La Nación/Nación Media que aquel 16 se preparaba para compartir con su familia la celebración del Día del Padre cuando recibió la llamada, debiendo abandonar a sus seres queridos para acudir a informar.
“Cuando llegamos ya había efectivos policiales que custodiaban el lugar, y también ya estaban familiares de las personas privadas de libertad que llegaron hasta el lugar para solicitar información sobre sus familiares porque muchos se enteraron de lo que estaba pasando adentro y la magnitud de los hechos. Estaban desesperados por saber si sus familiares estaban bien”, comentó Ledezma.
El mismo reconoció que cuanto más pasaban los minutos y luego horas, la preocupación de los familiares crecía, pero también la de los pobladores de todo San Pedro, ya que los mismos temían que los reos lograsen escapar o que la situación saliera de control y que aumente el número de víctimas.
“Muchas personas estaban con miedo y no solo por los reos, sino porque aquel día había muchas personas que fueron hasta el penal en día de visita por el Día del Padre y se temía que no pudieran salir. Entre esas personas estaban personas que nosotros conocíamos, que eran de la zona, porque es una penitenciaria en la que hay muchos sanpedranos también y, lógicamente, toda la comunidad estaba pendiente”, relató Mario Luis.
En vilo
De esta forma, una ciudad considerada como tranquila y sin mayores episodios de violencia se vio completamente consternada ante las diversas posibilidades críticas que se podían dar, en medio de una ola de información macabra y lamentable que solo tardó minutos en llegar prácticamente a todos.
“Hubo una conmoción total cuando empezaron a llegar las primeras informaciones, porque si bien la penitenciaria se había construido alejada del casco urbano, ya para aquel entonces había nuevos asentamientos que rodeaban la zona”, recalcó Mario Ledezma.
El comunicador destacó además que tras este impactante suceso, la propia comunidad sanpedrana se manifestó en varias ocasiones exigiendo que la seguridad del lugar sea reforzada y que los controles se vuelvan más estrictos para garantizar no solo la seguridad de los reos, sino la de todos los ciudadanos.
En total fueron 24 los acusados por las decapitaciones ocurridas en el penal de San Pedro. Foto: Lorenzo Agüero.
Tras la tragedia, las investigaciones iniciaron inmediatamente, de manera que las destituciones, sumarios administrativos y juicios llegaron por añadidura. Desde el Ministerio de Justicia también se trabajó en un protocolo de respuesta para esta situación, lo que originó planes de seguridad más estrictos y un modelo de descongestión carcelaria.
En total fueron 24 los acusados por las decapitaciones ocurridas en el penal de San Pedro. Del total de acusados, 14 participaron presencialmente del juicio, mientras que otros 10 lo hicieron vía telemática desde el Centro de Rehabilitación Social de Encarnación y desde la Penitenciaría Regional de Concepción.
Detienen a policía que intentó introducir casi 500 gramos marihuana al penal de Tacumbú
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Este miércoles, la Policía Nacional logró detener a un agente de sus filas que intentó meter cerca de medio kilo de droga al penal de Tacumbú, se presume que sería para la comercialización entre los reos. El hombre fue descubierto por agentes penitenciaros que realizaban el cateo correspondiente.
Según el comisario Alberto Morínigo, jefe de la Comisaría 4ta de la ciudad de Asunción, se trata de un agente de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, quien llevaba un total de 440 gramos de marihuana ocultos entre su campera. Hasta el momento se desconoce con qué finalidad.
“Esta persona ingresó al servicio y pasó por los retenes, donde fue verificado por agentes penitenciarios y policiales, quienes pudieron constatar que llevaba una sustancia, que luego se puedo comprobar que era marihuana”, detalló Morínigo, en el programa “Cuenta Final” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Expresó que hasta el momento el detenido se llamó a silencio y que desconocen si este cargamento tenía como destino una persona en común o era para comercializarlo entre los internos. Remarcó que el control se realiza a cualquier persona que ingrese al penal, sin distinción.
“Nosotros estamos luchado contra este flagelo y no podemos ser nosotros los vinculados a esta situación. Es un suboficial ayudante de cuatro años de antigüedad y será investigado por asuntos internos, en este caso es muy seguro que se le dé la baja. No es la primera vez ni la última que pasa esto”, puntualizó.